Victor Manuel Pereda López

Expediente 306/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
306/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Victor Manuel Pereda López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 306/2017, un anexo y remite testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 165/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, intégrese el cuaderno de antecedentes e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Pereda López o López Pereda, contra el acto y autoridad precisados en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, dado que no es necesaria la retención del anexo enviado por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen, sin que se solicite el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que se acusa recibo del diverso 34139 de nueve de junio del año en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el inconforme, quedando registrado con el orden R.P. 165/2017.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se encuentre integrado el expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original del impreso mencionado y los presentes autos, para la sustanciación de dicho recurso. No obstante que no se exhiben copias suficientes del escrito de agravios, obténganse las necesarias para correr traslado a las partes, pues el acto reclamado a consideración de este juzgado, afecta la libertad personal del amparista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre 2004, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 306/2017, promovido por Victor Manuel Pereda López o Victor Manuel López Pereda, contra un acto de la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha de su presentación se admitió la demanda bajo el orden 306/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia y se precisa que el acto reclamado de la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad, es el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 33/2000, relativo al incidente no especificado promovido por el quejoso, en que solicitó una nueva valoración del dictamen pericial de rastreo hemático. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir informe justificado (foja 21), que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicha comunicación; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni por este juzgado de Distrito, de oficio, su actualización, procede el análisis del fondo del asunto bajo los lineamientos que se establecen a continuación. En ese sentido, es imprescindible destacar que el peticionario no formuló concepto de violación alguno, y dado que no se advierte materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional que solicita. Previo al estudio correspondiente, es necesario dejar establecido que si bien, el inconforme formuló alegatos en que sustancialmente manifiesta transgresión en su perjuicio de los derechos fundamentales de debido proceso, seguridad jurídica y acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional y, por tanto, son inatendibles, pues esta se integra con la demanda y el informe justificado, y sólo se impone la obligación del análisis de aquellos razonamientos jurídicos, cuando se invoca alguna causal de improcedencia; sin embargo, al ser el peticionario quien los formula es evidente que no podría alegar improcedencia del juicio, cuando su pretensión es precisamente que se entre al estudio del fondo del asunto; de ahí que se justifique no emitir pronunciamiento en relación con las violaciones que refiere. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1359 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, de rubro: "ALEGATOS. DEBEN SER EXAMINADOS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO PLANTEAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PORQUE ÉSTA ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE ANÁLISIS OFICIOSO". Asentado lo anterior, ahora es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada, para mejor comprensión del asunto planteado. Así, por sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil (fojas 369 a 493, anexo), la autoridad responsable determinó que el quejoso había resultado penalmente responsable en la comisión del delito de homicidio calificado diversos dos, por lo que le impuso la pena de prisión de cincuenta años, al ser esta el límite máximo de una sanción de tal naturaleza. Inconforme con dicha determinación, el quejoso y su defensa interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, quien al resolver el toca penal 142/2001, confirmó la resolución recurrida en el aspecto específico de la punición y la modificó en los relacionados con la reparación del daño (fojas 496 a 573, anexo). Contra esta última decisión el peticionario promovió juicio de amparo directo, radicado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden D.P. 1598/2004-160, en que se le negó la protección de la justicia federal. Luego, mediante escrito presentado ante la responsable el treinta de marzo del año en curso (fojas 599 a 602, anexo), el justiciable promovió incidente no especificado, en que en esencia, solicitó una nueva valoración del dictamen pericial de rastreo hemático (en ropa de los occisos y en el lugar de los hechos). El cinco de abril siguiente (fojas 600 a 609, anexo), la autoridad judicial, al ser el incidente promovido de obvia resolución, determinó desecharlo de plano, lo cual resulta ajustado al contenido del primer párrafo del artículo 16 constitucional, dado que para proceder de esa forma expuso que la pretensión del inconforme era improcedente al existir cosa juzgada, de conformidad con el precepto 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. Bajo esas consideraciones, se advierte que de manera acertada la autoridad responsable hizo del conocimiento del amparista que en la especie existe cosa juzgada, que le impide modificar la sentencia ejecutoria en que se le condenó, en tanto adquiere carácter de inmutable. Así, quedó bien establecido en el acto reclamado, que el aspecto en que el amparista pretendió se realizara un nuevo pronunciamiento -valoración de determinada prueba-, ya había sido materia de estudio por parte, tanto del juzgado responsable, como del propio Tribunal de Alzada; argumento que este juzgado comparte, pues resulta válido establecer que dicha figura jurídica impide volver a analizar cuestiones vinculadas a los medios de convicción con que se demostró la plena responsabilidad penal del amparista en la comisión del delito atribuido. Por tanto, si las pruebas fueron valoradas en sentencia y esta tiene carácter de inatacable, es incuestionable que la juzgadora no puede atender la petición relativa, ya que contravendría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general, que además no puede ser superado o inobservado por el diverso principio de interpretación más favorable a la persona. Conviene puntualizar que no es obstáculo para concluir como se hace, que el quejoso tenga carácter de sentenciado por la comisión de determinado delito y, por tanto, tenga derecho a la suplencia en la ausencia de los conceptos de violación, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, puesto que como se dijo al inicio de este considerando, no se advierte materia para ello, además de que conforme al criterio aislado que enseguida se reproduce, tal suplencia no debe llegar al extremo de violentar el principio de "cosa juzgada" en que se sustentó la responsable. Es orientadora, dadas las razones que la integran, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 289 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, junio de 2009, que en su rubro dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO DIRECTO. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE VIOLENTAR O INAPLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTINENCIA DE LA CAUSA Y DE COSA JUZGADA". En razón de lo expuesto, al estar adecuadamente fundado y motivado el acto reclamado, y no existir materia para suplir la ausencia de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó el quejoso contra el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 33/2000, por la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad, relativo al incidente no especificado en que solicitó una nueva valoración del dictamen pericial de rastreo hemático. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó Victor Manuel Pereda López o Victor Manuel López Pereda, contra el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 33/2000, por la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad, relativo al incidente no especificado en que solicitó una nueva valoración del dictamen pericial de rastreo hemático.

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