Victor Manuel Contreras Espinoza
Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Victor Manuel Contreras Espinoza
Actuaciones
- Principal
vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte, ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 223/2018-3, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Contreras Espinoza; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo 223/2018-3, se desechó la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Contreras Espinoza; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Vista la demanda signada por Víctor Manuel Contreras Espinoza, y confrontada con la diversa que originó el juicio de amparo número 47/2018-7, del índice de este Juzgado Federal, se considera que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia, que permite desecharla de plano, al tenor del numeral 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". Ciertamente, las causales de improcedencia, se deben de analizar de oficio, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia número 1a./J. 163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.". Y la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Del análisis oficioso de la demanda de amparo, así como de su comparación con el escrito de garantías, que dio origen al diverso juicio de amparo número 47/2018-7, de nuestro índice, se concluye que resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en atención a que los actos que reclama el quejoso, fueron materia de otro juicio, a saber del número de amparo 47/2018-7, del índice de este Juzgado, por haberse impugnado respecto de las mismas autoridades responsables 1) Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa; 2) Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con domicilio en Guasave, Sinaloa; y, 3) Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa; los mismos actos reclamados. El numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". De tal suerte que, si en la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Víctor Manuel Contreras Espinoza, señaló como autoridades responsables: a. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa; b. Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con domicilio en Guasave, Sinaloa; y, c. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa, precisando como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de las autoridades señaladas como responsables, respecto a proporcionarme la atención médica especializada (especialista en traumatología)." Aunado a lo anterior, de la certificación que antecede se advierte que en este juzgado federal, se tramitó el juicio de amparo número 47/2018-7, también propuesto por Víctor Manuel Contreras Espinoza, contra actos del: 1) Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa; 2) Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con domicilio en Guasave, Sinaloa; y, 3) Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Norponiente, con residencia en Guasave, Sinaloa; de quienes reclamó lo siguiente: "La negativa de autorizarle el ingreso y entrega de un par de zapatos autorizados por prescripción médica (traumatólogo) para su problema de columna y como consecuencias, la falta de atención médica; y, la falta de respuesta a su escrito petitorio presentado ante las responsables el cinco de enero de dos mil dieciocho.". Expediente que se resolvió el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, sobreseyendo y concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otras cosas, para el efecto de que las autoridades responsables provean al quejoso Víctor Manuel Contreras Espinoza, el tratamiento médico y medicamentos, con relación al padecimiento consistente en Lumbalgia mecánica, artrosis lumbar leve, sacroilitis bilateral, talo valgo, pie cavo, sobrecarga mecánica en rodillas; asunto que se encuentra pendiente para causar ejecutoria; mismo que se tiene a la vista y que constituye un hecho notorio, conforme al criterio de la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Asimismo, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006145, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/2014 (10a.), cuyo contenido es: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". En consecuencia y al actualizarse una causal de notoria e indudable improcedencia, con fundamento en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone a desechar de plano la demanda que se analiza. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social número 8 Norponiente, con residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, y en atención al oficio DSIN/1950/2016 suscrito por el Titular de la Delegación Sinaloa del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Mazatlán, se tiene a la licenciada María Magdalena Guzmán Mexía y en su ausencia al licenciado José Orozco Carrillo, Defensores Públicos Federales de la adscripción, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para que proporcionen una defensa adecuada al quejoso Víctor Manuel, lo que deberá hacerse de su conocimiento en las oficinas de la Defensoría Pública Federal, ubicadas en este edificio. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Notifíquese personalmente al inconforme Victor Manuel Contreras Espinoza, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con residencia en Guasave, Sinaloa, se encomienda la realización de la diligencia a la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, en el entendido que deberá identificarlo y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del Centro Penitenciario, en que se encuentra el interno de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable, la Tesis número VI.1o.P.209, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1028 del Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2003, Materia Penal, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. INVARIABLEMENTE DEBEN EFECTUARSE EN FORMA PERSONAL, CUANDO CAREZCAN DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, O NO HUBIESEN DESIGNADO PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS. El artículo 28 de la Ley de Amparo, en su fracción II dispone: "... Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, se harán: ... II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado. También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.". De lo que se deduce que todos los acuerdos emitidos durante la sustanciación del juicio de garantías, entre otros, el de la admisión, aquellos por los que se difiere la audiencia constitucional y señala nueva fecha para su celebración, vista respecto de los informes previos y justificados, el que recae a la solicitud de admitir, desechar o preparar pruebas, etc., deben invariablemente notificarse en forma personal a los quejosos que están privados de su libertad y que no hubiesen designado a alguien para recibirlas.".
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