Víctor Manuel Hernández Bustamante
Expediente 307/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Manuel Hernández Bustamante
Actuaciones
- Principal
PRAL. 307/2023 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 872 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, hágasele del conocimiento que, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Por tanto, se provee: 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a SU DESTRUCCIÓN, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 8. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 9. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 10. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DESTRUIBLE. 11. Se devuelve tomo anexo. Por otra parte, mediante oficio que al respecto se envíe, devuélvase al juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, las copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente 761/2018, de su índice, que remitió como justificación a su informe, ya que no tiene objeto su permanencia en este Juzgado; sin que haya lugar solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega del mismo se advertirá de la constancia de recepción del oficio que al efecto se envíe. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 307/2023 MESA 4* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del once de mayo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para llevar cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 307/2023, como se ordenó en acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta fase, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ******, informe justificado de la autoridad responsable y escrito de apersonamiento de la tercera interesada. Asimismo, hace constar que: a) No existe documento con el cual dar cuenta. b) En auto admisorio la parte quejosa manifestó su oposición para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable jueza Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca exhibió: - Copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ****, de su índice (tomo por separado). Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida la referida prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que la tercera interesada ****, los formuló, agregados en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés y en esta audiencia; en tanto que las demás partes no los expresaron; se cierra esta etapa; sin haber cuestión diversa por atender ni proveer, el juez dicta la sentencia correspondiente. Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 307/2023; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y remitido el mismo día a este Juzgado,**** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos reclamados a la jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; que se hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número ****. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 307/2023, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Tercero. Tercera interesada. En auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ****; la cual se apersonó mediante escrito agregado en auto de veinticuatro de abril del año en curso. Cuarto. Cita para audiencia. En auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto se reclama de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente; de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio, de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número ****, en la que aprobó la planilla de liquidación de sentencia. Tercero. Existencia del acto reclamado. La jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Y como justificación de su informe remitió copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ****, de su índice (tomo por separado). Cuarto. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de la demanda se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - - (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El precepto antes citado resguarda el principio de definitividad en materia jurisdiccional, el cual impone a la parte quejosa la obligación de agotar los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento que tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; antes de acudir al juicio constitucional, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio descansa en el hecho de que el amparo es la vía extraordinaria final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos; razón por la cual, si el resultado que pretende la parte quejosa, puede obtenerlo mediante el uso de medios ordinarios de defensa, ello impide la utilización de la acción constitucional de amparo, sin haber agotado antes dichos medios. Esto obedece a que los medios ordinarios de defensa están instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez ordinario. En el caso, de las constancias del juicio ejecutivo mercantil número ****, valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, que rige esta resolución, en términos de su artículo 2º; se desprenden los antecedentes siguientes: **** es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado responsable, en el que por sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve fue condenado al pago de la suerte principal en cantidad de $920,000.00 (novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N); así como el pago de intereses moratorios. Inconforme las partes actora y demandada interpusieron recurso de apelación, que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual modificó la sentencia apelada y redujo el interés moratorio. La parte actora *****, promovió incidente de liquidación de sentencia, el cual fue resuelto por resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se aprobó la planilla de liquidación de los intereses moratorios. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. La hipótesis de improcedencia en mención se ve evidenciada en el caso particular, en virtud de que el acto reclamado es una resolución interlocutoria susceptible de ser modificada a través del recurso de apelación, en términos de los artículos 1336, 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio, los cuales disponen lo siguiente: "Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." De los artículos transcritos se advierte que entre los efectos del recurso de apelación está el que el tribunal de alzada pueda estudiar la determinación emitida por el órgano de primera instancia, por tanto, se trata de un medio de defensa que puede modificar las determinaciones dictadas en el juicio mercantil. Del numeral 1339 citado se desprende, en lo de interés, que las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), por concepto de suerte principal, son irrecurribles. También, estipula que únicamente serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga el Código de Comercio, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del precepto 1339 transcrito. Por su parte, el referido artículo 1348 prevé que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, la resolución que dicte el juez será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Asimismo, se resalta que, para que un proceso resulte apelable es necesario, de conformidad con la legislación vigente en el momento de inicio del juicio, que la cuantía del negocio sea mayor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.); así, para la procedencia del recurso de apelación, existe una condicionante. Ahora, de las constancias **** Integran el juicio ejecutivo mercantil de origen se advierte que la prestación principal asciende a la cantidad de $920,000.00 (novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N), es decir, es superior a la señalada por el artículo 1339, por tanto, dicho juicio es apelable. Por lo anterior, se advierte que contra la resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 1/2018, en la que aprobó la planilla de liquidación de sentencia, procede el recurso de apelación, atendiendo al monto del negocio; por ello, dicho medio de impugnación se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo; al no hacerlo se deja de observar el principio de definitividad, lo que hace improcedente esta vía de amparo. Es aplicable la tesis I.13o.C.41 C, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, setiembre de 2009, registro 166302, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio." En efecto, resulta válido señalar que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición de la parte interesada y ésta lo pueda interponer; de tal manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo, lo cual acontece en este asunto. Por ello, el referido medio de defensa se debió hacer valer por el quejoso, ya que en su calidad de parte demandada en el juicio de origen tiene la obligación de agotar todos los medios de impugnación cuya resolución pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ello, en estricta observancia al principio de definitividad, que rige al juicio de amparo. Además, no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes citado, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Quinto. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publíquese la presente sentencia con la supresión de datos personales, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Hágase del conocimiento de las partes que se elaborará la versión pública de la sentencia a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley y, que estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R e su e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por el quejoso Víctor Manuel Hernández Bustamante, contra el acto reclamado a la jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 761/2018, en la que se aprobó la planilla de liquidación de sentencia, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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