Víctor Manuel Heredia Zubieta

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Heredia Zubieta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 106/2023 Y SU ACUMULADO 107/2023 IX. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de seis de marzo de dos mil veintitrés, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio y su acumulado 106/2023. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de amparo, se declara que la referida sentencia alcanzó el rango de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte el presente expediente y su acumulado constituyen asuntos totalmente concluidos. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto y su acumulado, carecen de relevancia documental porque no se ubican en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional y su acumulado, son susceptibles de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, en ambos juicios. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio y su acumulado, deberán de resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio y su acumulado, como asuntos concluidos. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente y su acumulado, para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente y su acumulado conforme se encomendó en el apartado precedente coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En virtud de lo anterior, glósese las constancias relativas del cuaderno original a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar el expediente principal. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino del cuaderno incidental, se ordena agregar una impresión de éste en dicho cuaderno, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 106/2023 Y SU ACUMULADO 107/2023-VI. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo 106/2023 y su acumulado 107/2023-VI, promovido por **, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad del Distrito Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades responsables. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa -, por propio derecho, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en el punto considerativo tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 107/2023-VII. Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Se agrega al expediente el escrito signado por el quejoso, a través del cual alude dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés. Sin que resulte procedente emitir pronunciamiento alguno en torno a dicha aclaración, en atención a lo que habrá de acordarse en párrafos subsecuentes. Remisión de los presentes autos al diverso expediente. Resulta oportuno señalar que la materia de este juicio de amparo consiste en: la orden de aprehensión y su ejecución. Por otro lado, se cita como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, la circunstancia de que en el índice de este órgano jurisdiccional obra el diverso juicio de amparo, en el cual la parte quejosa, reclama de diversas autoridades la orden de aprehensión y su ejecución. Ahora, de los escritos de demanda -relativos a los juicios de amparo-, se desprende que la misma persona -Víctor Manuel Heredia Zubieta-, reclama de diversas autoridades responsables la orden de aprehensión y su ejecución, así como que los hechos relatados bajo protesta de decir verdad, en ambas demanda son los mismos. Por otra parte, cabe señalar que en el derecho procesal constitucional existe una figura conocida como "acumulación", la cual obedece a: 1) la conexidad de dos o más litigios distintos pero vinculados entre sí por referirse al mismo acto reclamado, 2) cuando son promovidos por el mismo quejoso, 3) cuando el acto reclamado sea similar o cometido por autoridades idénticas, etc. Dicha figura permite al juzgador resolver una pluralidad de juicios con esas características (exista un elemento que los vincule entre sí) en una sola sentencia, lo que coadyuva a evitar posibles contradicciones en la solución de esos asuntos. Entonces, si bien la Ley de Amparo no prevé de forma expresa la figura de la "acumulación de juicios de amparo indirecto", ésta se encuentra contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo que se traduce en el cumplimiento del imperativo constitucional de proveer a los impetrantes de amparo de una justicia completa que les cause certeza al momento de resolver esa diversidad de litigios que concurren en una hipótesis de conexidad. Bajo esa óptica se estima procedente remitir los presentes autos al diverso juicio de amparo, para que se provea lo que en derecho corresponda. Ello es así ya que la naturaleza de los actos reclamados en los dos expedientes guardan vinculación entre sí. Lo anterior se traduce en una medida que beneficia al aquí quejoso ya que implica tramitar en un mismo expediente y, posteriormente resolver dos litigios (juicios de amparo indirecto 106/2023-VI y 107/2023-VII), en una misma sentencia contra actos estrechamente vinculados entre sí -idénticos actos reclamados derivados de la misma circunstancia-. Lo anterior, cobra sustento a través de la jurisprudencia P. /J. 24/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRA RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL" Así como la tesis XX.2°.29. C, visible en la página 1793, tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. NO PROVOCA QUE LOS JUICIOS PIERDAN SU AUTONOMÍA, PUES EL ASPECTO SUSTANTIVO DE UNO NO PUEDE INCIDIR EN EL OTRO PARA RESOLVER EL FONDO, YA QUE DICHA FIGURA JURÍDICA SÓLO TIENE EFECTOS DE CARÁCTER PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Por consiguiente, dese cuenta en el juicio de amparo 106/2023, con el contenido de este acuerdo, ello con el objeto de que en dicho juicio se reciban los presentes autos. Notifíquese.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 107/2023 -VII. Puebla, Puebla, uno de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso; por derecho propio, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Irregularidad en la demanda de amparo. La lectura integral1 de la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades. Lo anterior resulta así, pues en el capítulo del acto reclamado señala lo siguiente: De esa transcripción es posible advertir que el quejoso incorpora actos que no fueron señalados en el apartado conducente, esto es, la sujeción, localización, retención, disposición y/o privación de la libertad deambulatoria. No obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé esos supuestos que refiere el quejoso. En efecto, en relación con la orden "detención verbal o escrita", si bien es cierto que, los artículos 146 y 147 del citado ordenamiento legal, prevén los supuestos de detención en flagrancia, para los cuales no se requiere de una autorización judicial -en ese momento-, lo cierto es que su reclamo sería incongruente, porque el quejoso en ningún momento manifestó que haya sido privado de su libertad personal. Además, la legalidad de esa detención sería objeto de estudio en la audiencia inicial, según lo dispone el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con independencia a lo anterior, toda vez que el quejoso no manifiesta que ha sido detenido, constituiría un acto futuro e incierto, motivo por el cual el juicio de amparo seria improcedente, porque no hay una afectación real y directa a la esfera jurídica del quejoso. En la misma línea de argumentación, en términos del artículo 131, fracción XI, y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales la "retención" constituye una facultad del Ministerio Público cuando se lleva a cabo una detención en flagrancia, plazo durante el cual analiza si existen elementos para ejercer acción penal en contra del detenido. Empero, como ya se destacó el aquí quejoso goza actualmente de su libertad personal. Ahora, en torno a la "detención escrita", debe atenderse lo dispuesto en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se prevé la facultad del Ministerio Público de ordenar una detención por caso urgente; sin embargo, esa determinación se caracteriza por hallarse en un supuesto de extrema necesidad, en los cuales existan condiciones objetivas por las cuales la representación social no pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar un medio para conducir al imputado al proceso. Empero, de los hecho narrados se advierte que elementos de policía han tratado de ejecutar un mandato de captura y, para ello, ha realizado actos de investigación que les permitan materializar dicha orden, lo cual descarta por completo un supuesto de detención por caso urgente; pues, si los elementos de policía han tenido oportunidad para gestionar la ejecución de dicho mandato, es incongruente que, la autoridad ministerial se ubicara en una situación extrema que le impidiera acudir ante el Juez de Control a solicitar la conducción al proceso del imputado. Tanto es así, que el quejoso señaló una autoridad judicial a la cual le atribuye la emisión de dicha orden de captura. Además, se insiste, el quejoso se encuentra actualmente gozando de su libertad personal, lo cual implica que el Ministerio Público no actuó, en ese momento, bajo los extremos del numeral 150 ya citado. Por otra parte, los vocablos "sujeción" y "disposición", son acciones por las cuales el quejoso queda vinculado a un proceso y bajo la responsabilidad de determinada autoridad; pero, en ningún momento constituyen medidas privativas de libertad, es decir, el quejoso queda sujeto a un proceso cuando se emite un auto de vinculación y, una vez detenido, se deja a disposición de la autoridad que, precisamente, habrá de disponer de su libertad una vez detenido. De ahí que, resulte incongruente ese señalamiento, porque como se ha destacado en párrafos precedentes, el quejoso no ha sido detenido. Ahora, en relación con la "localización" y "privación de la libertad deambulatoria", es evidente que constituyen consecuencias directas de la emisión de una orden de aprehensión y su ejecución, pero no actos que puedan ser reclamados en lo individual. En efecto, una vez emitido el mandato de captura, las autoridades ejecutoras requieren "localizar" a la persona que habrán de aprehender y, una vez ejecutada, es evidente que la libertad deambulatoria de aquélla se verá afectada; sin embargo, todo ello es una consecuencia intrínseca de la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, resulte necesario requerir la aclaración de la demanda de amparo, porque el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé los supuestos destacados por el quejoso y únicamente se advierte la facultad del Juez de Control de emitir una orden de aprehensión. Por otra parte, el quejoso reclama esos actos a diversas autoridades, entre judicial y ministeriales; empero, al destacar las autoridades ejecutoras precisó a la siguiente autoridad: "d. Género Contra las Mujeres;" Evidentemente, esa denominación resulta incorrecta e incompleta; pues, en el organigrama del Poder Judicial Federal o la Fiscalia General de la República no existe autoridad alguna con la denominación "Género Contra las Mujeres". De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio para esta operadora jurídica que, en el juicio de amparo 106/2023-VI, el aquí quejoso también presentó un escrito de demanda respecto del mismo acto reclamado, pero por autoridades diversas -de índole estatal-; y, dentro de esas autoridades se ubica: "e. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres;" De lo que se colige que, posiblemente, el quejoso al basar su demanda en el mismo formato, omitió suprimir por completo la denominación de esa autoridad y únicamente dejó "Género Contra las Mujeres", sin que en realidad fuera su voluntad atribuir el acto aquí reclamado a esa autoridad; pues, justamente, fue señalada -en su correcta denominación- en el diverso juicio de amparo 106/2023-VI. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles, siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe las siguientes aclaraciones: 1. Precise si es su deseo delimitar el señalamiento del acto reclamado únicamente a la orden de aprehensión y su ejecución, o, en su caso, si insiste -a pesar de las consideraciones expuestas en este acuerdo- en reclamar las diversas órdenes de detención, sujeción, localización, retención, disposición y/o privación de libertad deambulatoria, en el entendido que dichos actos pudiera actualizar alguna causa de improcedencia y, además, no se encuentran previstos en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 2. Indique si es su deseo prescindir del señalamiento de la autoridad destacada como "Género Contra las Mujeres" o, en caso de insistir, deberá precisar su denominación correcta y completa. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como una para cada autoridad responsable, otra para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III de la ley de la materia. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Acceso al expediente electrónico y autorizados Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en Puebla. No pasa inadvertido que el quejoso solicita las notificaciones electrónicas a través del correo eléctrico; y, además, destaca que ese correo se encuentra vinculado con el nombre de usuario Sin embargo, ningún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo no prevé las notificaciones a través del correo electrónico, motivo por el cual no constituye un medio procesal de notificación. Y, si bien es cierto que el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación exige para su registro, entre otras cosas, un correo electrónico, a través del cual podrá comunicarse la existencia de una resolución pendiente de notificación, en realidad, este órgano jurisdiccional únicamente puede vincular la consulta o notificación del expediente electrónico a través del nombre de usuario respectivo. Luego, el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone que para efectos de autorizar las notificaciones electrónicas es indispensable que se indique expresamente y, además, se señale el nombre de usuario cuya autorización se otorga. De ahí que, ante la falta de esos requisitos -por haberse señalado el correo electrónico y no el nombre de usuario- únicamente se autoriza al la consulta del expediente electrónico. No obstante, quedan a salvo los derechos del quejoso en caso de que desee autorizar las notificaciones electrónicas; empero, deberá de plantear su solicitud en los términos precisados. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso únicamente el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: "Alianza08". Por otro lado, quedan autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, porque tienen registradas sus cédulas profesionales, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese; en forma personal al quejoso; y cúmplase.

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