Víctor Manuel Rubluo Parra
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Rubluo Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA VIII. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la determinación de veintisiete de mayo del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las partes y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto OCTAVO, del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales.
- Principal
MESA VIII Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el quejoso VÍCTOR MANUEL RUBLUO PARRA, ratificó su escrito por el que desistió de este juicio de amparo, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de los actuales. Al respecto, es preciso destacar que en términos generales el desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Ahora, la intención de abandonar el trámite del juicio, puede efectuarse en cualquier actuación, incluso, en el acto de la notificación, en razón de que las diligencias practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que cuentan con la capacidad legal para realizarlas y su resultado tiene el valor de prueba plena, en virtud de que el aludido servidor público está investido por disposición de la ley de fe pública. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia Común, página 16, que dice: "ACTUARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO, ACTUACIONES EFECTUADAS POR LOS, VALOR PROBATORIO PLENO DE LAS. El Juez de Distrito está obligado a atribuir valor probatorio pleno a las actuaciones realizadas por los actuarios del propio juzgado, según lo previenen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (conforme a los cuales los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan); con mayor razón, desde luego, cuando tales actuaciones no fueron declaradas nulas, en términos de lo previsto por el artículo 32 de la Ley de Amparo." Sobre esa base, atendiendo a que el justiciable ratificó su escrito por el que desistió del juicio; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al referido impetrante por desistido de esta instancia constitucional, y en vía de consecuencia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EL JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 70, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 54, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Asimismo es aplicable la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
MESA VIII. Agréguese a los autos, el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistir de este juicio de amparo. En ese sentido, el impetrante tiene el derecho para desistir de la acción constitucional en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria, lo cual no ha sucedido en este juicio; por tanto, se concluye que el derecho que hace valer prevalece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Por lo anterior, requiérase al justiciable para que al momento de notificarse de este auto o dentro del plazo de tres días comparezca ante este juzgado de Distrito, a efecto de que ratifique o no su desistimiento de este juicio de amparo, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se seguirá con el trámite de este asunto. Se hace de su conocimiento que para estar en condiciones de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, deberá agendar una cita y generar el código QR correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus generador de la enfermedad COVID-19.
- Principal
MESA VIII.- Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa para que aclarara o corrigiera la denominación de las autoridades que señaló como responsables "TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" y "ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", transcurrió sin que hiciera manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintitrés de marzo del presente año, por lo que se tienen por inexistentes. Ahora, agréguese a los autos el primer oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable que se detalla en su propia comunicación, mediante el cual rinde informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo previsto por el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa; de la cual se hará relación en la audiencia constitucional, de conformidad con el ordinal 123 de la citada ley. Asimismo, glósese la segunda comunicación de cuenta signada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento, toda vez que contrario a lo que afirma, del estado de autos se advierte que no le fue realizado requerimiento en este expediente. Por otra parte, visto el estado de autos, se observa que la autoridad responsable "agente del Ministerio Público Lic. Ruth Alejandra Almaraz Murillo, adscrita a la Procuraduría de Procesos en Juzgados Penales Sur, Primera Agencia de Estrategias Procesales, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México", no ha rendido el informe relativo a la suspensión de plano que le fue requerido mediante acuerdos de seis, diez y treinta de marzo de dos mil veintidós, no obstante de estar notificada. Ese tenor, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de esta determinación, dé cumplimiento a lo solicitado... En ese contexto, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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