Víctor Manuel Hernández Baez
Expediente 1195/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Manuel Hernández Baez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, a través del cual acusa recibo del exhorto 727/2023, orden 1730/2023 del índice de este juzgado, que se le remitió para emplazar a la tercera interesada, e informa que en dicho órgano se procedió a su diligenciación, para lo cual se giró despacho al Juez Único Menor Mixto de Apaseo El Grande, Guanajuato, a fin de que realice la diligencia encomendada. Por tanto, con apoyo en el artículo 17 constitucional se toma nota de lo anterior, y se está a la espera de la devolución del exhorto en cita. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios signados electrónicamente por la secretaria del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través de los cuales informa sobre la incompetencia planteada en el juicio de amparo 1062/2023 de su índice, promovido por Víctor Manuel Hernández Báez; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, regístrese bajo el juicio de amparo 1195/2023-5 y acúsese el recibo de estilo. Ahora, del oficio de cuenta que contiene el proveído de diez de noviembre de este año, emitido en el aludido juicio, se advierte el homólogo federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Hernández Báez, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; en consecuencia, este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente reclama lo siguiente: Del Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz: -El dictamen emitido respecto del oficio elaborado por la Dirección General de Educación Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante la cual remitió acta circunstanciada y documentación anexa, derivados del procedimiento laboral instaurado en contra del quejoso como profesor adscrito a la escuela primaria "Benito Juárez García", con sede en la comunidad Los Tigres, municipio de Juan Rodríguez Clara, mediante el cual determinó el cese del nombramiento del quejoso. Del Director Jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz: -La autorización del dictamen precisado en el apartado que antecede. Del Director General de Educación Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación de Veracruz: -La emisión del oficio mediante el cual se remite el acta circunstanciada y documentación anexa, derivados del procedimiento laboral instaurado en contra del quejoso como profesor adscrito a la Escuela Primaria "Benito Juárez García", con sede en la comunidad Los Tigres, municipio de Juan Rodríguez Clara, al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, a efecto de que emitan el dictamen respectivo. Del Supervisor Escolar de Zona Educación Primaria General número 214, perteneciente a la Jefatura de Sector de Educación Primaria General Número 17, de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de Veracruz: -El citatorio que supuestamente se realizó al quejoso en términos del artículo 40 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Ahora, el que suscribe estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento que dicho acto no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador) Los preceptos legales citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En la misma línea interpretativa se orienta la tesis P.XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 199459, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa es el dictamen emitido respecto del oficio elaborado por la Dirección General de Educación Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante la cual remitió acta circunstanciada y documentación anexa, derivados del procedimiento laboral instaurado en contra del quejoso como profesor adscrito a la escuela primaria "Benito Juárez", con sede en la comunidad Los Tigres, municipio de Juan Rodríguez Clara, mediante el cual determinó el cese del nombramiento del quejoso, así como sus consecuencias jurídicas. Con base en lo expuesto, se infiere que los actos de que se duele el solicitante de amparo, no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, no resultan ser autoridades responsables para los efectos del presente juicio de amparo, pues su actuación no se ubica dentro de las hipótesis establecidas en la fracción I del artículo 1o. y II del artículo 5° de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con el hoy quejoso no está en un plano de supra-subordinación, al derivar de una relación directa entre patrón y trabajador, en un plano de coordinación. Es pertinente destacar que el artículo 107, primer párrafo, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal a que se refiere la propia ley las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas por los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; característica propia de las relaciones de coordinación. Asimismo, resulta conveniente tener en cuenta lo establecido en los artículos 14, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, así como el artículo 16 y 183 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establecen lo siguiente: "Artículo 14. (.) IX. Nombramiento: El documento que expide la Autoridad Educativa Estatal o el Organismo Descentralizado para formalizar la relación jurídica laboral con el Personal Docente y con el Personal con Funciones de Dirección o Supervisión, que en razón de su temporalidad podrá ser: a) Provisional: Es el Nombramiento que cubre una vacante temporal menor a seis meses; b) Por Tiempo Fijo: Es el Nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido; o c) Definitivo: Es el Nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta ley y de la legislación laboral; (.)" "Artículo 16. El nombramiento deberá ser expedido por el Titular o responsable de la Entidad Pública o por el funcionario facultado para tal efecto, pudiendo tener el carácter de definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada." "Artículo 183.-El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Expedir el Reglamento Interior y los manuales de organización del Tribunal y de las Salas Especiales Arbitrales; II.- Uniformar los criterios de carácter procesal y de fondo del Tribunal y de las Salas Especiales Arbitrales para evitar tesis contradictorias; III.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores; IV.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las organizaciones de trabajadores de las Entidades Públicas y éstas; V.- Llevar a cabo el registro de las organizaciones de trabajadores de las Entidades Públicas y cancelar los mismos cuando proceda; VI.- Conocer de los conflictos que se susciten entre los Sindicatos y sus agremiados; VII.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; VIII.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre los sindicatos de trabajadores de las Entidades Públicas y el Titular de éstas; IX.- Recibir y analizar, en términos de esta Ley, la documentación de los Magistrados representantes que integrarán el Tribunal en el período siguiente; X.- Conocer de las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y las instituciones de seguridad social, respecto de las prestaciones en materia de pensiones civiles; y XI.- Las demás que le confieren las Leyes." De los preceptos legales transcritos se desprende que el aquí quejoso, como personal docente, es servidor público de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; y que para dirimir la controversia planteada por el referido promovente, suscitada precisamente con motivo de la propia relación de trabajo mencionada, cuenta con el procedimiento jurisdiccional correspondiente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, donde podrá accionar como demandante contra su patrón, quien figurará como demandada en un plano de igualdad y equidad jurídica procesal. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1281, del Tomo LXXI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al periodo de 1917 a Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES DEL ESTADO, ANTES DE OCURRIR EN AMPARO CONTRA SU CESE, DEBEN HACERLO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. LEGISLACION DE VERACRUZ. El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz, contiene una estructura técnica legislativa análoga al ordenamiento dictado por el Congreso de la Unión, para regir las relaciones entre los poderes federales y los empleados a su servicio, pues salvo ligeras modificaciones, las disposiciones de aquel ordenamiento tienen el mismo contenido jurídico que los preceptos de éste. Por tanto, el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que son improcedentes los juicios de amparo enderezados por los empleados, contra actos de los titulares respectivos, que tienen como consecuencia su cese o remoción, porque de acuerdo con las disposiciones del estatuto, tienen posibilidad de enderezar su acción para obtener su reposición, ante los Tribunales de Arbitraje, aplicándose la fracción XV del artículo 73 de la ley orgánica del amparo, supuesto que, la condición que este precepto establece para la improcedencia, en el sentido de que en las leyes existan medios para suspender la ejecución del acto reclamado, no opera en estos casos, debido a que también se ha sustentado el criterio, de que la suspensión es improcedente, porque se trata de actos que afectan al orden público y al interés de la sociedad, es exactamente aplicable en los casos relativos que se susciten dentro del estatuto de aquella entidad federativa, en virtud de que el artículo 98 de este ordenamiento, hace también el envío al Tribunal de Arbitraje de aquel Estado." Asimismo, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.)5, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". De ahí que, al integrarse el interés jurídico de la quejosa por una cuestión laboral, en la cual su relación con las responsables es de coordinación, el acto que por esta vía se reclama, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha la demanda de amparo presentada por ********************. USUARIO, CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita el promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario ******************** para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al referido usuario, para que pueda ingresar, consultar y notificarse vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona restante que indica, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.SACG/Karla*
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