Víctor Manuel Mariano Granados

Expediente 909/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
909/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
13/07/2016

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Mariano Granados
  • Maribel Valencia Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el veintiocho de junio del año en curso; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que desechó la demanda de garantías que promovió Víctor Manuel Mariano Granados, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, cuando esté debidamente digitalizado, archívese como asunto concluido. Por tanto, con apoyo en la certificación de cuenta y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de diecisiete de los cursantes, sin hacer mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de veintiocho de los cursantes se desechó la presente demanda.

  3. Principal

    Autoridad remite constancias. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el que en cumplimiento a la solicitud de diecisiete y veintidós de junio de dos mil dieciséis, remite las constancias solicitada. Por tanto, téngase por desahogada el requerimiento realizado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado, por lo que se provee: Precisión del acto reclamado. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo y del escrito de desahogo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de: La dilación que ha incurrido la responsable en proveer la promoción de ocho de junio de dos mil dieciséis, por la que solicitó el requerimiento de pago en el expediente 2173/2003. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la ley de la materia establece que el juez de Distrito deberá examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso. El citado precepto legal menciona: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, con apoyo en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente. Efectivamente, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la dilación que ha incurrido la responsable en proveer la promoción de ocho de junio de dos mil dieciséis, por la que solicitó el requerimiento de pago en el expediente 2173/2003 Ahora, con relación al acto reclamado señalado en líneas precedentes es pertinente asentar lo que establecen el artículo y fracción citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Establecido lo anterior se precisa que para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de garantías, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, en el caso, debe tenerse en cuenta el contenido de las constancias que exhibió la responsable en atención al requerimiento de diecisiete y veintidós anterior, de las que se advierte en el juicio laboral 2173/2003 de su registro, se emitió un proveído el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, en atención a un escrito presentado el ocho anterior, por el que se advierte que dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento Constitucional de Xonacatlan, México, por consiguiente, es incuestionable que cesó en sus efectos el acto reclamado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, por lo que se debe estimar que el acto reclamado cesó y, por tanto, ya no agravia a la quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 356 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), Novena Época, de rubro: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE CUENTA por notoriamente improcedente. No obsta que sea de fecha anterior, la determinación pronunciada la responsable, toda vez que en cumplimiento al requerimiento de diecisiete y veintidós de junio de dos mil dieciséis, estas fueron remitidas, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se agrega oficio. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el cual remite copia certificada de la constancia de notificación del proveído de veintiuno anterior, dictado en el expediente 2173/2003 de su índice. Satisfecho requerimiento. En esas condiciones, se tiene por satisfechos el requerimiento formulado a la autoridad responsable, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado, lo anterior en atención a lo proveído en líneas precedentes.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1760/2015, promovido por * contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones y términos expuestos en los considerandos tercero inciso A) y último de este fallo.

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