Victor Manuel Paredes Barradas

Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1113/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Paredes Barradas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1113/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Víctor Manuel Paredes Barradas, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, (definitiva) tal y como se desprende de la resolución interlocutoria de doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este Juzgado el tomo de prueba que se formó, derivado de las actuaciones del expediente 647/IX/2012 del índice de la Junta Especial Número nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, (definitiva) tal y como se desprende de la resolución interlocutoria de doce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este Juzgado el tomo de prueba que se formó, derivado de las actuaciones del expediente ******************** del índice de la Junta Especial Número nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo ******************** y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en el buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el uno de diciembre de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, ******************** promovió juicio de amparo, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta (fojas 5 a 19). SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, se acordó: admitir a trámite la citada demanda; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se fijó data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado ********************; formar por separado y duplicado el incidente de suspensión (fojas 15 a 20). TERCERO. Trámite. El ocho del mes y año citado, se emplazó al tercero interesado ******************** a quien no compareció a juicio (fojas 30). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 25, cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 32 a 33). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, ya que se trata de un acto dictado dentro de un proceso laboral, susceptible de afectar directa e irreparablemente sus derechos fundamentales del gobernado de legalidad y seguridad jurídica, lo cual es susceptible de impugnarse mediante amparo indirecto. La materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable, se aprecia que dicho acto es: La resolución incidental de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de técnica jurídica, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta, debido a que, al rendir su informe justificado, reconoció su existencia (fojas 25, cuaderno de antecedentes). Lo que se corrobora, pues la autoridad remitió el original del ********************, de su índice en el que consta la resolución incidental de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las causales de improcedencia son cuestiones de orden preferente y, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO Previamente a exponer las razones que sustentan el presente fallo, es importante señalar que tratándose de resoluciones de carácter jurisdiccional, los tribunales de que se traten se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones con respeto al derecho humano de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual refiere, en lo que aquí importa, que las resoluciones que dicten deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo. Asimismo, deberán fundar y motivar sus determinaciones con respeto al derecho fundamental contenido en el primer párrafo del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito provengan de autoridad competente, así como que se funde y motive la causa legal del procedimiento, es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Lo anterior, debido a que el citado derecho fundamental de legalidad tiene como objeto que no se dicte una resolución en forma arbitraria, sino ajustada al ordenamiento legal a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que la autoridad estimó para resolver cualquier cuestión sujeta al debate. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Asimismo, es preciso señalar que el artículo 17 constitucional -en su párrafo segundo-, entre otros derechos fundamentales consagra el principio de exhaustividad que debe atenderse en toda resolución jurisdiccional, y que consiste en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales que deben observarse en el dictado de las resoluciones, a saber: congruencia y exhaustividad. El principio de congruencia, esencialmente está referido a que las resoluciones -definitivas o interlocutorias- deben ser congruentes no solo consigo mismas, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna, así como con el resto de las actuaciones que integran el controvertido; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y, por otro, de congruencia externa. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por la extinta Tercera Sala del más alto tribunal del país, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS." Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del órgano resolutor (en el caso a estudio la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta) de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento considerando todos los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, en su caso, y las demás pretensiones deducidas oportunamente, de tal forma que se condene o absuelva al demandado resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, del rubro y texto: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal." Del mismo modo, debe señalarse que los incidentes en el procedimiento laboral tienen como finalidad, el definir temas accesorios o accidentales que son propuestos por las partes, y que no se refieren a las cuestiones de fondo planteadas en la demanda inicial; incidencias tales como la nulidad planteada en el juicio de origen, prevista en el numeral 762 de la Ley Federal del Trabajo, como de previo y especial pronunciamiento. A ese respecto, el trámite de los incidentes de la citada naturaleza, se encuentra previsto en los preceptos legales 761, 763 segundo y cuarto párrafo, de la citada Ley Federal de Trabajo aplicable, en los que se establece que una vez admitido el mismo, la autoridad deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual las partes involucradas podrán ofrecer y desahogar las pruebas tanto documentales e instrumentales que hayan ofrecido, una vez agotado el mismo, de inmediato se resolverá el incidente respectivo tomando en cuenta tanto las manifestaciones como las pruebas recibidas a efecto de emitir resolución interlocutoria. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, en relación con las constancias procesales que integran el ********************, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, las cuales adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido dentro del ******************** que se sigue ante la autoridad responsable, promovido por el aquí quejoso ******************** en contra de la tercera interesada ******************** (fojas 444 a 451, cuaderno de pruebas). 2. Cedula de notificación, realizada a ******************** (sic) a las dieciséis horas con veintiséis minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte (fojas 460, cuaderno de pruebas). 3. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se emitió auto de ejecución con efectos de mandamiento (fojas 465, cuaderno de pruebas). 4. Diligencia de requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 460 a 473 vuelta, cuaderno de pruebas). 5. Mediante comparecencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al perito ********************, aceptando el cargo de perito valuador a fin de realizar el dictamen respecto de las unidades embargadas y en uso de la voz, solicitó que toda vez que los bienes a valuar se encuentran en resguardo de la parte demandada en el juicio natural, se señalara data y hora para que en compañía del actuaria judicial correspondiente, pudiera tener acceso a los bienes materia del peritaje. A lo que en ese momento, la autoridad responsable acordó favorable su petición y precisó que debía asociarse con el personal actuante de esa Junta a efectos de estar en posibilidades de comparecer en el domicilio de la parte demandada, que es en donde se encuentran los bienes embargados (fojas 502 a 502 vuelta, cuaderno de pruebas). 6. Por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada del juicio laboral interponiendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de dieciséis de enero de dos mil veinte, por el cual se notificó el laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 503, cuaderno de pruebas). 7. Audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 511 vuelta a 512 vuelta, cuaderno de pruebas). 8. Resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. La parte actora en el incidente y demandada en lo principal no justificó la procedencia del incidente planteado, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD promovido la demandada ******************** por conducto de su Apoderado Legal ********************, por los motivos y razones expuestos en el considerando Tercero de la presente resolución. TERCERO. Notifíquese a las partes como fuera ordenado en proveído de fecha veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, en los términos y condiciones como fue decretado, debiendo de correrles traslado con copia de la presente Resolución. CUMPLASE. Así lo resolvieron y firmaron los Integrantes de la H. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ante su Secretario con quien actúa y autoriza. DOY FE. ." (fojas 513 a 516 vuelta, cuaderno de pruebas). 9. Cedula de notificación, realizada a ******************** a las diez horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 518, cuaderno de pruebas). 10. Auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se señaló las doce horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, para que el perito ******************** se constituyera, acompañado del actuario adscrito, en el domicilio de la parte demandada en donde se encuentran los bienes embargados a efecto de que realice el avalúo correspondiente; acuerdo que fue notificado a las partes actora y demandada, el treinta de mayo de dos mil veintidós, tal y como consta en autos (fojas 519, 519 vuelta y 520, cuaderno de pruebas). 11. Proveído de trece de junio de dos mil veintidós, por el cual se dejó sin efectos la diligencia ordenada por auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en la que señaló las doce horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, para que el perito ******************** se constituyera, acompañado del actuario adscrito a su cargo, en el domicilio de la parte demandada en donde se encuentran los bienes embargados a efecto de que realice el avalúo correspondiente (fojas 524, cuaderno de pruebas). 12. ********************, apoderado legal de ******************** promovió juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, contra de la resolución incidental de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 530 a 531, cuaderno de pruebas). 13. Así el veinticinco de agosto dos mil veintidós, se emitió sentencia en la que la JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ********************, en la parte considerativa se determinó: ". Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ********************, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución incidental de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve y, en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad jurisdiccional en la que: a) Con base en el calendario oficial de dos mil veintiuno, que establece los días de descanso obligatorio para el personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 53 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y Negociaciones Sindicales de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emita razonamiento lógico jurídico para determinar del porqué contario a ello, el día jueves santo uno y viernes santo dos de abril de dos mil veintiuno, se consideran hábiles para con ello resolver la incidencia sometida a su potestad, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías de la parte quejosa. ." (fojas 589 a 597, cuaderno de pruebas). 14. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable emitió la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. La parte actora en el incidente y demandada en lo principal justificó la procedencia del incidente planteado, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD promovido la demandada ******************** por conducto de su Apoderado Legal ********************, por los motivos y razones expuestos en el considerando Tercero de la presente resolución. TERCERO. Notifíquese a las partes, al ACTOR en su domicilio señalado en autos y a la demandada TRAILMEXA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en: ********************, debiendo de correrles traslado con copia de la presente Resolución. CUMPLASE. ." (fojas 606 a 610 vuelta, cuaderno de pruebas). (resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene la ilegalidad de la resolución incidental de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta, por infringir en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: a) Que no se resolvió conforme a los medios probatorios aportados, por lo que carece de fundamentación y motivación. b) El acta de embargo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, convalido la mala notificación de la que se duele, al ser la propia demandada principal por conducto de su representante legal quien señaló los bienes para embargo. Son infundados los conceptos de violación que aquí se analizan, como se verá a continuación. En efecto, conviene destacar que la notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Desde esa perspectiva, para analizar la violación procesal sustentada en la ilegalidad de una notificación practicada en el curso del procedimiento laboral, los únicos elementos a considerar son las constancias del juicio en las que se consigne el acto reclamado. Por lo que, cuando en un procedimiento laboral las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, pueden interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, de la resolución reclamada de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se aprecian las correlativas consideraciones de la autoridad responsable, siendo las siguientes: I. Que el análisis del estudio del incidente se basa principalmente en el hecho de que, la parte demandada no fue notificada del laudo en su domicilio el dieciséis de enero de dos mil veinte, al no ceñirse a lo que establece el numeral 744 de la Ley de la materia, por lo que, solicita se declare nulo todo lo actuado en el presente juicio a partir del laudo y su ejecución. I.1. a) Al omitir cerciorarse que la persona que deba ser notificada, habita trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; b) Si en la misma estuvo presente el interesado o su representante, el actuario notificara la resolución entregando copias de la misma, si se trata de persona moral, el actuario se asegurara que la persona con la que atiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquella; c) Si no estuvo presente el interesado o su representante, se le dejara citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada; d) Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y, e) El actuario debió cerciorarse de que el local designado en autos, era aquel en el que se presentan los servicios, en todos los casos a que se refiere este artículo. II. Que el actuario asentó razón señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoyó, sin que conste en autos y se desprendan las características particulares descritas con anterioridad, ya que al analizar lo manifestado por el actor incidentista y demandado en el principal, se advierte que de las pruebas aportadas en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, favorecen, en todos los intereses de la parte promovente incidentista. III. Al quedar demostrado con las documentales consistentes en la audiencia de cinco de diciembre del año dos mil catorce (f- 296) en donde la parte demandada ********************, por conducto de su apoderado legal, proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones siendo: ********************. III.1. Así, del instructivo de notificación con un domicilio distinto al señalado en ********************(f-460) se advierte que la actuaria adscrita notificó en un domicilio distinto al señalado, así como a otra empresa distinta señalada, esto es, notifica a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada ********************. III.2. Siendo que la demandada correcta y acreditada en autos lo es ******************** IV. Por lo que, de lo expuesto, fundado y motivado, además con apoyo en lo que dispone el artículo 761 fracción I y 837 de la Ley Federal del Trabajo, se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por apoderado legal de la parte demandada, ******************** V. En consecuencia se ordena de nueva cuenta la notificación del laudo, una vez que haya causado estado la resolución con apoyo en lo que dispone el numeral 616 y 621 de la Le Federal del Trabajo. Sentado lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón a la parte quejosa. Ello es así, en virtud de que se evidencia que la autoridad responsable en la resolución incidental de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del ********************, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación del laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, no carece de fundamentación, argumentación y motivación, además de que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, al dar contestación a los puntos planteados en el incidente en los términos asentados. Se afirma lo anterior, ya que la resolución fue emitida por la autoridad responsable con base a los artículos 523 fracción XI, 610 fracciones III, 616 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, fue congruente con el incidente y su contestación, así como con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, se decidió sobre todos los puntos litigiosos del debate. En ese sentido, no se soslaya que la Junta responsable para la tramitación del medio de impugnación llevó a cabo el análisis de la cedula de notificación del dieciséis de enero de dos mil veinte, los medios de prueba exhibidos por las partes en la audiencia de pruebas y alegatos, así como en sus escritos, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, salvaguardando el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Todo lo cual en primer lugar determinó que, el incidente de nulidad fue presentado dentro del terminó genérico de tres días hábiles, al justipreciar que los días jueves uno (1) viernes dos (2) de abril del año dos mil veintidós, se consideran inhábiles, por ser días de descanso obligatorio. Por otra parte, del instructivo de notificación sostuvo se advertía que la actuaria adscrita notificó en un domicilio distinto al señalado, es decir, lo realizó en ********************, cuando debió ser en ********************, así como a otra empresa distinta a la demandada, esto es, notifica a quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo denominada ********************, siendo que la demandada correcta y acreditada en autos lo es ******************** De ahí que, contrario a lo que sostiene en sus conceptos de violación señalados en los incisos a) y b) expuso los motivos y razones que ya se precisaron por las cuales consideró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, para lo cual justipreció los medios probatorios; por lo que la resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra fundada y motivada. Proceder que fue correcto por parte de la autoridad responsable, toda vez que, cuando en un procedimiento laboral las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, pueden interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo y los únicos elementos a considerar son las constancias del juicio en las que se consigne el acto reclamado, lo que así aconteció en el asunto a estudio. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en su denominación correcta, analizó de manera integral todos los elementos que aportaron las partes, con los cuales determinó declarar procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por apoderado legal de la parte demandada, ********************; la autoridad responsable expuso las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, además de que expreso los preceptos legales que regulan su tramitación y sus consecuencias jurídicas, las razones por las cuales consideró declarar procedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por apoderado legal de la parte demandada, ******************** y ordenar de nueva cuenta la notificación del laudo. CONCLUSIÓN Por tanto, se considera que dicha resolución no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley. Lo anterior, por este medio se notifica al tercero interesado por estar ordenado en autos.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se; RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto. Notifíquese en términos de ley.

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