Victor Manuel Escamilla Guzman

Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1005/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Victor Manuel Escamilla Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve noviembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 36), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar el anexo I que remitió la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradicional adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, por lo que se ordena su devolución; y, se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente acuse recibo de aquél. Con el apercibimiento para la autoridad que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Víctor Manuel Escamilla Guzmán, visto su contenido, se provee: Como se solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos que integran el presente sumario constitucional, esta autoridad advierte de oficio que en este juicio de garantías se actualiza una causal de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se provee lo que a continuación se expone. De la lectura de la demanda de amparo, se llega al conocimiento de que Víctor Manuel Escamilla Guzmán presentó demanda de amparo en la cual reclamó de la autoridad responsable Mesa única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta), el oficio de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la averiguación previa 3529/2015/ORIEN de su índice, mediante el cual le notificaron la determinación de la misma fecha en la que se decretó el archivo por atipicidad. En ese sentido, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Mesa única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta), aceptó la existencia del acto reclamado y como justificación a su informe, remitió copia cotejada de diversas constancias que obran dentro de la indagatoria 3529/2015/ORIEN de su estadística; documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio, del que se advierte que, efectivamente, la autoridad responsable emitió el acto reclamado en el que, en lo que concierne a este juicio de amparo, establece lo siguiente: ".RESUELVE PRIMERO.- El no ejercicio de la acción persecutoria, y el consecuente archivo, por cuando al delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404 fracción VI, con relación al diverso 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, por encontrarse esta representación social ante la figura jurídica de atipicidad, dejando a salvo los derechos del agraviado C. Víctor Manuel Escamilla Guzmán, para que los haga valer en la vía correspondiente. SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente determinación al C. Víctor Manuel Escamilla Guzmán, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, concediéndole la ley un término improrrogable de quince días naturales, para que mediante escrito o comparecencia, manifieste lo que a su derecho e interés convenga. TERCERO.- Cumplimentado lo anterior, acordar lo procedente y, en su caso ordenar se remitan las presentes actuaciones al archivo general de la institución." (fojas 501 a 506 anexo I). Así mismo, la autoridad responsable dentro de su informe justificado manifestó y acreditó, que el aquí quejoso, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, interpuso inconformidad contra la determinación de archivo por atipicidad decretada dentro de la indagatoria de referencia. Por lo anterior, el veinticinco de octubre del presente año, remitió el original de la averiguación previa de que se trata al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de esa institución, la cual está pendiente de resolución respecto de la procedencia o improcedencia de la determinación emitida por la responsable, como se acredita con las constancias que obran a fojas 511 a 514 del anexo I. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Así, las únicas condiciones que enuncia el artículo transcrito para la actualización de la improcedencia en análisis, radican en la expectativa de que el acto reclamado en el juicio de garantías pueda ser modificado, revocado o nulificado por el recurso o medio de defensa legal que se encuentre en trámite, y que haya sido interpuesto precisamente por el propio quejoso; sin que delimite que el recurso o medio de defensa sea promovido contra el mismo acto reclamado en el juicio de amparo. Por tanto, aun cuando el medio de defensa o recurso no se haya interpuesto contra los actos reclamados, debe estimarse actualizada tal causal de improcedencia cuando los posibles efectos de aquéllos tengan como consecuencia legal y necesaria que al dejar de surtir efectos el acto cuestionado en el medio de impugnación ordinario, también los actos reclamados en el juicio de garantías puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para ello, es necesario que exista entre los actos reclamados en el juicio de garantías y los diversos impugnados en el recurso o medio de defensa ordinario, una vinculación tal que necesariamente la suerte de aquéllos incida en éstos, es decir, que a virtud de la modificación, revocación o nulificación de los impugnados en el procedimiento ordinario, obligatoriamente dejen de existir o se modifiquen los reclamados en el juicio de garantías. Destacado lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, alude a la circunstancia de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, cuando esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza por la existencia y promoción simultánea del recurso o medio de defensa ordinario y el juicio de amparo. En ese orden, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias. De modo que, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así, el primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicitó el amparo, se cumple en razón que de las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional como apoyo a su informe (anexo I), se advierte que el aquí quejoso el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, presentó ante la Fiscalía General del Estado, un escrito en que manifiesta su oposición al archivo de la averiguación previa 3529/2015/ORIEN (fojas 512 y 513 anexo I). Por lo anterior, es evidente que se acredita el requisito en mención, ya que la inconformidad fue planteada por el aquí quejoso. En relación al requisito marcado con el inciso b), consistente en que el recurso se haya admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos, se encuentra acreditado, dado que, en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por recibido el referido escrito y remitió oficio al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que previo estudio y análisis de la indagatoria determine la procedencia o improcedencia de la determinación de archivo emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 511 anexo I). Resulta aplicable, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/133, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." De lo anterior, se aprecia que la inconformidad citada, en la presente data, se encuentra pendiente de resolver; se dice lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en autos y que fueron allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que el peticionario de derechos hubiera desistido de tal medio de impugnación. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/94, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite." De igual forma, se cita la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Finalmente, se satisface el requisito citado en el inciso c), relativo a que el medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación en contra del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, porque a través del recurso de inconformidad interpuesto, el quejoso puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado. Por tal motivo, se deduce que como el quejoso se inconformó contra de la determinación de cinco de octubre de dos mil dieciocho, y se remitieron los autos para la substanciación de la inconformidad interpuesta, aun cuando se encuentra pendiente de resolver; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar, modificar o revocar el acto combatido en el presente asunto. Y, por ende, como ya se dijo, el objeto de ésta es que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma resolución, a fin de evitar determinaciones contradictorias. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, pues la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudiera rendir la parte quejosa y, el resultado del fallo, aún celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 16 vuelta); háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No es obstáculo para lo anterior que no se haya logrado a la presente data el emplazamiento de la parte inculpada con el carácter de tercero interesado, pues considerando el sentido del presente auto (sobreseimiento), no le irroga perjuicio a persona alguna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Finalmente, intégrese a las presentes actuaciones la razón asentada por el actuario Judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada María Victoria Teresa Taboada Avilés; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo acordado en párrafos anteriores.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos que integran el presente sumario constitucional, esta autoridad advierte de oficio que en este juicio de garantías se actualiza una causal de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se provee lo que a continuación se expone. De la lectura de la demanda de amparo, se llega al conocimiento de que Víctor Manuel Escamilla Guzmán presentó demanda de amparo en la cual reclamó de la autoridad responsable Mesa única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta), el oficio de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la averiguación previa 3529/2015/ORIEN de su índice, mediante el cual le notificaron la determinación de la misma fecha en la que se decretó el archivo por atipicidad. En ese sentido, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Mesa única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional (en su denominación correcta), aceptó la existencia del acto reclamado y como justificación a su informe, remitió copia cotejada de diversas constancias que obran dentro de la indagatoria 3529/2015/ORIEN de su estadística; documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio, del que se advierte que, efectivamente, la autoridad responsable emitió el acto reclamado en el que, en lo que concierne a este juicio de amparo, establece lo siguiente: ".RESUELVE PRIMERO.- El no ejercicio de la acción persecutoria, y el consecuente archivo, por cuando al delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404 fracción VI, con relación al diverso 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, por encontrarse esta representación social ante la figura jurídica de atipicidad, dejando a salvo los derechos del agraviado C. Víctor Manuel Escamilla Guzmán, para que los haga valer en la vía correspondiente. SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente determinación al C. Víctor Manuel Escamilla Guzmán, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, concediéndole la ley un término improrrogable de quince días naturales, para que mediante escrito o comparecencia, manifieste lo que a su derecho e interés convenga. TERCERO.- Cumplimentado lo anterior, acordar lo procedente y, en su caso ordenar se remitan las presentes actuaciones al archivo general de la institución." (fojas 501 a 506 anexo I). Así mismo, la autoridad responsable dentro de su informe justificado manifestó y acreditó, que el aquí quejoso, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, interpuso inconformidad contra la determinación de archivo por atipicidad decretada dentro de la indagatoria de referencia. Por lo anterior, el veinticinco de octubre del presente año, remitió el original de la averiguación previa de que se trata al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de esa institución, la cual está pendiente de resolución respecto de la procedencia o improcedencia de la determinación emitida por la responsable, como se acredita con las constancias que obran a fojas 511 a 514 del anexo I. Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Así, las únicas condiciones que enuncia el artículo transcrito para la actualización de la improcedencia en análisis, radican en la expectativa de que el acto reclamado en el juicio de garantías pueda ser modificado, revocado o nulificado por el recurso o medio de defensa legal que se encuentre en trámite, y que haya sido interpuesto precisamente por el propio quejoso; sin que delimite que el recurso o medio de defensa sea promovido contra el mismo acto reclamado en el juicio de amparo. Por tanto, aun cuando el medio de defensa o recurso no se haya interpuesto contra los actos reclamados, debe estimarse actualizada tal causal de improcedencia cuando los posibles efectos de aquéllos tengan como consecuencia legal y necesaria que al dejar de surtir efectos el acto cuestionado en el medio de impugnación ordinario, también los actos reclamados en el juicio de garantías puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para ello, es necesario que exista entre los actos reclamados en el juicio de garantías y los diversos impugnados en el recurso o medio de defensa ordinario, una vinculación tal que necesariamente la suerte de aquéllos incida en éstos, es decir, que a virtud de la modificación, revocación o nulificación de los impugnados en el procedimiento ordinario, obligatoriamente dejen de existir o se modifiquen los reclamados en el juicio de garantías. Destacado lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, alude a la circunstancia de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, cuando esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza por la existencia y promoción simultánea del recurso o medio de defensa ordinario y el juicio de amparo. En ese orden, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias. De modo que, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así, el primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicitó el amparo, se cumple en razón que de las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional como apoyo a su informe (anexo I), se advierte que el aquí quejoso el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, presentó ante la Fiscalía General del Estado, un escrito en que manifiesta su oposición al archivo de la averiguación previa 3529/2015/ORIEN (fojas 512 y 513 anexo I). Por lo anterior, es evidente que se acredita el requisito en mención, ya que la inconformidad fue planteada por el aquí quejoso. En relación al requisito marcado con el inciso b), consistente en que el recurso se haya admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos, se encuentra acreditado, dado que, en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo por recibido el referido escrito y remitió oficio al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que previo estudio y análisis de la indagatoria determine la procedencia o improcedencia de la determinación de archivo emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 511 anexo I). Resulta aplicable, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/133, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." De lo anterior, se aprecia que la inconformidad citada, en la presente data, se encuentra pendiente de resolver; se dice lo anterior, toda vez que de las constancias que obran en autos y que fueron allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que el peticionario de derechos hubiera desistido de tal medio de impugnación. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/94, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite." De igual forma, se cita la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Finalmente, se satisface el requisito citado en el inciso c), relativo a que el medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación en contra del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, porque a través del recurso de inconformidad interpuesto, el quejoso puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado. Por tal motivo, se deduce que como el quejoso se inconformó contra de la determinación de cinco de octubre de dos mil dieciocho, y se remitieron los autos para la substanciación de la inconformidad interpuesta, aun cuando se encuentra pendiente de resolver; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar, modificar o revocar el acto combatido en el presente asunto. Y, por ende, como ya se dijo, el objeto de ésta es que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma resolución, a fin de evitar determinaciones contradictorias. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, pues la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudiera rendir la parte quejosa y, el resultado del fallo, aún celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 16 vuelta); háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No es obstáculo para lo anterior que no se haya logrado a la presente data el emplazamiento de la parte inculpada con el carácter de tercero interesado, pues considerando el sentido del presente auto (sobreseimiento), no le irroga perjuicio a persona alguna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Finalmente, intégrese a las presentes actuaciones la razón asentada por el actuario Judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada María Victoria Teresa Taboada Avilés; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo acordado en párrafos anteriores.

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