Víctor Manuel Chavira López

Expediente 960/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
960/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Chavira López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de dos de febrero del presente año, por la cual se tiene a la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifestando la imposibilidad que sostuvo para notificar de manera personal la sentencia dictada el treinta de enero del presente año, al quejoso *******. Lo anterior debido a que el mismo fue puesto en libertad al haber concluido con la pena de prisión que le fue impuesta. En ese sentido, y del estado que guardan los presentes autos se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se comisiono a la actuaria judicial para que notificara de manera personal al licenciado *******, adscrito a la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. Por ello, se comisiona a la actuaria judicial a fin de que se realice la notificación de la citada sentencia al mencionado defensor. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso por conducto de su defensor. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Al DEFENSOR DE LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 960/2022-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, turnada a este juzgado el día hábil siguiente, en la que la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa estimó transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 17, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 960/2022-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional, por parte de las autoridades señaladas." TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, manifestó ser ciertos los actos reclamados, puesto que en el índice de ese Juzgado de Ejecución, se encuentra en trámite la solicitud del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional presentada por el quejoso, derivada de la cual, se requirió a las autoridades Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, el plan de actividades del quejoso, el cual se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social, número Tres, sin que a la fecha de presentación de la demanda, las diversas autoridades hayan remitido las constancias solicitadas. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos con sede en esta Ciudad, manifestaron que no es cierto el acto reclamado, pues el primero de ellos indica que mediante oficio de ocho de noviembre de dos mil veintidós, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso. Por su parte, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, mediante oficio de *******, de tres de noviembre del dos mil veintidós, remitió el cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso así como su debido cumplimiento, informe de conducta y disciplina, ficha signalética y partida jurídica, al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el cual fue recibido el día ocho de noviembre del dos mil veintidós. Una vez lo anterior, el Juez de Ejecución de Penas responsable, informó que al contar con la información necesaria, esto es, con el informe de cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la cual se debatiría sobre la concesión de un beneficio a favor del sentenciado, esto, para el siete de diciembre de dos mil veintidós, la cual, al no poder llevarse a cabo, se señaló nueva fecha, esto es, el catorce de mismo mes y año. Al respecto, tomando en cuenta que este juicio de amparo se promovió el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el procedimiento de origen, carpeta de ejecución *******, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, y a su vez, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, el tres de mismo mes y año, remitió las constancias requeridas consistentes en plan de actividades así como su debido cumplimiento, informe de conducta y disciplina, ficha signalética y partida jurídica. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, así como de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y la omisión reclamada se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, en copia certificada, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en copias certificadas del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCÍAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causa de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como acto reclamado a las responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, la omisión de rendir el plan de actividades y su cumplimiento, del ahora quejoso, al Juez de Ejecución de Penas, y a este último, la omisión de señalar audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, previamente solicitada. De las constancias remitidas por la Jueza de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio número *******, de tres de noviembre de dos mil veintidós, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, rindió el plan de actividades del ahora quejoso. Así, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, una vez recibidas las constancias requeridas a las autoridades antes señaladas, la Jueza de Ejecución de Penas responsable, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, la cual se llevó a cabo el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- SE CONCEDE a [*******] el beneficio de la REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, que le fue impuesta dentro Toca de apelación número *******, derivada de la causa penal *******, ahora causa penal ******* y que derivo en la Carpeta de Ejecución número ******* por el lapso de 345 días lo que aunado a los diecinueve años, ocho meses y veinte días que ha cumplido en prisión, arroja que ha compurgado la pena de prisión impuesta. SEGUNDO.- SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de [*******] al habérsele otorgado el beneficio de la remisión Parcial de la Pena y con ello habiendo compurgado la pena de prisión impuesta, únicamente en RELACIÓN A ESTE ASUNTO. TERCERO.- Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución es apelable en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. CUARTO.- Gírese atento oficio a la Autoridad Penitenciaria y al Titular del CE.RE.SO. Estatal número 03 con residencia en esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar." Por tanto, se estima que en el caso en estudio han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al haberse señalado la audiencia solicitada por el quejoso y haberse resuelto lo solicitado por el mismo. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia con número de registro 193758, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, de Junio de 1999, materia Común, Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que dice de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de registro 197367, Novena Época, Pleno, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, de Noviembre de 1997, Tesis P. CL/97, Aislada, Materia Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en la dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio de remisión parcial de la pena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de Ley de Amparo, pues en el caso particular es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Robustece lo anterior por analogía al presente caso, la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización en esta acción constitucional, virtud a la causa de improcedencia aludida en párrafos anteriores, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la Jurisprudencia con número de registro 196820, Novena Época, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, de febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 960/2022-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, turnada a este juzgado el día hábil siguiente, en la que la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa estimó transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 17, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 960/2022-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional, por parte de las autoridades señaladas." TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, manifestó ser ciertos los actos reclamados, puesto que en el índice de ese Juzgado de Ejecución, se encuentra en trámite la solicitud del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional presentada por el quejoso, derivada de la cual, se requirió a las autoridades Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, el plan de actividades del quejoso, el cual se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social, número Tres, sin que a la fecha de presentación de la demanda, las diversas autoridades hayan remitido las constancias solicitadas. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos con sede en esta Ciudad, manifestaron que no es cierto el acto reclamado, pues el primero de ellos indica que mediante oficio de ocho de noviembre de dos mil veintidós, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso. Por su parte, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, mediante oficio de *******, de tres de noviembre del dos mil veintidós, remitió el cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso así como su debido cumplimiento, informe de conducta y disciplina, ficha signalética y partida jurídica, al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, el cual fue recibido el día ocho de noviembre del dos mil veintidós. Una vez lo anterior, el Juez de Ejecución de Penas responsable, informó que al contar con la información necesaria, esto es, con el informe de cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la cual se debatiría sobre la concesión de un beneficio a favor del sentenciado, esto, para el siete de diciembre de dos mil veintidós, la cual, al no poder llevarse a cabo, se señaló nueva fecha, esto es, el catorce de mismo mes y año. Al respecto, tomando en cuenta que este juicio de amparo se promovió el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el procedimiento de origen, carpeta de ejecución *******, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, y a su vez, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, el tres de mismo mes y año, remitió las constancias requeridas consistentes en plan de actividades así como su debido cumplimiento, informe de conducta y disciplina, ficha signalética y partida jurídica. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, así como de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y la omisión reclamada se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, en copia certificada, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en copias certificadas del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCÍAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causa de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como acto reclamado a las responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, la omisión de rendir el plan de actividades y su cumplimiento, del ahora quejoso, al Juez de Ejecución de Penas, y a este último, la omisión de señalar audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, previamente solicitada. De las constancias remitidas por la Jueza de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio número *******, de tres de noviembre de dos mil veintidós, la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, rindió el plan de actividades del ahora quejoso. Así, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, una vez recibidas las constancias requeridas a las autoridades antes señaladas, la Jueza de Ejecución de Penas responsable, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, la cual se llevó a cabo el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- SE CONCEDE a [*******] el beneficio de la REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, que le fue impuesta dentro Toca de apelación número *******, derivada de la causa penal *******, ahora causa penal ******* y que derivo en la Carpeta de Ejecución número ******* por el lapso de 345 días lo que aunado a los diecinueve años, ocho meses y veinte días que ha cumplido en prisión, arroja que ha compurgado la pena de prisión impuesta. SEGUNDO.- SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de [*******] al habérsele otorgado el beneficio de la remisión Parcial de la Pena y con ello habiendo compurgado la pena de prisión impuesta, únicamente en RELACIÓN A ESTE ASUNTO. TERCERO.- Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución es apelable en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. CUARTO.- Gírese atento oficio a la Autoridad Penitenciaria y al Titular del CE.RE.SO. Estatal número 03 con residencia en esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar." Por tanto, se estima que en el caso en estudio han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al haberse señalado la audiencia solicitada por el quejoso y haberse resuelto lo solicitado por el mismo. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia con número de registro 193758, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, de Junio de 1999, materia Común, Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que dice de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de registro 197367, Novena Época, Pleno, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, de Noviembre de 1997, Tesis P. CL/97, Aislada, Materia Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en la dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio de remisión parcial de la pena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de Ley de Amparo, pues en el caso particular es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Robustece lo anterior por analogía al presente caso, la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización en esta acción constitucional, virtud a la causa de improcedencia aludida en párrafos anteriores, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la Jurisprudencia con número de registro 196820, Novena Época, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, de febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio que remite la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por el cual se le tiene informando que en los autos que conforman la carpeta de ejecución *******, se desprende que en audiencia de catorce de diciembre del presente año, el aquí quejoso nombro como su defensor al licenciado *******, adscrito a la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. En consecuencia y con el fin de que el mismo se encuentre debidamente enterado de la vista señalada en auto de diecinueve de diciembre del presente año, se comisiona al actuario para que notifique el presente auto y el diverso de diecinueve de diciembre del presente año, con los anexos indicados en el mismo, al profesionista de mérito. Ahora, con el fin de poder margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso por conducto de su defensor. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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