Víctor Manuel García Espinoza
Expediente 558/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel García Espinoza
- Víctor Manuel García Espinoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Por otra parte, en la caja de valores de este Juzgado se encuentra el billete de depósito N 883765 que ampara la cantidad de $8,440.11 (ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 11/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Instituto de Banca de Desarrollo, cantidad fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a alguna de las partes en caso de que la parte quejosa no obtuviera fallo protector, así como para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses relativo al incidente de daños y perjuicios, la parte quejosa cuenta con un término de dos años para recogerlo, con el apercibimiento que de no recoger dicho billete en el término concedido, el mismo prescribirá a favor del Erario Federal, tal y como lo previene el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 558/2022-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el trece de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el dieciocho de mayo siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Víctor Manuel García Espinoza y Karla Vázquez González, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. El uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Incompetencia. Por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, éste órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo cual, lo remitió al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, quien por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, determinó no aceptar la competencia planteada. CUARTO. Conflicto Competencial. El cinco de julio de dos mil veintidós, éste órgano jurisdiccional planteó conflicto competencial, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien mediante sentencia emitida el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, declaró competente a este órgano jurisdiccional. Así, en acatamiento a la determinación de la superioridad, el diez de noviembre de dos mil veintidós, se continuó con el conocimiento del asunto, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada (mismo que fue oportunamente verificado) y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia, misma que tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos de autoridad laboral que fueron ejecutados en la demarcación territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama de la Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, así como de los miembros que la integran: El emplazamiento al juicio laboral ***. Como consecuencia, todo lo actuado en dicho asunto. TERCERO. Existencia. El Presidente, por sí y en representación de los integrantes de la Junta, así como el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, al momento de rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por dichas autoridades en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Para la resolución del presente asunto, éste juzgador estima relevante destacar los siguientes antecedentes obtenidos del juicio laboral de origen: 1. A través de escrito de demanda presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; Guadalupe Noemí Peña Márquez, por conducto de su apoderado, demandó de Víctor Manuel García Espinoza y Karla Vázquez González, así como quien o quienes resulten responsables de la fuete de trabajo, el pago de diversas prestaciones. 2. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, previo desahogo de requerimiento, la responsable admitió a trámite la controversia planteada, fijó data y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó emplazar a la parte demandada, (terceros interesados). 3. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se asentó razón de citatorio, en la que se hace constar que el Actuario adscrito se constituyó en el domicilio señalado como de los demandados y, al no encontrar a los buscados, dejó en poder de quien dijo ser empleada de éstos, los citatorios respectivos. 4. Derivado de lo anterior, el veinticuatro de enero siguiente, se asentó razón en la que se hizo constar la verificación del emplazamiento a través de la trabajadora referida, razón en la que se asentó que ésta se negó a firmar la recepción de las cédulas relativas. 5. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin la comparecencia de la parte demandada, en la que una vez verificada en cada una de sus partes, se fijó hora y fecha para la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas. 6. Posteriormente, el nueve de agosto siguiente, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 7. El trece de febrero de dos mil veinte, se dictó laudo condenatorio contra los codemandados, aquí quejosos. SEXTO. Normativa aplicable. Previo el estudio del asunto, debe aclararse que de las documentales que aportó la autoridad responsable, se desprende que el juicio de origen fue instaurado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por lo cual resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que las referencias que se hagan a la legislación laboral federal, deberán ser entendidas al ordenamiento legal vigente previo a tal reforma. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, cabe puntualizar que se procederá al análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, con la precisión de que por tratarse de la parte patronal en el juicio laboral, no se suplirá la deficiencia de la queja, aun cuando se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación al estimar que no ha sido legalmente emplazada; lo anterior, al ser inaplicable el artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo Anterior, de conformidad a la jurisprudencia 2a./J. 42/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 197696, de título, subtítulo y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Así, debe decirse que la parte quejosa sustancialmente aduce que trasgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente en virtud que la Junta responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento, pues: no le otorgó el derecho a la garantía de audiencia. no observó lo preceptuado en los numerales 742 y 743, de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual sus actuaciones deben ser declaradas nulas al dejarles en estado de indefensión. OCTAVO. Estudio. Para una mejor comprensión del caso en estudio, es menester precisar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se destaca la garantía de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades se constituye por el emplazamiento que es un acto procesal, en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse a producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio cumplan con la garantía de audiencia de que se trata; formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas a la de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, por lo que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados como lo es que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite, también que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria, asimismo, que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes y, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto del debate. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, con número de registro 200234, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que se cita a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo transcrito se advierte que, la primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias que en el proceso jurisdiccional se denomina generalmente emplazamiento. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos impugnados derivan del juicio laboral J.5B/646/2018, por ello, para analizar su constitucionalidad, deben tomarse en consideración las reglas previstas en los artículos 741, 742, fracción I y 743 de la Ley Federal del Trabajo -aplicable al caso concreto-, que a la letra dicen: "Artículo 741.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos." "Artículo 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.)" Artículo 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De dichos numerales derivan las formalidades que se deben observar en la diligencia de emplazamiento, entre las que destacan: Que una vez constituido en el domicilio señalado para realizar la notificación, el Actuario se asegure, en primer término, de que la persona física o moral que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto, para proceder enseguida a practicar la diligencia con la persona interesada; En caso de que no estuviera el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que espere al Actuario al día siguiente, a hora determinada, y si, no obstante el citatorio, el interesado o su representante no se encuentran, la notificación se deberá realizar con cualquier persona mayor de edad que esté presente en el domicilio. En todos los casos, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Estas formalidades establecidas en la ley, obligan al fedatario responsable, a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, con la finalidad de asegurar que se haga a la persona directamente interesada o a su representante, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose del emplazamiento, los actuarios no se encuentran obligados a realizar una descripción de la persona con quien entendieron la diligencia, ni a requerirle identificación o asentar el cargo que ocupa como empleado de la demandada o a justificar su presencia en el lugar, ya que tales cuestiones no son exigidas por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece en sus fracciones III y IV, que si no se encuentra el interesado, las diligencias se entenderán con cualquier persona que se encuentre en el domicilio o local, sin necesidad de especificar sus rasgos físicos o asentar dato alguno sobre ésta. Lo anterior resulta innecesario ya que para dejar un citatorio a efecto de llevar a cabo una diligencia de emplazamiento, el fedatario debe cerciorarse de la satisfacción de los siguientes elementos: 1) Que se constituyó en la casa o local señalados para hacer la notificación personal de que se trate -como lo establece el artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo-, debiendo observarse que al respecto no basta con que el funcionario simplemente manifieste que se ha cerciorado de ello, sino que conforme a la parte final del artículo 743 de la invocada ley, debe asentar razón en autos señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye, como garantía de la exactitud de la diligencia si se pone en duda; y, 2) Que se cercioró de que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, para lo cual señalará también con claridad los elementos de convicción en que se apoye, requisito establecido en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior tiene apoyo en las consideraciones de la contradicción de tesis 71/2004-SS que dio origen a la Jurisprudencia 2ª./J.162/2004 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2014, materia Laboral, página 68, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ DAR SU NOMBRE Y A DECIR QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación". De igual forma, el cercioramiento a que alude el segundo de los requisitos antes precisados debe hacerse a través de datos objetivos y señalando con precisión la razón de su dicho, como lo establece la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO." Establecido lo anterior, se estima que los conceptos de violación hechos valer por la moral impetrante son infundados. En efecto, precisado el marco normativo anterior así como los requisitos que por ley y jurisprudencia son aplicables al caso concreto, respecto al emplazamiento realizado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se estima que contrario a lo vertido por la parte quejosa, el fedatario atendió los requisitos para que las diligencias de emplazamiento se califiquen de legales. Ahora bien, dado que las diligencias se llevaron a cabo en el mismo domicilio y de forma consecutiva, éstas se analizarán de forma conjunta, en ese sentido, las diligencias reclamadas son del tenor siguiente: RAZÓN DE CITATORIOS DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: RAZÓN DE CÉDULAS DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: De las reproducciones anteriores, en primer lugar, se desprende que el fedatario se cercioró de que estuviera constituido en el domicilio señalado como el de la parte demandada, pues refirió los motivos que le generaron convicción para llevar a cabo su actuación, tanto respecto al inmueble, como en lo relativo a que en éste eran localizables los demandados -aquí quejosos-. Se afirma lo anterior, pues primeramente de la razón de citatorios se desprende que el fedatario se cercioró de que el domicilio en que se había constituido era el señalado por la parte actora (artículo 743, fracción I), en virtud de: Encontrarse en el municipio correspondiente, así como en la calle respectiva y en el inmueble señalado; Haber sido informado de dicha circunstancia por los vecinos del lugar; Por el dicho de una trabajadora de la fuente de trabajo buscada (de quien otorgó su media filiación), quien manifestó llamarse Natalia Torreblanca, persona que le indicó que se encontraba en el domicilio correcto, pues en ese domicilio labora, quien también le informó que los buscados no se encontraban en ese momento; Así, a priori se advierten tres elementos de cercioramiento por parte del actuario, pues se cercioró de encontrarse en el municipio, calle y colonia correctas, lo que también corroboró a partir del dicho de vecinos del lugar y, además, por el dicho de una trabajadora que se encontraba en el inmueble buscado, quien al preguntarle por los quejosos, manifestó que éstos no se encontraban, es decir, no manifestó desconocer quiénes eran (máxime que se trata de personas físicas); circunstancias que corroboran la certeza del lugar en que se actuó y que éste corresponde al domicilio donde se puede localizar a la parte demandada, pues en éste se encuentra establecida y labora, lo que incluso es reconocido por el quejoso en su escrito de demanda, en el que indica que cuenta con oficinas en Bosques de Europa, número doscientos sesenta y cinco, colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México. Sin que sea obstáculo el hecho de que el actuante no hubiese asentado el nombre de los vecinos y sus características físicas, o bien, se haya cerciorado de su identidad, así como el hecho de que no hubiere indagado el cargo de quien le atendió, así como obtenido prueba fehaciente de que laboraba para la empresa demandada, pues como se señaló en supralíneas, esas no son obligaciones que el artículo 743 imponga al fedatario. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 162/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, página 68, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." Luego, se advierte que, al preguntar por los quejosos Víctor Manuel García Espinoza y Karla Vázquez González, y ser informado por una de las trabajadoras que éstos no se encontraban en ese momento, procedió a dejar sendos citatorios a efecto de que éstos le esperaran al día siguiente a las quince horas con cuarenta minutos, y quince horas con cuarenta y tres minutos, respectivamente; los cuales fueron recepcionados por la referida trabajadora, apercibiendo expresamente a los citados que, de no esperar en la data y hora señaladas, se entendería la diligencia con la persona que se encontrara en el domicilio (artículo 743, fracción III). Llegada la fecha establecida en el citatorio, de la razón de cedulas asentada por el actuario responsable, se advierte que se constituyó de nueva cuenta en el domicilio señalado como de la demandada, en donde tocó la puerta y nuevamente fue atendido por la persona que el día anterior le había recibido los citatorios, esto es, por Natalia Torreblanca, a quien requirió la presencia de los demandados; siendo informado que éstos no se encontraban, no obstante los citatorios previos, por lo que procedió a entender la diligencia con quien le atendió, en términos del apercibimiento con que se les conminó, a quien entregó las cédulas respectivas así como los traslados consistentes en copias de la demanda, auto de radicación, escrito de ocho de ocho de noviembre de dos mil dieciocho y acuerdo de admisión (artículo 743, fracción IV). En consecuencia, contrario a lo que aduce la parte quejosa, las diligencias de emplazamiento no transgreden sus derechos fundamentales, porque el fedatario sí se cercioró debidamente de su domicilio y se percató que en dicho lugar podían ser encontrados los quejosos, así como de que en ese lugar tenían su asiento de negocios. Ahora bien, el hecho de que la diligencia de emplazamiento fuera entendida con quien dijo trabajar en el domicilio en que se actuó, implica también una presunción de la legalidad de éste, pues en autos no se demostró que tuvieran un domicilio distinto a aquel en que se efectuó el emplazamiento, o que la persona con quien se practicó no haya sido trabajadora de ellos, a pesar de recaer sobre éstos la carga de la prueba, pues únicamente manifestaron que "recibió una persona que no conozco y que no recuerdo el nombre y que no existe o no trabaja al menos en la empresa que dirigimos el que suscribe y mi esposa", sin que tal afirmación sea suficiente para desvirtuar lo asentado por el actuario. En ese sentido, debe destacarse que la parte quejosa tampoco cuestiona de forma directa a través de concepto de violación alguno, los elementos objetivos y subjetivos que tomó en consideración el Actuario adscrito a la responsable, para cerciorarse de haberse constituido en el domicilio correcto, pues únicamente indica que no se cumplió con las formalidades que establece el numeral 743 de la ley obrera, sin que hubiese hecho valer de forma frontal argumento alguno tendente a evidenciar que éstos hayan sido incorrectos o insuficientes, sin que éste órgano jurisdiccional se encuentra en posibilidad de estudiar de oficio cada uno de dichos elementos, dado que como se estableció, en el presente asunto opera el principio de estricto derecho. Lo anterior, en términos de lo establecido en la jurisprudencia I.4o.A. J/84, registro 164296, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Luego, si la fe pública de la responsable no se encuentra desvirtuada de forma plena, categórica y fehacientemente con alguna prueba, se llega a la convicción de que en función de los elementos en que se apoyó, sí se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó correspondía a los codemandados, aquí impetrantes. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o. J/4. del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro digital 205152, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario.". Finalmente, el actuario asentó razón en autos, respecto a los elementos que tomó en consideración al momento de llevar a cabo las actuaciones cuestionadas (artículo 743, in fine). Atento a ello, se advierte que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que sí se respetaron las formalidades legales para su llamamiento a juicio, establecidas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y por tanto, no se hizo nugatorio su derecho a la garantía de audiencia. Por lo cual, se llega a la conclusión de que las diligencias realizadas por el Actuario conservan su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época, registro electrónico 216814, de título, Subtítulo y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En razón de lo anterior, acorde a los elementos aportados en autos, no hay constancia objetiva de la cual se advierta que a la parte quejosa se le haya impedido conocer de la existencia de la contienda de origen; y por tanto, comparecer a deducir sus derechos. En las relatadas consideraciones ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos apuntados en la presente resolución. Negativa que debe hacerse extensiva respecto de los restantes actos reclamados que se hicieron consistir en todo lo actuado en el contradictorio natural, pues al haberse declarado legal el emplazamiento que se le practicó, por vía de consecuencia, estuvo en aptitud legal de defenderse y en su caso hacer valer los medios de defensa que estimara pertinentes dentro de dicho procedimiento, así como en contra del laudo dictado (el cual no se impugna por vicios propios en esta instancia). Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA el amparo y la protección de la justicia de la Unión a Víctor Manuel García Espinoza y Karla Vázquez González, respecto de los actos reclamados, por los motivos y fundamentos expuestos en el OCTAVO considerando de este fallo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de seis de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar sus conceptos de violación respecto a los nuevos datos no conocidos por cuanto hace al emplazamiento practicado por el Actuario de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, asimismo, que señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el emplazamiento al juicio laboral J.5B/646/2018, del índice de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México; acto que atribuyó a las autoridades responsables Presidente, Actuario y la propia Junta. Ahora bien, de las constancias allegadas por la responsable como complemento a su informe con justificación, se advierte el emplazamiento que se practicó a la parte demandada -aquí quejosa-, mediante citatorios de veintitrés de enero de dos mil diecinueve y cédula de notificación de veinticuatro siguiente. Atento a ello, con fundamento en los artículos 17, 108 fracción IV, y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar sus conceptos de violación respecto a los nuevos datos no conocidos por los impetrantes por cuanto hace al emplazamiento practicado por el Actuario de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México; sin perjuicio de que a través de los conceptos de violación que formule en su contra, pueda plantear las argumentaciones que estime pertinentes. Apercibida que de no hacerlo, el presente juicio de amparo se seguirá en los términos señalados en el escrito inicial; esto es, teniendo como únicos conceptos de violación respecto del acto reclamado los vertidos en el escrito inicial de demanda. Lo anterior, toda vez que constituye una obligación a cargo del Juzgado de Distrito requerir a la parte quejosa, cuando de las constancias de autos adviertan datos no conocidos por los impetrantes, la participación de una autoridad no señalada como responsable y actos diversos a los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, con el fin de que aquellos puedan ampliar su demanda y, por tanto, sus conceptos de violación respecto de dichos actos. Orienta a lo anterior la tesis I.16o.T.11 K (10a.), registro 2019050, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2305, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL EMPLAZAMIENTO, CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTEN NUEVOS DATOS QUE NO ERAN CONOCIDOS POR EL QUEJOSO, AUNQUE NO SE TRATE DE UN NUEVO ACTO, SINO DEL MISMO. Cuando en un juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio por equiparación contra el emplazamiento, del informe justificado rendido por el actuario adscrito a la autoridad responsable, se adviertan nuevos datos que no eran conocidos por el quejoso, aunque no se trate de un nuevo acto, sino del mismo, el Juez de Distrito debe notificárselos y requerirlo para que si lo estima conveniente amplíe su demanda; ello porque debe existir evidencia de que el interesado realmente se impuso de esos actos, ya que de esto dependerá si está en condiciones de controvertirlos. Lo anterior es así, pues el quejoso puede ampliar su demanda, formulando nuevos conceptos de violación contra los actos de autoridad que considere violatorios de sus derechos y, para su cómputo, es necesario tener certeza sobre la fecha en que los conoció, pues será a partir de ésta que esté en posibilidad de impugnarlos, en tanto que es hasta que está plenamente enterado del acto, que puede decidir si le agravia y preparar los argumentos en su contra pues, de no actuar así, se violan las normas del procedimiento, por lo que el tribunal debe ordenar su reposición y respetar el término para la ampliación, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo." Finalmente, para dar margen a lo interior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa y por medio de lista a la tercero interesada en atención al auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós..."
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Víctor Javier Flores Ortega734/2021
- Víctor Javier Flores Ortega1249/2021
- Víctor Jesús Pérez Martínez130/2020
- Víctor Manuel Alarcón Alanís265/2020
- Víctor Manuel Álvarez Soto1329/2021
- Víctor Manuel Estrada Garibay1465/2016
- Víctor Manuel García González y Otros.436/2023
- Víctor Manuel Garibaldi Quintero1009/2022
- Víctor Manuel Gutiérrez López1059/2022
- Víctor Manuel López Crisóstomo y Otros.396/2023
- Víctor Manuel Mendoza Páez711/2022
- Victor Manuel Perez Sanchez1098/2019