Víctor Manuel Horacio Zarza Soto
Expediente 1598/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Víctor Manuel Horacio Zarza Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través de cual, el quejoso ********************, desahoga la prevención realizada en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso; por tanto, se tiene por cumplida la prevención de referencia, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto que se emitió en audiencia intermedia en seis de junio del año dos mil veintitrés, con relación a que no se permitió a la defensa particular del quejoso, promover las excepciones adecuadas ni incorporar pruebas. Las medidas cautelares, que dictaron al quejoso; esto es, prisión preventiva oficiosa. La resolución emitida el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ********************, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, en la que confirmó el auto de apertura a juicio oral. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, tocante al acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en: El auto que se emitió en audiencia intermedia en seis de junio del año dos mil veintitrés, con relación a que no se permitió a la defensa particular del quejoso, promover las excepciones adecuadas ni incorporar pruebas. Hecha tal precisión, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVll. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; y d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Dicho supuesto se acredita, ya que el acto que reclama tocante al auto que emitido en audiencia intermedia en seis de junio del año dos mil veintitrés, que se tildó de inconstitucional por el impetrante en el presente sumario; al considerar que aunque subsiste el acto reclamado, su objeto y materia desparecieron, dado el cambio del entorno fáctico y jurídico que prevalecía cuando se dictó dicho acto reclamado, en razón de que el propio promovente, en su escrito de demanda indica como diverso acto reclamado, con el inciso c), en el cual precisa la confirmación del auto de apertura a juicio; quedando con la apertura de dicha etapa, irreparablemente consumadas, las violaciones procesales comentadas en etapas previas; de lo que se evidencia un cambio de situación jurídica, con lo que se modifican los efectos del acto que se reclama. En el caso en concreto, sirve de apoyo la tesis XVI.1o.P.9 K (11a.), publicada a página 5155, Tomo V, Octubre de 2023, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAMA UN ACTO DICTADO EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y SE ENCUENTRA APERTURADA LA DE JUICIO [INTERPRETACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 37/2023 (11a.)]. Hechos: En el juicio de amparo indirecto promovido por la acusada contra la negativa del Juez de Control de excluir un medio de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, el Juez de Distrito sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, al considerar que aunque subsiste el acto reclamado, su objeto y materia desaparecieron, dado el cambio del entorno fáctico y jurídico que prevalecía cuando se dictó el acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, comunicó que había dado inicio la etapa de juicio, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento había recibido el auto de apertura a juicio oral, dado trámite a la etapa respectiva y fijado fecha para la celebración de la audiencia de debate. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando se reclama un acto generado en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y se encuentra aperturada la de juicio, es la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues lo que ocurrió fue un cambio de situación jurídica que lleva al sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Sin que lo anterior impida a la quejosa o a su defensa plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas desahogadas en el juicio oral, en las que la acusación pretende basar la condena, siempre que los efectos producidos por esa violación sean materia de disputa y problematización en la audiencia de juicio oral. Ello, conforme a la interpretación de las consideraciones expuestas en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 37/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 118/2022, de la cual derivó la tesis jurisprudencial mencionada, estableció que cuando a través de un amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas juzgadoras que conozcan del proceso penal deben suspenderlo en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, con la finalidad de que no se actualice un cambio en la situación jurídica de la persona quejosa dentro del procedimiento penal que consume de manera irremediable las violaciones que produce el acto reclamado, porque tal cambio procesal llevaría a declarar improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado en la etapa intermedia, ya que la apertura de la etapa de juicio oral impide que las fases anteriores puedan reabrirse y ser sometidas a debate, al menos en cuanto a su impacto en dicha etapa previa específica, lo cual implica que los reclamos deban tenerse por irremediablemente consumados para efectos de la etapa intermedia cuando se llegue a ese punto. Sin embargo, esto no impide que la violación a los derechos fundamentales expuesta pueda ser problematizada, en su caso, en el juicio oral, en el supuesto de que sus efectos perduraran hasta éste; debiendo ser analizados en ese momento por el Tribunal de Enjuiciamiento y, en su caso, en el juicio de amparo directo que al respecto pudiera promoverse, ya que si bien el debate sobre la exclusión probatoria debe agotarse en la etapa intermedia, la quejosa y su defensa pueden plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas desahogadas en el juicio oral." De igual manera, la tesis 2ª.CXI/96, publicada a página 219, Tomo IV, DICIEMBRE 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Luego, respecto del acto reclamado indicado en el inciso b), mismo que se hace consistir en: Las medidas cautelares, que dictaron al quejoso; esto es, prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, respecto al acto indicado en el b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el quejoso se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la orden de aprehensión, comparecencia, presentación, arresto, detención, así como su ejecución, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; y, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional pues por una parte, reclama las medidas cautelares, que dictaron al quejoso; esto es, prisión preventiva oficiosa, de que se advierte que tuvo conocimiento de dicha circunstancia el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, como se desprende del escrito que se entiende. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto aquí reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado transcurrió del treinta de septiembre al veintiuno de octubre del dos mil veintidós, motivo por el cual resulta extemporánea, al haberse presentado hasta el seis de octubre de la presente anualidad, según aparece la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 del ordenamiento legal antes invocado, debe estimarse tácitamente consentido el acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia antes invocada, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se pueda considerar como un acto fuera de procedimiento y un caso de excepción para la promoción del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis visible en la página 652, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En otro sentido, respecto del acto reclamado enunciado en el inciso c), consistente en la resolución dictada el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en toca de apelación ********************, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, en la que se dictó auto de apertura a juicio oral, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el auto de apertura a juicio oral que se reclama; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de un acto que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, dado que lo que pretende combatir a través del juicio de amparo es la resolución emitida el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ********************, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, en la que confirmó el auto de apertura a juicio oral, por lo que los efectos que el acto reclamado produce no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el quejoso obtengan una resolución favorable, en el procedimiento penal de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una resolución favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en el auto de apertura a juicio oral en el procedimiento penal de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por si tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, es aplicable la tesis: XI.P.12 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2632, que establece: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." (Sic). Así como la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." (Sic). De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente del auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal de origen; es decir, cuestiones que, en todo caso, corresponden al pronunciamiento de fondo que se reclaman como tal, las cuestiones probatorias y procesales contenidas en el auto de apertura a juicio oral; por lo cual no se aprecia en los casos de excepción para su admisión en la presente instancia, en los términos precisados en el criterio jurisprudencial que precede. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones, XVII, XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley; por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************, por notoriamente improcedente.
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Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta mediante el cual Laura Citlalli Segura Millán autorizada del quejoso Víctor Manuel Horacio Zarza Soto, solicita acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, dígase que no ha lugar a su petición toda vez que en su escrito no se advierte el usuario correspondiente; por tanto, deberá proporcionarlo, para que este juzgador este en aptitud de acordar lo conducente.
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Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de diez de noviembre pasado, practicada por la Secretaria de la adscripción al quejoso Víctor Manuel Horacio Zarza Soto, se aprecia que el citado impetrante de amparo ratificó el contenido y firma del escrito registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número 17577. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento efectuado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Luego, del estado de autos se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente al escrito presentado por la autorizada del quejoso, mediante el cual pretendía desahogar la prevención de nueve de octubre de esta anualidad; lo que en la especie ya aconteció. Sin embargo, en proveído de siete de noviembre de la presente anualidad, se previno a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: Realice una narración sucinta, cronológica y pormenorizada de los antecedentes de los actos reclamados; es decir abunde sobre los antecedentes del acto que reclama. Lo anterior dado que reclama: El Auto que emitió en Audiencia Intermedia en seis de junio del año dos mil veintitrés. Las Medidas Cautelares, que dictaron al quejoso; esto es, prisión preventiva oficiosa. La confirmación de la resolución impugnada por el Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco, Estado de México, resolución dictada el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en toca de apelación 380/2023, mediante la cual se confirma la resolución recurrida. En ese sentido, del escrito presentado por el promovente se advierte en el numeral dos haber tenido conocimiento el seis de junio de este año ya que el auto se dictó en audiencia intermedia y en el numeral tres refiere haber tenido conocimiento el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, data en la que se dictó e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que resulta incongruente, pues de lo manifestado se advierte que la vinculación a proceso fue posterior a la audiencia intermedia. Asimismo, a pesar de las manifestaciones vertidas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se estima que subsistente la prevención decretada en autos, lo anterior para que aclare la fecha respecto al acto reclamado en el inciso b) por las razones expuestas en el párrafo anterior. Se precisa a la parte quejosa, lo que deberá satisfacer dentro del plazo de dos días, dado que fue notificada de la prevención el trece de noviembre de dos mil veintitrés y en términos del artículo 31, fracción II, dicha notificación surtió sus efectos en el catorce posterior, y el ocurso de desahogo de prevención fue presentado el trece de noviembre del año en curso, esto es, no había transcurrido ningún día de los que se concedió para desahogar la prevención que se trata. Además, se le reitera que el escrito aclaratorio que presente, deberá acompañarlo junto con las copias para cada una de las partes; asimismo, se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.".
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Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual aparentemente el quejoso Víctor Manuel Horacio Zarza Soto, refiere desahogar el requerimiento formulado en el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, toda vez que la firma que calza en el escrito que se atiende, difiere notablemente de la que obra en su escrito inicial de demanda; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones del centro en el cual se encuentra recluido el quejoso, con la finalidad de que le requiera, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes manifieste si ratifica o no, el contenido y firma del ocurso de cuenta; apercibido que de ser omiso al respecto, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 202, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."
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