Victor Manuel Muerza Aguilar
Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Manuel Muerza Aguilar
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que este asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por el promovente; con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo, del artículo 21 del Acuerdo General invocado; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer dentro del plazo concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, procédase a la destrucción de las copias simples de la demanda de amparo que se encuentran en la Secretaría de este Juzgado, ello al haber quedado firme la resolución en la que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido al promovente de amparo. para que desahogara la prevención formulada en el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno; lo cual no hizo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo, y se tiene únicamente como acto reclamado el señalado en el capítulo respectivo de su demanda de amparo, consistente en la negativa ficta generada con motivo del silencio del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Siete, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Xalapa, Veracruz, al omitir dar respuesta a la solicitud realizada mediante escritos de once de noviembre de dos mil diecinueve y veintisiete de febrero de dos mil veinte; a ese respecto se provee. ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda; y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece. Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 2, fracciones I, IV, VI y XXVI, 157, fracción I, II y III, y 280, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que a la letra establecen. De la primera disposición normativa deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, previo a promover juicio de amparo, el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, con el cual podía obtener la revocación del acto reclamado; y a efecto de evidenciarlo, es pertinente invocar los artículos 2, fracciones I, IV, VI y XXVI, 157 y 280, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, disponen. De la interpretación sistemática de los numerales citados, se obtiene que el juicio contencioso administrativo procede contra la resolución negativa ficta configurada por el silencio de una autoridad perteneciente a la Administración Pública Estatal, derivada de una solicitud en materia de salubridad general o en ejercicio del derecho de petición de los particulares. En ese entendido, si en el caso, el quejoso pretende impugnar la negativa ficta por falta de respuesta a la solicitud instada ante las autoridades sanitarias responsables, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que antes de acudir al juicio constitucional debió agotar el juicio de nulidad contra la resolución negativa ficta reclamada. Ello es así, dado que los alcances que se dan a la suspensión en el juicio de amparo son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Tampoco se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, debido a que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, que no sustituye la voluntad de la autoridad administrativa, pues su propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados, en el que existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa; circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien, el artículo 117 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que la autoridad complemente la fundamentación y motivación de su acto, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos emitidos de manera unilateral, no de un acto omisivo como el reclamado; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo. Por tanto, si el citado artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevé un medio de defensa idóneo para que el aquí quejoso pueda impugnar la negativa ficta que se configura por el silencio de la autoridad; entonces, el juicio de amparo es improcedente, ya que el promovente, previamente a acudir a este juicio de amparo, no agotó el indicado medio de defensa; por ende, dejó de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la porción normativa indicada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO. En atención al domicilio y autorizados deberá estar al proveído dictado el nueve de febrero del año en curso, en el que se acordó lo conducente. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por. contra el acto consistente en la negativa ficta generada con motivo del silencio de las autoridades responsables.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por. con siete copias y tres anexos descritos en la cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su voluminosidad, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo número 67/2021. Ahora, antes de acordar acerca de su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo. de la Ley de Amparo, se requiere al promovente de amparo para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, por escrito, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. En atención a que el promovente señala como acto reclamado, en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, la negativa ficta configurada con motivo de la omisión de dar respuesta a sus escritos de once de noviembre de dos mil diecinueve y veintisiete de febrero de dos mil veinte, dirigidos al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Siete, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Xalapa, Veracruz, en los que solicitó, en esencia, le autorizaran o permitieran sembrar, cultivar, cosechar, preparar, acondicionar, poseer, transportar, emplear, usar, manipular, almacenar, mezclar, envasar, tratar, en general, llevar a cabo cualquier acto relacionado con la obtención para el autocultivo de cannabis sativa y sus variantes, para su consumo personal. Sin embargo, en el primer concepto de violación señala ".dichas autoridades no han dado respuesta a mi petición, máxime que ya ha transcurrido en exceso el plazo legal breve con el que cuentan para responderme, con lo cual, no sólo incumplen con su obligación de respuesta contenida en el artículo 8 constitucional.", de lo que se deprenden argumentos tendentes a controvertir la falta de respuesta de sus escritos con base en el artículo 8 de la Carta Magna. Por tanto, deberá precisar el acto que reclama en este juicio de amparo, es decir, si lo constituye la negativa ficta generada por la falta de respuesta a sus escritos o la omisión de responder sus escritos formulados en ejercicio de su derecho de petición. Lo anterior resulta necesario, dado que dichas figuras son de naturaleza diferente, pues con la primera se busca combatir la negativa de una solicitud, generada con motivo del silencio de la autoridad; mientras que la segunda busca que se obligue a la autoridad a dar una respuesta, en términos del artículo 8 constitucional. De manera que cuando el particular opta por impugnar la esolución ficta, ya no puede exigir contestación expresa. Se apercibe al promovente que de no desahogar este requerimiento en sus términos, dentro del plazo indicado para ello, se tendrá como acto reclamado únicamente el señalado en el capítulo respectivo de su demanda de amparo, consistente en la negativa ficta generada con motivo del silencio de la autoridad. SEGUNDO. Deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio de demanda, esto es, tres para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, y dos más para el incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, párrafo último, y 110, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Apercibido que de omitir exhibir una o dos copias de los citados ocursos, se entenderá que son para el incidente de suspensión, por lo que ante esa falta de copias sólo dará lugar a la postergación de su apertura; y en caso de omitir más de dos copias de los referidos escritos se tendrá por no presentada la demanda, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. En términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán electrónicamente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, de conformidad con los artículos 34, 35 y 36 del citado Acuerdo General 12/2020. Lo anterior, en razón de que proporciona los nombres de usuarios. por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección. En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 67/2021, de este índice administrativo. Por otra parte, se tiene como sus autorizados con facultades amplias, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho. al encontrase registradas sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República Mexicana, y por autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral en cita, a. por así haberlo solicitado expresamente en la demanda que se provee. En ese orden, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico que menciona en su demanda, para que se pueda entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Consérvense por separado, en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente.
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