Víctor Manuel Pereda López
Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2018
Partes del expediente
- Víctor Manuel Pereda López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a doce de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención de los anexos que envió la juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 975/2017, promovido por Víctor Manuel Pereda López, contra acto de la juez Décimo Octavo Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de la citada materia y sede, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de ocho siguiente se admitió a trámite la demanda bajo el orden 973/2017; se requirió a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Por comunicado de veintisiete de noviembre pasado, el juzgado similar remitió a este órgano de control constitucional el referido juicio, al estar relacionado con el diverso 306/2017 de este juzgado. Analizadas dichas constancias, por acuerdo de veintinueve del mes en cita, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de dicho juicio, que se registró con el orden 975/2017; se dio al agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete; se hizo del conocimiento de la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis integral de la demanda, y de las constancias de autos, se aprecia que el acto reclamado es la resolución incidental de dieciocho de octubre del año en curso, emitida en la causa penal 33/2000 del juzgado Décimo Octavo Penal de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 26), que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicha comunicación; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado de Distrito que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Previo al estudio correspondiente, es necesario dejar establecido que si bien, el inconforme formuló alegatos, lo cierto es que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional y, por tanto, son inatendibles, pues esta se integra con la demanda y el informe justificado, y sólo se impone la obligación del análisis de aquellos razonamientos jurídicos, cuando se invoca alguna causal de improcedencia; sin embargo, al ser el peticionario quien los formula es evidente que no podría alegar improcedencia del juicio, cuando su pretensión es precisamente que se entre al estudio del fondo del asunto; de ahí que se justifique no emitir pronunciamiento en relación con las violaciones que refiere. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1359 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, de rubro: "ALEGATOS. DEBEN SER EXAMINADOS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO PLANTEAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PORQUE ÉSTA ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE ANÁLISIS OFICIOSO". Asentado lo anterior, es pertinente establecer los antecedentes de la resolución reclamada, para mejor comprensión del asunto planteado. Así, por sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil (fojas 369 a 493 del anexo I), la autoridad responsable determinó que el quejoso había resultado penalmente responsable en la comisión del delito de homicidio calificado diversos dos, por lo que le impuso la pena de prisión de cincuenta años. Inconforme con dicha determinación, el quejoso y su defensa interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, quien al resolver el toca penal 142/2001, confirmó la resolución recurrida en el aspecto específico de la punición y la modificó en los relacionados con la reparación del daño (fojas 496 a 573 del anexo I). Contra esta última decisión, el peticionario promovió juicio de amparo directo, radicado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden D.P. 1598/2004-160, en que se le negó la protección de la justicia federal (foja 596 del anexo I). Luego, mediante resolución de trece de octubre de dos mil quince, se declaró prescrita la reparación del daño en favor del sentenciado, y resultó procedente la solicitud relativa a la individualización de la pena, sin tomar en cuenta el estudio de personalidad ni los antecedentes penales del justiciable, imponiéndole cuarenta y siete años, seis meses de prisión (fojas 616 a 624 del anexo I). Por escrito presentado ante la responsable el treinta de marzo del año en curso (fojas 626 a 629 del anexo I), el quejoso promovió incidente no especificado, en que solicitó una nueva valoración del dictamen pericial de rastreo hemático (en ropa de los occisos y en el lugar de los hechos). El cinco de abril siguiente (fojas 633 a 635 del anexo I), la autoridad judicial responsable, al ser el incidente promovido de obvia resolución, determinó desecharlo de plano, lo cual resulta ajustado al contenido del primer párrafo del artículo 16 constitucional, dado que para proceder de esa forma expuso que la pretensión del inconforme era improcedente al existir cosa juzgada, de conformidad con el precepto 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. El dieciocho de septiembre de este año, el quejoso promovió incidente no especificado en el juzgado responsable, en que solicitó: ".se me aplique el computo y descuento del quantum de la temporalidad de la prisión preventiva. de tal forma que se me realice la traslación y adecuación de la pena a las reformas del artículo 33 del Código Penal para la Ciudad de México y 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la Ciudad de México.". Mediante resolución incidental de dieciocho de octubre del año en curso (fojas 654 a 662), la juez responsable resolvió, en lo que interesa lo siguiente: ".se advierte que el incidentista VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", no se encuentra en ninguna de las hipótesis mencionadas, ello es así ya que primeramente no nos encontramos en presencia de sentencias diferentes, ni diversas causas penales. El 26 veintiséis de Diciembre del 2000 dos mil, este Órgano Jurisdiccional dictó sentencia condenatoria en contra de VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA DIVERSOS (2), en la que se le impuso la pena de 55 CINCUENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN, pero de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Código Penal, el cual establece: "...que el límite máximo de la pena será de cincuenta años...". Mediante resolución de fecha 20 veinte de febrero del 2001 dos mil uno, emitida por la otrora Décima Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, modificó la sentencia impugnada únicamente respecto a la reparación del daño, conformando la pena de prisión impuesta; asimismo mediante auto de fecha 13 trece de octubre del dos mil quince, en el que se establecido: '.y tomando en cuenta que nos encontramos en presencia de un concurso real de delito siendo estos los DIVERSOS DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA (2) los que de acuerdo al artículo 64 párrafo segundo ultima parte del Código Penal (vigente en la época de los hechos), por estar integrado el concurso por dos delitos graves se impondrá la pena de cada uno de los delitos... por lo que esta juzgadora estima justo y equitativo imponer al acusado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN" por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA en agravio de ALEJANDRO LEZAMA SANCHEZ, la pena de 23 VEINTITRES AÑOS 9 NUEVE MESES DE PRISION; por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO CON VENTAJA en agravio de CESAR RICARDO MARTÍNEZ ORTÍZ la pena de 23 VEINTITRES AÑOS 9 NUEVE MESES DE PRISION; en consecuencia la pena total que deberá cumplir el sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN" es de 47 CUARENTA Y SIETE AÑOS 6 SEIS MESES DE PRISION'. En esa tesitura resulta del todo evidente que no estamos en presencia de SENTENCIAS DIFERENTES en las que se hayan impuesto dos penas de prisión emanadas de delitos CONEXOS, SIMILARES O DERIVADOS UNO DEL OTRO. en esas condiciones la que esto resuelve considera necesario hacer hincapié en lo que establece el artículo 33 del Código penal vigente en el Distrito Federal, reformado y adicionado mediante decreto publicado el 13 trece de junio de 2012 dos mil doce.. . Por lo antes expuesto resulta infundado el incidente planteado por el sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", respecto a "se me aplique el computo y descuento del quantum de la temporalidad de la prisión preventiva sufrida por cada delito (diversos) conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal del Distrito Federal". Ahora bien, y toda vez que el incidentista VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", fundamento su solicitud respecto a que se le aplique lo establece el artículo 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. del artículo 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, resulta aplicable única y exclusivamente cuando los diversos procesos a que se encuentre sujeto una persona, se hayan seguido en forma simultánea, esto es, que se estuvieron tramitando al mismo tiempo y así poder hacer el cómputo del descuento de la prisión preventiva de cada uno de ellos, lo que en el presente caso no acontece pues como ya se desprende de autos al incidentista sólo se le siguió proceso en la presente causa penal, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA DIVERSOS (2), lo anterior es así en virtud de que de la identificación administrativa por el sistema adoptado y el del informe de ingresos anteriores a prisión dicho sentenciado, se advierte que éste no cuenta con ingresos anteriores a prisión, por lo que no podemos hablar que estemos en presencia de diversas sentencias en las que se hayan impuesto diversas penas de prisión. . Por lo que resulta infundado el incidente planteado por el promovente respecto a "abono de la prisión preventiva conforme a lo establecido por el artículo 28 fracción III de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal. Por otra parte, es procedente señalar que el sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", comenzó a computar la pena de prisión que le fue impuesta (47 CUARENTA Y SIETE AÑOS 6 SEIS MESES DE PRISION), el día 8 ocho de marzo del 2000 dos mil, por lo que de ésta fecha a la fecha en que se dicta el presente auto han trascurrido 17 DIECISIETE AÑOS 7 SIETE MESES 10 DIEZ DÍAS, por lo que le falta por compurgar 29 VEINTINUEVE AÑOS 10 DIEZ MESES 20 VEINTE DÍAS. En consecuencia la fecha probable de compurgamiento en la causa penal 33/2008, es el día 8 OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2047 DOS MIL CUARENTA Y SIETE FECHA EN LA QUE SE DARÁ POR EXTINGUIDA LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS PENAS IMPUESTAS AL SENTECIADO VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE HACE A LA CAUSA PENAL 33/2000 POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA DIVERSOS (2), lo anterior con fundamento en el artículo 94 párrafo primero fracción I del Código Penal para el Distrito Federal. En otro orden de ideas dígasele al sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", que resultó procedente su petición en el sentido de que se le abone la prisión preventiva que sufrió dentro de la presente causa 33/2000, conforme a lo establecido por el artículo 28 párrafo primero de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal", la cual lo fue del día 8 ocho de marzo del 2000 dos mil (fecha de su detención) al 23 veintitrés de febrero del 2001 dos mil uno (fecha en la que causó ejecutoria la resolución de segunda instancia), equivalente a 11 ONCE MESES 22 VEINTIDÓS DÍAS, la cual ya fue tomada en consideración al momento de establecer la fecha en que se tendrá por compurgada la pena de prisión impuesta. En consecuencia gírese oficio al C. Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal y al Encargado de la Subdirección Jurídica de la Penitenciaria de la Ciudad de México, informándoles lo anterior para los efectos legales de su competencia. Bajo otro contexto, en cuanto a lo solicitado por el sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN" en relación a "...la traslación y adecuación de la pena..."; dígasele al promovente que de la fecha (13 de octubre del 2015 dos mil quince) en que resulto procedente la aplicación de la ley más favorable a la fecha en que se actúa, la ley sustantiva de la materia, contempla la misma descripción legal de la conducta delictiva por la que fue sentenciado, la que se contempla como delito, se denomina, penaliza o agrava de la misma forma, por ende, no ha lugar a realizar la traslación del tipo penal por el que fue sentenciado, al no existir reformas que los beneficien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional y 10 del Código Penal.. . Por lo antes expuesto, resulta infundado el incidente planteado por el sentenciado VICTOR MANUEL PEREDA LÓPEZ alias "EL LENONN", respecto a: "la traslación y adecuación de la pena". Por último devuélvase el expediente jurídico penitenciario del sentenciado." (sic). Siendo esta determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama. De la lectura de la resolución reclamada se obtiene que fue correcta la determinación de la juez responsable, y es que al imponerse de su contenido, se advierte que contrario a lo que refiere el quejoso en sus conceptos de violación, la misma se encuentra adecuadamente fundada y motivada conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional. Para sustentar dicha declaración de legalidad y resolver la cuestión planteada, este órgano de control constitucional considera necesario acudir a la figura del silogismo jurídico, esto es: Fijar la premisa mayor (precepto legal cuestionado); Establecer la premisa menor (acto de autoridad); y Llegar a una conclusión, mediante la contraposición de aquéllas. Así, el precepto legal que constituye la premisa mayor, en su párrafo cuarto, que es la parte respecto de la que se solicitó su aplicación, establece: "Artículo 33 (Concepto y duración de la prisión). . Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquellas se cumplirán de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años. En el supuesto de imposición de las penas de prisión, emanadas de hechos conexos, similares, o derivados uno del otro, se deberán computar dichas penas desde el momento en que se detuvo al sujeto, por el delito inicial". Por su parte, la determinación reclamada constituye la premisa menor, en que la juez responsable asentó claramente que al peticionario de amparo sólo se le siguió proceso en una misma causa penal, sentenciado por concurso real de delitos (homicidio calificado con ventaja diversos dos), de manera que resultaba improcedente la aplicación del precepto en consulta. De ahí que válidamente se concluye que si el acto reclamado es legal, no viola los derechos públicos subjetivos que el amparista consideró transgredidos, en tanto que el precepto cuya tutela solicitó, exige como requisito indispensable que existan diversas penas privativas de libertad (dos o más), impuestas en sentencias diferentes, pero que emanen de hechos conexos, similares o derivados uno del otro, lo que desde luego no aconteció, pues en el caso, al amparista se le condenó en una sola sentencia, de tal modo que la exigencia que prevé el numeral último en cita, para proceder en los términos en que se solicitó, no se actualiza; por tanto, resulta infundado el motivo de disenso en que refiere el amparista que se debió aplicar de manera retroactiva tal porción normativa. Asimismo, es infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso, en el sentido de que presume que no se le ha descontado la prisión preventiva, ya que contrario a lo que refiere la prisión preventiva le fue abonada a la pena impuesta desde que se dictó la sentencia definitiva, pues ahí se asentó que el cómputo de esa pena iniciaría desde el ocho de marzo de dos mil, fecha en que aconteció su detención; ese aspecto se reiteró en la resolución de trece de octubre de dos mil quince, en que se declaró prescrita la reparación del daño en favor del sentenciado, y resultó procedente la solicitud relativa a la individualización de la pena, sin tomar en cuenta el estudio de personalidad del justiciable, imponiéndole cuarenta y siete años, seis meses de prisión. Ahora, por lo que hace a la solicitud en torno a que se le adecue la pena de prisión impuesta, basando su petición en la aplicación de la ley más favorable, la juez responsable de forma correcta determinó en esencia que el tipo penal por el que fue condenado, no ha tenido reforma alguna, por lo que en el caso no se actualiza la figura de la ley más favorable. Precisado lo anterior, este juzgado considera que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, pues en ella se citaron los preceptos legales aplicables, aunado a que los razonamientos expuestos por la responsable explican la aplicabilidad correcta de aquéllos y, por ello, no resulta válido resolver de conformidad la solicitud del amparista. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Víctor Manuel Pereda López, contra la resolución incidental de dieciocho de octubre del año en curso, emitida en la causa penal 33/2000 del juzgado Décimo Octavo Penal de esta ciudad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Pereda López, contra la resolución incidental de dieciocho de octubre del año en curso, emitida en la causa penal 33/2000 del juzgado Décimo Octavo Penal de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de relacionarlos el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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