Víctor Manuel Garces Rojo
Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/10/2021
Partes del expediente
- Víctor Manuel Garces Rojo
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez
- Tercero Interesado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, remite copia certificada de la ejecutoria de quince de julio del año en curso, dictada en el conflicto competencial 17/2021 de su índice, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo y este órgano jurisdiccional, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. No existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Remítase testimonio autorizado de esta ejecutoria al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, y los autos al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, conforme a la parte final de la presente. " Atento a lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y expídase el acuse de recibo respectivo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente cuaderno es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21 inciso j), de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, devuelve el exhorto 337/2021-IV (número de orden 337/2021) del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar al quejoso ********************, la determinación de tres de junio del año en curso. En ese contexto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que resulte necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que este se genera de forma electrónica por dicho sistema.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en lo conducente, acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las constancias respectivas a fin de sustanciar conflicto competencial, entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, mismo que quedó registrado bajo el número de conflicto competencial 17/2021 de su estadística; circunstanciada de la cual este juzgado de Distrito toma conocimiento.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con anexos de cuenta, mediante el cual, la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, informa el contenido del acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 167/2021 de su índice; acúsese el recibo de estilo vía interconexión, sin que se acepte la competencia planteada por los motivos que se expondrán a continuación. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovido por José Besil Bardawil, en representación de ******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 453/2021-IV. En ese sentido, respecto al asunto que remite la autoridad oficiante, el suscrito estima que en el presente asunto se carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo presentada, por las consideraciones siguientes: En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. iii) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Luego, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, así como su ejecución, que se pretende ejecutar en su domicilio ubicado en la casa marcada con el número 61 del Fraccionamiento La Asunción, código postal 42186, municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, de acuerdo a los antecedentes de la demanda. Es decir, los actos controvertidos conllevan una ejecución material, de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, que determina que la competencia para conocer sobre una demanda recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por lo anterior, resulta inconcuso que si, como refiere el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, el quejoso habita el domicilio actual ubicado en la casa 61, del fraccionamiento La Asunción, código postal 42186, municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, y es en dicho lugar donde se presentaron dos personas buscándolo a efecto de ejecutar el acto reclamado, en consecuencia, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, pues es dentro de su jurisdicción donde, en su caso, se ejecutará lo reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." No es óbice a lo anterior, que la autoridad oficiante base su incompetencia en el hecho que el promovente del amparo se haya desistido de las autoridades responsables que señaló en su demanda, quedando únicamente la autoridad ordenadora Juez de Distrito Especializado en el Sistema penal Acusatorio, en funciones de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, cuya ejecución se atribuye a las autoridades ejecutoras al Titular de la Policía Federal Ministerial, Director de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía Federal Ministerial y al Director General de Investigación Policial de Apoyo a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial, quienes radican dentro de esta jurisdicción; sin embargo, como se precisó en párrafos anteriores, los antecedentes de la demanda permiten establecer que la ejecución de lo que se reclama, no tendrá ejecución dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgador, si no más bien dentro de la jurisdicción del juzgado declinante, aunado a que independientemente de que las autoridades referidas como responsables radiquen dentro de esta jurisdicción, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, tuvo conocimiento previo del asunto recibido, y por ende, le corresponde conocer y tramitar el mismo. Sobre lo expuesto, sirve de apoyo la Tesis XIII.P.A. J/1 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 3100, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil dieciocho, Décima Época, con registro 2016328, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN.Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 52/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, agosto de dos mil trece, con número de registro 2004166, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, no se acepta la competencia declinada para conocer del presente asunto. En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones, devuélvase las constancias remitidas al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, para lo que tenga a bien determinar; de lo cual se solicita el acuse respectivo. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Víctor Manuel Garcés Rojo señala como domicilio el ubicado en Privada Adolfo López Mateos, número 106, colonia "La Herradura", municipio de Tulancingo Bravo, Estado de Hidalgo, esto es, fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, a efecto de lograr su notificación; con fundamento en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique la presente determinación al quejoso en cita; hecho lo anterior, se sirva remitir las constancias de notificación correspondientes. De igual modo se faculta al Juez exhortado para que desahoguen todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahoguen la solicitud, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial. Por otra parte, en atención a la solicitud de la parte quejosa en su escrito de demanda y a la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró el registro del usuario "AsuntosLegales01"; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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