Víctor Manuel Muerza Aguilar

Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
113/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Muerza Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años contados a partir de la emisión de este auto. Además, el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos documentos exhibidos por el quejoso, recibidos en la presentación de demanda, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por el quejoso. mediante el cual solicita la devolución del documento con número. de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; al respecto se provee: No se acuerda de conformidad la devolución del documento que precisa el promovente, toda vez que el desechamiento emitido en este juicio de amparo no ha quedado firme, por lo que una vez que ésto haya acontecido se acordará lo que en derecho proceda.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo signada por *************, con siete copias y anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 113/2022. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ebe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis .. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Del escrito de demanda se advierte que el promovente de amparo reclama lo siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. De las autoridades responsables, reclamo el acto de autoridad contenido en el oficio No. 213301EL350597 de fecha 21 de mayo de 2021, firmado y emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a través del cual se me niega una autorización sanitaria que solicité para sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir legalmente, poseer, transportar en cualquier forma, emplear, usar, consumir y, en general, realizar todo acto relacionado con el estupefaciente CANNABIS SATIVA, ÍNDICA Y AMERICANA O MARIGUANA (su resina, preparados y semillas) y su psicotrópico THC: TETRAHIDROCANNABINOL Y SUS ISÓMEROS: 6A (10A), A6A (7), A7, A8, A9, A10, A9 (11), ASÍ COMO SUIS VARIANTES ESTEREOQUÍMICAS, (en conjunto CANNABIS o MARIHUANA), con el fin de realizar un autoconsumo personal, directo, autónomo, lúdico y/o recreativo por parte del suscrito, en las cantidades legalmente permitidas, excluyendo los actos de distribución, enajenación, transferencia o suministro a terceros con fines comerciales o de fomento de consumo de dicho estupefaciente y psicotrópico; dejando a salvo la razonable y justa autorización del suscrito, único y exclusivamente, para adquirir lícitamente dicho estupefaciente y psicotrópico en los términos y lineamientos que marque esa Comisión Federal, por resultar necesario para poder materializar mi elección a través del autoconsumo lúdico de la marihuana, tal como ocurre, de manera análoga, en los casos de autorización para fines médicos y científicos. Al respecto, las autoridades aquí responsables negaron autorizarme lo peticionado, bajo el pretexto de que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que esa autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida, siendo que tal negativa así sustentada viola directamente mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y también se contrapone a los criterios jurisprudenciales que sobre esta materia ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a esta vía constitucional, el impetrante debió observar el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." (.)." Por su parte, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." De los preceptos constitucional y legal transcritos deriva la improcedencia del juicio de amparo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, de acuerdo con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa de que se trate con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido. Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En esas condiciones, contra el acto que reclama el peticionario de amparo procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previsto en el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; (.) Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa." De esta disposición normativa deriva la procedencia del juicio contencioso en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en particular, los dictados por las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Por tanto, si en el caso se reclama el contenido del oficio número 213301EL350597 de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, que niega al impetrante de amparo la autorización para sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir legalmente, poseer, transportar en cualquier forma, emplear, usar, consumir y, en general, realizar todo acto relacionado con el estupefaciente CANNABIS SATIVA, ÍNDICA Y AMERICANA O MARIGUANA (su resina, preparados y semillas) y su psicotrópico THC: TETRAHIDROCANNABINOL Y SUS ISÓMEROS: 6A (10A), A6A (7), A7, A8, A9, A10, A9 (11), ASÍ COMO SUIS VARIANTES ESTEREOQUÍMICAS, (en conjunto CANNABIS o MARIHUANA), con el fin de realizar su autoconsumo personal, directo, autónomo, lúdico y/o recreativo, en las cantidades legalmente permitidas, excluyendo los actos de distribución, enajenación, transferencia o suministro a terceros con fines comerciales o de fomento de consumo de dicho estupefaciente y psicotrópico. Resulta claro que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que las leyes ordinarias prevén un medio de defensa para combatirlo, a través del cual dicho acto de autoridad puede ser controvertido vía contenciosa administrativa antes de la promoción del juicio de amparo. Lo anterior es así porque, como ya se señaló, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicho tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, como lo es el acto reclamado por el promovente que puso fin a la instancia o solicitud presentada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud. Aunado a que, en el caso, no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ello, porque el procedimiento contencioso administrativo no exige mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que establece para la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia .." Tampoco se advierte que el acto carezca de fundamentación, pues del contenido del oficio reclamado se advierte que la autoridad responsable señaló diversas disposiciones de la Constitución Federal, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, del Reglamento de Insumos para la Salud, así como del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y para que se estime actualizada esta excepción debe ser carente de total fundamentación y motivación caso que no se actualiza. Asimismo, respecto al argumento relativo a que el acto reclamado viola directamente el orden constitucional, toda vez que se funda en artículos de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco constituye una excepción al principio de definitividad, pues para que esto acontezca no puede reclamarse por sí solo, sino que es indispensable que la parte quejosa impugne de manera expresa la norma que estima inconstitucional, ya sea, desde el momento de la iniciación de su vigencia, o bien, que promueva amparo contra el primer acto de aplicación en su perjuicio, y cuando contra ese primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis ..." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia ..." AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados de la parte quejosa con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados María Elena Frausto Conde y Marco Antonio Rodríguez Garzón, ya que se encuentran registrados en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República; y como autorizado de su parte con facultades restringidas exclusivamente para oír notificaciones e imponerse en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Alberto Hernández Rodríguez, por no estar en igualdad de circunstancias. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRONICA. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el acceso y consulta del expediente 113/2022, de conformidad con el artículo 3°, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizarán electrónicamente, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 55, del citado Acuerdo General 12/2020. Lo anterior, en razón que cuenta con nombre de usuario "Mtra.mariaelenafrausto", por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección Electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 113/2022, de este índice administrativo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico que menciona en su demanda, para que se pueda entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvese por separado, en la secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda de amparo para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, procédase a su destrucción. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la 1. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Notifíquese vía electrónica al promovente.

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