Víctor Manuel Guzmán Sánchez

Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1065/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Guzmán Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1065/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado determinación. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera dicho recurso contra el proveído de ocho de noviembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de los datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se desechó la demanda de amparo por un acto reclamado, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción IV, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 5. Documentos a disposición. En la certificación de cuenta se hizo constar que en este expediente obran dos acuses de recibo, correspondientes a los escritos de doce y diecinueve de septiembre del año en curso, exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dichas documentales; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con este expediente, que es destruible. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1065/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra un acto del agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación ********************, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en el Estado de Oaxaca, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, el siete de noviembre de este año, y recepcionada en este órgano jurisdiccional en dicha data; anótese su ingreso con el número ********************. 2. Precisión sobre el Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Consideraciones previas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de contestación a su escrito de fecha veinticuatro de octubre de este año, recibido en la misma fecha. Misma que atribuye al agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación ********************, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en el Estado de Oaxaca. 4. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, conviene destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." Del precepto legal transcrito se advierte que, para efectos del juicio de amparo, el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. b) Precisión del acto reclamado. Establecido lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo ******************** señala como acto reclamado la falta de contestación a su escrito de fecha veinticuatro de octubre de este año, recibido en la misma fecha, presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en el Estado de Oaxaca. Situación que revela que el quejoso promueve el juicio de amparo con motivo de una supuesta violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se aprecia del precepto constitucional transcrito, para el cumplimiento cabal del derecho de petición es necesario que tanto el gobernado, al formular su petición, como la autoridad, al emitir su respuesta, cumplan con ciertas formalidades que se pueden resumir de la forma siguiente: La petición: Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario haya proporcionado el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: La autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1. Recibir el escrito respectivo. 2. Dar respuesta por escrito y congruente con lo pedido. 3. Notificar al particular la respuesta otorgada. Lo cual conlleva que la autoridad emita, en breve término, un acuerdo congruente con lo pedido, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera o prevea legalmente para estudiar la petición y acordarla; posteriormente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos. Así, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario. Como se ve, en dicha porción normativa el legislador local estableció una obligación a la autoridad a quien se dirija una petición para que la conteste por escrito en un plazo de diez días. c) Caso concreto. El quejoso refiere que el veinticuatro de octubre de este año presentó un escrito de petición ante la agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación ********************, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en el Estado de Oaxaca, mismo que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio (siete de noviembre de este año), no le había sido contestada. Lo anterior demuestra que, en el caso, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica del promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que entre la fecha en que, aduce, la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición, y la de presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente cuatro días hábiles (incluyendo el siete de noviembre de este año, fecha en que se presentó la demanda de amparo origen de este juicio). Excluyendo por ser inhábiles: Los sábados y domingos intermedios; inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. Uno, dos y tres del mes en curso, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y la circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, signada por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, se encuentra transcurriendo el término fijado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que la agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación ********************, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género en el Estado de Oaxaca, dé contestación a la petición que se le realizó. Por tanto, se estima que, por ahora, la falta de contestación que reclama no le causa perjuicio alguno, debido a que no se advierte una conducta omisiva por parte de la autoridad señalada como responsable, en la medida en que se encuentra dentro del lapso que establece la ley para dar respuesta a la petición que se le planteó. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." d) Determinación. Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo; SE DESECHA, DE PLANO, LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************, por derecho propio, por notoriamente improcedente. e) Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 5. Domicilio y autorizados. a) Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. b) Se tiene por autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ******************** (cédula ********************, registro ********************), por encontrarse registrada su cédula profesional en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, que lo faculta legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. c) De conformidad con el diverso numeral 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que nombra en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 6. Consulta del expediente electrónico. Toda vez que la parte quejosa proporciona un usuario, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 35 y 36 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico ******************** a través del usuario "********************"; no así la recepción de notificaciones por esa vía, por no designarlo expresamente dicho usuario para tal fin, de conformidad con el diverso numeral 39 del referido acuerdo general. 7. Medio de comunicación no procesal. Téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y una cuenta de correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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