Víctor Manuel Cordova Villegas
Expediente 811/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cordova Villegas
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente asunto; asimismo que admitió la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Córdova Villegas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ********, con doce copias simples de la misma, contra actos de la Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente físico y digital; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo 811/2016-A1, que le correspondió. INCOMPETENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En la especie, se establece que este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, dado que, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS. Ahora, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "reclamo de las autoridades anteriormente descritas la resolución dictada dentro del toca penal número ***, por la C. Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, misma que emana de la apelación formulada contra el auto de vinculación dictado en mi contra por el Juez de Control de la sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, dictado dentro de la causa penal *** Actos que se atribuyen a las siguientes autoridades responsables: Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Juez de Control de la sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato. Ahora bien, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, mismo que bajo protesta de decir verdad narra el impetrante del amparo, señala encontrarse recluido en el Centro Estatal de Reinserción de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, por el delito de robo calificado y secuestro express. De lo anterior, se advierte que se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la naturaleza del acto reclamado, es de aquellos que afectan la libertad personal, acto que conlleva ejecución, la que de acuerdo con los datos proporcionados por el quejoso, permite advertir que tendrá ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Por ende, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de cuenta, es el que ejerce jurisdicción dentro de ese ámbito territorial, esto es, el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, tal como lo señala el Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la delimitación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Distritos Judiciales sobre los que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato. Las anteriores consideraciones, tiene sustento en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis número II.1o.P.152 P, visible en la página 1925, Tomo XXXII, Julio de 2010, registro 164371, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y pasaje siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." DECLINATORIA DE COMPETENCIA. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo vigente; éste órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 811/206-A, con sus respectivos anexos, al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, solicitándole tenga a bien hacer del conocimiento de este Juzgado, si acepta o no la competencia y acusar el recibo correspondiente. FORMACIÓN DE CUADERNILLO Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle de ***, de esta ciudad; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ********** al no tener ese supuesto.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIEIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda promovida por ********, con doce copias simples de la misma, contra actos de la Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente físico y digital; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo 811/2016-A1, que le correspondió. INCOMPETENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En la especie, se establece que este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, dado que, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ACTOS RECLAMADOS. Ahora, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "reclamo de las autoridades anteriormente descritas la resolución dictada dentro del toca penal número ***, por la C. Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, misma que emana de la apelación formulada contra el auto de vinculación dictado en mi contra por el Juez de Control de la sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, dictado dentro de la causa penal *** Actos que se atribuyen a las siguientes autoridades responsables: Magistrada Propietaria que integra la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Juez de Control de la sede Valle de Santiago del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato. Ahora bien, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, mismo que bajo protesta de decir verdad narra el impetrante del amparo, señala encontrarse recluido en el Centro Estatal de Reinserción de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, por el delito de robo calificado y secuestro express. De lo anterior, se advierte que se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la naturaleza del acto reclamado, es de aquellos que afectan la libertad personal, acto que conlleva ejecución, la que de acuerdo con los datos proporcionados por el quejoso, permite advertir que tendrá ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Por ende, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de cuenta, es el que ejerce jurisdicción dentro de ese ámbito territorial, esto es, el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, tal como lo señala el Acuerdo 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la delimitación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Distritos Judiciales sobre los que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato. Las anteriores consideraciones, tiene sustento en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis número II.1o.P.152 P, visible en la página 1925, Tomo XXXII, Julio de 2010, registro 164371, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y pasaje siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." DECLINATORIA DE COMPETENCIA. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo vigente; éste órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 811/206-A, con sus respectivos anexos, al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, solicitándole tenga a bien hacer del conocimiento de este Juzgado, si acepta o no la competencia y acusar el recibo correspondiente. FORMACIÓN DE CUADERNILLO Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle de ***, de esta ciudad; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ********** al no tener ese supuesto.
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