Víctor Manuel Hernández Báez

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Hernández Báez
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el cinco de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Manuel Hernández Báez por propio derecho; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 207/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113, conjuntamente con el 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al carecer de firma autógrafa. Dichos preceptos establecen: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. En ese contexto, como se advierte de la certificación secretarial, la demanda de amparo presentada por Víctor Manuel Hernández Báez, por su propio derecho, consta al calce de firma en copia, tal como se asentó por la oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad; por tanto, no se puede considerar al promovente ejerciendo la acción constitucional, pues conforme al referido numeral 6° de la Ley de Amparo, la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover el juicio de amparo, mismo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada establecido en el citado numeral que preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, o través de su representante legal o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ende, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado en original por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante; por tanto, cuando se considere que no se reúne ese requisito, la demanda deberá desecharse, tomando en consideración que la firma es un requisito insubsanable de la demanda, puesto que expresa la voluntad de quien la suscribe, avalando a través de ella su contenido. Por lo que si no obra la firma autógrafa de quien suscribe la demanda no existe la certeza de la voluntad para ejercer el derecho que en ésta se consigna, pues de lo contrario se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente cualquier juicio, sin que el suscrito juzgador se vea obligado por alguna disposición legal a efecto de requerir a la parte quejosa para que subsane tal omisión. Cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página trescientos tres, Tomo XV-2, Febrero de 1995, registro 208351, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. Así como la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, Enero de 1991, registro 223817, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión. Importa destacar que la demanda de amparo no se presentó vía electrónica conforme con el artículo 3 de la ley de la materia, sino que se presentó en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, por tanto, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén integrados y dirigidos recae en los usuarios. Apoya lo anterior la tesis XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, registro 2009142, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Sin que con lo anterior, el suscrito juzgador esté contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional, pues esa garantía no es absoluta ni irrestricta a favor del gobernado, porque el constituyente otorgó a los órganos legislativos el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, incluyendo además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador previó para cada clase de procedimiento. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia 113/2001 del Pleno del más alto tribunal constitucional del país, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, Novena Época, de título y contenido siguiente: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 6° de la Ley de Amparo, como se adelantó, con apoyo en el diverso 113 de esa legislación, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Téngase como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Víctor de Jesús Reyes Nájera, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la restante persona, ya que no se encuentra registrada en el sistema en comento y tampoco indicó la cédula profesional para que se pueda consultar en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las demás partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita, por oficio a las autoridades responsables y por lista a la parte quejosa...

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el comunicado de la Auxiliar Administrativo "B" de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Veracruz; mediante el cual remite la minuta del oficio 45, mediante el cual se le notificó la fecha en que se llevaría a cabo la pericial admitida en autos. Ahora bien, por lo que hace al diverso oficio signado por el Comandante de la Primera Región Naval ambos con sede en Veracruz, Veracruz; téngasele informando que de conformidad a lo solicitado en proveído de tres de marzo pasado, designó personal a su cargo a efecto de que auxiliaran para el desahogo del medio de convicción admitido en autos, así como señalando como vía de acceso al predio materia de la pericial, la única entrada a dicho lugar, sin que haya lugar a notificar a las partes de lo anterior, toda vez que la data fijada para su verificativo ya transcurrió. En relatadas circunstancias, estese en espera de que el perito rinda su correspondiente dictamen, a efecto de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.

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