Victor Manuel Cuevas Ramirez
Expediente 1702/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1702/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Victor Manuel Cuevas Ramirez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil dieciséis Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la imposibilidad material que afirma asiste para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En relación a lo manifestado por la autoridad oficiante, concretamente, lo relativo al incidente de imposibilidad material de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que intenta, conviene precisar que mediante resolución de dos de agosto de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el día cuatro siguiente, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "Realice el pago total a favor de la parte actora Espíritu y Técnica Construyendo, Sociedad Anónima de Capital Variable, o a quien sus derechos represente, de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada en el juicio ordinario mercantil 432/2012". De la trascripción anterior, se colige que en términos de lo resuelto en la ejecutoria de amparo, el efecto de la sentencia constriñe al Presidente, al Síndico y al Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, para que den cumplimiento a la resolución dictada en el juicio natural realizando el pago a la parte actora Espíritu y Técnica Construyendo Sociedad Anónima de Capital Variable, de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada en el juicio ordinario mercantil 432/2012. En diversos proveídos, se requirió el cumplimiento del fallo protector y en atención al auto de veintinueve de agosto del año en curso, el Presidente, la Síndica y el Tesorero, todos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realizaron diversas manifestaciones en relación con la imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria en los términos precisados, argumentando en síntesis, lo siguiente: "(.) Por lo que Usía debe tomar en cuenta que los recursos se encuentran destinados a la prestación de los servicios públicos, por lo que el pago total a favor del quejoso no sólo afectaría de forma inmediata el correcto ejercicio de las funciones del municipio, sino también afectarían los derechos humanos de los habitantes del municipio, ya que pondrían en riesgo la prestación de los servicios públicos municipales previstos por el artículo 115 constitucional, además de afectar la libre hacienda municipal, ya que no permitiría el disponer y aplicar los recursos para satisfacer las necesidades de la población y así cumplir con los fines públicos, por lo tanto se dificulta el cumplimiento de la sentencia. Por lo anterior al ser constitucional la norma anterior referida y para dar debido cumplimiento a la sentencia de amparo a favor de ESPIRITU Y TÉCNICA CONSTRUYENDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, debe tener a bien tomar en cuenta que si bien es cierto éste H. Ayuntamiento se le condenó el pago de la cantidad anteriormente mencionada, también es cierto que éste H. Ayuntamiento se encuentra en un severo estado de crisis económica, por las obligaciones a las que fue comprendido por administraciones anteriores a la administración actual, circunstancia que debe ser tomada en cuenta al momento de resolver éste incidente, pues aún y cuando existe la obligación de cubrir con lo condenado el Juez debe tomar en consideración que el Ayuntamiento está atravesando una severa crisis económica (.)" De lo transcrito, se advierte que las autoridades basan la imposibilidad de cumplir con el fallo protector en que los recursos se encuentran destinados a la prestación de los servicios públicos, por lo que el pago total a favor del quejoso afectaría de forma inmediata el correcto ejercicio de las funciones del municipio, así como los derechos humanos de los habitantes del municipio, ya que pondrían en riesgo la prestación de los servicios públicos municipales previstos por el artículo 115 constitucional, además de afectar la libre hacienda municipal, al no poderse disponer y aplicar los recursos para satisfacer las necesidades de la población y así cumplir con los fines públicos. Lo anterior dado que el Ayuntamiento se encuentra en un severo estado de crisis económica, por las obligaciones a las que fue comprendido por administraciones anteriores a la administración actual, pues aún y cuando existe la obligación de cubrir con lo condenado el Ayuntamiento está atravesando una severa crisis económica. Al respecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 358, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 358.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la establecida en este Título. Artículo 359.- Los incidentes que pongan obstáculos a la continuación del procedimiento, se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando, entretanto, en suspenso aquél; los que no lo pongan se tramitarán en cuaderno separado. Ponen obstáculo, a la continuación del procedimiento, los incidentes que tienen por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal, y aquellos respecto de los cuales lo dispone así la Ley. Artículo 360.- Promoviendo el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término de tres días. Transcurriendo el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas no el tribunal las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se promoviere prueba o el tribunal la estimare necesarias, se abrirá una dilación probatoria de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el Capítulo V del Título Primero de este Libro. En cualquier de los casos anterior, el tribunal, dentro de los cinco días siguientes,, dictará su resolución." Ahora bien, en relación al incidente de imposibilidad material cabe destacar que cuando las autoridades aduzcan tal cuestión, esta debe acreditarse fehacientemente ante el Juez de Distrito, pues de lo contrario, bastaría que la autoridad responsable se acogiera a dicho principio para que la sentencia pronunciada dentro del juicio de amparo quedara sin ejecutarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis, Materia(s): Común, Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Sexta Parte, página: 267, Genealogía: Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 7, página 112 que establece: "EJECUTORIAS DE AMPARO, INCUMPLIMIENTO DE LA, POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE DICHO EXTREMO. Si bien es cierto que conforme al principio jurídico que reza "nadie está obligado a lo imposible", no es factible exigir el cumplimiento por parte de la autoridad responsable de una ejecutoria de amparo que la colocara en semejantes condiciones, sin embargo, esta imposibilidad jurídica o material debe acreditarse fehacientemente ante el Juez de Distrito, pues de lo contrario, bastaría que la autoridad responsable se acogiera a dicho principio para que la sentencia pronunciada dentro del juicio de garantías quedara sin ejecutarse. De ahí que el simple dicho de la responsable en cuanto a que carece de los elementos necesarios para cumplimentar en sus términos el fallo fiscal a que le obligó la sentencia de amparo no debe considerarse motivo suficiente para que el a quo la releve de tal obligación y menos aún, para que traslade dicha carga al propio quejoso en cuanto a que él sea quien aporte esos elementos materiales." Así, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE el incidente innominado de imposibilidad material para cumplir la ejecutoria de amparo interpuesto por las autoridades responsables en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer lugar, cabe destacar que el acto reclamado en el presente juicio lo constituyó la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil trece, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, donde se le condenó a pagar la cantidad de $566,837.41 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete pesos 41/100 moneda nacional), así como la falta de cumplimiento de las resoluciones interlocutorias de siete y diecinueve de noviembre, ambas del año dos mil trece, relativas a los incidentes de liquidación de sentencia y de gastos y costas, dictadas en el juicio ordinario mercantil 432/2012. Ello revela, que el derecho del quejoso a recibir las cantidades condenadas mediante la sentencia relativa al juicio ordinario mercantil 432/2012, antes descrita, surgió desde que esta adquirió firmeza, por lo que tiene el carácter de cosa juzgada encontrándose este juzgado impedido para realizar acciones que impidan la observancia de dicha institución, ya que no puede estar sujeta a discusión ni mucho menos reexaminarse constituyendo por ello cosa juzgada. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 231, Tomo 145-150 Sexta Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "RECURSOS NOTORIAMENTE FRIVOLOS E IMPROCEDENTES. Si la parte quejosa en un amparo interpuso una queja inicial contra la resolución dictada en la audiencia constitucional, que le desechó una prueba, y esa resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado que conoció del recurso, es claro que con posterioridad a esta ejecutoria la propia parte quejosa no puede pretender promover un incidente de nulidad de actuaciones respecto de lo actuado en esa audiencia, alegando falta de intervención del secretario, y de firmas, pues esto equivaldría a desconocer lo alegado en la queja anterior por la propia quejosa, que reconoció expresamente la existencia legal de la resolución dictada en la audiencia, y, por ende, de lo actuado en ésta, y equivaldría también, sin justificación procesal adecuada, a desconocer la cosa juzgada en la queja anterior, en la que se confirmó la resolución dictada en la audiencia. Y así, si se desecha el incidente de nulidad y la quejosa interpone una nueva queja, este recurso debe ser desechado como notoriamente frívolo e improcedente, en términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, que manda que los tribunales no admitirán nunca incidente ni recursos notoriamente frívolos o improcedentes, sino que deben desecharlos de plano." Así como, por las razones que la integran, la jurisprudencia número I.4o.A. J/58, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Común, visible en la página 1919, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Aunado a lo anterior, la autoridad responsable no ofreció ningún medio probatorio a fin de demostrar fehacientemente la imposibilidad material de dar cumplimiento al fallo protector que afirma le asiste. Por otra parte, las razones que expresa no son motivo suficiente para que las autoridades constreñidas a dar cumplimiento al fallo protector sean relevadas de ello. Lo anterior es así, ya que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y sin pretextos y en los términos perentorios de los que disponen. En ese sentido, las responsables cuenta con diversos medios a su alcance previstos en las disposiciones legales aplicables, para allegarse de los recursos necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector sin que ello redunde en perjuicio de la población e, incluso, pactar con la parte quejosa lo necesario a fin de lograr su cumplimiento. Aunado a ello, el actuar exigido de las responsables para el cumplimiento del fallo protector no implica un acto contrario a las leyes que establecen los elementos considerados como esenciales por el legislador, contrario a ello, el fallo constitucional se emitió en observancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. En mérito de las consideraciones antes expuestas, las autoridades responsables están obligadas a dar cumplimiento a la ejecutoria en los términos indicados en la resolución de dos de agosto de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el cuatro de agosto del mismo año. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Notifíquese.
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