Victor Manuel Garcia Garcia

Expediente 217/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
217/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
27/06/2017

Partes del expediente

  • Victor Manuel Garcia Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el once de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de mayo al cinco de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguese la razón asentada por el Actuario de la adscripción, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal al quejoso Víctor Manuel García García, el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, toda vez que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fue atendido por Carlos Rosete Rodríguez, quien dijo ser encargado del Área Jurídica, le informó que el quejoso salió en libertad el dos de junio de dos mil diecisiete, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, en el domicilio que señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda. Finalmente, visto el estado procesal de autos, se advierte que obran agregados dos discos compactos que contienen la audiencia de control de detención y la audiencia de vinculación a proceso, llevadas a cabo dentro de la causa penal o carpeta administrativa 15/2017/PUEBLA del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, los cuales remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, devuélvasele los discos compactos antes mencionados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusa de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguese la razón asentada por el Actuario de la adscripción, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal al quejoso Víctor Manuel García García, el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, toda vez que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fue atendido por Carlos Rosete Rodríguez, quien dijo ser encargado del Área Jurídica, le informó que el quejoso salió en libertad el dos de junio de dos mil diecisiete, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, en el domicilio que señaló el quejoso en su escrito inicial de demanda. Finalmente, visto el estado procesal de autos, se advierte que obran agregados dos discos compactos que contienen la audiencia de control de detención y la audiencia de vinculación a proceso, llevadas a cabo dentro de la causa penal o carpeta administrativa 15/2017/PUEBLA del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, los cuales remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, devuélvasele los discos compactos antes mencionados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusa de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el once de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de mayo al cinco de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 62 a 72), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la parte conducente del proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, en la que determinó que no era procedente señalar audiencia de revisión de medida cautelar. b) Con libertad de jurisdicción dicte un nuevo auto en el que dé contestación a la petición formulada por el imputado (de manera fundada motivada). c) Mediante notificación personal, en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haga de su conocimiento el resultado de su petición antes especificada, en el lugar de su reclusión. La anterior concesión del amparo no constriñe a la autoridad responsable a brindar al quejoso una respuesta favorable a sus intereses; sin embargo, en el acuerdo que al efecto dicte deberá atender a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Resolución que, en auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su cumplimiento (fojas 84 a 87). Ahora bien, mediante oficio JC/1991/2017 de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 96 a 103), la autoridad responsable Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veinte de abril del mismo año, dictada en la carpeta administrativa 15/2017/PUEBLA, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos la parte conducente del proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, en la que determinó que no era procedente señalar audiencia de revisión de medida cautelar; b) Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, de manera fundada y motivada dio contestación a la petición del quejoso respecto de la revisión de medida cautelar, al explicarle los motivos, razones y causas por las cuales no provee de conformidad su solicitud, al decirle: "Se tiene al imputado Víctor Manuel García García, en su punto petitorio CUARTO, solicitando día y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar, sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez, que no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra dispone: ".Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir a debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad , en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." Lo anterior, toda vez, que este Juzgado al decretar la medida cautelar de prisión preventiva, en audiencia de fecha ocho de enero del año que transcurre, lo hizo tomando en consideración el riesgo procesal relativo a que se causara daño a la empresa ofendida o algunos otros centros comerciales, incluso a la comunidad, dado que la reiteración de los hechos (robos) no sólo implica la causación de daños y otros hechos delictivos, en perjuicio de las víctimas u ofendidos, sino que además de un riesgo personal para aquellos ciudadanos que requieran acudir a tales lugares públicos; condiciones que no se informa hayan variado, puesto que el imputado, no refiere en su solicitud que esas condiciones cambiaran, ni las razones que justifican la variación como requisito mínimo que haga procedente el desahogo de la audiencia de revisión, en consecuencia, al carecer de la citada información, en términos de lo dispuesto por el numeral 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece: ".De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud."; se determina que al no cumplirse con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Adjetiva de la Materia, por improcedente se desecha de plano la solicitud de revisión de medida cautelar." Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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