Victor Manuel Castro Salinas
Expediente 1475/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Victor Manuel Castro Salinas
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de octubre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese el escrito del quejoso, mediante el cual acredita que se encuentra realizando las gestiones tendientes a efecto de publicar los edictos puestos a su disposición; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO. Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica la resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, en la que el Tribunal oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual, declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en La Laguna en turno, y al cual acompaña la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Salinas y anexos. En tales condiciones, con base en el artículo 45 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado asume en la vía indirecta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Salinas. Acuse de recibo. Por lo que, acúsese el recibo de estilo e infórmese esta situación al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Demanda. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Salinas, contra de actos del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 1475/2022-I-A, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Suspensión del acto reclamado. En relación a la suspensión del acto reclamado, si en el caso fue concedida por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, y en atención a lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Desechamiento. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del toca civil 92/2022, relativa al recurso de reconsideración interpuesto por el hoy quejoso contra el proveído de veinticuatro de marzo de este año, dentro del citado toca civil, este último en el cual el Magistrado responsable declaró bien admitido el recurso de apelación y procedió a citar a las partes para oír la resolución correspondiente. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinados los actos reclamados, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se determinan la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo), entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 11, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, se considera pertinente precisar los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los siguientes: a) El catorce de febrero de dos mil veintidós, se inició el Juicio Oral Familiar de Asistencia y Representación para el Ejercicio de la Personalidad 1004/2021, promovido por Víctor Manuel Castro Salinas, hoy quejoso, contra Velia Monserratt Zamora Caldera, en el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar, con domicilio en esta ciudad. b) Posteriormente, el juzgado de origen determinó el sobreseimiento del procedimiento, por considerar que con la nota médica exhibida no se adquiere convicción de que la presunta incapaz requiera asistencia y representación para el ejercicio de su capacidad jurídica. c) Inconforme con dicha resolución, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación, por tal motivo en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el envío del recurso de apelación al Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. d) Luego, en auto de veinticuatro de marzo de este año, dicha autoridad responsable ordenó la admisión del mencionado recurso bajo el toca civil número 92/2022. e) Inconforme con el citado proveído, interpuso recurso de reconsideración, pues el hoy quejoso refiere que la competencia para conocer del recurso de apelación se surte en favor de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia con Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Torreón y San Pedro, y no en favor del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, mismo que fue admitido el cinco de abril de la presente anualidad. f) Mediante interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós, el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, resolvió el recurso de reconsideración. Resolución la anterior la que constituye el acto reclamado. En el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en la interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós, relativo al recurso de reconsideración interpuesto dentro del toca civil 92/2022, en cuyas etapas pueden emerger violaciones procesales las cuales no son de imposible reparación, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior al margen de su "trascendencia predominante o superior", pues en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. Ahora bien, en los autos del toca civil 92/2022, a la parte quejosa no se le dejó en estado vulnerable, pues la interlocutoria reclamada resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra el proveído donde el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, acepta la competencia para conocer del recurso de apelación hecho valer en contra del sobreseimiento decretado en el Juicio Oral Familiar de Asistencia y Representación para el Ejercicio de la Personalidad 1004/2021, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar, con domicilio en esta ciudad, pues en dicha interlocutoria se desestimó el planteamiento del hoy quejoso en el sentido de que el recurso de apelación lo debía conocer la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia con Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Torreón y San Pedro. En otras palabras, el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, sigue conociendo del asunto planteado, cuestión competencial que se produce de forma negativa, y no en forma positiva, pues es en esta última hipótesis en que procede el juicio de amparo indirecto, ya que en el caso concreto no se afectan derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; y en caso de que la sentencia que se llegare a dictar le fuera desfavorable tendría la oportunidad de impugnarla como violación procesal mediante el juicio de amparo directo, tal como lo prevén los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Efectivamente, los actos reclamados por la parte quejosa, no deben reclamarse en amparo indirecto, pues no constituyen actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con el fallo definitivo que llegue a pronunciarse en el juicio natural, si éste le es favorable. Así, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Por lo anterior, válidamente puede decirse que interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós, relativo al recurso de reconsideración interpuesto dentro dictado dentro del toca civil 92/2022, no constituyen actuaciones de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, pues la tramitación del juicio natural en todas sus etapas, se traducen en actos procesales que de llegarse a violentar no tienen una ejecución de imposible reparación (y puede hacer valer a través del amparo directo), pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos. De ahí que válidamente puede decirse que en el caso particular, es de estimarse que el juicio de amparo interpuesto en su contra resulta improcedente; por lo que, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVIII. J/9 K (10a.), sostenida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, página 1272, con número de registro digital 2009833, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, con rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la Ley de la Materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de "imposible reparación", desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, las cuestiones de competencia, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. En tales circunstancias, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, ya que se estableció al amparo de una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía considerarse como actos en el juicio de imposible reparación, lo que no acontece en la Ley de Amparo vigente". Notifíquese personalmente al promovente.
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