Víctor Manuel Herrejón Ruiz

Expediente 1136/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1136/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Herrejón Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de abril de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional promovido por Víctor Manuel Herrejón Ruiz, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. SE RECIBE EXPEDIENTE DE JUZGADO AUXILIAR. Agréguense a los autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual devuelve el juicio de amparo V-1136/2017, que se remitió para la emisión de la sentencia respectiva; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico del fallo; acúsese el recibo de estilo. Glósense al expediente que se recibe, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del asunto. SE ORDENA NOTIFICAR A LAS PARTES EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Notifíquese personalmente a las partes la sentencia pronunciada por la juez auxiliar el veinte de abril de dos mil dieciocho, y por oficio a las autoridades responsables, a los cuales deberán ajuntarse copia certificada del fallo. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como la sentencia respectiva. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 1136/2017, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, Víctor Manuel Herrejón Ruiz promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN CARÁCTER COMO ORDENADORAS: PRIMERO. EL CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACÁN,. SEGUNDO. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO MICHOACÁN,. TIENEN CARÁCTER COMO EJECUTORAS: ÚNICO: LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MORELIA,." ACTOS RECLAMADOS: ". IV.- ACTO RECLAMADOS: EL CAMBIO DE STATUS EN EL RESULTADO EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADA DE MICHOACÁN, LA SOLICITUD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ORDENAR MI BAJA COMO POLICÍA MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACÁN, ASÍ COMO LA PROBABLE BAJA COMO POLICÍA MUNICIPAL POR PARTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MORELIA, SUPUESTAMENTE POR PRESENTAR DOCUMENTOS ESCOLARES APÓCRIFOS". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que la tramitó bajo el número de expediente anotado en el encabezado de esta ejecutoria. Seguidos los trámites correspondientes, el seis de febrero del año en curso, el Juez de Distrito citado celebró la audiencia constitucional y remitió los autos a este órgano jurisdiccional que ahora resuelve . Recibidos los autos por este Juzgado Federal, el doce de febrero de dos mil dieciocho, sin abrir cuaderno de antecedentes, se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de cuaderno auxiliar 109/2018. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último en relación con el punto quinto, inciso 2 y último párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como en el oficio STCCNO/1038/2017, suscrito el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal . Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello, sin contar con facultades para atender cuestiones relativas al trámite del juicio de amparo; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163998 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 107/2010 Página: 440 ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son las siguientes: a) El oficio DG/4189/2017, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete , signado por la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, mediante el cual informó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública el cambio de resultado de "aprobado" a "no aprobado" con motivo de la investigación socioeconómica, realizada por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, en la que se determinó que dicho servidor público presentó un certificado de Bachillerato supuestamente apócrifo, reclamado a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán. b) La solicitud para ordenar su baja como policía municipal de Morelia, reclamada al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. c) La probable baja como policía municipal de Morelia, reprochada al Comisionado Municipal de Seguridad del Municipio de Morelia de dicha entidad federativa. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. El Comisionado Municipal de Seguridad del Municipio de Morelia, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado , negaron el acto que se les reclama, sin que dicha negativa haya sido desvirtuada por el amparista. Al caso es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/20, que establece: "Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, se impone sobreseer respecto de dichos actos y autoridades. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, tal como lo manifestó en su informe justificado , lo que se corrobora de las constancias que adjuntó como apoyo a dicho acto. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo . En la especie, en relación con el acto reclamado consistente en el oficio DG/4189/2017, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete , signado por la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, mediante el cual informó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública el cambio de resultado de "aprobado" a "no aprobado" con motivo de la investigación socioeconómica, realizada por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán, en la que se determinó que dicho servidor público presentó un certificado de Bachillerato supuestamente apócrifo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 61, fracción XII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, antes trascrito, la acción de amparo únicamente compete a aquella persona que refiera ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos por la Constitución, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por el actuar de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorgan al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido le sea reconocido o que no le sea violado. Por su parte, del contenido del segundo numeral se obtiene que el interés jurídico o legítimo representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas generales o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de derechos fundamentales, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene apoyo lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por otro lado, el ordinal 5° de la ley de la materia, precisa que la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos contenidos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por consiguiente, sólo tiene interés jurídico o legítimo a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad; asimismo, que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Así, un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas respecto a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sostuvo que en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, han existido diversos pronunciamientos a través de los cuales y mediante la incorporación del interés legítimo, se han interpretado diversas figuras jurídicas. Que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, mediante la cual, se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo. Que como podía advertirse del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo establecía una distinción: (i) En un primer término -sostuvo-, para la promoción del amparo indirecto -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) el titular de un derecho, o b) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, (ii) En segundo lugar, para efecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se mantuvo la exigencia de aducir la titularidad de un derecho subjetivo, tal como lo había sostenido esa Suprema Corte para el juicio de amparo previamente a la reforma constitucional ya indicada. De igual modo, en lo que aquí interesa, señaló que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Ahora bien -expresó-, dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello con base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido; asimismo, que algunos de los criterios más empleados por la doctrina, mismos que son de especial relevancia para el caso, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. Legítimo. iii. Jurídico. Una vez indicado lo anterior, y a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo -refirió nuestro Máximo Tribunal-, desarrollaría cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: a) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación-, mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Sin embargo, es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues hay un sector de la academia que indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. En cualquier caso -manifestó-, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles. Ello no quiere decir que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona En primer término -refirió-, es necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras -adujo-, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, el concepto de interés jurídico se identifica con lo que esa Suprema Corte había entendido por parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once. Una vez establecido lo anterior -expresó el Tribunal en Pleno-, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Destacó, que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por esa Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación; por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse -mencionó-, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso -dijo-, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por último -adujo-, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo en torno al cual versaba la citada contradicción de criterios, se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional cobra especial relevancia en el presente asunto. Como puede apreciarse -concluyó-, se trata de un concepto jurídico de enorme complejidad, cuyos contenidos esenciales han de ser delineados por esa Suprema Corte, pero su aplicación fáctica requerirá de los casos en concreto a los que se enfrenten los órganos que integran nuestro sistema judicial, es decir, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por ese Tribunal. Una vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los anteriores elementos, precisó cómo debería ser interpretada la fracción I del artículo 107 Constitucional, cuyo texto reformado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once. En primer término -dijo-, es necesario reiterar que el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, resulta claro que el Constituyente Permanente estableció de forma expresa, que tratándose de la procedencia del amparo directo, así como del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. Cabe señalarse que tal estándar de afectación que es exigido para la procedencia del juicio de amparo, resulta coincidente con los diversos criterios que sobre interés jurídico ha emitido este Alto Tribunal. En consecuencia, el pronunciamiento que esa Suprema Corte emita en torno al interés legítimo, deberá entenderse como aplicable al supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto, cuando los actos reclamados no consistan en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En este punto resulta pertinente recordar que previo a la reforma de junio de dos mil once, el texto constitucional solamente establecía, que el juicio de amparo se seguiría a instancia de parte agraviada; por lo que al carecer dicho concepto de un mayor desarrollo en la Constitución, esa Suprema Corte lo interpretó -en relación con el texto de la anterior Ley de Amparo-, en el sentido de que se requería la titularidad de un derecho subjetivo, y una afectación directa e inmediata en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, a partir del seis de junio de dos mil once, el interés necesario para comparecer al juicio de amparo ya posee una configuración constitucional explícita, en la cual, el concepto que durante las diversas Épocas del Semanario Judicial de la Federación había adoptado esta Suprema Corte, esto es, una afectación directa e inmediata en razón de la titularidad de un derecho subjetivo, ahora se vincula de forma expresa al amparo directo -y al amparo indirecto tratándose de actos provenientes de tribunales-. No obstante, el Constituyente Permanente incluyó una definición distinta para el interés en los casos de amparos indirectos que no provengan de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ante lo cual, resulta claro que dicho Constituyente pretendió establecer, para tales casos, un concepto de interés distinto al que esa Suprema Corte había desarrollado. Se arriba a tal conclusión -expresó-, pues si el Constituyente hubiese considerado que dicho interés jurídico era el aplicable para la procedencia de todos los juicios de amparo, no hubiese realizado la distinción que se aprecia entre el primer y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, en virtud de lo cual, esta Suprema Corte requiere dotar de contenido a este interés consagrado en el Texto Constitucional. Así, a consideración de ese Tribunal Pleno, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Así -explicó-, la Constitución expresamente establece que dicho "interés legítimo individual o colectivo", implica que el quejoso será quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de lo que se desprende, en un primer término, que el interés legítimo admite de forma expresa la posibilidad de ser individual o colectivo -cuestión sobre la cual se profundizará más adelante-. Adicionalmente, del interés legítimo consagrado en el texto constitucional, ese Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el mismo posee las características que sobre tal figura jurídica habíamos indicado en la presente sentencia, esto es, el Constituyente Permanente consagró un interés que implica una afectación en la esfera jurídica en un sentido amplio -al no limitar la Constitución este tipo de afectación-, lo cual genera un interés cualificado, actual y real -debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico-, en suma, un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer, que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica del quejoso. Ello es así -refirió-, pues como ya se expuso en la presente sentencia, la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado; es decir, no pueden equipararse los términos ni pueden ser empleados como sinónimos, toda vez que su configuración responde a criterios diversos, sin que ello implique que no puedan coexistir en el mismo procedimiento. Así las cosas -dijo-, resulta posible que el interés legítimo en determinado caso también sea difuso o colectivo, pero tal supuesto no resulta forzoso, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En otras palabras, no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo, situación que se reitera, resultaría contraria al nuevo paradigma en materia de derechos humanos prevista en nuestro Texto Constitucional. Tomando en consideración los anteriores elementos -concluyó nuestro Máximo Tribunal-, es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En suma, se estima que el criterio contenido en la presente sentencia resulta acorde a la finalidad del juicio de amparo a la luz del principio pro persona, pues mediante el mismo se amplía la protección a los derechos fundamentales, al permitir un mayor acceso a tal medio de control de constitucionalidad, situación que redunda de forma directa en un respeto al nuevo paradigma en materia de derechos humanos que el Constituyente Permanente consagró en nuestro Texto Constitucional desde junio de dos mil once. Los anteriores razonamientos se plasmaron en la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: 1. Que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; 2. Que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; 3. La existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; 4. Que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, 5. Que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor literal siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2015235 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CXLVI/2017 (10a.) Página: 490 DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO, PARA ALEGAR SU VIOLACIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo." Ahora bien, cabe señalar que el artículo 21, párrafo décimo, inciso a), de la Constitución Federal, establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación será competencia de la Federación, las Entidades Federativas y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones y regulación. "Artículo. 21. (.) Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: (.) a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. (.)." Sobre el particular, los artículos 1, 62, 63, 64, 65, fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, 67, 68, 140, 141, fracción VI, 151, 154, 166, 170, 172 y 173, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, regulan la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la entidad federativa citada, los cuales textualmente establecen: "Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general, tiene por objeto establecer la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, la coordinación del Estado y sus municipios, y de ambos con la federación, así como el marco jurídico del Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública de conformidad a la distribución de competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública." "Artículo 62. Se crea el Centro, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, el cual será coordinado por el Secretario Ejecutivo y tendrá su domicilio en la capital del Estado." . "Artículo 63. El Centro tiene por objeto efectuar las evaluaciones para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación del personal de Seguridad Pública, auxiliar, privada y de procuración de justicia a nivel estatal y municipal, en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables. El personal de Seguridad Pública de los municipios que laboren o pretendan laborar deberá de ser evaluado por el Centro, de conformidad con los requisitos y procedimientos señalados en la presente Ley." "Artículo 64. El Centro aplicará los exámenes y evaluaciones psicológicas, poligráficas, médicas, toxicológicas y de investigación socioeconómica al personal de seguridad pública, privada y auxiliar, así como de procuración de justicia, apoyándose en las instituciones públicas especializadas para tal efecto; excepcionalmente, cuando no se cuente con la tecnología o el personal especializado, podrá contratarse con el sector privado, atendiendo a la legislación aplicable." "Artículo 65. Al Centro le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. Atender las etapas de selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y certificación de los elementos de Seguridad Pública, auxiliar, privada y de procuración de justicia; II. Practicar las evaluaciones de control de confianza al personal de Seguridad Pública Estatal y Municipal, auxiliar, privada y de procuración de justicia; III. Coordinar y supervisar los procesos de evaluación y control de confianza en los distintos ámbitos de la Seguridad Pública, auxiliar, privada, de procuración de justicia y municipal en términos de lo dispuesto por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; . VI. Establecer las políticas de evaluación y control de confianza conforme a las disposiciones normativas aplicables; VII. Establecer un sistema de registro y control de expedientes de los evaluados, mediante el cual se garantice la confidencialidad y resguardo de los mismos; y, VIII. Las demás que establezcan las disposiciones normativas aplicables." "Artículo 67. Los exámenes y evaluaciones a los que se sujetarán las personas que pretendan ser parte de una corporación de Seguridad Pública, auxiliar, privada o de procuración de justicia, a nivel estatal y municipal serán, cuando menos, los siguientes: I. Toxicológico; II. Médico; III. Psicológico; IV. Poligráfico; y, V. De investigación socioeconómica. . Podrán aplicarse evaluaciones al personal de los cuerpos de Seguridad Pública, auxiliar y privada y de procuración de justicia estatal y municipal, cuando lo estime pertinente el titular de la Institución respectiva o el presidente municipal, o bien, a petición del interesado." "Artículo 68. El resultado de las evaluaciones que emita el Centro, podrá ser cualquiera de las siguientes: I. Aprobado; y, II. No aprobado." PERMANENCIA "Artículo 140. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones de Seguridad Pública." "Artículo 141. Son requisitos de permanencia en las instituciones de Seguridad Pública, los siguientes: . VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; ." CAPÍTULO OCTAVO COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA PARA LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES POLICIALES "Artículo 151. La Comisión de Honor y Justicia conocerá y resolverá toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial y el régimen disciplinario." "Artículo 154. En la Procuraduría se integrará una instancia equivalente en términos de su ley orgánica." CONCLUSIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA "Artículo 166. La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: I. Separación: por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de ascensos concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos; y, b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables. II. Remoción: por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o, III. Baja, por: a) Renuncia; b) Muerte; c) Incapacidad permanente; d) Jubilación; o, e) Retiro." "Artículo 170. El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución, la Constitución Estatal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables, y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación." "Artículo 172. El procedimiento iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad operativa que corresponda, dirigida a la unidad de asuntos internos de la Secretaría, quien realizará las diligencias necesarias, instruirá el procedimiento y propondrá a la Comisión de Honor y Justicia el proyecto de resolución que resulte. El presunto infractor tendrá derecho de audiencia en el procedimiento instaurado y podrá hacerse acompañar de persona que lo asista. Los procedimientos deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento." "Artículo 173. En atención a la gravedad de la falta, se aplicarán las medidas disciplinarias siguientes: I. Apercibimiento; II. Amonestación; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. Suspensión temporal de funciones; y, V. Remoción". De los preceptos transcritos se colige que la aprobación de los procesos de evaluación de control de confianza es un requisito de permanencia para las personas que pretendan ser parte de una corporación de Seguridad Pública, auxiliar, privada o de procuración de justicia, a nivel estatal y municipal. Dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, se encuentra el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, el cual tiene por objeto efectuar las evaluaciones para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación del personal de Seguridad Pública, auxiliar, privada y de procuración de justicia a nivel estatal y municipal, en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables. El Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza aplicará los exámenes y evaluaciones psicológicas, poligráficas, médicas, toxicológicas y de investigación socioeconómica al personal de seguridad pública, privada y auxiliar, así como de procuración de justicia, estos se realizarán a las personas que pretendan ser parte de una corporación de Seguridad Pública, auxiliar, privada o de procuración de justicia, a nivel estatal y municipal, el resultado de las evaluaciones que emita el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, podrá ser cualquiera de las siguientes: I. Aprobado; y, II. No aprobado. Para los miembros del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, para continuar en el servicio activo de las Instituciones de Seguridad Pública, entre esos requisitos, está el de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. La conclusión del servicio de un integrante del Sistema de Seguridad Pública Estatal es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por separación, remoción o baja. La Comisión de Honor y Justicia conocerá y resolverá toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera policial y el régimen disciplinario. De lo anteriormente expuesto, es dable concluir que un resultado no aprobatorio implica necesariamente que se inicie el procedimiento respectivo, ya que si bien cada nivel de gobierno en su respectivo ámbito de competencias tiene la obligación constitucional de regular la forma en que serán evaluados los miembros de las instituciones de seguridad pública, lo cierto es que el resultado de dichas evaluaciones tiene la finalidad de demostrar si el servidor público cumple con los requisitos de permanencia para continuar en la institución, por lo que el hecho de no aprobarlos implica que la autoridad correspondiente inicie de manera inmediata un procedimiento que concluirá con su eventual separación. En consecuencia, el no acreditar el examen de permanencia, actualiza el supuesto de incumplir con un requisito que impida que continúe en su cargo, por lo que invariablemente será instruido un procedimiento de separación en su contra, que será fundado en dicha causa. De ahí que un resultado no satisfactorio implique la causa en la que se funda el procedimiento de separación del cargo, por incumplir un requisito de permanencia. En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Al efecto, se trascribe la parte considerativa de la ejecutoria de mérito: "Por tales motivos, en aras de respetar la garantía de acceso a un recurso judicial efectivo, es que debe estimarse que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra del inicio del procedimiento administrativo de separación de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, ya que de esta manera, aquéllos tendrían la posibilidad de evitar la separación injustificada e inminente de sus cargos frente a diversas ilegalidades que pudieron darle origen al inicio de un procedimiento de este tipo. En este sentido, es menester precisar que el solo inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, no es suficiente para acudir al juicio de amparo indirecto a controvertir tal determinación, sino que es necesario que dicha impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, en los términos apuntados en esta ejecutoria. Al respecto, es válido mencionar que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, ilegalidad de la notificación de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, indebida notificación de esa determinación, falta o indebida motivación y fundamentación del acto, entre otros aspectos. Por tanto, lo afirmado en el párrafo que antecede, no es limitativo en cuanto a las violaciones procesales que pueden hacerse valer en el juicio de amparo indirecto seguido en contra del acto que determina iniciar el procedimiento administrativo de separación, ya que como quedó precisado, debe analizarse en cada caso en concreto, las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto. De esta manera, con la procedencia del juicio de amparo indirecto en estos casos, idóneamente se protege la situación jurídica infringida (derecho al trabajo y a no ser separado de él sin causa justificada) y, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor , se permite la posibilidad de obtener una reparación adecuada (en caso de que en la sentencia correspondiente se determine conceder el amparo, ésta tendría por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación,) por lo que de esta manera no se transgrediría de ninguna forma la proscripción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal." De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), que dice: "Época: Décima Época Registro: 2011659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 49/2016 (10a.) Página: 1329 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. En ese sentido, se concluye que al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo. En consecuencia, el cambio del resultado de "aprobado" a "no aprobado" derivado de la investigación socioeconómica realizada al quejoso, como Policía Municipal de Morelia, Michoacán, por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control del Estado de Michoacán, no afecta su interés jurídico, dado que las violaciones cometidas en el proceso que motivó la variación del resultado, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto que, en su caso, se promueva contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido. Por ende, si en el caso, aún no se ha iniciado el procedimiento administrativo de separación del cargo del quejoso como Policía Municipal de Morelia, Michoacán, es inconcuso que el sólo resultado de "no aprobado" no puede ser combatido de manera aislada a través del presente juicio de amparo, sino que las violaciones cometidas en el proceso del que derivó dicho resultado, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto que, en su caso, se promueva contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2016522 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 31/2018 (10a.) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo". Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 61, fracción XII, 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este órgano jurisdiccional, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. En virtud del sentido del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no se desconoce que mediante escrito presentado el veinticuatro y veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes del juzgado de origen, las autoridades responsables Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, formularon alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional entrar al estudio de las afirmaciones que se realizan en vía de alegatos, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTO. Providencias finales. Con fundamento en el artículo único, fracciones VI y VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional que conoció del expediente para que tenga a bien notificar la presente resolución y continuar con la tramitación del asunto. Solicítese al Juzgado de origen que tenga a bien ordenar la emisión del acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva girar las instrucciones necesarias para informar a este órgano de control constitucional si la presente determinación causó ejecutoria o, en caso de haber sido impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. Finalmente, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), dándolo por concluido y archivado de manera definitiva, toda vez que el auxilio prestado al Juzgado de origen concluyó con la emisión de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Herrejón Ruiz, en contra de los actos reclamados a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza; Comisionado Municipal de Seguridad del Municipio de Morelia, así como al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, todos del Estado de Michoacán, precisados en el considerado segundo, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Cúmplase. Así lo resolvió la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al órgano de control constitucional de origen, hoy veinte de abril de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Iliana Selene Reveles Galicia, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. OBJETA DOCUMENTO DE FALSO. Agréguese a los presentes autos el primero de los oficios de cuenta signado por la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual objeta de falso el documento presentado por el quejoso Víctor Manuel Herrejón Ruiz, consistente en el oficio 147/UMSNH/12/2017, que en copia simple acompañó al escrito de demanda; asimismo, se tiene a la autoridad responsable acompañando a su comunicación, el oficio 199-17/18, relativo a la verificación de autenticidad del documento que nos ocupa, así como copia simple de un certificado de calificaciones y de constancia de estudio. En consecuencia, dígase a la autoridad responsable que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el promovente del amparo exhibió el referido oficio 147/UMSNH/12/2017, en copia simple; aunado a que de las constancias remitidas por la oficiante, así como por las diversas responsables, relativas al acto reclamado, no se desprende que el quejoso haya presentado dicho documento ante ellas, por lo que no fue tomado en cuenta al momento de emitir el acto de molestia. No obstante, se tiene a la autoridad responsable objetando en cuanto a su alcance y valor probatorio el documento que nos ocupa, y vertiendo las manifestaciones a guisa de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que acompaña a su oficio. ALEGATOS. Por otra parte, vista la segunda de las comunicaciones de cuenta signada por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia de derecho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado que se tuvo por recibido en auto de doce de los corrientes; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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