Víctor Manuel Mata Talavera
Expediente 1008/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Mata Talavera
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, en Zamora, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. INFORMA IMPOSIBILIDAD Agréguese el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a lo ordenado en oficio 1383 de treinta de enero de dos mil dieciocho, el cual se envió con la finalidad de hacer efectivo el cobro de la multa al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, toda vez que mediante diverso oficio 3075 de dos de marzo de dos mil dieciocho, se le informó de la imposibilidad que tenía este juzgado para proporcionar los diversos datos necesarios, como lo establece el artículo 4º penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente, y la Regla 2.1.1, fracción I, incisos a), b) y c), fracción II, segundo y tercer párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, misma que en lo que aquí interesa refiere: "Tratándose de multa y de la reparación del daño que imponga el Poder Judicial de la Federación que se remitan al SAT, resulta necesario que se proporcionen los datos de la clave en el RFC con homoclave, nombre, denominación o razón social y, en su caso, del representante legal legal que permitan la identificación del deudor y su domicilio precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, código postal, municipio o delegación política, entidad federativa, según se trate, o aquel domicilio en que pueda ser localizado el sancionado, en el entendido de que cuando se trate de funcionarios públicos, la multa deberá estar determinada a la persona que cometió la infracción" De la lectura del texto transcrito se advierte, que si bien el número de RFC con su correspondiente homoclave y otros datos, constituyen elementos necesarios para los efectos del cobro de la multa impuesta, lo cierto es que en el caso particular no se cuenta con dichos registros, además de haberse proporcionado a la autoridad oficiante los datos que obran en el sumario de dicho quejoso; por lo tanto, se tiene a la oficiante por informando la imposibilidad para realizar el cobro de la multa impuesta en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ el amparo solicitado por Víctor Manuel Mata Talavera; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del juicio de amparo 492/2017-I y testimonio autorizado de la causa penal 199/2015, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA notifico a la parte quejosa la siguiente resolución con engrose de 23 de marzo de 2018 que en su parte conducente narra: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1008/2017-VII, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal de Zamora, Michoacán, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data Víctor Manuel Mata Talavera, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal de Zamora, Michoacán, y otras autoridades: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- La orden de aprehensión y/o detención dictada en mi contra por las autoridades responsables ordenadoras." En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se previno al quejoso a efecto de que aclarara u libelo, lo que realizó por escrito presentado el trece de noviembre del año señalado, y el catorce de ese mes y año se declinó la competencia a los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan Michoacán. Sin embargo, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el juez Octavo de Distrito en el Estado, no aceptó la competencia planteada, por lo que el cinco de diciembre de la anualidad en cita este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de los hechos y se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: Resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, consistente en orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso por el delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal, emitida dentro del proceso penal 199/2015, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada del juicio de amparo 492/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Tepic, Nayarit. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Región del Bajío y Fiscal Regional de Zamora, todos de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado (fojas 44, 45, 49 y 59 del cuaderno de amparo) aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la primera de las autoridades responsables exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del proceso penal 199/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Causales de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público. Con el propósito de demostrar la configuración de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere de la transcripción del precepto jurídico en mención, el cual literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; pues, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio de control constitucional, sin importar el momento en que dicha resolución se emita, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Resulta aplicable al caso concreto la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 182624 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a. LXX/2003 Página: 83 "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el ´juicio´ en lo principal". Reclamación 125/2003-PL. Auto Tanques Estrella, S. de R.L. de C.V. y otra. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Lo anterior es así, toda vez que del cuaderno de pruebas que se acompañó al informe justificado, se desprende que el acto reclamado deriva de una ejecución de sentencia. En este orden de ideas, el supuesto de improcedencia que contempla la fracción transcrita en párrafos que anteceden, requiere la existencia de los elementos siguientes: a) Una sentencia dictada en un juicio de amparo, que constriña a cierta autoridad a realizar determinadas y precisas acciones; b) Que la resolución esté firme; y c) Una determinación emitida siguiendo esos lineamientos, sin que exista posibilidad de que la responsable actúe con libertad de jurisdicción, en relación al tema abordado. Así, como ya se mencionó el acto que por esta vía se reclama consiste en la orden de aprehensión dictada en contra de Víctor Manuel Mata Talavera, por el delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal, en agravio de la sociedad, dentro de la causa penal 199/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Zamora, Michoacán. Dicha determinación, se emitió en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo indirecto 492/2017-I, del índice de este órgano jurisdiccional; resolución en lo que interesa se estableció: ".VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 492/2017-I, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera; y, R E S U L T A N D O: [.] ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD Una vez precisado lo relativo a la comprobación del cuerpo del delito, se procede a analizar lo atinente a la probable responsabilidad del quejoso, misma que se actualiza, sin embargo, no de la forma en que la autoridad responsable lo plasmó. Así, la autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del quejoso, atendiendo a lo manifestado por los denunciantes señalados en líneas que anteceden, así como con el dicho de éste, al rendir declaración en la indagatoria correspondiente, lo cual se reitera resulta correcto, más no en el grado de participación en que se presuntamente se ejecutó, como se verá. Resulta aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 904481 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC Materia(s): Penal Tesis: 500 Página: 384 CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS." En efecto, de las mismas se aprecia que si bien el quejoso materialmente no se encargó de cortar y transportar el bien ecológico, su función sin lugar a dudas resultaba adecuada para que el ilícito pudiera consumarse. Lo anterior, derivado que existen imputaciones respecto a su pertenencia al grupo (sin presuponer si se trataba de una célula criminal formalmente establecida) que probablemente realizaba los hechos ilícitos relacionados con el recurso forestal reseñado. Así, existen diversos medios de prueba, que constituyen indicios, que resultan suficientes para poder formar parte de una cadena indiciaria sólida, a fin de acreditar la probable responsabilidad, dada la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca. Así, María Talavera Talavera, señaló que junto con su esposo, son propietarios de un predio rústico en el régimen de pequeña propiedad, ubicado en "La Alberca", en el cual hay árboles de encinos y tepame; desde hacía un año y medio, una persona de sexo femenino llamada Margarita decía que todo el pueblo era de ella, junto con sus terrenos y empezó a intimidarlos. Aunado a esto, que medio año antes Margarita, junto con las personas que trabajan para ella, se metieron a los terrenos de su propiedad; y los talaban a fin de vender la madera, misma que era transportada. Y, respecto al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera la deponente señaló que éste llegó a trabajar con un grupo de la delincuencia organizada y que era el encargado de "cuidarlos", en el entendido que ella es dueña de uno de los predios en donde se realiza la actividad ilícita imputada. Mientras que Francisco Talavera Talavera señaló que una persona de sexo masculino de nombre Osvaldo Salinas Ramírez, con otras personas, acudía a los predios ubicados en "La Alberca", municipio de Purépero, Michoacán, a cortar árboles de la especie de pino, encino y otras especies, por órdenes de Margarita Flores Duarte, con motosierra de diferentes marcas, y hacían dos viajes trasportados en camionetas diferentes. En lo concerniente al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, precisó que éste se dedicaba a vigilarlos día y noche, a fin de saber si trabajaban la tierra, y se lo hacía saber a Margarita, quien los intimidaba, proporcionando además su media filiación. Por su parte, Evelia Talavera Talavera precisó que Margarita Flores Duarte la amenazó para que no entraran a los terrenos propiedad de sus padres María Talavera Talavera y Carlos Talavera Linares. Y, respecto al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, señaló que era su primo y sabía que pertenecía a la organización criminal "Templarios", trabajando para la señora Margarita vigilando los movimientos que se realizaban en el rancho del que se obtenía el recurso forestal de marras. Aunado a esto, la responsable de manera idónea ponderó que el quejoso al momento de rendir su declaración ministerial confesó su participación en los hechos, ya que si bien no reconoce haber destruido y transportado árboles, sí señala su participación en actividades que ayudaban a la realización de tales ilícitos. Inclusive, el quejoso precisó trabajar con Margarita, quien lo contrató para avisarle cuántas camionetas subían la madera y en su caso que le manifestara cuando la policía subía a diversos predios. Así, de dichas probanzas se podría concluir que el quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, se dedicaba a realizar tareas de vigilancia en los predios a fin de alertar de diversas circunstancias a un cúmulo de activos que realizaban labores de destrucción y transportación de recursos forestales. GRADO DE PARTICIPACIÓN Ahora bien, la probable responsabilidad del quejoso según la autoridad se acredita en términos de los artículos 7, fracción I, 8, fracción y 17, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos). En este tenor, el artículo 17 en comento, señala lo siguiente: Artículo 17. - Son responsables de la comisión de un delito: I. Los que intervienen en el acuerdo, preparación o ejecución del mismo; II. Los que instigan o inducen a otro a su ejecución; III. Los que se sirven para cometer el delito de una persona inculpable o inimputable; IV. Los que a sabiendas presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución; V. Los que sabiendo que se está cometiendo un delito o se va a cometer, y teniendo el deber legal de impedir su ejecución, no la impiden pudiendo hacerlo; y, VI. Los que presten auxilio o cooperación al delincuente, una vez consumado el delito, cumpliendo un acuerdo anterior a la comisión del mismo. Así, la autoridad responsable consideró que la forma de participación del quejoso en la comisión del delito, fue a título de autor material y directo. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que dada tal clasificación, la resolución reclamada no se ajusta al artículo 14 constitucional que impone a la responsable la obligación de efectuar una exacta aplicación de la ley, pues, fue indebido que dicha autoridad haya tenido por demostrada su participación delictiva, en su carácter de autor material y directo; lo que motiva el otorgamiento de la protección constitucional al amparista. Lo anterior es así, toda vez que de la mecánica delictiva reseñada con antelación, se desprende sustancialmente que el quejoso tenía las siguientes funciones: - Vigilar a María Talavera Talavera y su esposo, quienes eran dueños de uno de los predios en donde se realizaba la actividad ilícita imputada, a fin de saber si trabajaban la tierra del mismo, y se lo hacía saber a Margarita, quien los intimidaba. - Vigilando los movimientos que se realizaban en el rancho del que se obtenía el recurso forestal de marras: y, - Realizar tareas de vigilancia en los predios a que se ha hecho referencia en la presente resolución, a fin de alertar si la policía "subía" a diversos predios, a un cúmulo de activos que realizaban labores de destrucción y transportación de recursos forestales Ahora, según la legislación estatal reseñada, son responsables del delito quienes lo realicen conjuntamente con otro u otros autores. En esta forma de participación al coautor se le considera como aquél sujeto activo que actúa en consenso, conjuntamente con otros sujetos, mediante un plan común preconcebido, quienes acuerdan la realización de la conducta tipificada, dividiéndose las acciones delictivas, llevando a cabo la ejecución del hecho considerado como ilícito. Así, para que se considere que existe coautoría es menester que exista un codominio funcional del hecho con el cual se presupone una división del trabajo previamente convenida, necesaria y esencial para la realización del delito. En tales condiciones, de los medios de prueba se demuestra que el quejoso realizó su conducta consistente en que al momento en que los coautores materiales del delito ejecutaban la conducta delictiva, permanecía a la expectativa, realizando funciones de vigilancia. En ese sentido, si se coopera o auxilia de manera dolosa, a otro u otros para que lleven a cabo la conducta delictiva, no se traduce en acciones fraccionadas de la conducta típica, esto es, no se refleja un codominio funcional del hecho, el cual presupone una división del trabajo previamente convenido; sino que constituye el medio auxiliador necesario para el apoderamiento del bien mueble objeto material del delito, al haber constituido un aporte trascendental para su comisión, al realizar las funciones de vigilancia (como conducta accesoria), en tanto los coautores materiales desplegaban la conducta de apoderamiento ilícito. De ese modo, es que se considera que el quejoso prestó auxilio a los coautores materiales del delito, por lo que se puede concluir que no tiene el carácter de coautor en el acto delictivo que se le atribuye, sino que en todo caso, de cómplice, en términos de la fracción IV del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), por el hecho de que tal acusado dolosamente prestó ayuda o auxilio a los coautores para la comisión. En el caso que se analiza, la ayuda consistió en que el quejoso al momento en que los coautores materiales del delito ejecutaban el ilícito, permanecía a la expectativa, realizando funciones de vigilancia; por lo que se reitera que la forma de intervención del impetrante en el acto delictivo que se le atribuye se da en términos de la fracción IV del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), es decir, como cómplice, ya que dolosamente prestó ayuda a los coautores materiales del delito para su comisión. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 851, Volumen CXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PARTICIPACIÓN DELICTUOSA. El artículo 13 del Código Penal determina que son responsables de los delitos, entre otros, los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución, y los que intervienen en la ejecución de ellos. Por auxilio se entiende, jurídicamente, la ayuda que una persona presta a otra para delinquir, o para que se escape después, de haber delinquido; y la prestación del auxilio o cooperación puede ser antes del delito, en el acto de ejecución o después de perpetrado, ya sea por concierto previo o posterior." Así, una vez acotado lo anterior, se puede advertir que contrario a lo señalado por la responsable, el quejoso por sí no desplegó acción alguna que materializara como tal la destrucción y transporte de producto forestal; sin embargo, a sabiendas de que su actuación contribuiría a la ejecución de un ilícito prestó auxilio a diversas personas para tal fin; actualizándose con esto lo que señala el dispositivo 17, fracción IV, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos). En ese contexto, al no demostrarse la intervención del quejoso en el hecho delictivo que se le atribuye, en su carácter de autor material, en términos de la fracción I del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), procede conceder al quejoso el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Efectos del amparo que se concede En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación en estudio y debido a que se trata de actos de carácter positivo, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, de conformidad con lo señalado por el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), en el plazo de tres días, contado a partir de que cause ejecutoria esta resolución, realice lo siguiente: I.- Deje insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, únicamente en lo relativo al dictado de la orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa penal 199/2015; y II.- En su lugar dicte otra en la que reitere todo lo relativo al cuerpo del delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal sin permiso legal, cometido en agravio de la sociedad y a la probable responsabilidad de quejoso en su comisión, precisando que su grado de participación es como cómplice, lo que encuadra en el artículo 17, fracción IV, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), observando para ello las consideraciones expuestas en la presente sentencia. La concesión del amparo se hace extensiva a las autoridades denominadas Fiscal Regional y Director Regional de Investigación y Análisis, ambos con residencia en Zamora, Michoacán, en virtud de que el acto a ellas reclamado, no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva de la que se atribuye al acto reclamado a la autoridad ordenadora, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. [.]" En proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, al no haberse interpuesto el recurso de revisión, y se requirió a la responsable a efecto de que diera cumplimiento, por lo que el siete de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de origen emitió nueva resolución dictando orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, la cual constituye el acto reclamado. En esas condiciones, se encuentra demostrado que se surte la causa de improcedencia que se alude líneas precedentes, toda vez que el acto que reclama el quejoso, fue emitido en cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en el juicio de amparo 492/2017, en la que no se dejó libertad de jurisdicción al juez responsable, respecto de ningún aspecto pues se indicó que debía reiterarse todo lo relativo al cuerpo del delito, así como a la probable responsabilidad y únicamente debía precisarse que el grado de participación del aquí quejoso fue de cómplice. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, impone que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, refiriéndose a aquellas resoluciones que emiten las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, como acontece en el presente asunto, en virtud, de que la improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la Jurisprudencia 2a./J. 140/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: Época: Novena Época Registro: 171753 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 140/2007 Página: 539 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente ´contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas´ se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías. Contradicción de tesis 81/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Tesis de jurisprudencia 140/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de agosto de dos mil siete". Por último, cabe destacar que tampoco es factible que aquí se analice si la anterior sentencia de amparo fue cumplida cabalmente o no por la responsable, pues ello será materia del pronunciamiento que se haga al respecto, en el juicio de amparo en el que se emitió dicha sentencia. De lo anterior deviene inconcuso, que resultaría ocioso entrar al estudio de su constitucionalidad y por consiguiente, lo que amerita es sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado, sintetizado y descrito en este apartado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, en relación con el numeral 63, apartado V, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta aplicable, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010008 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) Página: 307 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Amparo directo en revisión 6108/2014. 3 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación". De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1008/2017-VII, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera, contra actos que reclama de las autoridades que precisadas quedaron en el considerando tercero de este fallo, por las razones anotadas en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1008/2017-VII, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal de Zamora, Michoacán, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data Víctor Manuel Mata Talavera, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal de Zamora, Michoacán, y otras autoridades: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- La orden de aprehensión y/o detención dictada en mi contra por las autoridades responsables ordenadoras." En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se previno al quejoso a efecto de que aclarara u libelo, lo que realizó por escrito presentado el trece de noviembre del año señalado, y el catorce de ese mes y año se declinó la competencia a los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan Michoacán. Sin embargo, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el juez Octavo de Distrito en el Estado, no aceptó la competencia planteada, por lo que el cinco de diciembre de la anualidad en cita este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de los hechos y se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: Resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, consistente en orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso por el delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal, emitida dentro del proceso penal 199/2015, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada del juicio de amparo 492/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Tepic, Nayarit. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Región del Bajío y Fiscal Regional de Zamora, todos de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado (fojas 44, 45, 49 y 59 del cuaderno de amparo) aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la primera de las autoridades responsables exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del proceso penal 199/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Causales de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público. Con el propósito de demostrar la configuración de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere de la transcripción del precepto jurídico en mención, el cual literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; pues, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio de control constitucional, sin importar el momento en que dicha resolución se emita, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Resulta aplicable al caso concreto la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 182624 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a. LXX/2003 Página: 83 "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el ´juicio´ en lo principal". Reclamación 125/2003-PL. Auto Tanques Estrella, S. de R.L. de C.V. y otra. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Lo anterior es así, toda vez que del cuaderno de pruebas que se acompañó al informe justificado, se desprende que el acto reclamado deriva de una ejecución de sentencia. En este orden de ideas, el supuesto de improcedencia que contempla la fracción transcrita en párrafos que anteceden, requiere la existencia de los elementos siguientes: a) Una sentencia dictada en un juicio de amparo, que constriña a cierta autoridad a realizar determinadas y precisas acciones; b) Que la resolución esté firme; y c) Una determinación emitida siguiendo esos lineamientos, sin que exista posibilidad de que la responsable actúe con libertad de jurisdicción, en relación al tema abordado. Así, como ya se mencionó el acto que por esta vía se reclama consiste en la orden de aprehensión dictada en contra de Víctor Manuel Mata Talavera, por el delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal, en agravio de la sociedad, dentro de la causa penal 199/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Zamora, Michoacán. Dicha determinación, se emitió en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo indirecto 492/2017-I, del índice de este órgano jurisdiccional; resolución en lo que interesa se estableció: ".VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 492/2017-I, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera; y, R E S U L T A N D O: [.] ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD Una vez precisado lo relativo a la comprobación del cuerpo del delito, se procede a analizar lo atinente a la probable responsabilidad del quejoso, misma que se actualiza, sin embargo, no de la forma en que la autoridad responsable lo plasmó. Así, la autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del quejoso, atendiendo a lo manifestado por los denunciantes señalados en líneas que anteceden, así como con el dicho de éste, al rendir declaración en la indagatoria correspondiente, lo cual se reitera resulta correcto, más no en el grado de participación en que se presuntamente se ejecutó, como se verá. Resulta aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 904481 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC Materia(s): Penal Tesis: 500 Página: 384 CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS." En efecto, de las mismas se aprecia que si bien el quejoso materialmente no se encargó de cortar y transportar el bien ecológico, su función sin lugar a dudas resultaba adecuada para que el ilícito pudiera consumarse. Lo anterior, derivado que existen imputaciones respecto a su pertenencia al grupo (sin presuponer si se trataba de una célula criminal formalmente establecida) que probablemente realizaba los hechos ilícitos relacionados con el recurso forestal reseñado. Así, existen diversos medios de prueba, que constituyen indicios, que resultan suficientes para poder formar parte de una cadena indiciaria sólida, a fin de acreditar la probable responsabilidad, dada la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca. Así, María Talavera Talavera, señaló que junto con su esposo, son propietarios de un predio rústico en el régimen de pequeña propiedad, ubicado en "La Alberca", en el cual hay árboles de encinos y tepame; desde hacía un año y medio, una persona de sexo femenino llamada Margarita decía que todo el pueblo era de ella, junto con sus terrenos y empezó a intimidarlos. Aunado a esto, que medio año antes Margarita, junto con las personas que trabajan para ella, se metieron a los terrenos de su propiedad; y los talaban a fin de vender la madera, misma que era transportada. Y, respecto al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera la deponente señaló que éste llegó a trabajar con un grupo de la delincuencia organizada y que era el encargado de "cuidarlos", en el entendido que ella es dueña de uno de los predios en donde se realiza la actividad ilícita imputada. Mientras que Francisco Talavera Talavera señaló que una persona de sexo masculino de nombre Osvaldo Salinas Ramírez, con otras personas, acudía a los predios ubicados en "La Alberca", municipio de Purépero, Michoacán, a cortar árboles de la especie de pino, encino y otras especies, por órdenes de Margarita Flores Duarte, con motosierra de diferentes marcas, y hacían dos viajes trasportados en camionetas diferentes. En lo concerniente al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, precisó que éste se dedicaba a vigilarlos día y noche, a fin de saber si trabajaban la tierra, y se lo hacía saber a Margarita, quien los intimidaba, proporcionando además su media filiación. Por su parte, Evelia Talavera Talavera precisó que Margarita Flores Duarte la amenazó para que no entraran a los terrenos propiedad de sus padres María Talavera Talavera y Carlos Talavera Linares. Y, respecto al quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, señaló que era su primo y sabía que pertenecía a la organización criminal "Templarios", trabajando para la señora Margarita vigilando los movimientos que se realizaban en el rancho del que se obtenía el recurso forestal de marras. Aunado a esto, la responsable de manera idónea ponderó que el quejoso al momento de rendir su declaración ministerial confesó su participación en los hechos, ya que si bien no reconoce haber destruido y transportado árboles, sí señala su participación en actividades que ayudaban a la realización de tales ilícitos. Inclusive, el quejoso precisó trabajar con Margarita, quien lo contrató para avisarle cuántas camionetas subían la madera y en su caso que le manifestara cuando la policía subía a diversos predios. Así, de dichas probanzas se podría concluir que el quejoso Víctor Manuel Mata Talavera, se dedicaba a realizar tareas de vigilancia en los predios a fin de alertar de diversas circunstancias a un cúmulo de activos que realizaban labores de destrucción y transportación de recursos forestales. GRADO DE PARTICIPACIÓN Ahora bien, la probable responsabilidad del quejoso según la autoridad se acredita en términos de los artículos 7, fracción I, 8, fracción y 17, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos). En este tenor, el artículo 17 en comento, señala lo siguiente: Artículo 17. - Son responsables de la comisión de un delito: I. Los que intervienen en el acuerdo, preparación o ejecución del mismo; II. Los que instigan o inducen a otro a su ejecución; III. Los que se sirven para cometer el delito de una persona inculpable o inimputable; IV. Los que a sabiendas presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución; V. Los que sabiendo que se está cometiendo un delito o se va a cometer, y teniendo el deber legal de impedir su ejecución, no la impiden pudiendo hacerlo; y, VI. Los que presten auxilio o cooperación al delincuente, una vez consumado el delito, cumpliendo un acuerdo anterior a la comisión del mismo. Así, la autoridad responsable consideró que la forma de participación del quejoso en la comisión del delito, fue a título de autor material y directo. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que dada tal clasificación, la resolución reclamada no se ajusta al artículo 14 constitucional que impone a la responsable la obligación de efectuar una exacta aplicación de la ley, pues, fue indebido que dicha autoridad haya tenido por demostrada su participación delictiva, en su carácter de autor material y directo; lo que motiva el otorgamiento de la protección constitucional al amparista. Lo anterior es así, toda vez que de la mecánica delictiva reseñada con antelación, se desprende sustancialmente que el quejoso tenía las siguientes funciones: - Vigilar a María Talavera Talavera y su esposo, quienes eran dueños de uno de los predios en donde se realizaba la actividad ilícita imputada, a fin de saber si trabajaban la tierra del mismo, y se lo hacía saber a Margarita, quien los intimidaba. - Vigilando los movimientos que se realizaban en el rancho del que se obtenía el recurso forestal de marras: y, - Realizar tareas de vigilancia en los predios a que se ha hecho referencia en la presente resolución, a fin de alertar si la policía "subía" a diversos predios, a un cúmulo de activos que realizaban labores de destrucción y transportación de recursos forestales Ahora, según la legislación estatal reseñada, son responsables del delito quienes lo realicen conjuntamente con otro u otros autores. En esta forma de participación al coautor se le considera como aquél sujeto activo que actúa en consenso, conjuntamente con otros sujetos, mediante un plan común preconcebido, quienes acuerdan la realización de la conducta tipificada, dividiéndose las acciones delictivas, llevando a cabo la ejecución del hecho considerado como ilícito. Así, para que se considere que existe coautoría es menester que exista un codominio funcional del hecho con el cual se presupone una división del trabajo previamente convenida, necesaria y esencial para la realización del delito. En tales condiciones, de los medios de prueba se demuestra que el quejoso realizó su conducta consistente en que al momento en que los coautores materiales del delito ejecutaban la conducta delictiva, permanecía a la expectativa, realizando funciones de vigilancia. En ese sentido, si se coopera o auxilia de manera dolosa, a otro u otros para que lleven a cabo la conducta delictiva, no se traduce en acciones fraccionadas de la conducta típica, esto es, no se refleja un codominio funcional del hecho, el cual presupone una división del trabajo previamente convenido; sino que constituye el medio auxiliador necesario para el apoderamiento del bien mueble objeto material del delito, al haber constituido un aporte trascendental para su comisión, al realizar las funciones de vigilancia (como conducta accesoria), en tanto los coautores materiales desplegaban la conducta de apoderamiento ilícito. De ese modo, es que se considera que el quejoso prestó auxilio a los coautores materiales del delito, por lo que se puede concluir que no tiene el carácter de coautor en el acto delictivo que se le atribuye, sino que en todo caso, de cómplice, en términos de la fracción IV del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), por el hecho de que tal acusado dolosamente prestó ayuda o auxilio a los coautores para la comisión. En el caso que se analiza, la ayuda consistió en que el quejoso al momento en que los coautores materiales del delito ejecutaban el ilícito, permanecía a la expectativa, realizando funciones de vigilancia; por lo que se reitera que la forma de intervención del impetrante en el acto delictivo que se le atribuye se da en términos de la fracción IV del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), es decir, como cómplice, ya que dolosamente prestó ayuda a los coautores materiales del delito para su comisión. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 851, Volumen CXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PARTICIPACIÓN DELICTUOSA. El artículo 13 del Código Penal determina que son responsables de los delitos, entre otros, los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie para su ejecución, y los que intervienen en la ejecución de ellos. Por auxilio se entiende, jurídicamente, la ayuda que una persona presta a otra para delinquir, o para que se escape después, de haber delinquido; y la prestación del auxilio o cooperación puede ser antes del delito, en el acto de ejecución o después de perpetrado, ya sea por concierto previo o posterior." Así, una vez acotado lo anterior, se puede advertir que contrario a lo señalado por la responsable, el quejoso por sí no desplegó acción alguna que materializara como tal la destrucción y transporte de producto forestal; sin embargo, a sabiendas de que su actuación contribuiría a la ejecución de un ilícito prestó auxilio a diversas personas para tal fin; actualizándose con esto lo que señala el dispositivo 17, fracción IV, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos). En ese contexto, al no demostrarse la intervención del quejoso en el hecho delictivo que se le atribuye, en su carácter de autor material, en términos de la fracción I del artículo 17 del Código Penal para el estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), procede conceder al quejoso el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Efectos del amparo que se concede En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación en estudio y debido a que se trata de actos de carácter positivo, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, de conformidad con lo señalado por el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), en el plazo de tres días, contado a partir de que cause ejecutoria esta resolución, realice lo siguiente: I.- Deje insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, únicamente en lo relativo al dictado de la orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa penal 199/2015; y II.- En su lugar dicte otra en la que reitere todo lo relativo al cuerpo del delito contra la ecología en la modalidad de destrucción y transporte de producto forestal sin permiso legal, cometido en agravio de la sociedad y a la probable responsabilidad de quejoso en su comisión, precisando que su grado de participación es como cómplice, lo que encuadra en el artículo 17, fracción IV, del Código Penal del Estado de Michoacán (vigente en la época de la comisión de los hechos), observando para ello las consideraciones expuestas en la presente sentencia. La concesión del amparo se hace extensiva a las autoridades denominadas Fiscal Regional y Director Regional de Investigación y Análisis, ambos con residencia en Zamora, Michoacán, en virtud de que el acto a ellas reclamado, no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva de la que se atribuye al acto reclamado a la autoridad ordenadora, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. [.]" En proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, al no haberse interpuesto el recurso de revisión, y se requirió a la responsable a efecto de que diera cumplimiento, por lo que el siete de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de origen emitió nueva resolución dictando orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, la cual constituye el acto reclamado. En esas condiciones, se encuentra demostrado que se surte la causa de improcedencia que se alude líneas precedentes, toda vez que el acto que reclama el quejoso, fue emitido en cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en el juicio de amparo 492/2017, en la que no se dejó libertad de jurisdicción al juez responsable, respecto de ningún aspecto pues se indicó que debía reiterarse todo lo relativo al cuerpo del delito, así como a la probable responsabilidad y únicamente debía precisarse que el grado de participación del aquí quejoso fue de cómplice. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, impone que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, refiriéndose a aquellas resoluciones que emiten las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, como acontece en el presente asunto, en virtud, de que la improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la Jurisprudencia 2a./J. 140/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: Época: Novena Época Registro: 171753 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 140/2007 Página: 539 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente ´contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas´ se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías. Contradicción de tesis 81/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Tesis de jurisprudencia 140/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de agosto de dos mil siete". Por último, cabe destacar que tampoco es factible que aquí se analice si la anterior sentencia de amparo fue cumplida cabalmente o no por la responsable, pues ello será materia del pronunciamiento que se haga al respecto, en el juicio de amparo en el que se emitió dicha sentencia. De lo anterior deviene inconcuso, que resultaría ocioso entrar al estudio de su constitucionalidad y por consiguiente, lo que amerita es sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado, sintetizado y descrito en este apartado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, en relación con el numeral 63, apartado V, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta aplicable, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010008 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) Página: 307 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. Amparo directo en revisión 6108/2014. 3 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación". De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1008/2017-VII, promovido por Víctor Manuel Mata Talavera, contra actos que reclama de las autoridades que precisadas quedaron en el considerando tercero de este fallo, por las razones anotadas en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Víctor Manuel Becerra Carmona719/2021
- Víctor Manuel García González75/2019
- Víctor Manuel Guzman Magaña493/2016
- Víctor Manuel Herrejón Ruiz1136/2017
- Víctor Manuel López Díaz710/2018
- Víctor Manuel López Guijosa1463/2023
- Victor Manuel Nava Zuñiga336/2022
- Víctor Manuel Ramírez Otero282/2023
- Víctor Manuel Rangel López843/2019
- Víctor Manuel Rios Díaz1112/2019
- Víctor Manuel Rodríguez Ayala534/2019
- Víctor Manuel Rojas Cárdenas y Otros.540/2018