Victor Manuel Flores Morgado
Expediente 237/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Manuel Flores Morgado
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, mediante el cual informa que dicho juzgado no insiste en la incompetencia declinada derivada del juicio de amparo 196/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Victor Manuel Flores Morgado. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa, así como las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo anterior, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, no insiste en la incompetencia planteada de conocer de la demanda del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, archívese el presente expedientillo como asunto total y definitivamente concluido. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que este expediente encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I del numeral citado; por lo que el mismo es susceptible de destruirse una vez que transcurra el plazo de seis meses a partir de su archivo Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Téngase por recibido el oficio 3941/2022, signado por el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla y los autos del juicio de amparo 196/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Victor Manuel Flores Morgado, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Huatusco, Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 237/2022-I-A. Ahora bien, mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio de amparo 196/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, determinó carecer de competencia legal para conocer el juicio de amparo promovido por el quejoso Victor Manuel Flores Morgado, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Huatusco, Veracruz y otras autoridades, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Al respecto, se acuerda: RAZONES DE LA JUEZA DE DISTRITO OFICIANTE PARA DECLINAR LA COMPETENCIA. La Juez declinó la competencia al tomar en cuenta que el quejoso Victor Manuel Flores Morgado señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución mismo que atribuyó al Juez Mixto de Huatusco, Veracruz-como ordenadora-así como al Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y al Comandante del Cuerpo de Policía Ministerial en Huatusco, Veracruz-como ejecutoras, las cuales tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción. Asimismo, que de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su demanda de amparo no existían datos suficientes para ubicarse si la ejecución de dicha orden de aprehensión se ejecutará dentro del territorio en el que tiene competencia (estado de Puebla), al manifestar que el quejoso no tiene domicilio en Puebla, ni tampoco señaló autoridad ejecutora alguna correspondiente a dicho Estado, menos aún que había señalado domicilio para recibir notificaciones en esa ciudad. MOTIVOS PARA RECHAZAR LA COMPETENCIA. Los motivos expuestos por la juzgadora federal declinante respetuosamente no son compartidos por la suscrita, por las consideraciones que a continuación se expresan. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, el que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece textualmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Precepto del cual, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, reglas que conforme al criterio de nuestro Máximo Tribunal se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados en el juicio de amparo que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del precepto legal en análisis, en lo conducente, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de amparo ante cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia constitucional se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material, es decir, ante juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, concluyó que cuando el acto reclamado se trate de una orden de aprehensión o detención será competente para conocer de dicho acto el juez que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar dicho mandamiento de captura, lo que puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. Asimismo, la referida Sala señaló que es obligación del juzgador prevenir al quejoso, cuando éste en su demanda de amparo no señale el lugar de residencia de las autoridades que pretendan cumplimentar la orden de captura reclamada, para que el peticionario del amparo aclare tal circunstancia. De igual forma, refirió que es obligación del quejoso manifestar bajo protesta de decir verdad señalar el lugar o domicilio en donde se pretenda ejecutar la orden de aprehensión reclamada, para así determinar si el juez ante quien promueve su demanda es competente para conocer de ella, y no determinar dicha competencia únicamente porque el quejoso haya señalado como autoridades ejecutoras a las que tengan su residencia en donde ejerza jurisdicción el juzgado ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Por lo expuesto se cita la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Es cierto, como lo menciona la Juez Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, que el quejoso Victor Manuel Flores Morgado señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución, atribuible a las autoridades Juez Mixto de Huatusco, Veracruz-como ordenadora-así como al Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y al Comandante del Cuerpo de Policía Ministerial en Huatusco, Veracruz-como ejecutoras, las cuales tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción. Sin embargo, en la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no indicó en dónde tiene su domicilio, ni mucho menos el lugar en donde se pretenda ejecutar la orden de aprehensión que reclama, por lo que dicha juzgadora, a juicio de la suscrita, tenía la obligación de prevenir al peticionario de amparo para que aclarara tal circunstancia, empero no lo hizo, por lo que la suscrita no tiene la certeza de cuál es el domicilio del quejoso o el lugar en donde éste se encuentra. Por lo tanto, si bien el peticionario del amparo señaló en su demanda de amparo que las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras tienen su residencia en el territorio que tiene competencia la suscrita, lo cierto es que esto no es suficiente para determinar la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto en cuestión, puesto que para ello es necesario conocer el lugar en donde pretenda ejecutarse la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, y si en el caso, existe la participación de diversas autoridades que ejerzan sus funciones en el lugar en donde se pretenda ejecutar la orden de aprehensión. Entonces, al no contar la suscrita con la plena certeza de que será únicamente dentro del territorio en donde se ejerce legal competencia, en donde se pretende ejecutar el mandamiento de captura reclamado, ello impide aceptar la competencia que se declina, pues al desconocerse el lugar en donde deba ejecutarse la orden de aprehensión combatida por esta vía constitucional, quien resulta competente para conocer de la demanda promovida por Victor Manuel Flores Morgado, es la juez declinante, ya que fue ante quien se presentó ésta, hasta en tanto no se tenga certeza de un diverso dato que indique que la ejecución del acto reclamado tendría verificativo únicamente en la circunscripción territorial en que la suscrita ejerce su legal competencia. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación al órgano jurisdiccional declinante, y remítasele el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. COMO DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este Juzgado Federal, al haber señalado los estrados del juzgado declinante. AUTORIZADO En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joel Arrioja Morales, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 69002 y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a Juan Carlos Angeles Fuentes, toda vez que así lo solicitó el promovente de amparo. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla.
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