Víctor Manuel Gutiérrez López

Expediente 1059/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Gutiérrez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, las copias certificadas que acompañó a su informe justificado, constante de dos tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio signado por el Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, México, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia dictada en el expediente de origen; toda vez que el nueve de febrero de la presente anualidad, se dictó el fallo correspondiente en este sumario. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 1059/2022-V; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El seis de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, el cual fue recibido en este órgano jurisdiccional el nueve siguiente, a quien le correspondió el conocimiento del asunto por razón de turno, Víctor Manuel Gutiérrez López, por su propio derecho y en representación de su hijo I. A. G. A.1 , solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, una vez desahogada la prevención realizada en proveído de doce anterior, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la acción constitucional, decretó la apertura del incidente de suspensión, dio la intervención que legalmente le compete a la representación social federal adscrita a este juzgado, fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley, y solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. 1Los nombres de los infantes son omitidos, a efecto de resguardar su privacidad de conformidad con los puntos 9 y 10, capítulo III, de las reglas de las actuaciones generales contenidas en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, el catorce de octubre de dos mil veintidós, el juez familiar rindió su informe justificado, documento que fue acordado de conformidad el diecisiete siguiente, en donde se tuvieron por anunciadas como pruebas de su parte las copias certificadas del expediente 768/2020 de su índice; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Sonia Arcos Márquez, lo cual ocurrió el veintiuno del mes y año en cita, mediante su comparecencia ante este juzgado de distrito. Además, a través de promoción presentada en este juzgado de distrito el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa desahogó la vista otorgada con el informe justificado de la autoridad responsable; por su parte, la tercera interesada en diverso escrito exhibido el tres de noviembre de esa anualidad, se apersonó al juicio y expresó alegatos. Por otra parte, en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós se solicitó se designara representante especial al quejoso menor de edad I. A. G. A., en tal virtud mediante escritos presentados el dos de diciembre de dos mil veintidós, Sonia López Sánchez en su calidad de asesora jurídica adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, aceptó y protestó el cargo conferido, el cual fue acordado satisfactoriamente, por auto de cinco de diciembre siguiente. Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado deriva de un procedimiento civil del orden familiar, tramitado ante una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo2 , se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas para la substanciación del asunto, a efecto de fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, consistente en: La resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de trece de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 768/2020, relativo al juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al juez responsable, ello porque así lo afirmó la propia autoridad al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por el juez familiar, consistentes en copias certificadas de las actuaciones que estimó necesarias del expediente 768/2020, de su índice; las cuales por tener el carácter de actuaciones judiciales, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones 2Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.). de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la ley de la materia3 . Al respecto, la tercera interesada solicitó se sobreseyera en el juicio de amparo, al considerar que en el caso se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, así como el diverso 63, fracción IV, todos de la ley de la materia4 . Sin embargo, el suscrito considera que las causales invocadas no se actualizan en el caso que nos ocupa. Lo anterior es así debido a que las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la tercera 3Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 4Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). 02/02/24 18:15:52 7 consideran infundadas, toda vez que las mismas se sustentan en cuestiones que atañen al fondo del asunto, como lo es la oportunidad y procedencia del ofrecimiento de los medios de convicción pretendidos por el ahora quejoso, en el juicio de primera instancia; aunado a que en el considerando tercero de esta resolución se tuvo por acreditada la existencia del acto reclamado, cuya regularidad constitucional será analizada con posterioridad. Por lo tanto, no prosperan las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la tercera interesada; de ahí que las mismas, como ya se anunció, resulten infundadas. Finalmente, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza diverso motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta procedente el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos, ya que en la Ley de Amparo no existe artículo que señale expresamente que deba realizarse en la sentencia transcripción de los mismos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el registro digital 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Este juzgador considera que los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, resultan infundados, los cuales por cuestión de técnica jurídica se analizan en un orden diverso al propuesto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo5 , mismos que, esencialmente, consisten en: 1. Que se viola en perjuicio del infante I. A. G. A., su derecho contenido en el tercer párrafo del artículo 17 Constitucional, al abstenerse el juez familiar de entrar al estudio de fondo del asunto, y otorgarle la tutela judicial efectiva, en apoyo a su argumento invocó el criterio jurisprudencial de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 182 IN FINE DE LA LEY DE AMPARO, CONLLEVA 5Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. RESOLVER INTEGRALMENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRINCIPAL Y ADHESIVO."; 2. Que se violan los derechos humanos del citado menor de edad, contenidos en los numerales 1° y 4°, párrafo octavo, Constitucionales, concepto de violación que sustentó en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ADMISIÓN DE LA PRESENTADA POR EL PADRE DE UN MENOR DE EDAD POSIBLE VÍCTIMA DE UN DELITO, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO ES LEGAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA MADRE SEA QUIEN EJERZA LA CUSTODIA DEL NIÑO, YA QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO SE REQUIERE PROTEGER EN TODA SU AMPLITUD SU INTERÉS SUPERIOR."; 3. Que la resolución reclamada viola el debido proceso porque omite dar cabal respuesta a lo peticionado por el quejoso, pues lo determinado sin motivación ni fundamento, no resolvió lo manifestado en el escrito de agravios interpuesto al efecto, inhibiéndose así el juez responsable a garantizar el principio de interés superior de la niñez, para dictar de oficio las diligencias pertinentes para proteger los derechos del niño involucrado, máxime que fue el sentido y esencia de esa promoción; y, 4. Que el juez familiar violó los derechos fundamentales del infante ya mencionado al dejar de aplicar los artículos 5.1, 5.3, fracciones III y VI, 5.8, 5.16, primer segundo y quinto párrafos, 5.30 y 5.56, tercer y cuarto párrafos, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Los anteriores motivos de inconformidad se analizarán conforme al interés superior de la infancia. En ese sentido, en primer lugar se estima pertinente mencionar que el artículo 4o. Constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; igualmente, se precisa que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, determina que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios; además, de que corresponde al Estado otorgar las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Por su parte, el segundo y tercer párrafos del precepto 17 Constitucional, en su parte conducente, señalan lo siguiente: Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. .". En ese orden de ideas, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: I) El derecho que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión; II) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas; III) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial; y, IV) Que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En efecto, el numeral aludido pertenece a la especie de los principios de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Atributos estos últimos, de la garantía de acceso a la administración de justicia, que han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página doscientos nueve, con registro digital 171257, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Además, los artículos 5.1, 5.3 bis, 5. 8, 5.16, 5.30 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México6 , 6Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. Las controversias de derecho familiar se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y a proteger a sus miembros. El juzgador deberá implementar las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Tratándose de asuntos de reconocimiento de paternidad, el juzgador no requerirá nombrar a un tutor a favor del menor, excepto cuando quien lo promueva en su nombre tenga un interés opuesto al del menor. El juez dictará las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de niñas, niños y adolescentes y de los padres a gozar de la convivencia familiar, velando en todo momento por el interés superior de aquellos. 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO 11 Artículo 5.3 bis. En todo procedimiento de carácter jurisdiccional en el que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez se deberá observar lo siguiente: I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez. II. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. III. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados, así como información sobre las medidas de protección disponibles. IV. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera. V. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete. VI. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica. VII. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario. VIII. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir negativamente en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva. IX. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir. X. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos, de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal. XI. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. Artículo 5.8.- En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja e incluso analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes, si ello resulta imprescindible para proteger debidamente el interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores. Artículo 5.16. El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho. El derecho a las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar. Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición alguna medida urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la queja en beneficio de estos. Artículo 5.30. Cuando se involucren derechos relacionados con niñas, niños y adolescentes se dará intervención al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las procuradurías de protección municipales, desde el auto admisorio, cuando aquellos carezcan de representante legal. También se dará intervención al Ministerio establecen los lineamientos a observar en los asuntos que se encuentren en controversia derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se deberá de respetar en todo momento su interés superior, el cual será la prioridad que ha de regir respecto de cualquier otro derecho que pudieran tener los progenitores, así como los casos en los que el juez del conocimiento podrá ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio. En ese orden de ideas, el numeral 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre derechos de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, en observancia irrestricta a los derechos humanos que a favor de los infantes consagran los preceptos legales invocados en párrafos precedentes, en relación con los diversos del 1o. al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Ciudad de Nueva York, de los Estados Público cuando se trate de incapaces, desde el auto admisorio cuando carezcan de representante legal. El Juez en cualquier etapa del procedimiento, cuando advierta que el representante legal es omiso o actúa en contra de los intereses de niñas, niños y adolescentes o incapaces dará intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Tratándose de adultos mayores, el Juez dará intervención al Ministerio Público, cuando advierta que se requiere para la mejor representación de sus intereses. Artículo 5.56.- El juez procederá a admitir los medios de prueba ofrecidos en la demanda, reconvención y contestación a éstas, y las relacionadas con la objeción de documentos y tendrá por desahogadas las que su naturaleza así lo permita; dictará las medidas necesarias para preparar el desahogo de las restantes en la audiencia principal o fuera de ésta. Cuando se advierta la falta de algún requisito en el ofrecimiento de una prueba, el juez requerirá a la oferente para que lo subsane en ese acto, de no hacerlo en sus términos, la inadmitirá. En los asuntos donde se controviertan derechos de menores e incapaces o en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario, así como cuando se planteé la guarda y custodia y patria potestad, el juez podrá ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio. En materia de guarda y custodia de menores se practicarán de forma oficiosa periciales en materia de psicología familiar y trabajo social. Unidos de Norteamérica, y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano, según lo dispuesto por el numeral 133 Constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de allegarse una legislación encaminada a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez fuesen tutelados no solamente por instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualizó el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, el cual, con carácter orientador, enlista un catálogo de derechos que implican obligaciones a cargo de los órganos jurisdiccionales, a fin de respetar, adoptar y garantizar, las medidas para su cumplimiento y los derechos reconocidos por los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano. En dicho instrumento se sistematizan una serie de prácticas necesarias para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, cuando éstos se encuentren ante un proceso de impartición de justicia, el cual debe ser adoptado por los diversos órganos encargados de esa labor. De igual manera, se establecieron los principios de carácter general que, de acuerdo con los instrumentos internacionales, deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes. También se prescribieron acciones que deben realizarse en toda ocasión que los niños, niñas y adolescentes participen en un procedimiento jurisdiccional. Establecido lo anterior, se concluye que los órganos jurisdiccionales, en los asuntos que conozcan donde intervengan derechos de infantes, deberán resolver privilegiando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, se considera aplicable la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 406, Décima Época, con registro digital 2006011, la cual establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.". Así como la diversa 2a./J. 113/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Décima Época, con registro digital 2020401, la cual es del tenor siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.". 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO Una vez que han quedado precisados diversos aspectos legales y jurisprudenciales que rigen en materia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se procede a hacer un breve resumen de los antecedentes del acto reclamado, para un mejor entendimiento de la cuestión a resolver, en los términos siguientes: a) Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte, Víctor Manuel Gutiérrez López demandó de Sonia Arcos Márquez la modificación del convenio celebrado entre ellos el siete de noviembre de dos mil diecinueve; la reducción de la pensión alimenticia definitiva a favor del niño I. A. G. A., a razón del diecisiete por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias del total de las percepciones que recibe el actor; se informe a su centro de trabajo dicha reducción; y, el pago de gastos y costas judiciales. b) Una vez emplazada, el treinta de noviembre de dos mil veinte, la demandada contestó la acción instaurada en su contra, en donde negó derecho al actor para reclamarle las prestaciones pretendidas. c) Seguida la secuela procesal, por escrito exhibido el veinte de junio de dos mil veintidós, el actor solicitó - con el carácter de supervinientes- el desahogo de las pruebas consistentes en: el expediente clínico psicológico que contenga el detalle de las sesiones a que se ha sometido el menor de edad involucrado; la pericial en materia de trabajo social; la pericial en materia de psiquiatría; y, la pericial en materia de psicología. d) En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el juez del conocimiento acordó lo siguiente: "Por presente a VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ, con el escrito de cuenta, visto su contenido y el estado procesal de los autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.137, 1.138 en relación con el artículo 5.38 fracción V del Código de Procedimientos Civiles en vigor, no es procedente acordar de conformidad lo solicitado, atendiendo a que el último de los dispositivos, prevé como pruebas superveniente únicamente documentales las cuales para ser admitidas se manifestará bajo protesta de decir verdad que tienen tal carácter, ya sea por ser de fecha posterior a los escritos de fijación de la litis, o bien, por tener conocimiento de su existencia después de la audiencia inicial, más no así, las periciales en trabajo social, psicología y psiquiatría que pretende el promovente, no adecuándose su solicitud al dispositivo legal citado.". e) Inconforme con esa determinación, el actor interpuso recurso de revocación, solicitud a la cual le recayó el auto de veintisiete de junio en el que se indicó lo siguiente: "Agréguese a los autos la promoción de cuenta, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.10, 1.28, 1.96, 1.97, 1.98 y 1.119 Bis, del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que carece de firma electrónica del interesado, esto es de VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ, por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado.". f) En consecuencia, por escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós, el inconforme insistió en el ofrecimiento y admisión de los medios de convicción. g) Promoción que fue acordada el trece de julio de dos mil veintidós, en los términos siguientes: "Con el escrito de cuenta, se tiene por presente a VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ, con la personalidad que tiene acreditada en autos; visto su contenido, en términos de lo dispuesto en los artículos 1.134, 1.135, 1.137, 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por formuladas las manifestaciones, debiéndose estar a lo acordado en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, donde ya se proveyó lo conducente.". h) Inconforme con lo antes transcrito, el actor interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, el cual fue resuelto el quince de agosto de dos mil veintidós, cuyas consideraciones esenciales y resolutivos son del tenor siguiente: ". se le hace saber al recurrente que interpone recurso de revocación en contra del auto de fecha trece de julio del año en curso; no obstante, resulta inconcuso, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, empero, de autos aparece que el recurrente no agotó el recurso de revocación correspondiente mediante el cual era recurrible el auto referido. Por tanto, el recurrente no impugnó el auto de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que no se procedió a admitir de manera oficiosa, las periciales en materia de psicología, psiquiatría y trabajo social; es indudable que teniendo al alcance un medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, al no utilizarlo, implicaría que consintió tácitamente el auto dictado en auto de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós. Sin perjuicio de lo anterior, dado que en dicho auto se omitió proveer respecto de la escucha del menor involucrado, se provee con fundamento en el artículo 5.23 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por el momento este juzgador no estima necesario la misma, dada la acción ejercitada por la parte actora, siendo esta reducción de pensión alimenticia y por cuanto hace al expediente clínico, se procede a proveer lo conducente con fundamento en los artículos 5.1 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el recurrente estuvo en posibilidad de ofrecerlo al momento de ofrecer su demanda al haber acudido con tal especialista a mediados de dos mil veinte, finalmente por cuanto hace a señalar un representante del menor involucrado de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, se procede a proveer lo conducente con fundamento en el artículo 5.30 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no ha lugar a acordar de conformidad atendiendo a que dicha petición no se encuentra en la hipótesis que señala el precepto legal invocado en último término, al contar el infante involucrado en autos con representantes legales, esto es, sus progenitores. De lo anterior se advierte, que el auto que se combate en el presente recurso de revocación es el auto de fecha trece de julio de dos mil veintidós, el cual deriva de otro consentido (auto de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós), por ello resulta improcedente, el recurso de revocación planteado. . Lo anterior, sin perjuicio que este juzgador, pueda decretar en todo momento, cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar el interés superior del niño involucrado y el desahogo de cualquier prueba, para conocer la verdad, tal como lo establecen los numerales 1.250, 1.251, 5.8 y 5.16 de la ley procesal en la materia. III. SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Atento a lo anterior, resulta atinado declarar que resulta improcedente la revocación pretendida y debe quedar entonces, intocado el auto dictado el trece de julio de dos mil veintidós. . PRIMERO. Se declaran infundados, injustificados, insuficientes e inoperantes los agravios formulados por el señor VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ, por las consideraciones arriba precisadas. SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha trece de julio de dos mil veintidós.". De lo transcrito con anterioridad, se estima que el juez familiar para llegar a la conclusión ahora reclamada, en primer término advirtió que el auto combatido tenía su origen en uno diverso -veintiuno de junio de dos mil veintidós- que fue consentido, además de que sí se pronunció respecto a la petición del progenitor del infante de nombrar un representante que vigilara los derechos de su hijo; sin embargo, no consideró necesaria esa designación, pues indicó que el niño ya tenía representantes legales -sus padres-; por último, el juzgador precisó que -de considerarlo necesario- podría decretar en cualquier momento las medidas que considerara necesarias para salvaguardar el interés superior del niño involucrado, así como el desahogo de cualquier prueba para conocer la verdad de lo ante él planteado; por lo que se puede advertir que el juez responsable sí tuvo como prioridad el interés superior del infante, partiendo de la base de que la litis del juicio la constituye la disminución de la pensión alimenticia otorgada a favor del menor de edad involucrado. En ese orden de ideas, se reitera, los conceptos de violación expuestos por la parte solicitante del amparo, aún suplidos en su deficiencia, resultan infundados. Ello es así porque como ya quedó narrado en párrafos precedentes, el acto que por sí mismo le pudo haber generado algún perjuicio a Víctor Manuel Gutiérrez López, lo fue el de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en donde el juez familiar no admitió las pruebas que ofreció, determinación que si bien fue recurrida mediante la interposición del recurso de revocación respectivo, no obstante ello, el escrito por medio del cual se pretendió la presentación del citado medio de impugnación, no cumplió con las formalidades exigidas para ello por la ley, como lo es la firma electrónica del inconforme, razón por la cual no fue acordado de conformidad. Ahora bien, el actor de nueva cuenta pretendió el ofrecimiento de los medios de convicción que consideró pertinentes; sin embargo, el juez responsable reiteró su determinación, pues en el proveído de trece de julio de dos mil veintidós, lo remitió al citado acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, mismo que fue recurrido a través del recurso de revocación respectivo, el cual fue resuelto el quince de agosto de la misma anualidad -acto reclamado-, en el sentido de declarar improcedente el medio de impugnación intentado y dejar intocado el auto recurrido. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera correcta la determinación del juez responsable, toda vez que efectivamente la resolución que aquí se reclama tiene su origen en un auto que acordó el ofrecimiento de pruebas por segunda ocasión, ofrecimiento que ya había sido analizado por la responsable, con independencia de su sentido; entonces, si lo que el actor pretendió ya había sido materia de estudio por parte del juzgador, fue correcta su decisión de declarar improcedente el recurso de revocación intentado, así como dejar intocado el auto recurrido, pues esa determinación por sí misma no le causó perjuicio al inconforme, sino el diverso de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el cual al no haber sido recurrido, quedó firme en sus términos. 21 Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado por Víctor Manuel Gutiérrez López en el sentido de que con su resolución, el juez familiar violó los derechos humanos del infante I. A. G. A. como lo es la tutela judicial efectiva, al no analizar el fondo del recurso planteado, así como al no garantizar el interés superior del menor de edad; sin embargo, este juzgador no advierte violación alguna a los derechos del niño en mención, ya que el resolutor de primera instancia al analizar el recurso de revocación sí se pronunció respecto del interés superior del menor involucrado, además de que también analizó las diversas cuestiones puestas a su consideración, ello con independencia de que haya declarado improcedente el medio de impugnación planteado, por los motivos que ya quedaron precisados en párrafos precedentes. Esto es, en relación con el ofrecimiento de los medios de convicción pretendidos por el inconforme, de forma superviniente, específicamente la prueba documental consistente en el expediente clínico psicológico del niño involucrado, el juez familiar sí realizó un pronunciamiento expreso ya que indicó: "por cuanto hace al expediente clínico, se procede a proveer lo conducente con fundamento en los artículos 5.1 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el recurrente estuvo en posibilidad de ofrecerlo al momento de ofrecer su demanda al haber acudido con tal especialista a mediados de dos mil veinte", motivo por el cual no validó su ofrecimiento, ya que no tenía el carácter de superviniente, sino que más bien su ofrecimiento fue extemporáneo; aunado a que en los conceptos de violación que ahora hace valer, no combate frontalmente esa consideración toral del juez responsable, sino que únicamente insiste en sostener que la responsable no resolvió lo manifestado vía agravios, además de inhibirse de garantizar el interés superior de la niñez, sin precisar por qué ofreció hasta ese momento dicho medio de convicción o debido a qué motivo podía considerarse que tuviera el carácter de superviniente, así como de qué forma el desahogo de dicha probanza serviría para los fines pretendidos en su acción principal-reducción de pensión alimenticia-. Asimismo, por lo que hace a la prueba pericial en materia de trabajo social, la misma si bien podría ser conducente para determinar la procedencia o no de la reducción de la pensión alimenticia demandada por el ahora quejoso, lo cierto es que a fojas setecientos noventa y tres del tomo 2/2, del anexo de pruebas que acompañó el juez familiar a su informe justificado - expediente 768/2020-, se advierte un dictamen pericial en trabajo social con fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós; es decir, se emitió a escasos tres meses de la emisión de la resolución reclamada, por lo que, en todo caso, no se justificaría que se ordenara de nueva cuenta la realización de otro estudio en la misma materia, máxime que el solicitante de la protección constitucional no precisa los motivos por los cuales considera necesario un nuevo estudio socioeconómico, que deba tener prevale3ncia sobre el que ya obra en autos. Por último, en relación con las diversas periciales en materia de psicología y psiquiatría las mismas son inconducentes para determinar la procedencia o improcedencia de la disminución de la pensión alimenticia planteada por el aquí peticionario del amparo, por lo que con independencia de que no les recae el carácter de supervinientes, su desahogo a nada práctico conduciría, pues con las mismas no se puede decretar lo pretendido por el inconforme, aunado a ello, la pericial en materia de psiquiatría que propuso se realizara a la tercera interesada Sonia Arcos Márquez, lo es con el fin de determinar la existencia del Síndrome de Munchausen por Poderes o de otros síndromes o trastornos psiquiátricos, lo cual 02/02/24 18:15:52 en nada abonaría a la tantas veces citada disminución de la pensión alimenticia; y, en relación a la pericial en materia psicológica que solicita se le realice tanto a él como a su contraparte, así como a su hijo menor de edad I. A. G. A., sin tomar en cuenta que tratándose de menores de edad no se puede ordenar de forma injustificada el desahogo de pruebas periciales en su persona, o su comparecencia ante alguna autoridad judicial, con independencia de que quienes la desarrollen sean profesionales en la materia. Por todo lo antes expuesto, se reitera, se considera correcta la decisión del juez responsable de no admitir los medios de convicción ofrecidos por el actor, ahora quejoso. Por otra parte, la invocación del interés superior de un menor de edad, dentro de un litigo, no necesariamente conlleva que las cuestiones planteadas por las partes que intervienen en un procedimiento deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de argumentar violación a derechos humanos de dicho infante, ya que esas violaciones deben ser demostradas o al menos, advertidas por el juzgador, por lo menos presuntivamente, pero no basta la sola aseveración de ello por alguna de las partes -sus padres-, sino que se debe apreciar que con la determinación que se llegare a emitir se le ocasionaría algún perjuicio al menor de edad involucrado en el asunto, a más que, como ya se precisó con anterioridad, la acción intentada en el juicio de origen lo es la reducción de la pensión alimenticia otorgada en favor del niño I. A. G. A., misma que por su propia naturaleza presume un perjuicio en contra de quien la recibe mas no así un beneficio. A mayor abundamiento, quien esto resuelve advierte que en la resolución aquí reclamada el juez familiar sí se pronunció en torno al interés superior del niño involucrado, así como a la designación de un representante para dicho menor de edad, solicitada por su progenitor, pues al efecto indicó: ".por cuanto hace a señalar un representante del menor involucrado de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, se procede a proveer lo conducente con fundamento en el artículo 5.30 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no ha lugar a acordar de conformidad atendiendo a que dicha petición no se encuentra en la hipótesis que señala el precepto legal invocado en último término, al contar el infante involucrado en autos con representantes legales, esto es, sus progenitores. . Lo anterior, sin perjuicio que este juzgador, pueda decretar en todo momento, cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar el interés superior del niño involucrado y el desahogo de cualquier prueba, para conocer la verdad, tal como lo establecen los numerales 1.250, 1.251, 5.8 y 5.16 de la ley procesal en la materia.". Aunado a que nada impide que en el momento procesal oportuno para ello, el juez del conocimiento ordene el desahogo de cualquier medio de convicción o la realización de algún peritaje para mejor resolver, atendiendo siempre al interés superior del infante, pues como ya se evidenció, el acto reclamado se emitió en el transcurso de la secuela procesal; de ahí que el juez familiar, como rector del procedimiento tiene la facultad de allegarse de los medios de convicción que considere pertinentes para resolver lo más benéfico para los menores de edad involucrados en cualquier controversia puesta a su potestad, al momento de dictar la sentencia definitiva. Por último, tampoco prospera su argumento relativo a que el juez responsable obvió reconocer la importancia de lo dispuesto en los artículos citados en el concepto de violación identificado con el número 4, ello debido a que el solicitante del amparo únicamente se limita a señalar los temas que tratan los numerales que ahí cita, sin expresar por qué se debieron observar o de qué forma afectó a los derechos del menor de edad su falta de observación; por lo tanto, lo así expresado únicamente constituye simples aseveraciones genéricas sin sustento legal, relatadas de forma subjetiva y genérica; de ahí que ese planteamiento resulte inexacto. Además de que de la lectura de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable sí atendió al interés superior del infante involucrado, como ya quedó establecido en líneas anteriores, incluso citó algunos de los preceptos legales que aduce el peticionario de la protección constitucional, como lo son los numerales 5.1 y 5.30 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, aunado a que también se pronunció respecto a la posibilidad de escuchar al menor de edad, pues sobre ese tema indicó: ". se provee con fundamento en el artículo 5.23 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por el momento este juzgador no estima necesario la misma, dada la acción ejercitada por la parte actora, siendo esta reducción de pensión alimenticia .". Por lo tanto, el concepto de violación que se analiza resulta inexacto para los fines pretendidos, razón por la cual tampoco prosperan los criterios jurisprudenciales que citó el peticionario del amparo en apoyo a sus conceptos de violación. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Gutiérrez López, por su propio derecho y en representación de su hijo I. A. G. A., contra el acto y autoridad precisados en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese, a la parte quejosa y a la representación social por medio de lista, a la tercera interesada personalmente, a la asesora jurídica vía electrónica, y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte tercera interesada, la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, misma que en sus puntos resolutivos establecen: "...ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...por su propio derecho y en representación de su hijo...contra el acto y autoridad precisados en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese, a la parte quejosa y a la representación social por medio de lista, a la tercera interesada personalmente, a la asesora jurídica vía electrónica, y mediante oficio a la autoridad responsable..."

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