Víctor Manuel Flores Nova

Expediente 345/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
345/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Flores Nova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    Agréguese el escrito de la tercera interesada, de cuyo contenido se advierte que la fecha agendada para acudir a este órgano jurisdiccional, para recoger el billete de depósito que refiere ya pasó, por lo que tomando en consideración que se deben realizar diversos trámites administrativos, dígase a la promovente que deberá comparecer a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el local que ocupa este Juzgado, respetando las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en espacios de tránsito y cuadros de espera y atención), evite permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento, contempladas en el Acuerdo aludido. Se comisiona al actuario adscrito a fin de que genere el código QR y lo entregue en la Administración del edificio, para que el promovente o alguno de los autorizados de la parte quejosa pueda acceder el día correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Téngase por hecha la certificación de cuenta, tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra la interlocutoria de cuatro de marzo del año en curso, sin que hasta este momento se haya hecho valer, consecuentemente, SE DECLARA FIRME. Asimismo, de conformidad con lo resuelto en la interlocutoria referida, se pone a disposición de la tercera interesada el billete de depósito número ..., por la cantidad de $..., expedido por el Banco ... que exhibió la parte quejosa para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado. Apercibida que de no comparecer a recogerlo dentro del plazo de dos años, causará abandono a favor del erario de la federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Atendiendo a la naturaleza del documento, únicamente será entregado a la tercera interesada, quien deberá acudir personalmente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para ello. En ese sentido, se le requiere para que informe mediante escrito la fecha en que podrá acudir para su recepción, por lo menos con una semana de anticipación, con el fin de efectuar las acciones necesarias a efecto de llevar a cabo su entrega. Por último, visto el escrito de la parte tercera interesada, dígase que deberá estarse a lo acordado en las líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovido por la tercera interesada ..., en el cuaderno de suspensión derivado del juicio de amparo 345/2020. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Actuaciones destacadas -relacionadas con esta incidencia-. 1. El quejoso ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Quinta Sala y Juez Vigésimo Tercero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El acto reclamado fue la resolución de catorce de enero de dos mil veinte, dictada en el toca ... por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Vigésimo Tercero Familiar de esta Ciudad, en el incidente de pago de pensiones alimentarias vencidas y no pagadas derivado del divorcio incausado ... . La resolución confirmada condenó al quejoso al pago de $101,593.25 (ciento un mil quinientos noventa y tres pesos 25/100 moneda nacional), por concepto de incrementos anuales solicitados y a los pagos de los meses vencidos y no pagados de enero de dos mil diecisiete a septiembre de dos mil diecinueve, con apercibimiento que de no hacerlos, se dictaría auto de ejecución en su contra, así como a la exhibición de la garantía correspondiente y ordenó su registro como deudor alimentario moroso. 2. El diez de septiembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, y en la parte que interesa, se dispuso lo siguiente: "Por lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se realice ningún acto tendente a ejecutar la sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, dictada en el toca ... que confirmó la interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve, del Juez Vigésimo Tercero Familiar de esta Ciudad, expediente ..., incidente de pago de pensiones alimentarias vencidas y no pagadas, donde se condenó al quejoso a pagar $101,593.25 (ciento un mil quinientos noventa y tres pesos 25/100 moneda nacional), se le requirió para que exhibiera la garantía correspondiente y se ordenó su registro como deudor alimentario moroso; esto es, que no se le requiera lo condenado, ni se haga la inscripción citada y tampoco se le hagan efectivos los apercibimiento decretados. [.] La medida concedida surtirá sus efectos desde luego pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga garantía, en cualquiera de las formas que establece la ley, dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, por la cantidad de $3,895.97 (tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 97/100 moneda nacional), para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercera interesada con su otorgamiento, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia [.] " 3. El veinticuatro de septiembre del mismo año se concedió la suspensión definitiva en los mismos términos. 4. El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante escrito con registro 8585, el quejoso exhibió la garantía para responder por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la tercera interesada respecto de la suspensión definitiva concedida. 5. El treinta del mismo mes y año, se engrosó la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. 6. Dicha resolución fue confirmada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el R.C. ... . SEGUNDO. Trámite del Incidente. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la tercera interesada promovió incidente de daños y perjuicios contra la parte quejosa, para hacer efectiva la garantía exhibida con motivo de la suspensión definitiva. La incidencia se admitió el diecinueve de agosto siguiente, conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo; se ordenó notificar al promovente de amparo, y posteriormente se señaló fecha de audiencia de alegatos, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por los artículos 156 de la Ley de Amparo y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser un incidente relacionado directamente con el juicio resuelto en este Juzgado. SEGUNDO. Estudio. El presente incidente es fundado, pues es jurídicamente viable hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía por la generación de daños y perjuicios causados por la concesión de la medida suspensional. Para iniciar el análisis de fondo, es indispensable acudir a las nociones legales de daños y perjuicios. Los artículos 2108 y 2109, ambos del Código Civil Federal, disponen en relación con estas figuras, lo siguiente: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." Así, se tiene que el daño constituye un dato cierto y objetivo que se refleja en el patrimonio, mientras que los perjuicios se ubican dentro del ámbito de las probabilidades, pues se reflejan en aquello que debió obtenerse. Ahora bien, el objeto del juicio de amparo es la defensa de los derechos humanos consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales que vinculan a México, para que en caso de existir violación en detrimento del impetrante, se emita sentencia que lo proteja y restituya en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia. Sin embargo, la Ley de Amparo también prevé un sistema para que en caso de que no se obtenga el beneficio de la protección de la Justicia de la Unión (por negativa de fondo o sobreseimiento), la parte tercera interesada no sufra sin remedio patrimonial, los efectos de la inejecutabilidad del acto reclamado con motivo de una suspensión concedida a fin de preservar la materia del proceso constitucional en lo que éste se resuelve en definitiva. Y es así, pues ciertamente se pone en una posición privilegiada al impetrante de amparo al momento en que se le concede la medida suspensional, ya que el tercero interesado, durante el periodo en que está sub judice la constitucionalidad del acto no podrá acceder a aquello que éste consigna a su favor. Desde luego ello no constituye los gastos y costas, pues esta figura procesal no está contemplada en la Ley de Amparo, pero sí el incidente de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión, como remedio patrimonial a la inejecutabilidad del acto. El artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que sea procedente la suspensión del acto reclamado, pero se pueda ocasionar daños o perjuicios al tercero interesado, el quejoso adquiere la carga de exhibir garantía suficiente para responder por éstos e indemnizar al afectado en caso de que de no se obtenga sentencia favorable en lo principal. Lo anterior obedece a que los efectos de la suspensión son procesalmente anticipados a la protección constitucional, y se revelan al exterior y contra la voluntad de terceros aun antes de la concesión de amparo; lo cual es claramente justificado si se está en presencia de un acto que a la postre se muestra es contrario a la Ley Fundamental. Esta justificación no se halla si en el veredicto final se encuentra que los actos reclamados son apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien se actualiza una causal de improcedencia que impide su estudio de fondo, pues en este caso, la parte quejosa sí gozó de una paralización de aquello que reclamó, pero sin obtener el beneficio de la concesión en el proceso principal; ello, en perjuicio de su contrario, dado que el tercero habría resentido materialmente y sin causa, los efectos de dicha suspensión de actos de autoridad que legalmente lo benefician. De ahí que si se configura un impacto patrimonial sin que el quejoso obtenga sentencia favorable, éste debe ser reparado mediante el reclamo de responsabilidad derivado de la garantía, previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) , el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado. Asimismo indicó que si al otorgar la medida suspensional, ello tiene como efecto el impedir la materialización de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; y respecto de los perjuicios indicó que se reflejan como las ganancias lícitas que se obtendrían de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio. Por otro lado, en el diverso criterio de jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, se sostuvo que en aquellos casos en que el tercero interesado dejó de recibir una suma de dinero, con motivo de la suspensión de un amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor; y para calcularlos debe acudirse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), por ser el indicador adecuado para tal efecto, en tanto que integra el valor real del dinero (daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación); así como el rendimiento que dicha suma pudo generar (los perjuicios). Estos razonamientos de la Suprema Corte de Justicia revelan que cuando la suspensión dictada en el amparo indirecto impide al tercero interesado acceder a un dinero calculado en forma líquida, constituirá un hecho notorio que se generan daños y perjuicios -injustificados, si el quejoso no obtiene sentencia favorable-; y que éstos deben calcularse con base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio y al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo que implica que al ser un hecho notorio esta generación de daños y perjuicios, o sea una circunstancia evidente, respecto del cual no hay duda ni discusión, entonces no existe mayor necesidad de exigir una acreditación mediante elementos probatorios. Orienta esta afirmación la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 174899. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Común, página: 963, que dispone: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." En el caso, el acto reclamado lo constituyó la resolución de segunda instancia que confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de pago de pensiones alimentarias vencidas y no pagadas derivado del divorcio incausado de origen. Como se advierte de lo anterior, existe una condena de pago para el quejoso, hoy su sucesión, lo que implica la existencia de un crédito líquido a favor de la parte tercera interesada, que con motivo de la medida suspensional se vio impedida para continuar con las acciones necesarias para integrarlo a su patrimonio; siendo esta circunstancia la generadora del daño. Sobre ese tema, precisamente en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo lo siguiente: "Lo anterior, en virtud de que el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado al quejoso lo coloca en una situación privilegiada respecto del tercero perjudicado, ya que a éste se le impide gozar de una prestación a la cual tenía derecho de percibir, razón por la cual el artículo 125 de la Ley de Amparo(3) señala que la suspensión se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de garantías. Es en tal sentido que, de manera expresa, la Ley de Amparo hace referencia a la necesidad de reparar los daños y perjuicios, por lo que es innegable que el tercero perjudicado tiene derecho a reclamarlos si no es otorgado el amparo a la parte quejosa. Ahora bien, para determinar qué debe entenderse por daño y por perjuicio es necesario remitirse a los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." De la transcripción anterior, resulta que los daños se entienden como la pérdida o menoscabo que al tercero perjudicado le acarrea no disponer durante el tiempo que dure el juicio de garantías de cierta cantidad; mientras que los perjuicios se definen como la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica dicha prestación pecuniaria. Es decir, la Ley de Amparo, al referirse tanto a los daños como a los perjuicios, persigue que se reparen tanto la pérdida o menoscabo que al tercero perjudicado le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de garantías de determinada suma económica, como de la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica tal cantidad. Ello es así, en virtud de que con la garantía otorgada por el quejoso se busca proteger al tercero perjudicado dentro del juicio de garantías, sobre el menoscabo y las pérdidas que resentirá en su patrimonio como consecuencia de que al momento del otorgamiento de la medida cautelar no pueda tener a su disposición la prestación que le corresponde." Como se advierte de dicha transcripción, nuestro Máximo Tribunal Constitucional sostuvo que los daños se generan por la sola circunstancia de que la parte tercera interesada no pueda disponer de una determinada suma económica durante el tiempo que esté vigente la medida suspensional con motivo del juicio de amparo; en tanto que los perjuicios surgen de ello al constituir la privación de una ganancia lícita que pudo haber obtenido de haber incorporado a su patrimonio ese monto. Aspecto que es aplicable al caso concreto, pues como se vio, en el juicio de origen se condenó al quejoso a pagar una cantidad líquida por concepto de alimentos vencidos; y sobre esa suma se calcularon los daños y perjuicios correspondientes, pues constituyó el monto líquido condenado a favor de los terceros interesados, al cual no pudieron acceder, con motivo del efecto de la suspensión. Incluso bajo el contexto apuntado, es importante señalar que el deudor alimentario no tiene la obligación de demostrar la adquisición de deudas o carencias sobre su capacidad económica, para reclamarlos, de modo que si con motivo de la medida suspensional concedida en este cuaderno, se le impidió acceder a la cantidad líquida que por sentencia le correspondía, es evidente que se le causaron daños y perjuicios. Se cita al respecto la tesis I.11o.C.152 C (10a.), de la Undécima Época, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "ALIMENTOS RETROACTIVOS. CUANDO SE RECLAME SU PAGO NO LE ES EXIGIBLE AL ACTOR DEMOSTRAR QUE ADQUIRIÓ DEUDAS O QUE CARECIÓ DE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MENOR DE EDAD ACREEDOR (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA I.11o.C.148 C E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 322, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el derecho de alimentos nace del vínculo paterno-materno-filial, por lo que la existencia del nexo biológico es el fundamento del derecho alimentario y no el reclamo judicial, pues dicha instancia no define el nacimiento de la obligación. Ahora bien, sobre esa base es dable establecer que el hecho de que la madre hubiera estado en posibilidades de cubrir las necesidades alimentarias del acreedor, ya sea mediante la adquisición de deudas o por sus propios medios, no excluye en modo alguno la obligación del padre de cumplir con su correlativa obligación, la cual surgió desde el nacimiento del menor, por lo que desde ese momento se generó la deuda de cubrir los alimentos. En ese contexto, el artículo 322, primer párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que establece: "Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo rehusare entregar los alimentos a los que está obligado, será responsable de las deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias.", no debe interpretarse en el sentido de que al reclamar el pago de alimentos retroactivos, le sea exigible al actor demostrar que adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor, pues la obligación alimentaria nace con la relación filial; de ahí que no se justifica absolver del pago de las obligaciones alimentarias vencidas no satisfechas, pues ello implicaría premiar el abandono de los menores de edad con la absolución del cumplimiento de las cargas aludidas mientras no exista resolución judicial que ordene al progenitor el cumplimiento de su obligación natural consecuente al nacimiento del menor. Además, si no se demuestra que se contrajeron deudas, ello de ninguna forma implica que el progenitor que asumió por completo la obligación de proporcionar alimentos carezca del derecho de exigir al deudor alimentario el cumplimiento de esa obligación, la cual se originó desde el momento en que nació el menor. En ese contexto, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta del criterio sostenido en la tesis aislada I.11o.C.148 C, de rubro: "ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE PAGO DE AQUELLOS QUE NO HAN SIDO CUBIERTOS OPORTUNAMENTE REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EN VIRTUD DE SU NO PAGO SE CONTRAJERON DEUDAS PARA SATISFACERLOS, A MENOS DE QUE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO DERIVE DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA." Ahora bien, de acuerdo al marco jurídico definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios, durante el periodo en que, por estar vigente la suspensión, no se pudo acceder al monto líquido reconocido a favor de la tercera interesada en el juicio de origen. Si bien para calcular los daños y perjuicios correspondientes, debe atenderse precisamente al término en que estuvo vigente la suspensión de amparo, pues para efectos del presente incidente, únicamente puede contemplarse la temporalidad en que la medida surtía sus efectos en detrimento de la tercera interesada; lo jurídicamente relevante es que solo hizo el reclamo por la cantidad con que fue garantizada la medida, de modo que atendiendo al principio de congruencia el suscrito no puede ir más allá de lo solicitado. Por tanto, se tiene que a la parte tercera interesada le pertenece la cantidad de $3,895.97 (tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 97/100), por concepto de daños y perjuicios, suma total exhibida por la quejosa. Al respecto se cita la tesis I.3o.C.120 K (9a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer circuito, de la Décima Época, con registro: 159870. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, página: 1983, cuyo contenido es: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 360, párrafo final, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se R E S U E L V E : PRIMERO. Es fundado el INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovido por la tercera interesada. SEGUNDO. Hágase efectiva la garantía a favor de tercera interesada ..., por la cantidad de $3,895.97 (tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 97/100 moneda nacional), que exhibió la parte quejosa para responder por los daños y perjuicios generados motivo de la concesión de la suspensión definitiva. TERCERO. Una vez que se decrete la firmeza de la presente resolución, póngase a su disposición el billete de depósito exhibido por el quejoso. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Doy fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS CELEBRADA derivada del juicio de amparo 345/2020; .., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

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