Victor Manuel Garcia Nolasco

Expediente 962/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
962/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Garcia Nolasco
  • VICTOR MANUEL GARCIA NOLASCO y Otros.
  • Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia C5 (Licenciada Itzmalcin Piña Obregón)
  • Aymeri Manzano Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Devolución de anexos. Se ordena devolver al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla las siguientes constancias: copia autorizada de carpeta judicial ********************, así como dos discos versátiles que contienen las audiencias de veintisiete de septiembre y dos de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente. un disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte para soportar su dicho, así como copia de diversas actuaciones practicadas en la causa penal ********************. Sin que sea necesario solicitar acuse de recibo por tratarse de copias. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a la autoridad tercera interesada, pues ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, los terceros interesados o la quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Puebla, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto por el cual se tuvo cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, y se ordenó el archivo del mismo. Lo cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fue otorgada la suspensión provisional y definitiva. De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente incidente como asunto concluido. Sin embargo, con fundamento en el artículo 20 del mismo acuerdo general, el duplicado del incidente deberá resguardarse sólo durante seis meses. Inexistencia de documentos y garantías. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este incidente no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 962/2019-II. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22-, que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó) Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal del juicio y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, donde se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, fue notificada al quejoso -de manera personal- el veintisiete de noviembre siguiente, por lo que han transcurrido catorce de los quince días con los que cuenta para interponer el recurso de inconformidad en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, pues la suspensión de plazos inició el veintiuno de diciembre siguiente. Por tanto, se informa al quejoso -y al resto de las partes- que éste día corresponde al número quince de con los que cuenta para interponer el recurso de inconformidad en contra del aludido acuerdo. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020, por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Sin embargo, en atención a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de once de enero de dos mil veintiuno -comunicado mediante la circular SECNO/2/2021-, dichas citas podrán programarse a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, tanto al quejoso, como a las autoridades responsables, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en auto de treinta de octubre del presente año, para manifestarse respecto de los actos efectuados por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues, sería infructuoso, para el quejoso, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, pero, en realidad, se materializa hasta su ejecución. En ese sentido, resalta que en la audiencia constitucional de nueve de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se otorgó el amparo al quejoso ****. Luego, el uno de octubre del presente año, la sentencia causo ejecutoria y se requirió al juez responsable que procediera al cumplimiento de la protección. Por ende, quedó obligado a cumplir los efectos siguientes: ".I. Deje insubsistentes las determinaciones adoptadas tanto en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve como en la diversa de dos de octubre siguiente, respecto a la causa penal ***, y ordene la reposición del procedimiento, únicamente en lo que respecta al quejoso ****. II. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias para cerciorarse por cualquier medio idóneo que **** y ****, personas designadas por el impetrante como sus defensores en las distintas audiencias, a la data del desahogo de las audiencias correspondientes tenían la calidad de licenciados en derecho. III. De contar las referidas personas con la calidad de licenciados en derecho o sólo ****, deberá fijar fecha para el desahogo de la audiencia inicial y al momento de individualizar a las partes requerir a los defensores o, en su caso, únicamente a quien cuente con la calidad de licenciado en derecho, proporcione su número de cédula y datos de registro del documento que lo acredite como tal, los cuales deberá verificar con el encargado de sala para establecer su autenticidad, de lo que deberá quedar constancia en la videograbación correspondiente, con la finalidad de garantizar el derecho del quejoso de contar con una defensa técnica adecuada. IV. En caso de que los dos defensores o sólo ****(quien compareció a las dos audiencias) tenga la calidad de licenciado en derecho, sin dar intervención a las partes deberá dictar otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. V. En caso de que únicamente*** (quien compareció a la continuación de la audiencia inicial donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso) cuente con la calidad de licenciado en derecho, deberá conceder el derecho de contradicción al defensor del impetrante, para que manifieste lo que corresponda; debiendo agotar la audiencia inicial en sus distintas etapas conforme a las solicitudes que formule el órgano investigador; en cuanto a la resolución de vinculación a proceso, sin dar intervención a las partes, deberá pronunciarse, sin variar el sentido de esa determinación, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. VI. En el supuesto de que las dos personas designadas por el impetrante como sus defensores carezcan de la calidad de licenciados en derecho, el Juez de Oralidad responsable, deberá dejar insubsistente la audiencia inicial en todas sus etapas y señalar fecha para su desahogo, para lo cual tendrá que requerir al quejoso nombre defensor de su parte, y de no realizar designación alguna, nombrar al de oficio, conforme al procedimiento establecido en la legislación procesal penal, lo cual tendrá que efectuar con la oportunidad debida para garantizar el derecho de defensa del imputado. VII. Una vez que el impetrante haya designado defensor o se haya nombrado al de oficio, en la data señalada para la celebración de la audiencia, deberá identificar a las partes, para lo cual deberá requerir el número de cédula y datos de registro que justifiquen la calidad de licenciado en derecho, los que deberán ser corroborados con el encargado de sala, lo cual tendrá que constar en la videograbación respectiva, pues de carecer de tal carácter deberá nombrar nuevo defensor ajustándose a los lineamientos antes indicados. VIII. Finalmente, una vez verificada la calidad de licenciado en derecho de la persona nombrada, deberá dar continuidad a la audiencia inicial en cada una de sus etapas conforme a las solicitudes formuladas por el órgano investigador, para lo cual podrá resolver con libertad de jurisdicción de acuerdo con el debate planteado por las partes. IX. Para el caso que el cumplimiento a la presente ejecutoria deba realizarse por juzgador diverso, éste deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes del comienzo de la audiencia inicial, cerciorarse en la audiencia videograbada que la persona que asista al impetrante cuente con cédula profesional, constatar ese hecho y continuar con el desarrollo de las subsecuentes etapas procesales, donde deberá resolver con libertad de jurisdicción cada una de las solicitudes formuladas por el fiscal." Luego, mediante oficio 20821/2020/JC, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, remitió el registro audiovisual de la audiencia de cinco de octubre de dos mil veinte, con la cual consideró haber cumplido los términos de la protección. Así, en proveído de ocho de octubre siguiente, se otorgó una vista de tres días a las partes, para manifestarse como a su interés conviniera de la actuación realizada por la autoridad responsable. Sin embargo, en proveído de veintitrés de octubre último pasado se determinó que la sentencia no se encontraba cumplida a cabalidad, porque había incurrido en un exceso al reanudar toda la audiencia inicial bajo el argumento de que el imputado (aquí quejoso) había designado un nuevo defensor particular. En consecuencia, por segunda ocasión se requirió al juez responsable para que atendiera de manera puntal los efectos de la concesión de amparo. De esta manera, mediante oficio 24031/2020/JC, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, sede Puebla, remitió copia certificada del proveído de dos de octubre del año en curso, emitido en la causa penal **** y el registro audiovisual de la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, con las cuales consideró haber cumplido los términos de la protección. En proveído de treinta de octubre siguiente, de nuevo se otorgó una vista de tres días a las partes, para manifestarse como a su interés conviniera de la actuación realizada por la autoridad responsable Ahora, el registro audiovisual de la referida audiencia y las constancias remitidas por el juez responsable, tienen pleno valor probatorio como documentos públicos, debido a que se trata de actuaciones judiciales debidamente certificadas. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. De entrada se advierte que el juez responsable, en acuerdo de dos de octubre del año en curso, dejó insubsistente las determinaciones emitidas en las audiencias de veintisiete de septiembre y dos de octubre, ambas de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ****, y ordenó la reposición del procedimiento, únicamente por cuanto se refiere al aquí quejoso ***. Luego, en la audiencia celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, el juez responsable: 1. Identificó a los comparecientes, encontrándose entre éstos la defensora pública ****, quien proporcionó su número de cédula profesional (****); 2. Dejó insubsistente la audiencia celebrada el cinco de octubre de dos mil veinte, con la cual pretendió cumplir la sentencia dictada en este juicio; 3. Verificó con la encargada de sala que la cédula profesional de la defensora pública ****(número ***), estuviera debidamente inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; 3. Sin dar intervención a las partes, dictó nuevas determinaciones respecto del control de detención del quejoso, la solicitud de vinculación a proceso, la imposición de medidas cautelares y fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria, pero sin variar el sentido de las emitidas en las audiencias de veintisiete de septiembre y dos de octubre, ambas de dos mil diecinueve. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Porque se cercioró de que en la audiencia inicial -a la que se refiere el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales- el imputado ****, aquí quejoso, se encontraba debidamente asistido de una defensora con cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, dando así efectividad a su derecho a contar una defensa adecuada. Ahora, el quejoso (en escrito presentado el seis de noviembre del año en curso) refirió que, a su parecer, existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia, porque en la audiencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte no estuvo asistido de su defensor particular. Sin embargo, es importante indicar al quejoso que los efectos de la protección se limitaron a que el juez responsable debía verificar si las personas que lo asistieron en las audiencias de veintisiete de septiembre y dos de octubre, ambas de dos mil diecinueve, tenían la calidad de licenciados en derecho, y sólo en caso de que esto no fuera así, debía darle oportunidad de nombrar un nuevo defensor. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina por cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Asimismo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: En audiencia constitucional de nueve de septiembre de dos mil veinte se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; El uno de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió al juez responsable su cumplimiento; El juez responsable pretendió cumplir la sentencia en la audiencia de cinco de octubre de dos mil veinte, pero en acuerdo de veintitrés siguiente, se determinó un exceso en el cumplimiento; El Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede Puebla, cumplió cabalmente la protección constitucional, en resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte; El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de este juzgado el oficio donde el juez responsable informó dicho cumplimiento; y En la presente fecha, -veinticuatro de noviembre de dos mil veinte-, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19; se instruye a la actuaria encargada de la notificación de este acuerdo, que para la entrega de los oficios generados con motivo del mismo, así como para la notificación personal a las partes (según corresponda), siga de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; de forma personal al quejoso y a la fiscal adscrita, por lista a los terceros interesados, por oficio al Agente del Ministerio Público tercero interesado y a las autoridades responsables; y cúmplase.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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