Victor Manuel Dominguez Casarrubias

Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal Federal de Conciliación Y Arbitraje
  • Victor Manuel Dominguez Casarrubias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, a través del cual, transcribe el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 13/2023, del que se advierte que, dio trámite al conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio firmado por la Actuaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual, transcribe el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte que no aceptó la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional y devuelve el expediente 555/2023, de nuestro índice, por lo que se ordena expedir el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, en virtud de que, del citado auto el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, disintió del criterio sostenido por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Domínguez Casarrubias, por razón de la materia, pues los actos son índole administrativa y no laboral. Incompetencia. En esa tesitura, toda vez que la cuestión de competencia de toda autoridad de control constitucional es de pronunciamiento oficioso. Por tanto, en principio debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita, puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese sentido, el suscrito Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, con sede en Ciudad de México, esencialmente: - LA NEGATIVA que se constriñe en impedir el INGRESO A LA SEDE del TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE a mi menor VICTOR DANIEL DOMÍNGUEZ GÚZMAN. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución fuera del territorio donde este juzgado federal ejerce competencia, por tanto, resulta evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" El dispositivo legal transcrito señala que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, por lo tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. De modo que la ejecución del acto reclamado tiene verificativo en la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que como se advierte del contenido del escrito inicial de demanda, el expediente que se pretendía revisar, pertenece a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México. En ese sentido, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo tanto, remítase la demanda de amparo y traslados, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; por tanto, solicítese el acuse, de recibo correspondiente. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio firmado por la Actuaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual, transcribe el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte que no aceptó la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional y devuelve el expediente 555/2023, de nuestro índice, por lo que se ordena expedir el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, en virtud de que, del citado auto el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, disintió del criterio sostenido por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Domínguez Casarrubias, por razón de la materia, pues los actos son índole administrativa y no laboral. Incompetencia. En esa tesitura, toda vez que la cuestión de competencia de toda autoridad de control constitucional es de pronunciamiento oficioso. Por tanto, en principio debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1992), Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita, puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese sentido, el suscrito Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, con sede en Ciudad de México, esencialmente: - LA NEGATIVA que se constriñe en impedir el INGRESO A LA SEDE del TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE a mi menor VICTOR DANIEL DOMÍNGUEZ GÚZMAN. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución fuera del territorio donde este juzgado federal ejerce competencia, por tanto, resulta evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" El dispositivo legal transcrito señala que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, por lo tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. De modo que la ejecución del acto reclamado tiene verificativo en la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que como se advierte del contenido del escrito inicial de demanda, el expediente que se pretendía revisar, pertenece a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México. En ese sentido, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo tanto, remítase la demanda de amparo y traslados, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; por tanto, solicítese el acuse, de recibo correspondiente. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por ********************a través del cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintiocho de la presente anualidad. Incompetencia. Ahora, toda vez que la cuestión de competencia de toda autoridad de control constitucional es de pronunciamiento oficioso. Por tanto, en principio debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1992), Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita, puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia legal correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De estos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese sentido, el suscrito Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, con sede en Ciudad de México, esencialmente: - LA NEGATIVA que se constriñe en impedir el INGRESO A LA SEDE del TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE a mi menor VICTOR DANIEL DOMÍNGUEZ GÚZMAN. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución fuera del territorio donde este juzgado federal ejerce competencia, por tanto, resulta evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" El dispositivo legal transcrito señala que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, por lo tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. De modo que la ejecución del acto reclamado tiene verificativo en la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que como se advierte del contenido del escrito inicial de demanda, el expediente que se pretendía revisar, pertenece a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México. En ese sentido, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo tanto, remítase la demanda de amparo y traslados, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; por tanto, solicítese el acuse, de recibo correspondiente. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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