Víctor Manuel Quiroz George
Expediente 1285/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/12/2016
Partes del expediente
- Víctor Manuel Quiroz George
- Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca de Lerdo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
...Agréguese el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada...
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el citatorio de 13/12/2016, y se notifica por lista a la tercera interesada Silvia Rebeca Romero Reyes el auto de 09/12/2016, que en sisntesis dice: ...Agréguese el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada...
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1285/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; turnado en esa fecha a este juzgado; Víctor Manuel Quiroz George, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Previas prevenciones por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, este juzgado admitió la demanda bajo el número 1285/2016, y en el mismo proveído ordenó la separación de juicios, de ese modo, en auto de ocho de septiembre siguiente se formó el expediente 1361/2016, solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; fijó día y hora para celebrar audiencia constitucional, la cual fue desahogada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, así como al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a quienes se les reclama: - Los autos de quince de junio y diecisiete de agosto, ambos de dos mil dieciséis, mediante los cuales se impone una multa al quejoso, dictados en el juicio contencioso administrativo 728/2014, y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la Sala responsable como complemento de su informe justificado en los juicios de amparo 1315/2016 y 1336/2016, consistentes en copias certificadas del juicio administrativo 728/2014, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Por su parte, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la Subsecretaría de Ingresos de la aludida Secretaría, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la aceptación de la existencia de la multa por parte de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a quien le reviste el carácter de autoridad ordenadora, pues resulta inconcuso que el acto reclamado tendrá ejecución material; habida cuenta que se ordenó girar oficio a la ejecutora citada, a efecto de hacer efectiva la multa impuesta al hoy quejoso. Atento a lo expuesto, queda desvirtuada la causa de sobreseimiento invocada por la autoridad responsable indicada y por la tercero interesada. CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable ordenadora hizo valer la causa de improcedencia establecida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, apoyada en que existe un cambio de situación jurídica, dado que el diecisiete de agosto del año en curso dictó un proveído en el que se determinó el envió de los autos a la Primera Sección de la Sala Superior de dicho tribunal, por lo que el quejoso no controvierte la situación jurídica en que actualmente se encuentra el juicio administrativo de origen. No asiste razón a la responsable. En el caso se reclama un proveído que impone una multa, y el hecho de que se haya remitido el juicio administrativo de origen a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dicha autoridad en su caso, puede reiterar cuantas veces sea necesario la multa impuesta, habida cuenta que en dicha instancia puede concluirse con la determinación que ordena la destitución del servidor público responsable o bien puede determinarse que la sentencia se encuentra cumplida, empero en modo alguno el decidir por la legalidad de una multa impuesta por su actitud contumaz de cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen, afectaría la nueva situación jurídica del peticionario de amparo. Por su parte, la tercero interesada, invocó como causa de improcedencia la contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, aduciendo genéricamente, que es falsa la fecha referida por el quejoso en que tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que estima es extemporánea su demanda. Es infundada la causa de improcedencia invocada, pues de las constancias remitidas por la Sala responsable con valor probatorio pleno, se advierte que el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, tal como lo señaló el quejoso, le fue notificado mediante oficio el diez de agosto de dos mil dieciséis; y el diverso proveído de diecisiete de agosto del año en curso, le fue notificado el seis de septiembre siguiente. En tal contexto, se desestima la causa de improcedencia invocada. Agotado el tema de las causas de improcedencia aludidas y toda vez que este juzgado no advierte la actualización de una diversa, procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a transcribirlos. Los conceptos de violación propuestos resultan infundados unos, y otros ineficaces, como se explica. Previo a constatar el aserto anterior, y para mejor comprensión del asunto, es necesario relacionar los siguientes antecedentes: 1.- Por escrito presentado por Silvia Rebeca Romero Reyes, por propio derecho, demandó la invalidez de la sanción administrativa disciplinaria de diecisiete de junio de dos mil catorce, emitida en el expediente CIM/PA/042/116/012/2011, por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México; por lo cual se registró y admitió la demanda bajo el número 728/2014. 2.- Seguida la secuela del procedimiento, en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, la sala responsable dictó sentencia definitiva en el juicio administrativo de origen, declarando la invalidez de la resolución reclamada, ordenando al Presidente Municipal y Contralor Interno, ambos del Municipio de Xonacatlan, Estado de México, a que llevaran a cabo la eliminación del registro que se hubiese generado con motivo de la conducta atribuida a la parte actora, condenándose además a la reinstalación en el empleo cargo y/o comisión que desempeñaba Silvia Rebeca Romero Reyes, así como al pago del total de las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la resolución cuya invalidez se había decretado. 3.- En desacuerdo con lo anterior, las aludidas autoridades administrativas, interpusieron revisión administrativa (2651/2014), del que correspondió conocer a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien mediante sentencia de veinte de marzo de dos mil quince, confirmó la sentencia recurrida. 4.- En auto de uno de abril de dos mil quince, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad demandada, apercibida que de no hacerlo en el plazo de tres días, le sería impuesta una multa de cincuenta días de salario mínimo. 5.- Mediante escrito ingresado el veinte de abril siguiente, las autoridades administrativas enjuiciadas manifestaron no contar con recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia, solicitando les fuese concedido un término de diez días a efecto de estar en aptitud de cumplir con lo requerido; por lo que en auto de veintiuno de abril siguiente se concedió la prórroga solicitada. 6.- El doce y veinte de mayo de dos mil quince, se hizo constar que las partes contendientes se reunieron para llevar a cabo pláticas de conciliación y mediación tendentes a solucionar el juicio. 7.- En auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que en el plazo de tres días informaran y acreditaran el pleno cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo les sería impuesta una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo. 8.- Por escrito de veintinueve de mayo siguiente, las autoridades demandadas manifestaron lo que a su derecho importó, y en auto de dos de junio de dos mil quince, la Sala responsable indicó que al no advertir que se hubiese cubierto a la parte actora las prestaciones que dejó de percibir con motivo de destitución reclamada, requirió a la parte enjuiciada para que en el plazo de tres días informara y acreditara el cumplimiento a la sentencia por el aludido aspecto, apercibida de multa por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. 9.- Mediante escrito de doce de junio de dos mil quince, las autoridades demandadas presentaron la planilla de liquidación respectiva, y por auto de seis de julio siguiente, se precisó la cantidad que debía ser pagada a la parte actora, por lo cual se requirió a las autoridades demandadas para que en un plazo de diez días hábiles informaran y acreditaran haber cubierto a la parte actora la cantidad ahí precisada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo les sería impuesta una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo. 10.- En desacuerdo con lo anterior, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión (1185/2015), y por resolución de dieciocho de diciembre de dos mil quince, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, decretó el sobreseimiento del recurso de revisión hecho valer; resolución que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo 108/2016, de la estadística de este Órgano de Control Constitucional, quien mediante ejecutoria de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis negó el amparo solicitado. 11.- Por escrito de trece de junio de dos mil dieciséis, la parte actora solicitó se hicieran efectivas las multas impuestas a la autoridad demandada; por lo que en auto de quince de junio siguiente fue requerido nuevamente el cumplimiento de la sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo sería impuesta una multa equivalente de ciento cincuenta a mil días de salario mínimo, y que de persistir el incumplimiento serían remitidos los autos a la Primera Sección de la Sala Superior. 12.- Mediante escrito ingresado el trece de julio del año en curso, la parte actora solicitó se hicieran efectivas las multas impuestas y que el expediente fuese remitido a la Primera Sección de la Sala Superior; en auto de quince de junio siguiente (que en realidad es auto de quince de julio), la Sala responsable en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, impuso al Presidente Municipal y Contralor Interno, ambos del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, una multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo, ordenando girar el oficio respectivo al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para que procediera a hacer efectiva la multa; requiriendo nuevamente el cumplimiento de la sentencia. En auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los escritos presentados por el apoderado del Presidente Municipal, y por el Contralor Municipal, ambos del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, mediante los cuales realizaron manifestaciones con relación al cumplimiento de la sentencia del juicio de origen, respecto de lo cual la Sala responsable determinó que no se encontraba cumplida la obligación de pagar el total de las prestaciones que dejó de percibir la demandada con motivo de la resolución cuya invalidez se había decretado, motivo por el cual la Sala consideró que no obstante haber requerido a la autoridad demandada mediante autos de fecha quince de abril, dieciocho de mayo, quince de junio y catorce de julio, todos de dos mil dieciséis, sin que a la fecha hubieses colmado dichos requerimientos, por lo que impuso al Presidente y al Contralor Municipal, ambos del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, una multa por el equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en dicha jurisdicción. Determinaciones que constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ahora, el quejoso en su primer concepto de violación indica que el acto reclamado carece del requisito de fundamentación y motivación. Es infundado el aserto anterior. En efecto, el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 14 constitucional contiene la garantía de legalidad, la que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16 del mismo ordenamiento legal, que deben imperar en toda resolución o acto de autoridad. Así, al hacer una interpretación conjunta de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como la exposición de razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de dos mil, tomo tercero, materia administrativa, página 46, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Formalidades que en el caso fueron observadas en el acto reclamado dictado por la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; lo que es así, porque los artículos en que la Magistrada responsable sustentó los autos que se combaten, en específico los numerales 3, 226, 227, 280 y 281, aplicables al caso en concreto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de los que se advierte, que el artículo 280, refiere los términos en que debe cumplirse la sentencia dictada por el tribunal administrativo, y en su párrafo segundo establece que en caso de incumplimiento se impondrá al demandado una multa por la cantidad equivalente de cien a mil días de salario mínimo vigente en la jurisdicción correspondiente. Por su parte, el artículo 281 de dicha normatividad establece que cuando la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional. Asimismo, es oportuno señalar que en el caso, la multa fue impuesta con apoyo en el artículo 280 del propio código procesal, prevista como medida de apremio, para obtener el cumplimiento de sentencias pronunciadas por el tribunal contencioso estatal. En esas condiciones, como las multas reclamadas no fueron impuestas como sanción en un procedimiento administrativo instaurado ante autoridades administrativas de la Entidad, sino como medida de apremio para obtener el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, la Sala responsable no se encontraba obligada a justificar el monto impuesto. En razón de lo expuesto, es que devienen infundados los argumentos del quejoso. En diverso aspecto, el impetrante señala que si bien en el auto que constituye el acto reclamado se ordena la notificación personal, también es cierto que no se realiza de esa forma ni en el domicilio del quejoso; lo anterior a pesar de que en autos existe una razón de notificación y en la misma se hace constar que se notifica y cumplimenta el auto, pues no existe constancia de que haya precedido citatorio para esperar al notificador. Indica que en el auto que apercibe con la imposición de una multa se ordena que se notifique a los interesados, sin que exista en el juicio constancia alguna de la notificación a dichas personas, lo cual implica que no tuvo conocimiento de la obligación que se le imponía. Lo anterior es infundado. En efecto, de inicio debe precisarse que el quejoso al tener la representación de una autoridad administrativa las notificaciones que se le practiquen deben ser por oficio, y solamente tratándose de los particulares las notificaciones se practicarán de forma personal. De consiguiente, el proveído de quince de junio de dos mil dieciséis (que en realidad es de catorce de julio) y el diverso de diecisiete de agosto siguiente, se notificaron mediante oficio a las autoridades administrativas demandadas el diez de agosto y el seis de septiembre, ambos de dos mil dieciséis, de manera individual, según se advierte de los acuses de recibo que obran en las copias certificadas del expediente de origen (fojas 293 y 423 del tomo de pruebas); lo anterior, en términos de la fracción I, del artículo 25 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, además que se anexó al mismo copia simple del citado acuerdo, en cumplimiento al párrafo tercero del numeral 26 de dicho ordenamiento legal. Asimismo, se precisa que mediante proveído de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se requirió el cumplimiento de la sentencia a las autoridades administrativas demandadas, y en dicho auto se le apercibió con la imposición de multa, autos respecto del cual obra también el acuse de recibo del oficio que se giró al respecto, tal como se advierte a foja 287 del tomo de pruebas, por ende, resulta infundado que no se le haya notificado el quejoso el auto mediante el cual se le apercibió con la imposición de una multa. En diverso aspecto, el impetrante señala que el auto combatido conforme a las constancias del juicio dice ser de fecha quince de junio del año en curso; sin embargo, de la razón de cuenta se advierte que la fecha es quince de julio del actual, y que debido a ello existe una franca contradicción entre ambas fechas. Es infundado el anterior aserto. Ciertamente como lo indica el quejoso, del análisis del auto impugnado se advierte que la razón de cuenta del escrito de la parte actora es de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, y en la fecha del auto se asentó quince de junio de dos mil dieciséis, lo que efectivamente evidencia un error, pues el escrito que se acuerda de la parte actora fue ingresado el trece de julio del año en curso, no obstante ello, dicha imprecisión se trata de un error mecanográfico carente de relevancia, pues como se precisó en párrafos que anteceden, el ahora quejoso en su carácter de Contralor del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, fue notificado mediante oficio en el que se precisó que se le notificaba el auto de catorce de julio del año dos mil dieciséis, por ende, no existe incertidumbre alguna en perjuicio del hoy quejoso. El impetrante esboza cuestiones relativas a que existe imposibilidad para cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen, pues según expone, es de naturaleza económica y él no tiene a su disposición recursos económicos, habida cuenta que en auto de dos de junio de dos mil quince, se hizo del conocimiento que por lo que hace al contralor se ha dado cumplimiento a la resolución dictada por la responsable. Las anteriores inconformidades deben desestimarse, pues en principio cabe precisar que del atento análisis del último párrafo del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que no prevé el supuesto de imposibilidad como hipótesis de excepción del cumplimiento de las sentencias dictadas en la instancia contencioso administrativa. En efecto, del análisis textual de dicha porción normativa se advierte que: Una vez notificada la sentencia a las demandadas y transcurrido el plazo de tres días, sin que se haya cumplido la determinación, el órgano jurisdiccional del conocimiento dará vista a dichas autoridades, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; Hecho lo anterior, dicho órgano jurisdiccional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, la requerirá para que cumpla la determinación de mérito, en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación, previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa; y, Finalmente, en el caso de que por la naturaleza del acto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento en el plazo de tres días, la Sala del conocimiento podrá ampliarlo hasta por el término de diez días. De consiguiente, se reitera, el último párrafo del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no prevé el supuesto de imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, sino que únicamente, contempla la posibilidad de ampliar el plazo de tres días a diez para el cumplimiento de la sentencia, en aquellos casos en que dada la naturaleza del acto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar en el primero de los términos señalados, lo cual en el juicio ya aconteció en proveído de veintiuno de abril de dos mil quince, de donde se sigue lo ineficaz del aserto planteado. Aunado a lo anterior, debe precisarse que las cuestiones que expone el quejoso en todo caso deberá manifestarlas ante la autoridad de instancia, quien en su momento decidirá si la sentencia se encuentra cumplida o no, o bien si concede nuevamente la ampliación del plazo para el cumplimiento teniendo en cuenta lo que expone el quejoso. En las relatadas circunstancias, al no demostrarse la ilegalidad de los actos reclamados por el quejoso, ha lugar a negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al no reclamarse por vicios propios. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/12, del otrora Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 41, del Número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Víctor Manuel Quiroz George, por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, que da fe; hasta el día de hoy treinta de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe. EL JUEZ EL SECRETARIO
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el aviso de 02/12/2016, y se notifica por lista a la tercera interesada Silvia Rebeca Romero Reyes la sentencia de 30/11/2016, cuyo resulutivo dice: ...ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a *****, por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución...
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