Víctor Manuel Martínez Hernández
Expediente 1046/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Martínez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, que dice: Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Martínez Hernández, por propio derecho, contra actos de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Integración del expediente Fórmese el expediente 1046/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Martínez Hernández, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Antecedentes relevantes. Víctor Manuel Martínez Hernández, demandó la nulidad de la resolución dictada en el procedimiento para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias DGR/C/04/2016/R/11/021 y sus cumulados DGR/C/07/2016/R/11/053 y DGR/C/08/2016/R/11/065, por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a través de la cual le fincaron la responsabilidad resarcitoria por la cantidad de $230,077,487.66 (doscientos treinta millones setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 66/100 moneda nacional). Juicio que fue radicado bajo el expediente 28416/19-17-13-6 en el índice de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, presentó su ampliación de demanda, en la que solicito la concesión de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, así como la reducción del monto a garantizar, prevista en el artículo 28, fracción II, numeral uno, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y seguidos los tramites de ley, mediante resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó conceder la suspensión, sin que redujera el monto de la garantía del interés fiscal, en virtud que no puede emitir pronunciamiento alguno al respecto, hasta en tanto no ofreciera una garantía ante la autoridad exactora y ésta haya sido calificada como insuficiente, para que existieran elementos para determinar si efectivamente las condiciones de la garantía exceden su capacidad económica. Inconforme con dicha determinación, el actor promovió este juicio de amparo. Actos reclamados. La parte quejosa pretende que a través de este juicio de amparo se ejerza control de constitucionalidad respecto del acto siguiente: "Resolución de suspensión definitiva dentro del expediente 28416/19-17-13-6 emitido el 22 de febrero del 2020, por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana." Fundamento de la causa de improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Razones de la improcedencia. En el artículo transcrito, se establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones de órganos jurisdiccionales respecto de las cuales, la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa [dentro del procedimiento] a través del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso, la resolución interlocutoria dictada en el juicio contencioso administrativo 28416/19-17-13-6 que se reclama, es impugnable a través del recurso de reclamación, de conformidad con los artículos artículo 58-9 y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se prevé: "58-9.- Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el Capítulo III de esta Ley. El Magistrado Instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares. Contra la resolución del Magistrado Instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio". [.] "62- Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda". Entonces, si la resolución interlocutoria reclamada, a través de la cual se determinó conceder la suspensión definitiva sin que se hubiera reducido el monto de la garantía del interés fiscal solicitado, como lo aduce el quejoso, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues dicho recurso constituye un medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual se puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la medida adoptada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que se debe agotar. Esto, sin que pase desapercibido lo referido por el promovente en el sentido de que es procedente la acción constitucional al referir que no reclama la resolución que concedió la suspensión dentro del juicio de origen, si no la circunstancia de haberle negado la reducción a la garantía. Lo anterior es así, ya que lo reclamado tiene origen en el hecho de que se haya concedido la medida cautelar, pues de lo contrario no existiría el acto aquí reclamado, por ello, la negativa a reducir la garantía que refiere el justiciable se basa en la resolución que concedió la medida cautelar, de la cual, como se dijo, procede el recursión de reclamación citado. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda y del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad en contra de actos de órganos jurisdiccionales, de las contempladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución reclamada (i) no constituye actos que importen peligro de privación de la vida ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; (ii) no se trata de actos que afecten la libertad personal; (iii) el quejoso no es persona extraña al procedimiento; y, (iv) la procedencia del recurso de reclamación no está sujeta a una interpretación adicional de su fundamento. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes de los actos reclamados narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) derivan de la naturaleza jurídica de los actos reclamados [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza de los actos reclamados no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta; y, (iv) existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulta exactamente aplicable. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial, pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Conclusión. Al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Martínez Hernández. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa. Ténganse por autorizados en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a Ángel Escalante Carpio, Berenice Castañeda Briseño y Gilberto Sánchez Escárcega, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en cuanto hace a ******************** dígaseles que una vez que registren su cedula profesional en el citado sistema se acordara lo conducente hasta en tanto únicamente se le tendrá para oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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