Víctor Manuel García Aguilar

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel García Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de doce de julio de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. En otro orden de ideas, de la certificación secretarial se advierte que en la caja de valores se encuentra el billete de depósito ********, valioso por la cantidad de dos mil pesos, moneda nacional, que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida. Con lo anterior se da vista a las partes, haciéndoles saber que una vez que la parte tercera interesada, manifieste expresamente que está conforme con su devolución, o que no resintió perjuicios, o bien que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo, el referido billete estará a disposición de la parte depositante y comenzará a computarse el plazo de dos años para que prescriba a favor de la federación, de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Finalmente, al resultar innecesario retener las pruebas documentales que el juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, remitió como sustento de su informe justificado, un disco versátil digital (D.V.D), se ordena la devolución de esas documentales

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 340/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 1) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ************ solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de las autoridades que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: --- De la Autoridad ordenadora: --- La orden de aprensión (sic) y/o presentación que fuera girada en mi contra mediante la cual pretenden privarme de mi libertad, violando todas mis garantías constitucionales, ya que en ningún momento se me ha hecho notificación o requerimiento legal alguno, mediante autoridad judicial. --- De la ejecutora.--- El Cumplimiento que pretenden dar a dicha orden de aprensión (sic) en caso de existir tal." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:- En su doble aspecto como ordenadora y ejecutora: Como Autoridad Ordenadora. Se encuentra el JUEZ DE CONTROL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACAMBARO, GUANAJUATO CON RESIDENCIA EN CARRETERA (.) Como Autoridad Ejecutora. El C. Encargado de la Policía Investigadora con domicilio EN CARRETERA (.) Como Autoridad Ejecutora. EL JEFE DE CÉLULA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO EN CELAYA con domicilio en (.)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 9, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya; mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 5 a 7 vuelta), esta potestad admitió la demanda y la registró bajo el número 340/2021; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló tanto fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento tanto del agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de donde emanan los actos reclamados, así como a las personas que tienen el carácter de víctimas del delito u ofendidas, en su calidad de terceros interesados. TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante proveídos de once y veintiuno de junio pasado, se suspendió toda comunicación con las autoridades que el quejoso denominó como: "Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado en Celaya, Guanajuato" y "Encargado de la Policía Investigadora en Acámbaro, Gto."; ante su inexistencia; por tanto, esta sentencia no se ocupará de tales autoridades. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado es la orden de aprehensión librada en contra del agraviado, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado del Control Penal de la Tercera Región, con sede en Acámbaro, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. Es aplicable por analogía y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión librada en contra del quejoso*************, en data veintiséis de enero de dos mil veintiuno en la causa penal **********, del índice del juzgado responsable, donde se le consideró sustraído a la acción de la justicia por no informar el cambio de domicilio que había señalado para recibir notificaciones, ni haber señalado uno nuevo para dicho fin; ello con motivo de la causa penal que se le instruye por estimarse probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 215 en relación a los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de los menores de edad identificados con las iniciales D.A.G., X.B.A.G. y A.A.G.; y; ii) En vía de consecuencia, la ejecución de la resolución indicada en el inciso que precede. La autoridad señalada como responsable es: 1. El juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base en Acámbaro -denominación correcta de la indicada por la parte quejosa como "JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACAMBARO"-. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base en Acámbaro, al rendir su informe justificado (fojas 26 a 27), aceptó la existencia de los actos que le atribuyen; en consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la documental consistente en el disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación MD5, emanado de la causa penal *********** del índice del juzgado responsable, de donde se advierte la resolución reclamada; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), considerados como prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. Dentro de la causa penal *******, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Acámbaro, en data quince de mayo de dos mil diecinueve se vinculó a proceso al aquí quejoso **********, por el hecho señalado por la ley como delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 215 en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de los menores de edad identificados con iniciales D.A.G., X.B.A.G. y A.A.G. 2. En audiencia de derecho de veintitrés de junio de dos mil veinte se autorizó a favor del imputado ahora quejoso la salida alternativa consistente en la suspensión condicional del proceso por el término de tres años, contado a partir del día en que tuvo verificativo dicha audiencia hasta el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En ese acto se impusieron como condiciones que debía observar el imputado: i) acudir, en cualquiera de los primeros cinco días de cada mes, ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, Guanajuato, a estampar su firma en el libro de encausados, y ii) cumplir con sus deberes de deudor alimentario. 3. Mediante oficio de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, el representante social adscrito al juzgado penal de origen, presentó ante dicho órgano jurisdiccional solicitud a fin de que se programara audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso; lo que fue proveído favorablemente, fijándose las doce horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno para el desahogo de la referida audiencia de revisión. 4. En audiencia de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se determinó que el imputado hoy quejoso -quien no acudió a ese acto-, no fue citado conforme a derecho a la audiencia de revisión de la suspensión condicional en tanto que se le notificó en un domicilio distinto al indicado para recibir notificaciones (*******, número *********, colonia **********, de Acámbaro, Guanajuato); por tanto se reprogramó tal audiencia para las once horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se acotó que el domicilio señalado en la audiencia inicial, por el imputado, para recibir notificaciones lo es el ubicado en calle ***********, número *******, colonia ********, de Acámbaro, Guanajuato. Esta determinación fue notificada al representante social; al asesor victimal; al defensor público, quien a su vez figura como tal del imputado; empero, no así a este último, toda vez que el actuario a quien se le encomendó dicha notificación, levantó razón de imposibilidad en la que indicó, en esencia, que el veintidós de enero de dos mil veintiuno se apersonó sobre la calle ******** colonia *********, de Acámbaro, Guanajuato, con objeto de notificarle al imputado ************* la fecha y hora programadas por el juez responsable para el desahogo de la audiencia de revisión de suspensión condicional; que hizo un recorrido por dicha calle pero no localizó el inmueble marcado con el número 25 -mencionado en audiencia de veintidós de enero de dos mil veintiuno, como el señalado por el imputado para oír notificaciones-; que en el inmueble marcado con el número ******* [sitio donde con antelación el actuario ya había sido atendido por familiares del imputado], le atendió una persona menor de edad quien informó que la persona buscada es su tío, que ahí le recibían notificaciones pero que el imputado nunca ha vivido ahí sino en el inmueble marcado con el número ***** (en la misma calle donde se ubicó el actuario), casa que dejó de habitar desde hace algunos meses porque se separó de su esposa; que desde hace algunos meses no ve a su tío y que ignora el domicilio que actualmente tenga. De igual forma, el actuario asentó que se apersonó con el vecino (de quien indicó su media filiación), que habita la casa marcada con el número ****** -en la calle de referencia-, quien le corroboró que efectivamente la casa marcada con el número ****** era arrendada por el imputado, pero que desde hace mucho tiempo dejó de habitar ahí. 5. A la audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, presidida por la juez responsable, acudieron la representación social; la parte ofendida y su asesor jurídico; del defensor público que lo es del imputado; empero, no compareció dicho imputado ahora quejoso. La juez de Control hizo alusión a la constancia levantada por el actuario el veintidós de enero de dos mil veintiuno, donde se asentó la imposibilidad para notificar al imputado ************* sobre la fecha y hora en que tendría verificativo la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso. Ante tal situación y en uso de la voz de las partes procesales, específicamente, el representante social y el asesor jurídico de las víctimas, solicitaron a la juez que declarara la sustracción a la acción de la justicia del imputado ************, en esencia, por incumplir con la obligación de informar al órgano jurisdiccional el cambio domicilio. A esta petición la juez expresó que el domicilio otorgado por el imputado para recibir notificaciones resultó inexistente -acorde a lo señalado en la razón actuarial-; que el sitio donde le recibían notificaciones nunca fue habitado por el imputado sino por unos familiares y que desde hace meses no lo ven por ahí. Ante tal situación la juez de la causa decretó, con apoyo en el cuarto párrafo del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sustracción de la acción de la justicia del imputado, y, por ende, ya en audiencia privada, libró orden de aprehensión en su contra, donde reiteró las circunstancias que invocó para decretar la sustracción de la acción de la justicia del imputado y agregó que este omitió señalar un domicilio donde se le pudieran practicar las notificaciones; todo ello, se insiste, a petición de la representación social adscrita al juzgado del conocimiento primario. La determinación que precede constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. Previamente a su estudio, se formula una aclaración. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que quien comparece a esta instancia es el imputado en la causa penal de origen. No obstante, no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, al inadvertir violación a derechos humanos en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que se formulan. Es aplicable por las razones ahí invocadas, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. También apoya, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Así como la tesis 8o.1P(10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO." En el capítulo de conceptos de violación menciona la parte quejosa, en esencia y en atención a la causa de pedir, que la orden de captura librada en su contra violenta sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 9, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque está indebidamente fundada y motivada; que se le pretende privar de la libertad sin mediar notificación ni juicio previo alguno. Es infundado el anterior planteamiento. Es así porque la orden de aprehensión reclamada no es trasgresora de los derechos fundamentales del agraviado, en tanto que su emisión cumplió con los requisitos constitucionales contemplados en los preceptos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según se verá a continuación. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en la parte que ahora interesa: "Artículo 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". Dicho precepto consagra el derecho de audiencia; es decir, que antes de emitirse un acto privativo se debe de llevar un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. Asimismo, las formalidades esenciales del procedimiento consagradas por la Constitución Federal contemplan dos garantías, a saber: a) La de defensa y; b) La probatoria. La primera consiste en distintas formas procesales tales como las notificaciones, el emplazamiento, entre otras; mientras que la segunda se refiere a que en todas las reglas que conciernen al ofrecimiento, rendición o desahogo y valoración de pruebas ofrecidas por las partes; lo que se traduce en el derecho que tiene el quejoso de ser oído y vencido en juicio. Por tanto, el derecho de audiencia obliga a todas las autoridades del Estado a permitir la defensa de los particulares previamente a cualquier privación de sus derechos, por lo que, dicha prerrogativa es el acto, por parte de las autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman, demandan o solicitan alguna cosa. Por otro lado, el artículo 16 de la carga magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)". De conformidad con el precepto constitucional en consulta, los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. En términos del precepto constitucional en cita debe decirse que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Se considera de esta manera en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resuelve si se ha probado la acción, si esta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. De igual modo, de dicho numeral se coligen los requisitos constitucionales para librar una orden de aprehensión, a saber: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Le preceda una denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, d) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, la orden de captura que se estudia en el presente caso no se encuentra sujeta a satisfacer los indicados requisitos para librar una orden de aprehensión, establecidos en el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, dado que no fue emitida con la finalidad de conducir al agraviado ante la presencia judicial para el desahogo de una audiencia inicial a fin de que sea formalizada la imputación en su contra por parte de la fiscalía; sino que fue dictada con motivo de que se declaró al quejoso ************, sustraído a la acción de la justicia, por lo que su objeto es hacerlo comparecer ante la presencia judicial para continuar con el procedimiento natural, en el cual previamente ya había sido sometido al imperio del juez de control. Para evidenciar lo afirmado, es conveniente hacer un análisis integral de las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentran previstas en su numeral 141, el cual dispone: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Del numeral transcrito, se colige la manera de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). El supuesto previsto en la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso de que el imputado no se encuentre retenido-, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo, del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá cumplir, además de la necesidad de cautela que exige tal fracción, con los requisitos establecidos en ese numeral. Asimismo, como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Destaca que el propio numeral prevé diferentes supuestos para librar orden de aprehensión, distintos al contenido en la fracción III, a saber: i) Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. ii) La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. Ahora, la autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: No comparezca a una citación judicial; Se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, Se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción a la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que al prever como supuesto que el imputado no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de control. Se estima de esta manera porque los siguientes supuestos, esto es, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. Entonces, es necesario aclarar que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquella a la inicial (formulación de la imputación) y lo incumple, o bien si se ausenta de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, con la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Es aplicable, en lo conducente y por identidad de razón jurídica, la tesis 125 P (10ª.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez". Así las cosas, es conveniente distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III, del artículo 141, del código adjetivo penal invocado, y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral. La primera debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la constitución federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que el imputado guardará prisión preventiva. Así, la necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16, de la constitución federal deriva del hecho de que la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. Por su parte, la orden de aprehensión prevista en el párrafo cuarto, del artículo 141, del código adjetivo invocado, debe entenderse como una forma de garantizar que el imputado comparezca a la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 constitucional. Es decir, su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado -como ejemplo, a la audiencia intermedia- cuando no cumplió con una cita debido a su intención manifiesta de sustraerse de la acción de la justicia; o cuando, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Se asume de esa manera, debido a que la declaratoria del imputado como sustraído a la acción de la justicia, supone que este ya había sido sometido al imperio del órgano jurisdiccional, pero por cierta circunstancia, se encontraba gozando del beneficio de la libertad; de ahí que, su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado. Lo anterior pone de manifiesto que no pueda solicitarse un mandamiento de captura con base en el párrafo cuarto, para lograr los fines de la fracción I, del artículo 141, pues las órdenes de aprehensión contempladas en cada uno de dichos supuestos tienen naturaleza, requisitos de procedibilidad y efectos distintos. Tal interpretación se fija porque de estimar lo contrario, la fracción II y el párrafo cuarto, del numeral en estudio, contemplarían el mismo supuesto (incumplimiento de una citación) y quedaría al arbitrio del Ministerio Público decidir si solicita orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, o bien, declaratoria de sustracción de la acción de la justicia y su consecuente orden de aprehensión. Del análisis que antecede, es dable concluir que la orden de aprehensión -como forma de conducción del imputado a proceso- tiene un carácter excepcional, porque su procedencia solo se actualiza por desacato del imputado o bien, porque el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela. En este contexto, se determina que la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de los derechos humanos del quejoso, pues se dictó conforme al supuesto establecido en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además se encuentra fundada y motivada, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se aprecia que la juez de Control responsable cumplió con el requisito constitucional relativo a su competencia, pues es legalmente competente para conocer y resolver sobre la solicitud planteada por cuestión de territorio, materia, cuantía y grado. Por otra parte, tomando en consideración la relatoría de los antecedentes expuestos, se estima acertado que la juzgadora de la causa haya emitido la orden de aprehensión, pues de autos se aprecia que el fiscal adscrito al juzgado de origen, solicitó el verificativo de una audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso; la que se programó para las once horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, sin que tal acto se pudiera llevar a cabo, por inasistencia del imputado, virtud a que resultó imposible notificarle la programación de tal diligencia porque el domicilio que proporcionó para recibir notificaciones resultó inexistente -************, número *******, colonia **************, de Acámbaro, Guanajuato-. Además, en el diverso domicilio donde unos familiares le recibieron algunas notificaciones, informaron que nunca habitó en ese lugar (*********, número *********, colonia ********** de Acámbaro, Guanajuato), sino en el inmueble ubicado en dicha calle y colonia pero marcado con el número ********, el cual dejó desde hace algunos meses cuando se separó de su esposa. Así, la juez de la causa emitió declaratoria de sustracción de la acción de la justicia, en contra del imputado ahora quejoso ***************, en términos de lo establecido por el numeral 141, cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, en audiencia privada -solo con la presencia del representante social-, la juez responsable dictó la orden de aprehensión en contra del agraviado, al ponderar que a este se le declaró sustraído a la acción de la justicia, dado que el domicilio que dio para recibir notificaciones resultó inexistente; que el lugar donde le recibían notificaciones nunca fue habitado por el imputado sino por unos familiares y que desde hace meses no lo ven por ahí; y que omitió señalar un domicilio donde se le pudieran practicar las notificaciones. En este sentido, tal como lo adujo la autoridad responsable, en la especie sí está acreditado el requisito exigido en el cuarto párrafo del artículo 141, del código en cita, para el libramiento del indicado mandato de captura, específicamente, que el imputado otorgó al juzgado natural un domicilio inexistente; además, omitió avisar sobre su domicilio actual. Circunstancia que imposibilitó se pudieran practicar en forma legal las notificaciones personales, lo que a la postre genero impedimento para proseguir con el procedimiento natural. Lo anterior, justifica que la juez responsable, a solicitud del fiscal, declarara al imputado sustraído de la acción de la justicia y, por ende, posteriormente en la actuación que constituye el acto reclamado, girara orden de aprehensión en su contra en términos de los artículos 16 de la constitución federal, y cuarto párrafo del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que se considera razonable, dado el estado procesal que guarda la causa penal de origen, y que además es acorde con el marco normativo invocado. Por tanto, contrariamente a lo alegado por la parte solicitante del amparo, se estima que la orden de aprehensión se emitió conforme a las disposiciones legales aplicables. De igual manera, el acto reclamado se dictó con fundamento en leyes expedidas con anterioridad al hecho y previa solicitud del Ministerio Público, en razón de que el solicitante, fue declarado como sustraído de la acción de la justicia, por lo que a fin de asegurar su presencia en el proceso, se hizo procedente la emisión de la referida orden de aprehensión. En la inteligencia de que la solicitud del representante social fue realizada correctamente, en términos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se formuló oralmente en audiencia privada con la juez de Control responsable. Aunado a que la determinación de la juez de Control se realizó de forma certera, conforme lo señala el diverso numeral 143 del código instrumental de la materia, pues se resolvió en la misma audiencia privada en que la solicitó el representante social, con la debida secrecía. También debe destacarse que aun cuando por regla general todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los derechos humanos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; sin embargo, el derecho referido -previa audiencia-, no es observable cuando se trata de una orden de aprehensión como la que se reclama, en razón de que no es un acto privativo, sino de molestia. Máxime que, se reitera, el mandamiento de captura fue librado solo como un medio para lograr la continuación del proceso, garantizando así que el imputado sea presente ante el juez de la causa para la prosecución de la secuela procesal que ya estaba iniciada. En las reseñadas condiciones, se llega al convencimiento de que la orden de aprehensión combatida reúne los requisitos que exigen tanto los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el diverso numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo, por las razones que informa, la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ***********, en contra de los actos y autoridad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo.

  3. Incidental

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 340/2021-5; estando en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del maestro en derecho Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias El secretario hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: Demanda de amparo presentada por ******; Proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se requirieron los informes previos; Informe previo rendido por la autoridad responsable: juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro; y, Proveídos de once y veintiuno de junio del año actual, por los que se suspendió toda comunicación con las autoridades que el quejoso denominó como: "Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado en Celaya, Guanajuato." y "Encargado de la Policía Investigadora en Acámbaro, Gto."; al resultar inexistentes. El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, por rendido el informe previo de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Periodo probatorio Enseguida se abre la etapa probatoria, en la que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. A lo que el juez acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Etapa de alegatos A continuación, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: se tiene a las partes por omisas en formular alegatos. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que corresponde: Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 340/2021; y, RESULTANDO Primero. Demanda de Amparo. *****, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18 y 20, apartado C constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a la autoridad responsable su informe previo, el cual se recabó. Tercero. Autoridades inexistentes. Mediante proveídos de once y veintiuno de junio del año actual, se suspendió toda comunicación con las autoridades que el quejoso denominó como: "Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado en Celaya, Guanajuato." y "Encargado de la Policía Investigadora en Acámbaro, Gto." ante su inexistencia; por tanto, esta interlocutoria no se ocupará de tales autoridades. Finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados señalados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, son: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. Actos reclamados en el ámbito de sus facultades a la autoridad responsable: Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro. Segundo. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, pues así lo expresó al rendir su informe de ley, en el que señaló se encuentra radicada la causa penal número **** en contra del quejoso *****, por el hecho que la ley contempla como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 215, en relación a los numerales 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal del estado de Guanajuato, cometido en agravio de los menores de edad de identidad resguardada con las iniciales D.A.G., X.B.A.G. y A.A.G., representados por su progenitora *****. Asimismo, que en audiencia de veintiséis de enero del año actual, de revisión de la suspensión condicional del proceso, a petición de la fiscalía se giró una orden de aprehensión en contra del agraviado de referencia, por encontrarse sustraído de la acción de la justicia, al no haber acudido en dos ocasiones a tal audiencia. Finalmente, precisó la responsable en su informe de ley, en cuanto a la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se vinculó a proceso al hoy quejoso en la causa penal subyacente, este no se encuentra en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa acorde con lo dispuesto por el cardinal 19 constitucional ni catalogado como grave por el diverso ordinal 11 del Código Penal vigente en el estado de Guanajuato. Materia de la suspensión Ahora, se reitera que la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, en su informe de ley refirió que se libró orden de aprehensión en contra del quejoso, por haberse sustraído de la acción de la justicia al no haber acudido a la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso, en la causa penal que se radicó en su contra por el hecho que la ley define como delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de los menores de edad terceros interesados. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que fue solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derechos humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer ante la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando de que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, tras una ponderación de la apariencia del buen derecho, de ejecutarse los actos reclamados se ocasionaría a la parte promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso por el tiempo que se le privara de ella. Efectos de la suspensión La suspensión otorgada en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa *****, en la causa penal número *****, procede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y el peticionario de la tutela federal no sea privado de su libertad personal. Lo anterior, porque los hechos con apariencia del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por el que se instruye la causa y derivado de la cual se giró la orden de aprehensión reclamada, no se encuentran catalogados como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ello, hasta en tanto se dicte sentencia o resolución firme en el juicio de amparo del que emana el acto reclamado, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar: 1. De conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, como medida de aseguramiento, otorgue garantía por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, preferentemente en billete de depósito expedido a su nombre por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito y/o Banco del Bienestar, dentro del plazo de cinco días conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de Ley de Amparo. Se destaca que el monto de la garantía señalada para que surta efectos la medida cautelar indicada, se fija atendiendo a que el hecho contemplado como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que se radicó en contra del quejoso en la causa penal subyacente, en la que se giró la orden de captura reclamada, no está considerados de alto impacto, ni tampoco son de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, empero la naturaleza de tal injusto gira en torno al incumplimiento de las obligaciones de asistencia a los menores de edad terceros interesados, a quienes se les podría causar daños y perjuicios, de no obtener sentencia favorable en el juicio principal el aquí quejoso Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 61/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA." Con la observación de que, si la garantía es presentada en billete de depósito, este deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y en el rubro de concepto la leyenda: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a *****, en el incidente de suspensión 340/2021-5." En el entendido que, si la parte quejosa opta por exhibir póliza de fianza, esta deberá contener en forma expresa la renuncia de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Seguros y de Fianzas, en caso que se haga efectivo el cobro de la cantidad sancionada, y deberá someterse en forma expresa a lo que sobre el particular dispone la Ley de Amparo. Asimismo, la suma depositada para que surta efectos la suspensión no genera intereses, rendimientos ni contraprestación alguna a favor de la depositante, de conformidad con los artículos 28 y 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 2. Se presente dentro de los tres días siguientes, a partir de la legal notificación de esta determinación, ante la autoridad que emitió el acto reclamado para los efectos legales a que haya lugar, y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento del que derive. Apercíbase al quejoso que en caso de incumplir con las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión definitiva concedida será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable; lo anterior, en términos del último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Por lo que quedarán expeditas las facultades de las responsables para ejecutar el acto reclamado y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal. Los efectos de la suspensión destacados encuentran sustento en la jurisprudencia número 1ª./J.16/97, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, registro 198729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Así como en la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.149/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, registro número 170432, del siguiente epígrafe: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ." Restricciones a la suspensión En la inteligencia que dicha medida no surtirá efecto alguno si se trata de actos consumados o estos emanan del cumplimiento a una ejecutoria de amparo; tomando en consideración que deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento del derecho o derechos fundamentales vulnerados, es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, y estimarlo de otra forma, sería contrario a los fines del juicio de garantías. Apoya a lo anterior, la tesis número IX 1ro. 6K, tomo III, marzo mil novecientos noventa y seis, página ochocientos ochenta y tres, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro señala: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBEN SER INMEDIATO." Esta medida cautelar debe ser acatada por la autoridad responsable, apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Único. Se concede la suspensión definitiva a *****, respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando primero, en términos del último considerativo de la presente interlocutoria.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que todavía no transcurre el plazo de ocho días a partir de la notificación a las partes, del auto de once de junio del año actual, que proveyó sobre el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Acámbaro -donde aceptó la existencia de los actos reclamados-; por tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las catorce horas con cincuenta minutos del doce de julio de dos mil veintiuno.

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