Víctor Manuel Mariano Granados
Expediente 1819/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1819/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/12/2016
Partes del expediente
- Víctor Manuel Mariano Granados
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. ANOTACIONES. Vista la demanda con la que se da cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1819/2016-IV-A. DESECHAMIENTO. El juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Preceptos legales de cuya interpretación armónica, se advierte la procedencia del juicio de amparo en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia cuando, estos, sean de carácter irreparable. Ahora, el prototipo de los actos de naturaleza irreparable está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como género. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en ejecución de sentencia, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado por afectar sus derechos sustantivos Sentado lo anterior, el quejoso reclama la abstención de acordar la promoción ingresada ante la oficialía de partes de la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual peticionó la impetrante de garantías que se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, así como en su caso decretar las medidas de apremio respectivas, dentro del expediente laboral 2176/2003. Sin embargo, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga una determinación favorable a sus pretensiones en el juicio. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Consideraciones que, atenta al contenido de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, operan en tratándose del procedimiento o etapa de ejecución de una sentencia, o como es el caso un laudo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues el suscrito estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que el tribunal responsable, omita acordar la promoción ingresada ante la oficialía de partes de la autoridad responsable el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual peticionó que se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, así como en su caso decretar las medidas de apremio respectivas, dentro del expediente laboral 2176/2003, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento de ejecución del laudo emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se depositó el escrito relativo al petición contenida en el mismo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte el acuerdo legal correspondiente, pues apenas el veinticinco de noviembre del año en curso se ingresó la misiva relativa a la solicitud de la aquí impetrante de garantías, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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