Víctor Manuel Santos Arzola
Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Santos Arzola
- Juez Décimo Séptimo Penal en la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA V.- Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintitrés de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En tales condiciones, se determina que es susceptible de destrucción... Por otra parte, devuélvase a la juez responsable, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, en virtud de que resulta innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente.
- Incidental
MESA V.- Vista la certificación... se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción...
- Principal
MESA V. Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón de cuenta, mediante la cual, el actuario de la adscripción hace del conocimiento la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, a la parte quejosa, por los motivos ahí expuestos. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y de conformidad con lo establecido en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar el acuerdo en mención; así como las siguientes notificaciones, incluso las de carácter personal, por lista de acuerdos. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Juez Décimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México, por Ministerio de Ley, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de este año, hace del conocimiento que el quejoso ***, el catorce de agosto de dos mil veintiuno, quedó en libertad al haber compurgado la pena de prisión que le fue impuesta, por tanto, en el caso ha sobrevenido una causal de improcedencia. En principio debe establecerse que el quejoso Víctor Manuel Santos Arzola, señaló como acto reclamado la omisión de aplicarle el Tratado Internacional de Derechos Humanos "Reglas Mínimas para la Aplicación de Medidas no Privativas de Libertad" (Reglas de Tokio). En ese contexto, al rendir su informe justificado el Juez Décimo Séptimo de lo Penal en la Ciudad de México, por Ministerio de Ley, señaló que no era cierto el acto reclamado, y al respecto manifestó que el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, declarándolo penalmente responsable del delito de robo calificado, imponiéndole la pena de seis años, diez meses, quince días de prisión, negándosele cualquier sustitutivo de prisión así como el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Inconformes con dicha resolución, la defensa del quejoso y el ministerio público interpusieron recurso de apelación, siendo que mediante ejecutoria emitida por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, modificó la sentencia recurrida, imponiéndole la pena de cuatro años nueve meses dieciséis días de prisión, negándosele el sustitutivo de la pena de prisión, pero concediéndole el beneficio de la suspensión condicional del ejecución de la pena, previa garantía económica; resolución que causó ejecutoria en términos de lo dispuesto por la fracción dos del artículo 443 del código de procedimientos penales. En fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la defensora de oficio exhibió la garantía económica a efecto de que el quejoso se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que en dicha fecha quedó en libertad efecto de dar cumplimiento al beneficio concedido. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección de Control de Seguimiento de Sentenciados en Libertad, informó que el quejoso se presentó solamente a darse de alta ante dicha autoridad, sin realizar presentación mensual posterior. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales informó que inició carpeta administrativa en contra del quejoso por el delito de robo calificado, respecto del cual se le impuso la pena de tres años nueve meses de prisión. Previa la tramitación correspondiente, por ser la última instancia con la que se contaba, toda vez que el quejoso incumplió con las obligaciones que contrajo al momento de acogerse el beneficio de la suspensión condicional, al ser condenado, nuevamente, por delito doloso, por auto de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó hacer efectiva la pena suspendida, ordenándose la reaprehensión del quejoso, girándose el oficio correspondiente al Jefe General de la Policía de Investigación en la Ciudad de México. Siendo cumplimentada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, quedando interno para dar cumplimiento a la pena de prisión que le faltó por compurgar (cuatro años, dos meses, veintinueve días.) El catorce de julio de dos mil diecisiete, se realizó un auto de cómputo de la pena, en la cual se determinó que el sentenciado cumplirá el total de la pena de prisión impuesta el catorce de agosto de dos mil veintiuno. Por lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la ley de la materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En ese contexto, se advierte que de lo manifestado por la autoridad responsable el acto reclamado que se hace consistir en la omisión de aplicarle el Tratado Internacional de Derechos Humanos "Reglas Mínimas para la Aplicación de Medidas no Privativas de Libertad" (Reglas de Tokio) y dado que el sentenciado cumplió el total de la pena de prisión impuesta el catorce de agosto de dos mil veintiuno, en relación a la omisión reclamada se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado, por lo que es posible concluir que han cesado los efectos de dicho acto reclamado. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que las consecuencias de éste han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; en tales condiciones y en términos del artículo 63, fracción V del referido ordenamiento legal es procedente SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO, puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así también, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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