Victor Manuel Anchondo Ramírez

Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
870/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Victor Manuel Anchondo Ramírez
  • Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio Y Oral del Distrito Judicial de Torreón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Juicio de Amparo 870/2022-IV-A En trece de octubre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Acuérdese lo conducente en el cuaderno incidental. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a trece de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original es depurable y el duplicado es destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciado Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Víctor Manuel Anchondo Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que en seguida se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 870/2022-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se emplazó a la parte tercera interesada y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio corresponden a la vía indirecta, tienen ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa en esta vía reclama lo siguiente: i. La orden de aprehensión librada en su contra, dentro de la causa penal 341/2021; y, su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Resulta cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, consistente en la orden de aprehensión librada en contra de Víctor Manuel Anchondo Ramírez, dentro de la causa penal 341/2021, de su índice. Lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, relativa a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 341/2021 y el disco versátil digital (DVD), que en copia certificada fueron allegados a este juicio; a los que por tener la calidad de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismas que resultan aptas para acreditar la existencia del acto reclamado. Aplica al caso la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, visible en la página 703, de contenido y rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Lo anterior además con apoyo en la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo demás, resta mencionar que por autos de veintitrés de junio del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables señalados por el quejoso como Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, y el Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, ambos con sede en esta ciudad, por lo cual, sin duda, es innecesario hacer mayor pronunciamiento al efecto. A ese respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento ochenta y tres, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de Fondo. Son infundados los conceptos de violación que se plantean en la demanda de amparo por el quejoso Víctor Manuel Anchondo Ramírez, sin que se advierta deficiencia de la queja que se deba suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. A fin de justificar lo anterior, es pertinente precisar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema procesal penal acusatorio con sus efectos inmediatos: (oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos del procedimiento abreviado. En tal virtud, se cambiaron los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión e incluso, de un auto de formal prisión, el cual conforme al sistema penal acusatorio se denomina auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las aludidas reformas el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción del citado numeral que a la letra dispone: "Artículo 16 (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)." De lo anterior, se advierte que basta que el órgano de acusación presente al juzgador, datos que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de una orden de aprehensión. En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de garantía debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la solicitud de una orden de aprehensión haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia, ya que únicamente en el caso de que exista controversia entre los intervinientes, respecto del contenido de la carpeta de investigación, podrá accesar a esta última. En otro aspecto, de las constancias deducidas de la copia certificada de la carpeta de investigación número 341/2021, instruida contra de Víctor Manuel Anchondo Ramírez, por hechos constitutivos del delito de posesión simple de narcóticos, a las que se reitera pleno valor probatorio de conformidad con lo preceptuado en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, se evidencia lo siguiente: I.- Constancia de audiencia oral de tres de diciembre de dos mil veintiuno, presidida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, relativa a la solicitud de orden de aprehensión por parte de la fiscalía imputadora y el libramiento de la misma, por hechos constitutivos del delito de posesión simple de narcóticos, previsto en el artículo 476, 477 y 479 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de la salud pública. Como está demostrado con las resumidas constancias y con la videograbación de la audiencia reclamada, el Juez de Control responsable, declaró al quejoso Víctor Manuel Anchondo Ramírez, sustraído de la acción de la justicia, debido a que este no se presentó a la audiencia intermedia, sin justificar su incomparecencia, no obstante habérsele citado en múltiples ocasiones y en audiencia privada ordenó su aprehensión dentro de la carpeta judicial 341/2021, instruida en su contra por hechos constitutivos del delito de posesión simple de narcóticos, en virtud de la solicitud del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas, con residencia en esta ciudad, en términos del numeral 141,fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales; medio de conducción al procedimiento, que se dio de esa manera en atención a que la representación social imputadora advirtió en su petición la necesidad de cautela. Además, en su petición de orden de captura, especificó al Juez de Control responsable, el tipo penal que atribuye al aquí quejoso, su forma de intervención y la naturaleza dolosa de su conducta. De igual manera, a efecto de cumplir con lo establecido por el numeral 142, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la representación social en su solicitud de orden de aprehensión, hizo una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada de forma precisa en los datos de prueba recabados en su carpeta de investigación, exponiendo al juez de control responsable, las razones por las que consideró actualizadas las exigencias señaladas en el numeral 141, del mencionado ordenamiento legal, ya que al encontrarse la causa penal 341/2021 en la etapa intermedia, los datos de prueba ya fueron valorados por jueces de la causa y se consideraron idóneos y pertinentes para poder justificar la probabilidad de la participación del imputado Víctor Manuel Anchondo Ramírez, en el hecho cometido, tan es así que fue vinculado a proceso el diez de marzo de dos mil veintiuno. Así las cosas, el juez de control responsable, con apoyo en lo establecido por el artículo 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolvió sobre la solicitud de orden de captura en la misma audiencia que le fue peticionada (tres de diciembre de dos mil veintiuno), pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud; ello, exclusivamente con la presencia de la representación social, como se advierte de la reproducción del disco óptico acompañado como sustento del acto reclamado. Por lo que, la autoridad judicial responsable, una vez analizada la petición de la Representación Social, estimó correctamente que la misma era procedente, toda vez que conforme a los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, hasta ese momento, existió la probabilidad de que se cometieron hechos determinados que la ley señala como delito, particularmente el de posesión simple de narcóticos, previsto en el artículo 476, 477 y 479 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de la salud pública. Habida cuenta que, en el caso concreto, al revisar la carpeta administrativa, se remitió en obvio de repeticiones innecesarias lo que resolvió el juez homólogo en el auto de vinculación a proceso que dictó en contra de Víctor Manuel Anchondo Ramírez, dentro de la causa penal 341/2021, por hechos constitutivos del delito de posesión simple de narcóticos, previsto en el artículo 476, 477 y 479 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de la salud pública. Además, en cuanto a la necesidad de cautela, correctamente consideró que la incomparecencia de Víctor Manuel Anchondo Ramírez, a la audiencia intermedia, no fue justificada, por lo que se le declaró sustraído de la justicia. De lo anterior, como lo sostuvo el juez responsable, sí se actualizó esa necesidad de cautela, en virtud de que la misma es la forma más idónea para conducir al imputado a la causa penal que se instruye en su contra. Por lo que la circunstancia invocada por el ministerio público, que sirvió de base para que el juez dictara la orden de aprehensión, se estima suficiente para tener por acreditada la necesidad de cautela para dictar la orden de captura. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1943, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia". En tal virtud, al cumplirse los requisitos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control del Estado correctamente libró orden de aprehensión en contra del hoy quejoso Víctor Manuel Anchondo Ramírez, por su probable participación en la comisión del hecho constitutivo del delito de posesión simple de narcóticos, previsto en el artículo 476, 477 y 479 de la Ley General de Salud, cometido en agravio de la salud pública; ordenando transcribir la orden al Agente del Ministerio Público, a fin de que la mandara ejecutar por conducto de la autoridad que corresponda y hecho que fuera lo anterior, debía poner a Víctor Manuel Anchondo Ramírez inmediatamente a su disposición, para el efecto de que se lleve a cabo la continuación de su proceso. Bajo esa consideraciones, es legal la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso Víctor Manuel Anchondo Ramírez, al haberse cumplido con las exigencias contenidas en el artículo 16, Constitucional, 141, fracción III, 142, 143 y 145, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es claro que con la emisión del acto reclamado no se transgredieron derechos humanos en menoscabo del quejoso y, por ello, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Anchondo Ramírez contra el acto reclamado a las diversas autoridades responsables, por los motivos vertidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad responsable, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado seis de julio del año en curso; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Tercero interesado. Ahora, del oficio que remite la autoridad responsable se advierte que conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, les asiste el carácter de terceros interesados a Sixto Manuel Ayala Delgado y Georgina Calera Piña, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas, con domicilio en Boulevard México sin número, Fraccionamiento Latinoamericano, de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Emplazamiento. Por tanto, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la materia, se comisiona al actuario a fin que lleve a cabo el emplazamiento de dicha parte por medio de oficio, al que deberá adjuntarle copia de la demanda de amparo, autos de seis de junio y seis de julio del presente año. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción lll y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal ; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

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