Víctor Manuel Reyes Alzaga

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Reyes Alzaga
  • José Ángel Rivera Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación a los puntos 7.1.1 en sus numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que por una parte se negó el amparo solicitado. Asimismo, devuélvase al Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el anexo que remitió consistente en el original del expediente **** en tres tomos, dos cuadernillos de la Segunda Sección de Inventario y Avalúos, así como un cuadernillo de consignación de siete de julio de dos mil veintidós, todos de su índice; se solicita acuse de recibo. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, a veinte de abril de dos mil veintitrés. SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 226/2023-III-A; promovido por ********************, en representación del menor de identidad reservada de iniciales********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, en representación del menor de identidad reservada de iniciales********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. CIUDADANA JUEZ NOVENO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO." IV. ACTO RECLAMADO. LA RESOLUCIÓN DE FECHA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA EN EL JUICIO SUCESORIO ********************." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 226/2023-III-A, y previa aclaración de los actos reclamados, se admitió a trámite por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el informe de ley. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial del orden civil, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial en el que órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para los cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo anterior, este Juzgador considera que la parte quejosa reclama de la Jueza Noveno Familiar de Toluca, Estado de México: La resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio testamentario ********************, del índice del juzgado responsable, en la que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, y confirma el auto de diecisiete de enero del año en curso, que negó la entrega de las consignaciones de dinero realizadas en el referido expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la referida autoridad, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó la Jueza responsable a dicho informe, consistente en el original del expediente ********************, de las que se advierte la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés; documentales con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." No obstante lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede al análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por las partes. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto resulta importante señalar los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Civil y Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, ********************, en representación del menor de identidad reservada, denunció el juicio sucesorio testamentario a bienes de María del Carmen Alejandra Moreno López (fojas 1 a 6, tomo I). 2. Lo anterior correspondió al Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, donde se le asignó el número ******************** (fojas 11 y 12, tomo I). 3. Una vez llamadas a juicio las personas involucradas, incluido el quejoso en su carácter de coheredero, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la lectura del testamento; diligencia en la que se tuvo a ******************** y María Isabel García Moreno (que a la postre se excusaría) como albaceas (fojas 60 y 61, tomo I). Dicho testamento, en la parte que interesa, estipula: "(.) Clausulas (.). TERCERA. El remante o diferencia de valor de inmueble de avenida Independencia, esquina con calle Rayón, de esta misma ciudad; que queda en comparación con la suma de los valores de las propiedades mencionadas en las clausulas anteriores, en la parte que no haya sido pagada a la testadora, se deberá cubrir a sus dos hijos arriba mencionados, al cincuenta por ciento a cada uno de ellos. Esa diferencia quedara a cargo de su hermano SALVADOR MORENO LÓPEZ, a quien se adjudicará por herencia de su padre ese inmueble, según se ha convenido con él la otorgante, y deberá documentarse en pagarés a favor de ella que habrán de liquidarse en un plazo máximo de quince años por su mencionado hermano o los herederos del mismo. (.)." 4. Continuado que fue el juicio, se realizaron diversas actuaciones a fin de determinar los bienes que forman parte de la sucesión, y dado que ésta tiene el carácter de acreedora en diversos pagarés suscritos a su favor, Salvador Moreno López (deudor) estuvo consignando el importe de los mismos ante el órgano jurisdiccional. 5. El trece de febrero de dos mil diecisiete, ante la posible existencia de un conflicto de intereses entre el denunciante y el menor heredero de identidad reservada, se tuvo como tutora de éste último a Leticia Zetina Corona, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (foja 263 tomo I). 6. Sin que se haya iniciado la segunda etapa del juicio sucesorio, Salvador Moreno López continuó actuando en el mismo respecto a la consignación de las cantidades adeudadas a la sucesión. 7. En junta de herederos de uno de octubre de dos mil veinte (foja 397, tomo II), las partes designaron a Joshua Christopher Martín Dupre, como albacea de la sucesión. 8. El diez de noviembre de dos mil veinte, se inició la segunda etapa de la sucesión (fojas 1 a 30 del tomo II del cuadernillo de la segunda sección de inventario y avalúos). 9. El siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo por aprobada la segunda sección de inventario y avalúos (foja 98 del tomo II del cuadernillo de la segunda sección de inventario y avalúos). 10. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por aprobada la tercera sección de la sucesión testamentaria de origen. 11. El uno de julio de dos mil veintidós, dio inicio a la cuarta sección de proyecto de partición (foja 29 de autos). 12. Mediante escrito de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ******************** (padre del menor) solicitó que se entregara el cincuenta por ciento de las cantidades consignadas a favor de la sucesión a bienes de María del Carmen Alejandra Moreno López y del coacreedor ********************, por el deudor Salvador Moreno López; sin embargo, en auto de veinte siguiente, no se acordó favorable, en razón de que no se había emitido sentencia de adjudicación (fojas 718 a 724, del tomo III del anexo de pruebas). 13. Por escrito de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, ******************** (padre del menor) solicitó que existían consignaciones de dinero realizadas en el juicio de origen por lo que se podría realizar la distribución provisional de éstas; en atención a dicha petición, la juez primigenia en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, acordó lo siguiente: "(.) Agréguese a los autos el escrito presentado por VÍCTOR MANUEL REYES ALZAGA, en su carácter de administrador del menor de edad VÍCTOR EDUARDO REYES MORENO, atenta las manifestaciones que refiere que se le entregue las consignaciones de dinero en el presente juicio sucesorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.136, 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, deberá de estar a lo ordenado en autos de fecha veinte de diciembre del año próximo pasado, donde se le indicó que no ha lugar a proveer de conformidad, tomando en consideración que en el presente no se ha dictado sentencia de adjudicación (.)." 14. En contra de esa determinación, ******************** interpuso recurso de revocación y seguida la secuela procesal mediante resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, confirmó el auto impugnado. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de las inconformidades hechas valer, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. En los conceptos de violación, el quejoso manifiesta que la resolución que constituye el acto reclamado adolece de una adecuada fundamentación y motivación y con ello vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que la responsable fue omisa en dar respuesta a los argumentos expuestos en el escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, pues no dio respuesta a lo que solicitó respecto a la entrega de dinero a favor del menor, en virtud de que no expuso si procedía o no distribución provisional del dinero, o de ser el caso, a la exclusión de bienes, pues de manera simple ordena que se esté a lo acordado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ya que ambas solicitudes son diversas; de ahí que los agravios planteados en la revocación no fueron atendidos por ésta. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes por las siguientes consideraciones. En primer término, de los antecedentes más relevantes del acto reclamado con base en las constancias que se adjuntaron son los siguientes: 1. Mediante escrito de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ******************** (padre del menor) solicitó que se entregara el cincuenta por ciento de las cantidades consignadas a favor de la sucesión a bienes de María del Carmen Alejandra Moreno López y del coacreedor ********************, por el deudor Salvador Moreno López. A lo que la Juez de origen el veinte de diciembre de dos mil veintidós acordó en los siguientes términos: ".Auto. Toluca, Estado de México, veinte (20) de diciembre de dos mil veintidós (2022). Agréguese a los autos el escrito presentado por VÍCTOR MANUEL REYES ALZAGA, atenta las manifestaciones que refiere que de que se le entregue la cantidad que refiere, con fundamento en los artículos 4.52 y 4.65 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a proveer de conformidad, tomando en consideración que en el presente no se ha dictado sentencia de adjudicación. Teniendo aplicación la siguiente jurisprudencia: SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal. (datos de localización). Notifíquese. (.)." 2. Luego, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, ******************** (padre del menor), nuevamente solicitó que existían consignaciones de dinero realizadas en el juicio de origen por lo que se podría realizar la distribución provisional de éstas; en atención a dicha petición, la juez primigenia en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, acordó lo siguiente: "(.) Agréguese a los autos el escrito presentado por VÍCTOR MANUEL REYES ALZAGA, en su carácter de administrador del menor de edad VÍCTOR EDUARDO REYES MORENO, atenta las manifestaciones que refiere que se le entregue las consignaciones de dinero en el presente juicio sucesorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.136, 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, deberá de estar a lo ordenado en autos de fecha veinte de diciembre del año próximo pasado, donde se le indicó que no ha lugar a proveer de conformidad, tomando en consideración que en el presente no se ha dictado sentencia de adjudicación (.)." 3. Inconforme con esa determinación ******************** interpuso recurso de revocación y seguida la secuela procesal mediante resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, confirmó el auto impugnado. Como se puede ver, ya con antelación el aquí quejoso, en diversa solicitud acordada por la Juez de origen, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, negó la entrega del cincuenta por ciento de las cantidades consignadas a favor de la sucesión a bienes de María del Carmen Alejandra Moreno López y del coacreedor ********************, por el deudor Salvador Moreno López. Determinación que quedó firme por falta de impugnación. Sin embargo, posteriormente, en una nueva petición de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, solicitó que las consignaciones de dinero realizadas en el juicio de origen, se podría llevar a cabo la distribución provisional de las mismas, a lo que la Juez del conocimiento, determinó que debería estarse a lo acordado el veinte de diciembre de la anualidad pasada, a través del cual se le indicó que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud que no existía sentencia de adjudicación. Por su parte, la Juez de origen en la resolución reclamada, para considerar inoperantes los agravios del recurrente aquí quejoso fueron: a) Estableció que conforme a los artículos 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del estado de México, está obligada entre otras cuestiones, a no permitir que una parte sea inoportuna e intempestiva para alterar el método y orden del procedimiento. b) Agregó que la dirección del proceso está su cargo; de ahí, que el acuerdo recurrido se emitió conforme al principio del debido proceso. c) Mencionó que, contrario a las afirmaciones del recurrente, en el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, sí dio respuesta a lo solicitado, pues de advertía de manera clara y contundente que no se acordó favorable su solicitud, para enseguida precisar que no se había emitido sentencia de adjudicación, fundamentando dicha actuación en los artículos 4.52 y 4.65 del Código de Procedimientos Civiles en el entidad. Incluso apoyó su determinación en la jurisprudencia de rubro "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." d) Puntualizó que el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, determinó originalmente no acordar favorable su solicitud que versaba sobre la entrega de dinero derivada de los pagarés, se encontraba firme al no haber sido recurrido por el inconforme; por lo que el auto combatido de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se le dijo que debía estarse a lo acordado en el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós. e) Por lo tanto, determinó que no podría ahora inconformarse con una circunstancia de la cual ya tenía pleno conocimiento, sobre todo que se encontraba contenida en una actuación firme. Razones por las que la Juez civil confirmó el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, ante lo inoperante de los agravios. Ello, pues respecto a la primera solicitud de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la planteó con base en que el coheredero había recibido el cincuenta por ciento de las cantidades consignadas y respecto de la segunda petición presentada el dieciséis de enero del año en curso, lo hizo en el sentido de que existían consignaciones de dinero realizadas en el juicio de origen por lo que se podría realizar la distribución provisional de éstas. Como se puede ver, la Juez de origen insistió en remitir al auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, con base en que en dicho proveído se dijo que hasta en tanto hubiese sentencia de adjudicación, por lo que tenía pleno conocimiento, sobre todo que se encontraba contenida en la citada actuación que tenía firmeza procesal. Lo anterior es así, pues en su momento la parte quejosa no se inconformó en contra de ésta última determinación (veinte de diciembre de dos mil veintidós), a través del recurso idóneo, lo que implica la preclusión de su derecho y por ende el consentimiento, puesto que en la misma, la autoridad responsable ya había realizado pronunciamiento en torno a la solicitud de la entrega de las consignaciones llevadas a cabo en el expediente primigenio, en tanto que, si bien la diversa petición que originó la emisión del acto reclamado fue planteada en diversos términos, también lo es que, la finalidad de la misma conlleva a la entrega del numerario consignado, con la intención de subsanar la falta de impugnación de la primera, por lo que se actualiza una relación de causa a efecto, pues su existencia deriva precisamente de la negativa a realizar la entrega de las consignaciones llevadas a cabo en el expediente en cuestión, pretensión materializada en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el cual fue consentido. Así la cosas, debe sostenerse que el acto reclamado se originó con base en los mismos elementos que ya habían sido desestimados, por ende, debe considerarse derivado de otro consentido, por lo cual no se puede emprender el análisis de los conceptos de violación hechos valer por el promovente de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia I.11o.C. J/3, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1263, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE VERSAN SOBRE DETERMINACIONES ADOPTADAS EN EL FALLO DE PRIMER GRADO QUE FUERON CONSENTIDAS POR EL QUEJOSO AL NO SER IMPUGNADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTIVO. Si el quejoso consintió tácitamente alguna decisión del Juez de origen en el fallo de primer grado, al no haber formulado en el recurso de apelación respectivo agravio alguno encaminado a combatir dicha decisión o por no haber interpuesto el referido medio de impugnación, resulta incuestionable que ya no le es posible jurídicamente combatir tal determinación a través del juicio de garantías y, por ende, deben declararse inoperantes los conceptos de violación correspondientes." Sin que pase desapercibido para este Juzgador que el quejoso refiera que las solicitudes fueron en diferentes términos; sin embargo, dichos planteamientos van encaminados a la entrega de las cantidades que han sido consignadas en el expediente de donde derivan el acto aquí reclamado, por lo que se considera que dichas circunstancias fueron atendidas por la Juez civil en actuación de veinte de diciembre de dos mil veintidós. Aunado a que no puede justificarse que una falacia argumentativa pueda renovar la posibilidad de que un derecho procesal se actualice indiscriminadamente, pese a que ya hubiese precluido. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 21/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, página 314, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En las relatadas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en su carácter de administrador de su menor hijo de identidad reservada de iniciales******************** Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en su carácter de administrador de su menor hijo de identidad reservada de iniciales********************, en contra de la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio testamentario ********************, por las razones expuestos en último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado ********************.

  3. Principal

    EN ATENCION A LOS AVISOS DE VEINTICUATRO DE ABRIL ÚLTIMO, SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE VEINTE DE ABRIL ACTUAL A LAS PARTES TERCERAS INTERESADAS, SENTENCIA QUE RESOLVIO LO SIGUIENTE: se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en su carácter de administrador de su menor hijo de identidad reservada de iniciales********************, en contra de la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio testamentario ********************, por las razones expuestos en último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado ********************.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurre el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el cual se tuvo por recibido en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; en esa virtud, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

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