Victor Manuel Huchin Ucán
Expediente 265/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Victor Manuel Huchin Ucán
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el RECURSO de INCONFORMIDAD en contra de la determinación de diez de octubre del año que transcurre, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector concedido, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
diecinueve.********************Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público.********************Así, se tiene que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo y el dieciséis de mayo siguiente el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, dictó sentencia respectiva (fojas 24 a 40), en cuyo resolutivo primero, se concedió a la parte quejosa la Protección de la Justicia Federal. ********************En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto siguiente:********************Deje insubsistente la fecha señalada para las ocho horas con treinta minutos del ocho noviembre de dos mil diecinueve, y fije una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto dentro de los quince días siguientes.****************************************Ordene al actuario de su adscripción que emplace a la parte demandada dentro de los autos del juicio laboral ********************, y vigile su cumplimiento; esto es, que se lleve a cabo el emplazamiento aludido.****************************************Concesión que se hace extensiva al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche.****************************************Por auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 56 a 57) dicha sentencia causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector.********************Por oficios SA-2048/2019, SA-2692/2019 y SA-3453/2019, de veintiuno de junio (foja 61) trece de agosto (foja 117) y veinticuatro de septiembre (foja 128), todos del presente año, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado -representación de dicho órgano colegiado y actuario de su adscripción- residente en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió tanto copias autógrafas como certificadas de diversos acuerdos dictados en el juicio laboral ********************. ********************Del examen de las referidas documentales, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables, efectuaron los siguientes actos:********************Mediante acuerdo de veintiuno de junio dos mil dieciocho, se dejó sin efectos las ocho horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, señaladas en audiencia de veinticinco de febrero actual, y, en su lugar, se fijaron las once horas con treinta minutos del diecinueve de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 62).********************Por auto de trece de agosto del presente año, proveyó en relación a la razón actuarial de misma fecha, en la que al actuario de su adscripción hizo constar la imposibilidad de notificar y emplazar a los demandados ********************todos de apellidos ********************, por lo que le concedió el término de tres días hábiles a la parte actora, para que manifestara el domicilio nuevo y correcto en que deberían ser notificados los referidos demandados (foja 118).********************En auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no interpuesta la demanda en contra de los demandados en el juicio laboral de origen, ordenando en ese acto, el archivo definitivo del expediente, por carecer de materia al tratarse de un asunto concluido, dado el incumplimiento de la parte actora en el término concedido por esa autoridad.****************************************En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de haberse tenido por no interpuesta la demanda laboral por el quejoso, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO A ******************** ********************Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 586, que a la letra dice: ********************"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso".****************************************Asimismo, la tesis P. XCV/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Junio de 1997, novena época, página 165, del rubro y texto siguientes:******************** "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento.".****************************************De igual manera, la tesis P. XCIV/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, novena época, consultable en la página 167, del tenor siguiente: ******************** "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto.".****************************************Notifíquese;
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISA A LA PARTE QUEJOSA. este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO A ********************
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguese a sus autos el oficio y su anexo de cuenta, remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y en representación del Actuario adscrito, ambas con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio SA. 2692/2019 y constancia que le acompaña, registrado con el número 23112; por el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con los datos aportados por la autoridad oficiante.
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