Víctor Manuel González Pérez

Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
950/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de seis de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, en su carácter de apoderado legal de *****, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con copia certificada del instrumento notarial número 9,142, de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, pasado ante la fe del licenciado *****, Titular de la Notaria número 237, de la Ciudad de México, mediante el cual desahoga la prevención que se le hiciera en auto de doce de septiembre del año en curso. Por lo anterior, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO En ejercicio de la facultad que a este Juzgado confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que este órgano jurisdiccional considera suficiente para desechar de plano la demanda de amparo acorde a las siguientes consideraciones: A efecto de justificar esa afirmación, debe tomarse en cuenta que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a este órgano de control constitucional, para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo se colige que, el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" (Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Tesis I. 4o. C. J/3, página 655). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye el siguiente: La falta de emplazamiento y/o llamamiento a juicio dentro del expediente ****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso que no ocupa, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XI, de la propia Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...)XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De una interpretación de la porción normativa transcrita, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; esto es, que el juicio diverso haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. La razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que no es posible estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que ese análisis tuvo lugar en diverso juicio de amparo, con anterioridad a la presentación de la demanda que ahora nos ocupa; máxime que, si la sentencia que se emitió en el antecedente, causó ejecutoria, se traduce, en que ese pronunciamiento obtuvo la categoría de cosa juzgada. Con el objeto de acreditar la causal de improcedencia invocada, se reitera que en el juicio de amparo en que se actúa (841/2017) se advierte que la parte quejosa, autoridad responsable y acto reclamado es el mismo que en el juicio de amparo indirecto 950/2022, como se muestra enseguida: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 841/2017. QUEJOSO. Rodrigo Sanjuanero Sánchez, en su carácter de apoderado legal de Grupo Constructor Itaka, Sociedad Anónima de Capital Variable. ACTO RECLAMADO: ".Las actuaciones del juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado responsable, incluida la sentencia definitiva de diecinueve de mayo de dos mil catorce y su ejecución." AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. 2. Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ***. *****, en su carácter de apoderado legal de *****. ACTO RECLAMADO: La falta de emplazamiento y/o llamamiento a juicio dentro del expediente ****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Ahora, el juicio de amparo indirecto 841/2017, fue sobreseído mediante sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en razón de que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, ya que el acto reclamado en dicho asunto fue consentido tácitamente, puesto que en el juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, se emplazó a una persona de nombre ****, como representante legal de la personal moral demandada en dicho asunto ****siendo también el citado ****, circunstancias que condujo a este juzgado a concluir que la empresa quejosa desde el día catorce de febrero de dos mil catorce, tuvo conocimiento pleno del juicio ordinario civil ****, pues es materialmente imposible que lo que conoció Juan José Fong Barranco como representante legal de la personal moral demandada **** lo desconociera en su carácter de socio de la diversa persona moral **** (aquí quejosa), y por ende, tal conocimiento le permitió apersonarse a juicio e imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclamaban, circunstancia que incluso le permitió hacer valer los medios impugnativos en el juico natural. En ese contexto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento; dado que, en el juicio de amparo 841/2017, ya se analizó la improcedencia del acto que en este juicio también se reclama. En este orden de ideas, si ****, por conducto de su apoderado ****, pretende reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, ostentándose como supuesto tercero extraño a juicio, lo cierto es que esa calidad la perdió desde el día catorce de febrero de dos mil catorce, en la que uno de los accionistas de la referida sociedad mercantil tuvo conocimiento pleno del juicio ordinario civil *****. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual informa lo siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." Asimismo, se cita la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), pronunciada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Es importante indicar que la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 841/2017, del índice de este juzgado, fue confirmada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 61/2018, de su índice. Las determinaciones referidas constituyen un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio por esta juzgadora. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De lo que se colige que, es improcedente tramitar el presente asunto, dado que, se actualiza la figura de cosa juzgada. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese orden de ideas, toda vez que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda intentada por ****, en su carácter de apoderado legal de ****, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. No esta por demás destacar que la presente determinación atiende lo previsto por el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperado así, el dictado de una resolución en la que se reiteren sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente *****, mediante el cual pretende desahogar la prevención que se le formulara en auto de doce de septiembre de la presente anualidad, a través del cual se le requirió para que en el término de cinco días, cumpliera con lo siguiente: "En este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a ****, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: 1.- Aclare el carácter con el cual promueve el presente juicio de amparo, esto es, si lo hace propio derecho o si lo hace en representación de alguna persona física o moral, en el entendido de que de promover el presente asunto conforme a la última hipótesis planteada, deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional en original o copia certificada el documento idóneo con el cual acredite la personalidad con que se ostenta en este juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, debiendo además acompañar copias del escrito mediante el cual desahogue la prevención y del documento con el cual acredite la personalidad, para cada una de las partes. (.) De igual manera, dentro del referido plazo legal, por escrito y con las copias que son necesarias para correr traslado a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a la parte tercera interesada, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: 2.- Aclare si él o la persona física o moral a la que representa son parte en el expediente 2223/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, así como la manera en que tuvo conocimiento de la existencia de dicho juicio." Ahora bien, del escrito que se provee se desprende que la parte quejosa pretendió desahogar el requerimiento que se le formulara por auto de doce de septiembre del año en curso; sin embargo, se advierte que omitió manifestar de manera expresa la "protesta de decir verdad", tal y como se le requirió en el aludido auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues está es un requisito formal en la demanda de amparo, y por ende en el escrito aclaratorio, que es un complemento de la misma. Es aplicable al caso, por los datos que la informan, la jurisprudencia P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". En el entendido de que al cumplimentar la prevención que se le formuló, deberá exhibir las copias que son necesarias para correr traslado a las autoridades responsables; lo anterior, atendiendo a que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituye circunstancias que a consideración de la suscrita, deben ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional, a efecto de que se encuentren en aptitud de tener una adecuada y oportuna defensa. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Por lo anterior, dado que la promovente presentó su escrito aclaratorio el treinta de septiembre de la presente anualidad, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, es decir, el primer día de los concedidos por acuerdo de doce de septiembre del presente año; por tanto, se interrumpe el plazo concedido en el referido auto, y una vez que sea debidamente notificado del presente auto, estése en espera de que fenezcan los últimos cuatro días otorgados, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en el acuerdo aludido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, 1a./J. 39/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Por otro lado, en atención a la solicitud de la parte quejosa, se autoriza la realización de las notificaciones personales vía electrónica, atendiendo a que en su escrito inicial de demanda proporcionó como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como Cristophma, por lo que se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la parte quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido por la suscrita que el promovente de amparo también haya señalado un inmueble a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que de manera expresa manifestó su voluntad para que las notificaciones personales que deriven del presente asunto se le realicen vía electrónica; por lo que, a fin de dar certeza jurídica a las partes y evitar duplicidad de actuaciones, únicamente se tiene por señalado como medio para oír y recibir notificaciones de su parte, el usuario señalado en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que el impetrante pueda designar uno nuevo con posterioridad. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Cristopher Muñoz Amador, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se aclare, a través de una revisión de las copias recibidas en este juzgado por acuerdo de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, que uno de esos juegos sí contaba con firma autógrafa; al respecto, dígale al ocursante, que como se precisó en el aludido acuerdo, dicho escrito carecía de firma autógrafa, pues la firma que aparecía al calce del mismo, correspondía únicamente a una impresión o a un documento escaneado, circunstancia que se corroboró previo a la emisión del presente acuerdo, al revisar nuevamente cada uno de los juegos del escrito recibido en dicha data. Notifíquese vía electrónica.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto el escrito con el que se da cuenta, únicamente agréguese a los presentes autos sin mayor proveer, toda vez que el mismo carece de firma autógrafa, pues la firma que aparece al calce del mismo corresponde únicamente a una impresión o a un documento escaneado, por lo que ésta no puede expresar la voluntad del suscriptor y ante tal omisión no tiene ningún valor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 494, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente.

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