Víctor Manuel Paredes Barradas
Expediente 68/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Manuel Paredes Barradas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 68/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintisiete de enero de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Víctor Manuel Paredes Barradas promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós se acordó admitir la demanda (fojas 7 a 11); requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia Constitucional. Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 27) e integrado que estuvo el asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional el veintisiete de julio de dos mil veintidós (fojas 88 y 89). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo la falta de dictar el acuerdo por el que se fijara fecha y hora para llevar a cabo la diligencia relativa a la valuación de bienes embargados en el expediente laboral del índice de la autoridad responsable, en el que la parte quejosa es la parte actora; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues si en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la demanda fue presentada ante este Juzgado de Distrito, de ello deviene su competencia, toda vez que el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa el acto reclamado en el presente juicio. La falta de otorgar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia con el perito valuador en bienes muebles designado en relación a los bienes embargados en acta de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 647/IX/2012, del índice de la Junta responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Debe tenerse por cierta la omisión que se le reclamó a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. Lo anterior es así, pues aun cuando citó que no se había dictado el acuerdo que reclama el aquí quejoso, toda vez que se encontraba pendiente de resolver el incidente de nulidad de actuaciones instado por la parte demandada en el juicio de origen; lo cierto es que dicho incidente se encontraba pendiente de resolver desde abril del dos mil veintiuno -según se advierte de resultado segundo de la resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones referido, visible a foja 44 de autos- y fue hasta veintiocho de febrero de dos mil veintidós cuando celebró la audiencia y el siete posterior, resolvió. Lo que denota que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, la omisión existía. Máxime que tales manifestaciones las hizo al rendir su informe justificado (foja 27) así como de aquellas que hizo al remitir el oficio 269/2022 de dieciocho de marzo de dos mil veintidós y las copias certificadas que remitió anexas a éste (fojas 40 a 49) lo que es acorde a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. A las referidas documentales -es decir, las mencionadas en los párrafos que anteceden- se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, incluso las que hacen valer las partes. Señalado lo anterior, el presente juicio de amparo resulta improcedente a juicio del suscrito al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES A efecto de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio (fojas 27 a 30; 40 a 49; 56; 61 a 64; 69 a 71; 76 a 79; 82 y 85) así como de las manifestaciones realizadas por las partes del mismo, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El expediente laboral 647/IX/2012 que se sigue ante la autoridad responsable, el cual fue promovido por la parte aquí quejosa y en el cual demandó a TRAILMEXA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, aquí tercero interesado, por concepto de indemnización constitucional y otras prestaciones; substanciado el juicio laboral, se dictó laudo el nueve de octubre de dos mil diecinueve; según se advierte por lo descrito por la responsable en la resolución interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 43 a 49). 2. Mediante la comparecencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 28) se tuvo al perito Carlos Alberto Carvajal Torralba, aceptando el cargo de perito valuador a fin de realizar el dictamen respecto de las unidades embargadas y en uso de la voz, solicitó -toda vez que los bienes a valuar se encuentran en resguardo de la parte demandada en el juicio natural- se señalara fecha y hora para que en compañía del actuaria judicial correspondiente, pudiera tener acceso a los bienes materia del peritaje. A lo que en ese momento, la autoridad responsable acordó favorable su petición y precisó que debía asociarse con el personal actuante de esa Junta a efectos de estar en posibilidades de comparecer en el domicilio de la parte demandada, que es en donde se encuentran los bienes embargados. 3. Sin embargo, se advierte que por auto dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno (foja 29) se tuvo a la parte demandada del juicio laboral interponiendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de dieciséis de enero de dos mil veinte, por el cual se notificó el laudo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, por lo tanto, se le dio entrada al mismo y una vez substanciado el procedimiento incidental, se resolvió el siete de marzo de dos mil veintidós (foja 43 a 46). 4. Se tiene que el veintisiete de enero de la presente anualidad se tuvo al quejoso Víctor Manuel Paredes Barradas interponiendo demanda de amparo en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo de la presente sentencia (fojas 3 a 6). 5. En consecuencia, seguida la secuela procesal en el presente juicio de amparo, el veinticinco de mayo de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable emitiendo el acuerdo por el que señaló fecha y hora para que el perito Carlos Alberto Carvajal Torralba se constituyera, acompañado del actuario adscrito a su cargo, en el domicilio de la parte demandada en donde se encuentran los bienes embargados a efecto de que realice el avalúo correspondiente; acuerdo que fue notificado a las partes actora y demandada, el treinta de mayo de dos mil veintidós, tal y como consta en autos (foja 77 y 78). 6. El trece de junio de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio 548/2022 (foja 82) emitido por la autoridad responsable en los autos del expediente laboral 647/IX/2012, por el cual informó que recibió el diverso oficio 19145 emitido en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 537/2022 del índice de este Juzgado, por el cual se le informó la suspensión provisional emitida. Razón por la que en cumplimiento a ésta, dejó sin efectos la diligencia ordenada por auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en la que señaló fecha y hora para que el perito Carlos Alberto Carvajal Torralba se constituyera, acompañado del actuario adscrito a su cargo, en el domicilio de la parte demandada en donde se encuentran los bienes embargados a efecto de que realice el avalúo correspondiente. Oficio que fue acordado el quince de junio de dos mil veintidós, mismo que se dejó a vista de las partes por el plazo de ocho días (foja 83). 7. Finalmente, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable informando que recibió el oficio 20489 de veintiuno de junio pasado, emitido en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 537/2022 del índice de este Juzgado, por el cual se le informó la suspensión definitiva ahí dictada, ordenándosele en cumplimiento de la concesión de la suspensión definitiva, que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, no se ejecute el laudo dictado en el referido juicio laboral. Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que el acto reclamado existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (la falta de otorgar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia con el perito valuador en bienes muebles designado en relación a los bienes embargados en acta de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 647/IX/2012, del índice de la Junta responsable) ha quedado sin efectos, pues el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió un acuerdo por medio del cual señaló las doce horas del veintidós de junio de dos mil veintidós para que el perito Carlos Alberto Carvajal Torralba se constituyera, acompañado del actuario adscrito a su cargo, en el domicilio de la parte demandada, en donde se encuentran los bienes embargados, a efecto de que realice el avalúo correspondiente. Lo cual fue notificado a la aquí quejosa de manera personal -por conducto de su apoderado legal- el treinta de mayo siguiente; tal y como consta en autos (foja 77). Por tanto, tomando en cuenta que la parte quejosa se dolía de la falta del dictado de dicho acuerdo, de lo antes citado se advierte que la omisión reclamada quedó sin efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo, pues la autoridad responsable acordó lo que consideró pertinente en relación con el estado que guardaban los autos al momento de emitir el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, lo cual, atendiendo a la forma de resolver de la responsable, otorgó aquello de lo que se dolió el quejoso en su demanda de amparo. De esta forma, lo anterior pone de manifiesto que aun cuando resulta patente la existencia de la omisión reclamada por el aquí quejoso, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que si se dolía de la falta de la autoridad responsable de señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de avalúo y ésta fue fijada por la responsable, se deja de manifiesto la cesación de la falta de dictar dicho acuerdo. Sin que obste a lo anterior que en el diverso juicio de amparo 537/2022 del índice de este Juzgado, se ordenó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, no se ejecute el laudo dictado en el referido juicio laboral, puesto que ello obedece al cumplimiento de una suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión relativo al referido juicio de amparo en cumplimiento al segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo. Es por lo que se considera que lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto de la falta de otorgar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia con el perito valuador en bienes muebles designado en relación a los bienes embargados en acta de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 647/IX/2012, del índice de la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Paredes Barradas, en contra del acto y autoridad señalados en el considerando segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercera interesada por así estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Presidente de la 1. Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río; atento a su contenido, téngase informando que toda vez que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 537/2022-2 del índice de este juzgado, se concedió la suspensión definitiva a Trailmexa Compañía Transportadora, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercera interesada en el presente juicio, se encuentra expectante del informe que se emita respecto de los efectos de la aludida suspensión, una vez que transcurra el plazo conferido al quejoso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, el cual remite en alcance a su oficio 488, mediante el cual informó en relación al acto reclamado; en tal sentido, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, dentro del plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el veinte de junio del presente año, por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo; y con el fin de dar oportunidad a que las partes tengan conocimiento del oficio que se acuerda; se difiere anticipadamente la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en atención a su contenido, téngasele dando parcial cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintiséis de mayo pasado, ya que remite las constancias que ahí se le solicitaron y manifiesta la imposibilidad que tiene para remitir el acuerdo en el que causa estado el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Ahora, atento al contenido del mismo, y en virtud de que en proveídos de veintitrés y veintiséis de mayo pasado, se tuvo a la mencionada autoridad remitiendo constancias, las cuales se reservaron de proveer, hasta en tanto se recibieran las que mencionó anexaba, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, se ordena dar vista con todo lo anterior a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, dentro del plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por ofrecidas las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad a su oficio de cuenta y las que anexó con posterioridad, las cuales se habían reservado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la cita ley. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica a la parte tercero interesada por este conducto por así estar ordenado en autos.
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