Víctor Manuel Mecinas Rosas
Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Mecinas Rosas
Actuaciones
- Principal
Oficio de cuenta. Por recibido el oficio 20766/2020 del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acusa recibo del diverso oficio 13985/2020; asimismo, se avoca al conocimiento de la competencia planteada a su favor decretada en el juicio de amparo a que este toca se contrae; el cual registró con el número de expediente 495/2020, de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger el documento que exhibió, apercibido que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *, por su propio derecho; contra actos del General Brigadier, Director de la Prisión Militar de la Primera Región Militar en la Ciudad de México. Integración del expediente. Fórmese el expediente 821/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio. Antecedentes relevantes... Razones de la incompetencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Así, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia penal. Como primer punto, es de vital importancia mencionar que la competencia no debe ser confundida con la procedencia, esto es, con independencia de si el juicio de amparo resulta procedente o no, lo cierto es que sólo el órgano jurisdiccional competente puede emitir el pronunciamiento respectivo. Ahora bien, la jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES", no es aplicable para dilucidar la competencia por materia entre jueces de amparo. En efecto, de los precedentes que le dieron origen a esa jurisprudencia se advierte con claridad que derivó de la resolución de conflictos competenciales de órganos jurisdiccionales comunes, en términos del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mas no de juzgadores de amparo. Si se ven dichos precedentes se advierte que los conflictos competenciales que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación se suscitaron entre jueces de primera instancia, tribunales agrarios y otros; de ahí que a consideración de este Juzgador, dicha jurisprudencia no resulta aplicable para dilucidar la competencia por materia tratándose del juicio de amparo. Incluso, de una lectura cuidadosa de esa jurisprudencia se advierte que alude a conceptos que no son propios del juicio de amparo, como son: "naturaleza de la acción", "prestaciones reclamadas", "preceptos legales en que se apoye la demanda" y "actor y demandado". Finalmente, robustece esa conclusión, el hecho de que en el propio texto de la jurisprudencia se estableció lo siguiente: "(.) la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción". Una vez que se ha demostrado que esa jurisprudencia no es aplicable para determinar la competencia por materia entre órganos jurisdiccionales de amparo, es importante establecer cómo se dilucida ese aspecto. La competencia por materia especializa a un juzgado para que conozca, tramite y resuelva asuntos de una misma rama del derecho, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales especializados en la rama civil, penal, del trabajo, administrativa, etcétera, y a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, a fin de cumplir con la prerrogativa de justicia pronta, completa e imparcial, establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ahora bien, de los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán, entre otros casos, de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Mientras que los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán, entre otros casos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren los artículos 50, fracción II (procedimientos de extradición) y 51, fracción III (leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como se destacó el acto reclamado consiste en el oficio RS-594/11036 emitido por el General Brigadier, Director de la Prisión Militar de la Primera Región Militar en la Ciudad de México mediante el cual, en atención a su petición, le fue informado que los Jueces Militares de Ejecución de Sentencias y Jueces de Ejecución de Penas del fuero común o federal son los competentes para ordenar a ese centro penitenciario le sean remitidas las actas de consejo técnico que acrediten haber cumplido con los ejes de reinserción social. En ese sentido, se estima que la naturaleza el acto es de índole penal, pues si del acto reclamado se desprende que la petición del quejoso versó sobre su pretensión de ejercer su derecho de defensa ante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por un Juez de Control Militar, de lo que puede advertirse que el fin que persigue es el de comparecer ante la autoridad correspondiente a ejercer su derecho de defensa y salvaguardar el bien jurídico tutelado de libertad personal. Del estudio de la respuesta (acto reclamado) si bien la contestación la realiza el General Brigadier, Director de la Prisión Militar de la I Región Militar en la Ciudad de México, ésta versa sobre aspectos relacionados con el internamiento del quejoso en la prisión militar ante la medida cautelar que le fue impuesta por un Juez de Control. En tal virtud, al ser el acto reclamado la respuesta dada al quejoso y no lo referente al derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, si del análisis del oficio se desprende que versa sobre las atribuciones del Director de la Prisión Militar de la I Región Militar en la Ciudad de México y del Juez Militar de Ejecución de Sentencias y los Jueces de Ejecución de Penas en el fuero común o federal, es obvio que pertenece a la materia penal. En consecuencia, con base en las constancias que obran en el expediente, se concluye que la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Víctor Manuel Mecinas Rosas le compete a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pues como se refirió en párrafos anteriores el acto reclamado dado su contenido es de naturaleza penal. Conclusión. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declina competencia a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Por tanto, se ordena enviar las constancias relativas al presente expediente, a través del sistema de interconexión, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese electrónicamente los autos y resoluciones que deban notificarse personalmente. Autorizado. Téngase por autorizado en términos amplios a Ariel González Zúñiga, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Autorización de usuario. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que hecariel69", corresponde a Héctor Ariel González Zúñiga, persona autorizada por la parte quejosa. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En relación con la solicitud de confidencialidad de datos personales, formulada por la quejosa, hágasele saber que en términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial; sin que ello implique la supresión de sus datos de la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, pues ésta debe contener el nombre del quejoso, de conformidad con el artículo 29, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.1o.A.E.229 A (10a.), que lleva por rubro: "DATOS PERSONALES. LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA ANUENCIA DE AQUÉLLAS". Notifíquese.
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