Víctor Manuel Castro Ibarra

Expediente 381/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
381/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Castro Ibarra
  • Víctor Manuel Castro Ibarra y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, contra el auto de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, en la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Del análisis de las constancias de autos se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama el ilegal aseguramiento y negativa de la responsable para realizar la devolución del vehículo marca *******, año *******, con número de serie *******, color *******, *******, el cual le fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, sin que se encontrara afecto como objeto o instrumento de delito alguno. En el escrito de demanda de amparo, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes: (.) 5.- ANTECEDENTES: En fecha 16 de agosto del año 2016, fui detenido por elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva a bordo del vehículo antes mencionado y que es de mi propiedad vehículo marca ******* año *******, línea ******* tipo ******* puertas con número de serie *******, color *******, *******, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, el cual decretó el aseguramiento de mi vehículo. En esa misma fecha fui dejado en libertad ya que no existió ningún delito en mi contra, ni existió querella o denuncia en mi contra, sin embargo ese mismo día solicité la devolución de mi vehículo y me fue negada por el funcionario público antes mencionado. En fecha 03/10/2016 solicité por escrito de nueva cuenta la devolución del vehículo de mi propiedad vehículo marca *******, año *******, número de serie *******, color *******, *******, escrito el cual fue debidamente recibido y por el cual obtuve acuse de recibo, sin embargo ese mismo día también me fue negada por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, la devolución y me dijeron que mi vehículo pasaría a declararse en abandono sin darme motivo o razón alguna para no hacer la devolución de mi vehículo ya que como mencioné no existe delito alguno que yo haya cometido tan es así que salí libre y sin problemas el mismo día que me pusieron a disposición del (sic) PGR, por tal motivo no encuentro razón de la negativa del multimencionado funcionario Público Federal. (.) Lo narrado en la demanda revela que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en que fue detenido por elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva, a bordo del citado vehículo, el que quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, al decretar su aseguramiento. Asimismo, de lo que narró en su demanda de amparo se advierte que tuvo conocimiento de la negativa de la devolución del referido vehículo que dijo es de su propiedad el tres de octubre de dos mil dieciséis, en que solicitó por escrito su devolución, escrito que le fue debidamente recibido, obteniendo acuse de recibo; sin embargo, señala el promovente que ese mismo día también le fue negada por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, la devolución del referido vehículo. Lo anterior, constituyen manifestaciones del promovente que entrañan una confesión expresa, en el sentido de que conoció de la existencia del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad marca *******, año *******, línea *******, tipo *******, ******* puertas, con número de serie *******, color *******, desde el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; y del acto reclamado consistente en la negativa de la devolución de dicho vehículo el tres de octubre de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, prueba con pleno valor probatorio de tal hecho. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia número 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues si el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente en que fue asegurado el multicitado vehículo, esto es, diecisiete de agosto del citado año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el seis de septiembre del año próximo pasado, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. Por lo que respecta al acto reclamado relativo a la negativa de la devolución de dicho vehículo, la presentación de la demanda que nos ocupa también es extemporánea, pues si el promovente tuvo conocimiento el tres de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente en que le fue negada su devolución, esto es, cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el veinticinco de octubre de ese año, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, fecha en que había transcurrido en exceso el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que los referidos actos reclamados, se ubiquen dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ello, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por ende, se desecha la demanda en términos del numeral 113, de la propia ley. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que le asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  3. Principal

    Vista la razon del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, en la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Del análisis de las constancias de autos se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama el ilegal aseguramiento y negativa de la responsable para realizar la devolución del vehículo marca *******, año *******, con número de serie *******, color *******, *******, el cual le fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, sin que se encontrara afecto como objeto o instrumento de delito alguno. En el escrito de demanda de amparo, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes: (.) 5.- ANTECEDENTES: En fecha 16 de agosto del año 2016, fui detenido por elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva a bordo del vehículo antes mencionado y que es de mi propiedad vehículo marca ******* año *******, línea ******* tipo ******* puertas con número de serie *******, color *******, *******, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, el cual decretó el aseguramiento de mi vehículo. En esa misma fecha fui dejado en libertad ya que no existió ningún delito en mi contra, ni existió querella o denuncia en mi contra, sin embargo ese mismo día solicité la devolución de mi vehículo y me fue negada por el funcionario público antes mencionado. En fecha 03/10/2016 solicité por escrito de nueva cuenta la devolución del vehículo de mi propiedad vehículo marca *******, año *******, número de serie *******, color *******, *******, escrito el cual fue debidamente recibido y por el cual obtuve acuse de recibo, sin embargo ese mismo día también me fue negada por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, la devolución y me dijeron que mi vehículo pasaría a declararse en abandono sin darme motivo o razón alguna para no hacer la devolución de mi vehículo ya que como mencioné no existe delito alguno que yo haya cometido tan es así que salí libre y sin problemas el mismo día que me pusieron a disposición del (sic) PGR, por tal motivo no encuentro razón de la negativa del multimencionado funcionario Público Federal. (.) Lo narrado en la demanda revela que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en que fue detenido por elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva, a bordo del citado vehículo, el que quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación, al decretar su aseguramiento. Asimismo, de lo que narró en su demanda de amparo se advierte que tuvo conocimiento de la negativa de la devolución del referido vehículo que dijo es de su propiedad el tres de octubre de dos mil dieciséis, en que solicitó por escrito su devolución, escrito que le fue debidamente recibido, obteniendo acuse de recibo; sin embargo, señala el promovente que ese mismo día también le fue negada por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, la devolución del referido vehículo. Lo anterior, constituyen manifestaciones del promovente que entrañan una confesión expresa, en el sentido de que conoció de la existencia del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad marca *******, año *******, línea *******, tipo *******, ******* puertas, con número de serie *******, color *******, desde el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; y del acto reclamado consistente en la negativa de la devolución de dicho vehículo el tres de octubre de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, prueba con pleno valor probatorio de tal hecho. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia número 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues si el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo que dice es de su propiedad el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente en que fue asegurado el multicitado vehículo, esto es, diecisiete de agosto del citado año, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el seis de septiembre del año próximo pasado, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. Por lo que respecta al acto reclamado relativo a la negativa de la devolución de dicho vehículo, la presentación de la demanda que nos ocupa también es extemporánea, pues si el promovente tuvo conocimiento el tres de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente en que le fue negada su devolución, esto es, cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el veinticinco de octubre de ese año, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, fecha en que había transcurrido en exceso el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que los referidos actos reclamados, se ubiquen dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ello, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por ende, se desecha la demanda en términos del numeral 113, de la propia ley. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que le asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

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