Victor Manuel Rivera

Expediente 313/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Victor Manuel Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta firmado por el tercero interesado Felipe Rivera García, mediante el cual solicita la expedición de copias simples, señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizado; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Sonora Número 2171 Poniente, entre las calles Colegio Militar y Bulevard Zacatecas de la Colonia Alfonso G. Calderón, de esta ciudad y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jesús del Rosario Bustillos Rivas. De conformidad con el artículo 278 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias solicitadas por el promovente y entréguesele a la persona autorizada para ello, previo recibo que se deje en autos. Finalmente, como se solicita, se tiene por revocado del domicilio señalado con anterioridad para oír y recibir notificaciones.

  2. Principal

    En atención al estado procesal que guardan los presentes autos y de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido. Por tanto, al resultar innecesario seguir conservando el expediente 1298/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, mismas que fueron remitidas por la autoridad antes mencionada, como anexo a su informe justificado; por tanto, remítase a dicha responsable el expediente en cita, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de tres de septiembre del año en curso, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que quedaba cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído, por la que se concedió provisionalmente y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Oficial del Registro Civil número 03, todos con residencia en esta ciudad, a través de los oficios 2268/2018, 2279/2018, 0072/2018, RPPYC/AHOME/1165/2018, 2449/2018 y RPPYC/AHOME/1214/2018, comunicaron el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la que se sobresee y concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Víctor Manuel Rivera, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, realice las siguientes acciones: Declarar insubsistente únicamente el emplazamiento a juicio del aquí quejoso Víctor Manuel Rivera, y emplazarlo legalmente al juicio sucesorio intestamentario denunciado a bienes de María Santos García Partida y/o María Santos García y/o Santos García, con número 1298/2015, promovido por Felipe Rivera García, a partir de tal actuación; Reponga el procedimiento a partir del acuerdo de siete de julio de dos mil quince, dejando subsistentes sólo las actuaciones que no le afecten y no le causen agravio al impetrante Víctor Manuel Rivera, en sus derechos hereditarios; Ordene nuevamente la publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el Diario "El Debate", de Culiacán y Los Mochis; asimismo, pida los informes al Director del Archivo General de Notarías en el Estado, con domicilio en Culiacán y, al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con domicilio en la ciudad, para que le informen si la de cujus María Santos García Partida y/o María Santos García y/o Santos García había otorgado disposición testamentaria alguna De igual forma, en el mismo acuerdo, ordene el emplazamiento del quejoso Víctor Manuel Rivera, en el domicilio ubicado en Serapio Rendón, número 274 Oriente, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que señaló como propio en el presente juicio de amparo. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal que conforme a derecho corresponda. Ello en razón a que dichos actos, por tener su origen en un ilegal llamamiento a juicio, participan de los vicios de inconstitucionalidad que motivan la concesión del amparo. Resulta aplicable al respecto, la tesis número XI.5o.(III Región) 2 A (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que dispone lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE. En la práctica judicial del juicio de amparo, se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio: La noción de tercero extraño se desprende del contenido de los artículos 5o., fracción III, inciso a) y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto del tercero extraño a juicio en el que se sitúan: a) al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involucrados en la controversia desde su inicio porque las partes se disputan los bienes o derechos del quejoso y, a fin de cumplir con el mandato del artículo 80 de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del juicio a partir del auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera al actor para que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso lo que constituirá una exigencia para darle entrada; b) aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. De resultar que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, el efecto de la protección constitucional será restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; c) el tercero extraño por equiparación se presenta con: I) El tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; en este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades; II) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio, que a su vez se manifiesta de dos formas: aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada; el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario, y los efectos de la sentencia de amparo deben extenderse a los codemandados y, el otro, lo representa aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio, caso en que también, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, y para que sea llamado a juicio, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural; y, d) otro supuesto es el del tercero extraño que es afectado por un acto de autoridad que reviste las características de ser un acto privativo, de naturaleza positiva y que se emitió sin respetar la garantía de audiencia; en ese caso, el amparo que se conceda es en forma lisa y llana, para que se deje insubsistente el acto de autoridad, sin que se pueda obligar a la autoridad a emitir otro previo respeto a la garantía de audiencia, pues de hacerlo se rebasaría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación."(lo subrayado es propio). Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados a las diversas autoridades ejecutoras Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad y Oficial del Registro Civil número 03, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, ya que los actos reclamados a estas últimas no lo fueron por vicios propios sino como consecuencia de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. Tiene aplicación al caso, por analogía, la Jurisprudencia 88, consultable a página 70, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclama específicamente, vicios de tal ejecución.". Ahora bien, las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Oficial del Registro Civil número 03, todos con residencia en esta ciudad, a través de los oficios 2268/2018, 2279/2018, 0072/2018, RPPYC/AHOME/1165/2018, 2449/2018 y RPPYC/AHOME/1214/2018, recibidos el once y treinta de julio, dos, seis y quince de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, comunicaron el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, en los cuales, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, informó que a través del proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente todo lo actuado, a partir del auto de siete de julio de dos mil quince, en el procedimiento relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus María Santos García o María Santos García Partida o Santos García, promovido por Felipe Rivera García, con el número de expediente 1298/2015, con el fin de darle la intervención legal que corresponda al quejoso Víctor Manuel Rivera, como descendiente del autor de la sucesión, procediendo a dictar un nuevo auto en el cual, se ordenó el emplazamiento a juicio del aquí impetrante Víctor Manuel Rivera, al nombrado juicio sucesorio intestamentario denunciado a bienes de María Santos García Partida y/o María Santos García y/o Santos García, con número 1298/2015, en el domicilio ubicado en Serapio Rendón, número 274 Oriente, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De igual forma, en ese auto ordenó de nueva cuenta la publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el Diario "El Debate", de Culiacán y Los Mochis; y remitió oficios al Director del Archivo General de Notarías en el Estado, con domicilio en Culiacán y, al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con domicilio en la ciudad, a fin de que le informen si la de cujus María Santos García Partida y/o María Santos García y/o Santos García había otorgado disposición testamentaria alguna; por su parte el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en esta ciudad, expuso que llevo a cabo la anotación en las fincas relacionadas con el presente asunto, en las inscripciones que a continuación se señalan: 118, 123, 182, 136, 122, 57 y 22 de los libros 435, 674, 613, 500, 963, 671 y 1057, dela sección primera, respectivamente; de igual manera indicó que en los archivos de esa dependencia no se encuentra disposición testamentaria alguna a nombre de María Santos García Partida y/o María Santos Garcia y/o Santos García; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, la quejosa por escrito presentado el veintidós de agosto del presente año, manifestó su conformidad con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al haber dejado insubsistente todo lo actuado, a partir del proveído de siete de julio de dos mil quince, en el procedimiento relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus María Santos García o María Santos García Partida o Santos García, con número de expediente 1298/2015, lo cual le fue debidamente notificado.

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