Víctor Manuel Juárez García
Expediente 656/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México
- Víctor Manuel Juárez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia que negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; el sumario es susceptible de depuración, pues se negó la protección constitucional. No obran documento en términos del numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 656/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 656/2021, promovido por ..., contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México,; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la sentencia definitiva de fecha siete de julio del año dos mil veintiuno." Segundo. Admisión. El diecinueve de agosto siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no formuló intervención y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintiuno, en el toca 699/2021, por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Trigésimo Octavo de la propia especialidad y residencia, en el juicio de divorcio sin causa 1444/2019, que en la materia de agravio, fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes y la colitigante, el treinta y cinco por ciento del sueldo del inconforme. La ejecución mediante oficio a la fuente de trabajo, para hacer el descuento porcentual. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El veintiuno de abril de dos mil diecinueve, la tercera interesada demandó del quejoso la disolución del vínculo matrimonial, la guarda y custodia del menor hijo de ambos, una pensión alimentaria equivalente al cuarenta y cinco por ciento del salario, entre otras acciones. 2. Previo desahogo de prevención, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y en lo conducente se dictó la siguiente determinación: "(.) - - - Ciudad de México, a seis de septiembre del año dos mil diecinueve - - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de la C. ..., por medio del cual se le tiene desahogando la prevención ordenada por auto de fecha veintiséis de agosto del año en curso, por lo que su escrito inicial se provee en los siguientes términos. "Se tiene a la ocursante por propio derecho, presentando solicitud de DIVORCIO INCAUSADO, en base a los hechos y consideraciones legales que invoca, por lo que con fundamento en los artículos 266 y 267 del Código Civil y 255, 256 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles se da trámite a la presente solicitud, con excepción de la prestación marcada con el inciso G), dejando a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda; CON LAS COPIAS SIMPLES EXHIBIDAS MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL CÓRRASE TRASLADO AL C. ..., haciéndole saber que tiene QUINCE DÍAS para manifestar su conformidad con la propuesta del convenio que formula la cónyuge, o en su caso, presentar contrapropuesta, debiendo ofrecer las pruebas respectivas que a sus intereses convengan relacionadas con dicha propuesta."; "(.) Atendiendo a la medida provisional solicitada bajo el inciso B), toda vez que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 282 apartado A fracción II del código civil, 940 y 941 del código procesal civil se decreta como pensión alimenticia provisional para la ocursante y el menor hijo de las partes de nombre (.) a cargo del C. ... en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO en forma MENSUAL del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba el demandado, quien presta sus servicios en la empresa denominada ...., y para hacer efectiva dicha pensión, GÍRESE ATENTO OFICIO AL C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MENCIONADA, para que se sirva ordenar a quien corresponda, realice el descuento del porcentaje decretado y la cantidad que resulte sea entregada a los beneficiarios alimentistas por conducto de la parte actora en los periodos acostumbrados de pago." 3. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de apelación que fue sentenciado el siete de julio de dos mil veintiuno en el toca 699/2021, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO. Son INFUNDADOS los motivos de disenso que esgrimió el recurrente, señor ..., en el presente recurso de apelación; en consecuencia; SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto impugnado." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. 4. Paralelamente, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia que disolvió el vínculo que unió en matrimonio al quejoso con la tercera interesada. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: El acto reclamado contraviene las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, imparcialidad y acceso a la jurisdicción previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 311, 311 ter y 312 del Código Civil, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, porque la autoridad dejó de revisar que la colitigante tiene recursos para satisfacer sus propias necesidades y las del menor hijo de ambos. El porcentaje impuesto por alimentos es desproporcional porque la autoridad dejó de allegarse de las pruebas que demostraran las necesidades de los acreedores. Tampoco fue considerado que ambos progenitores deben participar en el cumplimiento de la obligación frente al infante, pues debió recabar pruebas para advertir los haberes, fondos y capital de la progenitora. La sentencia combatida carece de fundamentación y motivación por dejar de observar la falta de pruebas que demuestren los rubros integrados en la solicitud de la parte actora, sobre los cuales se impuso el porcentaje cuestionado. El tribunal de alzada debió fijar una pensión definitiva y no una provisional, conforme a los ordinales 311, 311 TER y 312 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, puesto que la sala responsable se refirió a los hechos que integraron la medida provisional solicitada, y a las circunstancias que concurrieron en el entorno familiar que originaron la controversia. Además, la Ad Quem expuso premisas, razones y argumentaciones para sustentar sus conclusiones, pues indicó: - Que los alimentos en relación a la familia, genera derechos y obligaciones que sus integrantes deben cumplir y hacer valer, y si bien el juicio principal versa sobre el divorcio, aun ante su disolución los alimentos de las partes son inherentes. - Los alimentos deben fijarse acorde a las percepciones del deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimentario, porque la pensión es necesaria y de tracto sucesivo para preservar la vida, y la obligación de ministrarlos está en los artículos 302 y 303 del Código Civil local. - Sobre el porcentaje establecido, se trata de los alimentos provisionales que se tramitan sin audiencia del deudor y es obligación judicial dictarla, de modo que pueden fijarse únicamente con la información presentada con la demanda, porque son de orden público, importancia urgente y está relacionado un menor. - Por ello se justifica dejar de analizar meticulosamente cada actuación o documento, porque eso podría afectar el desarrollo físico y emocional del infante, autoestima, relaciones sociales vínculo afectivo, sentido de pertenencia y menoscabar sus derechos humanos por dejar de llevar el modo de vida acostumbrado. - Al resolverse en definitiva se analizaran las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor con las pruebas aportadas, y en todo caso concretarse de manera proporcional conforme al ordinal 311 del Código Civil para esta Ciudad. - Sobre la distribución de las obligaciones entre los cónyuges, acorde a los dispositivos 164 y 302 del Código Civil aplicable, ambos deben asumir ese deber, y el que se dedicó preponderantemente al hogar tiene derecho a recibirlos. - La progenitora sostuvo no contar con un trabajo fijo y que desde el alumbramiento se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y del menor, por ello tiene la presunción de necesitar alimentos. - Sobre el detrimento patrimonial alegado, al ser de tracto sucesivo y consumo inmediato no pueden ser devueltos, aunque impliquen erogaciones patrimoniales, porque tampoco se pueden negar al hijo de las partes, además, al ponderarlos se privilegian los derechos alimentarios y los autos demuestran que el quejoso era el sostén del hogar. Adicionalmente, consta en el acto reclamado que la sala responsable invocó las normas y principios constitucionales que consideró aplicables, la reglamentación interamericana que apoyaba sus inferencias, así como el respaldo legal adjetivo y sustantivo que en su concepto garantizaban las conclusiones, y los criterios de los órganos federales. Con ese ejercicio judicial se satisface la garantía de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque se satisface el deber de fundamentación y motivación. Esto es, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En ese sentido es infundado el concepto de violación donde se alega falta de fundamentación y motivación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por otra parte, también es infundado el motivo de inconformidad donde se alega que la acreedora carece de derecho a que se le ministren alimentos por tener recursos propios, porque la prerrogativa que le constituye esa posibilidad no es tener o carecer de fondos propios, sino sustancialmente haberse dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado del menor hijo de las partes. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 269/2014 y 230/2014, respectivamente, determinó que de los artículos 4o. de la Constitución Federal y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. En los precedentes citados, se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos. De entre el tipo de vínculos jurídicos a los cuales se refirió el Alto Tribunal destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio; tocante a la última se señaló que una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. La finalidad de tal compensación es dotar al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar de un ingreso suficiente, hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios de subsistencia. Posteriormente, dicha Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 359/2014 consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución. Ahora, es correcta la premisa de la cual parte la sala responsable consistente en que acorde a las constancias del expediente, las partes señalan como nota en común que formaron un núcleo familiar bajo la figura del matrimonio, además que al amparo de ésta sus miembros se repartieron y/o asignaron roles concretos al interior para satisfacer las necesidades corrientes y extraordinarias. Además, que con motivo de esos hechos el quejoso asumió la titularidad de las cargas económicas y de manutención financiera de la familia, y que la tercera interesada preponderantemente se dedicó al hogar y al cuidado del mejor hijo de las partes, desplazando la actividad que monetariamente la sostenía previo a la conformación de la ulterior realidad jurídica. De ahí se sigue la congruencia con los términos de la acción instada, donde se demandó alimentos para el infante con motivo del vínculo familiar con el deudor, y para la progenitora merced del periodo en el cual abandonó la expectativa financiera propia, para asumir un rol familiar preponderantemente al hogar y cuidado del infante. De modo que si de forma común esos hechos son asumidos por las partes y principalmente, fundan y motivan la acción de alimentos, dan contenido y extensión a los derechos exigidos, por lo que es claro que el acto reclamado es fiel al orden normativo ya que en el caso del matrimonio la legislación familiar local establece una obligación de dar alimentos, como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Además, aun ante el escenario de cesar el vínculo matrimonial no impide reconocer el apuntado deber alimentario, los contextos y/o realidades que pudieron imperar en la relación disuelta, como los desequilibrios económicos, profesionales que derivaron en realidades financieras disparejas, o en general los pactos internos para asumir o dejar de desarrollar labores económicamente remuneradas, como la administración del hogar, pues en esos casos el cónyuge que fue monetariamente improductivo, tiene derecho a demandar y recibir una pensión. Tal derecho está sujeto a límites que se obtienen del artículo 288, último párrafo, del Código Civil para el entonces Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, donde se prevé que para los casos de divorcio el ex cónyuge que haya desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá exigirlos, además, que dicha obligación será periódica y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor; asimismo, prevén que la obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la vida en común. Como se ve, aunque el legislador previera que la finalidad de la pensión compensatoria sea la subsistencia alimentaria, por haberse generado dependencia económica, en el caso de la vida en común disuelta este derecho se extingue hasta el transcurso de un término igual a la duración de aquel. La lógica de tal circunstancia atiende a que durante el plazo "compensado", la parte o cónyuge que se encontró, se ubicó o fue colocado en una situación económicamente improductiva, no compensada o de dependencia financiera, tenga la oportunidad de hacerse de los recursos que por sí sólo le garanticen la satisfacción del derecho que previamente le ministraba su colitigante. Por tal motivo, es irrelevante que la progenitora tenga ingresos y cuente con capital propio; en esos términos es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2007988, que dice: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. ... ." En cuanto al diverso concepto de violación donde se cuestiona la metodología para fijar los alimentos provisionales, es infundado porque tienen la naturaleza jurídica de una medida provisoria de carácter urgente, que válidamente se puede fundar en las constancias exhibidas en el expediente hasta ese momento. En efecto, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado por la regla que reconoce la fuente de derechos y obligaciones alimentarias en la familia. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer, mediante las circunstancias impeditivas, constitutivas o modificativas de derechos propios y/o de su colitigante; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tienen como condición suficiente requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, en el que se deberá asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene relación la jurisprudencia PC.I.C. J/13 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2009944, de la Décima Época, que dice: "ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco (consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o vínculo jurídico, es decir, el matrimonio." Sobre esa base se contesta que la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes y los rubros solicitados que se relacionaron con la información proporcionada, lo cual cumple con los parámetros normativos exigidos, en cuanto a la posibilidad porque el deudor corroboró que integró la familia en el domicilio señalado como conyugal, además de ser el sostén económico de su familia, y la necesidad, por representar un factor relativo al nivel de vida que tuvieron durante la familia. Lo cual se constata al revisar que la actora incluyó en la planilla de gastos los relativos a la manutención de la familia como son pago de renta, pago de gastos escolares, pago de gastos médicos, alimentos diarios propiamente y recreación, y para corroborar la necesidad de éstos en el porcentaje demandado para ambos, aportó constancias de recibos de pago de nómina, de pago por servicios, mantenimiento y de compra de enseres de consumo diario. Por lo cual es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios de los porcentajes porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes, que tienen una vinculación entre lo demandado y el factor "nivel de vida" construido como punto de referencia para establecer la cantidad a satisfacer, y estimar que sí está en las posibilidades del deudor. A lo cual se suma que si la quejosa tiene el carácter de acreedor alimentario del tercero interesado, por haberse dedicado preponderantemente al cuidado y atención del menor hijo de las partes, y así haber fundado la acción de petición de alimentos, y tener bajo sus cuidados al infante, se puede inferir que ha destinado preponderantemente sus recursos humanos a ese fin. De donde se sigue que la progenitora gestiona la administración de los fondos que ministra el deudor, para satisfacer los rubros del concepto "alimentos", y con motivo de ello debe presumirse que ha tenido el control y conoció de las necesidades alimentarias en este caso propios de ambos acreedores, de modo que ese conocimiento le permitió enlistar y atribuir de contenido la medida provisional que solicitó para fijar un porcentaje determinado por alimentos, al amparo de los rubros que también indicó. En suma, al contrastar la panilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y para robustecer su demanda exhibió sendas documentales de los pagos y contratación de los bienes que en su concepto satisfacían los alimentos indispensables de la parte acreedora. En tanto que la solicitante argumentó que la determinación del porcentaje demandado atendía también al nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que hicieron vida en familia integrada. De igual modo, se obtiene que el acto reclamado predica las posiciones de las partes, porque valora la posición de la quejosa como acreedora, sus alegaciones en el sentido de haberse dedicado al cuidado del menor hijo de las partes, para no atribuirle desplazamiento económico, las necesidades opuestas y que fueron demostradas en relación a los dos acreedores conjuntamente, así como la intervención del deudor. En esa dimensión de las circunstancias, no asiste razón al inconforme al señalar que los rubros y montos fueron determinados discrecionalmente, ni que fueran necesarias mas pruebas, porque en realidad tienen la lógica del contexto fáctico construido por las partes, sustentado además en las pruebas ofrecidas. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Finalmente, es infundado el concepto de violación donde se alega que la autoridad debió proveer sobre los alimentos en definitiva, porque las obligaciones alimentarias a futuro son objeto de prueba, lo cual puede fundar la modificación del porcentaje actual. En efecto, si se asume que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato, entonces se sigue que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, que el derecho de alimentación proviene de la ley y no de circunstancias disponibles, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular de la prerrogativa para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Dado que al nacer esta obligación del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no implica arriesgar esa situación autorizando la celebración de esta clase de acuerdo de voluntades, puesto que por su conducto podría llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador. De ahí que también se comprenda el porqué el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido a futuro, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. En ese sentido, los alimentos también constituyen un límite a la adquisición de derechos que la ley confiere al acreedor, a partir de las relaciones familiares que se desarrollen a futuro a partir de la conformación de una unidad familiar, pues tal derecho tiene como finalidad proveer únicamente la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos tendrán que proporcionarse a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien los recibe. De modo que la posibilidad de modificar el derecho a percibir alimentos se produce amen de una variación en las posibilidades económicas del deudor, o en las necesidades del acreedor, en atención a las diversas circunstancias que determinan la modificación en las posibilidades del deudor alimentista, o las necesidades de los propios acreedores, para lo cual ese cambio en las circunstancias del deudor debe quedar demostrado. Además, las normas que prevén la posibilidad de ajustar los aspectos inherentes a la familia a la realidad de cada caso, se encuentra una diversa regla operativa bajo la cual se permite a las partes incorporar, reducir o bien cesar los rubros que complementan sus deberes alimentarios sin dejar de garantizarlos a quien tiene derecho a seguir recibiéndolos. Por lo cual es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.3o.C.496 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178080, que dice: "ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA PRINCIPAL O INCIDENTAL. La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias. Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como única vía de modificación la incidental ni prohíba que un órgano jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un distinto juzgador haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que la demostración de que cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la acción de alimentos, exigencia a la que se limita el precepto de referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la instauración de una nueva controversia que debe iniciar con una demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía incidental, ante quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso, donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho del demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el nuevo juicio. Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos procedimientos la parte reo estará en posibilidad de oponer excepciones y defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su capacidad de defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor plazo para contestar la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del cual debe citar para la audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer la acción en vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la controversia, porque tiende a satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la solución por una cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes hayan tenido la debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir, que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, constatado lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre esa prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de controversias." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 10 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 656/2021, promovido por ..., contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México,; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la sentencia definitiva de fecha siete de julio del año dos mil veintiuno." Segundo. Admisión. El diecinueve de agosto siguiente, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Fiscal federal adscrita, se requirieron informes justificados; y se ordenó emplazar al tercero interesado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no formuló intervención y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia dictada el siete de julio de dos mil veintiuno, en el toca 699/2021, por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Trigésimo Octavo de la propia especialidad y residencia, en el juicio de divorcio sin causa 1444/2019, que en la materia de agravio, fijó como alimentos provisionales mensuales para el hijo de las partes y la colitigante, el treinta y cinco por ciento del sueldo del inconforme. La ejecución mediante oficio a la fuente de trabajo, para hacer el descuento porcentual. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El veintiuno de abril de dos mil diecinueve, la tercera interesada demandó del quejoso la disolución del vínculo matrimonial, la guarda y custodia del menor hijo de ambos, una pensión alimentaria equivalente al cuarenta y cinco por ciento del salario, entre otras acciones. 2. Previo desahogo de prevención, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y en lo conducente se dictó la siguiente determinación: "(.) - - - Ciudad de México, a seis de septiembre del año dos mil diecinueve - - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de la C. ..., por medio del cual se le tiene desahogando la prevención ordenada por auto de fecha veintiséis de agosto del año en curso, por lo que su escrito inicial se provee en los siguientes términos. "Se tiene a la ocursante por propio derecho, presentando solicitud de DIVORCIO INCAUSADO, en base a los hechos y consideraciones legales que invoca, por lo que con fundamento en los artículos 266 y 267 del Código Civil y 255, 256 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles se da trámite a la presente solicitud, con excepción de la prestación marcada con el inciso G), dejando a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda; CON LAS COPIAS SIMPLES EXHIBIDAS MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL CÓRRASE TRASLADO AL C. ..., haciéndole saber que tiene QUINCE DÍAS para manifestar su conformidad con la propuesta del convenio que formula la cónyuge, o en su caso, presentar contrapropuesta, debiendo ofrecer las pruebas respectivas que a sus intereses convengan relacionadas con dicha propuesta."; "(.) Atendiendo a la medida provisional solicitada bajo el inciso B), toda vez que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 282 apartado A fracción II del código civil, 940 y 941 del código procesal civil se decreta como pensión alimenticia provisional para la ocursante y el menor hijo de las partes de nombre (.) a cargo del C. ... en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO en forma MENSUAL del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba el demandado, quien presta sus servicios en la empresa denominada ...., y para hacer efectiva dicha pensión, GÍRESE ATENTO OFICIO AL C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MENCIONADA, para que se sirva ordenar a quien corresponda, realice el descuento del porcentaje decretado y la cantidad que resulte sea entregada a los beneficiarios alimentistas por conducto de la parte actora en los periodos acostumbrados de pago." 3. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de apelación que fue sentenciado el siete de julio de dos mil veintiuno en el toca 699/2021, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO. Son INFUNDADOS los motivos de disenso que esgrimió el recurrente, señor ..., en el presente recurso de apelación; en consecuencia; SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto impugnado." Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. 4. Paralelamente, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia que disolvió el vínculo que unió en matrimonio al quejoso con la tercera interesada. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: El acto reclamado contraviene las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, imparcialidad y acceso a la jurisdicción previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 311, 311 ter y 312 del Código Civil, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, porque la autoridad dejó de revisar que la colitigante tiene recursos para satisfacer sus propias necesidades y las del menor hijo de ambos. El porcentaje impuesto por alimentos es desproporcional porque la autoridad dejó de allegarse de las pruebas que demostraran las necesidades de los acreedores. Tampoco fue considerado que ambos progenitores deben participar en el cumplimiento de la obligación frente al infante, pues debió recabar pruebas para advertir los haberes, fondos y capital de la progenitora. La sentencia combatida carece de fundamentación y motivación por dejar de observar la falta de pruebas que demuestren los rubros integrados en la solicitud de la parte actora, sobre los cuales se impuso el porcentaje cuestionado. El tribunal de alzada debió fijar una pensión definitiva y no una provisional, conforme a los ordinales 311, 311 TER y 312 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, puesto que la sala responsable se refirió a los hechos que integraron la medida provisional solicitada, y a las circunstancias que concurrieron en el entorno familiar que originaron la controversia. Además, la Ad Quem expuso premisas, razones y argumentaciones para sustentar sus conclusiones, pues indicó: - Que los alimentos en relación a la familia, genera derechos y obligaciones que sus integrantes deben cumplir y hacer valer, y si bien el juicio principal versa sobre el divorcio, aun ante su disolución los alimentos de las partes son inherentes. - Los alimentos deben fijarse acorde a las percepciones del deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimentario, porque la pensión es necesaria y de tracto sucesivo para preservar la vida, y la obligación de ministrarlos está en los artículos 302 y 303 del Código Civil local. - Sobre el porcentaje establecido, se trata de los alimentos provisionales que se tramitan sin audiencia del deudor y es obligación judicial dictarla, de modo que pueden fijarse únicamente con la información presentada con la demanda, porque son de orden público, importancia urgente y está relacionado un menor. - Por ello se justifica dejar de analizar meticulosamente cada actuación o documento, porque eso podría afectar el desarrollo físico y emocional del infante, autoestima, relaciones sociales vínculo afectivo, sentido de pertenencia y menoscabar sus derechos humanos por dejar de llevar el modo de vida acostumbrado. - Al resolverse en definitiva se analizaran las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor con las pruebas aportadas, y en todo caso concretarse de manera proporcional conforme al ordinal 311 del Código Civil para esta Ciudad. - Sobre la distribución de las obligaciones entre los cónyuges, acorde a los dispositivos 164 y 302 del Código Civil aplicable, ambos deben asumir ese deber, y el que se dedicó preponderantemente al hogar tiene derecho a recibirlos. - La progenitora sostuvo no contar con un trabajo fijo y que desde el alumbramiento se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y del menor, por ello tiene la presunción de necesitar alimentos. - Sobre el detrimento patrimonial alegado, al ser de tracto sucesivo y consumo inmediato no pueden ser devueltos, aunque impliquen erogaciones patrimoniales, porque tampoco se pueden negar al hijo de las partes, además, al ponderarlos se privilegian los derechos alimentarios y los autos demuestran que el quejoso era el sostén del hogar. Adicionalmente, consta en el acto reclamado que la sala responsable invocó las normas y principios constitucionales que consideró aplicables, la reglamentación interamericana que apoyaba sus inferencias, así como el respaldo legal adjetivo y sustantivo que en su concepto garantizaban las conclusiones, y los criterios de los órganos federales. Con ese ejercicio judicial se satisface la garantía de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque se satisface el deber de fundamentación y motivación. Esto es, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En ese sentido es infundado el concepto de violación donde se alega falta de fundamentación y motivación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por otra parte, también es infundado el motivo de inconformidad donde se alega que la acreedora carece de derecho a que se le ministren alimentos por tener recursos propios, porque la prerrogativa que le constituye esa posibilidad no es tener o carecer de fondos propios, sino sustancialmente haberse dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado del menor hijo de las partes. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 269/2014 y 230/2014, respectivamente, determinó que de los artículos 4o. de la Constitución Federal y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. En los precedentes citados, se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos. De entre el tipo de vínculos jurídicos a los cuales se refirió el Alto Tribunal destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio; tocante a la última se señaló que una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. La finalidad de tal compensación es dotar al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar de un ingreso suficiente, hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios de subsistencia. Posteriormente, dicha Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 359/2014 consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución. Ahora, es correcta la premisa de la cual parte la sala responsable consistente en que acorde a las constancias del expediente, las partes señalan como nota en común que formaron un núcleo familiar bajo la figura del matrimonio, además que al amparo de ésta sus miembros se repartieron y/o asignaron roles concretos al interior para satisfacer las necesidades corrientes y extraordinarias. Además, que con motivo de esos hechos el quejoso asumió la titularidad de las cargas económicas y de manutención financiera de la familia, y que la tercera interesada preponderantemente se dedicó al hogar y al cuidado del mejor hijo de las partes, desplazando la actividad que monetariamente la sostenía previo a la conformación de la ulterior realidad jurídica. De ahí se sigue la congruencia con los términos de la acción instada, donde se demandó alimentos para el infante con motivo del vínculo familiar con el deudor, y para la progenitora merced del periodo en el cual abandonó la expectativa financiera propia, para asumir un rol familiar preponderantemente al hogar y cuidado del infante. De modo que si de forma común esos hechos son asumidos por las partes y principalmente, fundan y motivan la acción de alimentos, dan contenido y extensión a los derechos exigidos, por lo que es claro que el acto reclamado es fiel al orden normativo ya que en el caso del matrimonio la legislación familiar local establece una obligación de dar alimentos, como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Además, aun ante el escenario de cesar el vínculo matrimonial no impide reconocer el apuntado deber alimentario, los contextos y/o realidades que pudieron imperar en la relación disuelta, como los desequilibrios económicos, profesionales que derivaron en realidades financieras disparejas, o en general los pactos internos para asumir o dejar de desarrollar labores económicamente remuneradas, como la administración del hogar, pues en esos casos el cónyuge que fue monetariamente improductivo, tiene derecho a demandar y recibir una pensión. Tal derecho está sujeto a límites que se obtienen del artículo 288, último párrafo, del Código Civil para el entonces Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, donde se prevé que para los casos de divorcio el ex cónyuge que haya desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá exigirlos, además, que dicha obligación será periódica y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor; asimismo, prevén que la obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la vida en común. Como se ve, aunque el legislador previera que la finalidad de la pensión compensatoria sea la subsistencia alimentaria, por haberse generado dependencia económica, en el caso de la vida en común disuelta este derecho se extingue hasta el transcurso de un término igual a la duración de aquel. La lógica de tal circunstancia atiende a que durante el plazo "compensado", la parte o cónyuge que se encontró, se ubicó o fue colocado en una situación económicamente improductiva, no compensada o de dependencia financiera, tenga la oportunidad de hacerse de los recursos que por sí sólo le garanticen la satisfacción del derecho que previamente le ministraba su colitigante. Por tal motivo, es irrelevante que la progenitora tenga ingresos y cuente con capital propio; en esos términos es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2007988, que dice: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. ... ." En cuanto al diverso concepto de violación donde se cuestiona la metodología para fijar los alimentos provisionales, es infundado porque tienen la naturaleza jurídica de una medida provisoria de carácter urgente, que válidamente se puede fundar en las constancias exhibidas en el expediente hasta ese momento. En efecto, como se informa en los antecedentes de esta sentencia, el acto reclamado fue emitido como una medida de carácter urgente, para regir en un periodo transitorio, atender a una necesidad perentoria, amainar una situación de alta entidad, en compatibilidad con obligaciones deducidas de un núcleo familiar determinado por la regla que reconoce la fuente de derechos y obligaciones alimentarias en la familia. Por esa causa, por regla general, los alimentos de carácter provisional se sujetan a un régimen de valoración que otorga al juzgador familiar un margen de discrecionalidad, acotado por las circunstancias que a su vez, las propias partes involucradas deben moderar, alinear o componer, mediante las circunstancias impeditivas, constitutivas o modificativas de derechos propios y/o de su colitigante; de ese modo se atribuye objetividad a la determinación judicial mediante la incorporación al expediente de la información correspondiente, para que sean objeto de valoración. Aun en tratándose de una determinación cautelar de carácter provisorio, los alimentos deben responder a la fórmula de la proporcionalidad necesidad (acreedor) y posibilidades (deudor); sin que esa ponderación pueda realizarse con una puntualidad exhaustiva o intensa, sino básica, porque así lo amerita la urgencia con la cual se pide. Los alimentos provisionales tienen como condición suficiente requisitos mínimos que den cuenta indiciaria de las variables de hecho, porque en su fijación definitiva es donde habrán de concurrir un estudio profundo, en el que se deberá asumir una actividad probatoria cabal, para que la autoridad familiar en su caso pueda regular y particularizar con mayor rigor objetivo las obligaciones concurrentes. Tiene relación la jurisprudencia PC.I.C. J/13 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2009944, de la Décima Época, que dice: "ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco (consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o vínculo jurídico, es decir, el matrimonio." Sobre esa base se contesta que la determinación de la sala responsable demuestra que analizó, valoró y consideró los elementos aportados por las partes y los rubros solicitados que se relacionaron con la información proporcionada, lo cual cumple con los parámetros normativos exigidos, en cuanto a la posibilidad porque el deudor corroboró que integró la familia en el domicilio señalado como conyugal, además de ser el sostén económico de su familia, y la necesidad, por representar un factor relativo al nivel de vida que tuvieron durante la familia. Lo cual se constata al revisar que la actora incluyó en la planilla de gastos los relativos a la manutención de la familia como son pago de renta, pago de gastos escolares, pago de gastos médicos, alimentos diarios propiamente y recreación, y para corroborar la necesidad de éstos en el porcentaje demandado para ambos, aportó constancias de recibos de pago de nómina, de pago por servicios, mantenimiento y de compra de enseres de consumo diario. Por lo cual es infundado el planteamiento consistente en la distribución discrecional entre los acreedores alimentarios de los porcentajes porque el acto reclamo recoge las pruebas y elementos demostrativos incorporados a la causa por las partes, que tienen una vinculación entre lo demandado y el factor "nivel de vida" construido como punto de referencia para establecer la cantidad a satisfacer, y estimar que sí está en las posibilidades del deudor. A lo cual se suma que si la quejosa tiene el carácter de acreedor alimentario del tercero interesado, por haberse dedicado preponderantemente al cuidado y atención del menor hijo de las partes, y así haber fundado la acción de petición de alimentos, y tener bajo sus cuidados al infante, se puede inferir que ha destinado preponderantemente sus recursos humanos a ese fin. De donde se sigue que la progenitora gestiona la administración de los fondos que ministra el deudor, para satisfacer los rubros del concepto "alimentos", y con motivo de ello debe presumirse que ha tenido el control y conoció de las necesidades alimentarias en este caso propios de ambos acreedores, de modo que ese conocimiento le permitió enlistar y atribuir de contenido la medida provisional que solicitó para fijar un porcentaje determinado por alimentos, al amparo de los rubros que también indicó. En suma, al contrastar la panilla propuesta con los términos del acto reclamado y la valoración probatoria y contextual, se evidencia que por una parte la solicitante justificó los rubros que incluyó, y para robustecer su demanda exhibió sendas documentales de los pagos y contratación de los bienes que en su concepto satisfacían los alimentos indispensables de la parte acreedora. En tanto que la solicitante argumentó que la determinación del porcentaje demandado atendía también al nivel de vida que el deudor proporcionó a los acreedores durante el tiempo que hicieron vida en familia integrada. De igual modo, se obtiene que el acto reclamado predica las posiciones de las partes, porque valora la posición de la quejosa como acreedora, sus alegaciones en el sentido de haberse dedicado al cuidado del menor hijo de las partes, para no atribuirle desplazamiento económico, las necesidades opuestas y que fueron demostradas en relación a los dos acreedores conjuntamente, así como la intervención del deudor. En esa dimensión de las circunstancias, no asiste razón al inconforme al señalar que los rubros y montos fueron determinados discrecionalmente, ni que fueran necesarias mas pruebas, porque en realidad tienen la lógica del contexto fáctico construido por las partes, sustentado además en las pruebas ofrecidas. Tal ejercicio judicial visto en esa dimensión, es acorde a los derechos involucrados porque se trata de una medida cautelar que debe dilucidarse con urgencia y resolverse aun ante la ausencia de elementos específicos y/o categóricos, con la posibilidad de acoger medios de convencimiento indiciarios. De modo que al corresponder a las partes la carga probatoria y al haberla asumido en los términos que fue expuesto, y ante un escenario de derechos donde se carece de un panorama completo, detallado y bases objetivas categóricas, el acto reclamado es apegado a la Constitución; lo cual de modo alguno implica indefensión porque la definición de cada aspecto, como el detalle preciso de los montos que corresponden a cada acreedor alimentario, será revisado el resolver sobre la pensión definitiva. Por ello es infundado el concepto de violación. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de registro 189214, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11, que dice: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Finalmente, es infundado el concepto de violación donde se alega que la autoridad debió proveer sobre los alimentos en definitiva, porque las obligaciones alimentarias a futuro son objeto de prueba, lo cual puede fundar la modificación del porcentaje actual. En efecto, si se asume que el derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato, entonces se sigue que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, que el derecho de alimentación proviene de la ley y no de circunstancias disponibles, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular de la prerrogativa para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Dado que al nacer esta obligación del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no implica arriesgar esa situación autorizando la celebración de esta clase de acuerdo de voluntades, puesto que por su conducto podría llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador. De ahí que también se comprenda el porqué el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido a futuro, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. En ese sentido, los alimentos también constituyen un límite a la adquisición de derechos que la ley confiere al acreedor, a partir de las relaciones familiares que se desarrollen a futuro a partir de la conformación de una unidad familiar, pues tal derecho tiene como finalidad proveer únicamente la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, los alimentos tendrán que proporcionarse a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien los recibe. De modo que la posibilidad de modificar el derecho a percibir alimentos se produce amen de una variación en las posibilidades económicas del deudor, o en las necesidades del acreedor, en atención a las diversas circunstancias que determinan la modificación en las posibilidades del deudor alimentista, o las necesidades de los propios acreedores, para lo cual ese cambio en las circunstancias del deudor debe quedar demostrado. Además, las normas que prevén la posibilidad de ajustar los aspectos inherentes a la familia a la realidad de cada caso, se encuentra una diversa regla operativa bajo la cual se permite a las partes incorporar, reducir o bien cesar los rubros que complementan sus deberes alimentarios sin dejar de garantizarlos a quien tiene derecho a seguir recibiéndolos. Por lo cual es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.3o.C.496 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178080, que dice: "ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA PRINCIPAL O INCIDENTAL. La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias. Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como única vía de modificación la incidental ni prohíba que un órgano jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un distinto juzgador haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que la demostración de que cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la acción de alimentos, exigencia a la que se limita el precepto de referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la instauración de una nueva controversia que debe iniciar con una demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía incidental, ante quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso, donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho del demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el nuevo juicio. Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos procedimientos la parte reo estará en posibilidad de oponer excepciones y defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su capacidad de defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor plazo para contestar la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del cual debe citar para la audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer la acción en vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la controversia, porque tiende a satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la solución por una cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes hayan tenido la debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir, que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, constatado lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre esa prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de controversias." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa extensiva al acto ejecutivo, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia.".
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