Víctor Manuel López López
Expediente 900/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Víctor Manuel López López
- Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hubiese pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó y finalizó la sentencia constitucional, en cuyo punto resolutivo se estableció: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, en contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero y considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de ésta resolución. " En auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que: ".el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de la ejecutoria de la presente resolución, dicte el auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral ********************, de su índice." Por su parte, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante oficio número ********************, de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, remitió al efecto copias certificadas del auto de veintisiete de octubre del mismo año, en el que las partes llegaron a un convenio para cumplimentar el laudo de veintidós de septiembre del dos mil dieciséis y se condenó al pago de las prestaciones y salarios caídos reclamados por el quejoso, el cual hasta el día en el que se cumplimentara el convenio ascendía a la cantidad de ******************** y que bajo protesta de decir verdad se le entregó de manera extrajudicial al quejoso la cantidad de ********************, mismos que se le entregarían en DOS PAGOS, efectuándose el PRIMER PAGO en la fecha del citado acuerdo, por la cantidad de ******************** en EFECTIVO y el SEGUNDO PAGO se haría el ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO a las TRECE HORAS por la cantidad de ********************, en las instalaciones de dicha Junta; y se ordenó girar atento oficio correspondiente a la institución bancaria denominada ********************, con la finalidad de que desbloqueara la cuenta bancaria número ******************** a nombre de ********************., la cual fue embargada en diligencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece y mediante el oficio ********************, esto en virtud del arreglo conciliatorio al que llegaron las partes. Asimismo, mediante el mismo oficio, el responsable remitió las copias certificadas del acuerdo de once de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se exhibió la cantidad de ********************, a favor de ********************, quien se le tuvo por recibiendo la cantidad antes señalada para su entera satisfacción, por lo que en ese acto se tuvo a las partes por dando total cumplimiento al convenio de fecha veintisiete de octubre del dos mil dieciséis y en ese acto se elevó dicho convenio a la categoría de laudo debidamente ejecutoriado en todos sus modos y términos y se ordenó el archivo definitivo del expediente laboral ********************. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2° parte in fine, mismas de las que se advierte que la responsable ha celebrado un convenio con la partes, el cual ya se ha cumplimentado y el asunto se encuentra totalmente concluido. En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud del convenio al que llegaron las partes en el juicio de origen, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO a ********************. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 586, del tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso". Asimismo, la tesis P. XCV/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento". De igual manera, la tesis P. XCIV/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que mediante oficio 2237/2016 la Presidente de la Junta responsable en su representación y del Actuario de su adscripción, remitió diversas constancias con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho cumplimiento, por el término de tres días contados a partir de que tengan conocimiento del mismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga y una vez transcurrido ese lapso, se dictará la resolución que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el telegrama y oficio de cuenta de la Presidente en Función de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, por los cuales comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; en virtud de que la citada sentencia está pendiente de causar ejecutoria, se reserva acordar lo conducente.
- Principal
ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARAY PROteGE.
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