Victor Manuel Castro Gutierrez
Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/05/2021
Partes del expediente
- Victor Manuel Castro Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno Radicacio´n. Vista la demanda de cuenta y anexos, fo´rmese el expediente fi´sico y electro´nico respectivos y regi´strese en el libro de gobierno como juicio de amparo 353/2021-III. Desechamiento. Ahora, una vez analizado, el escrito de cuenta, se estima debe desecharse de plano la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el arti´culo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Arti´culo 113. El o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: "Arti´culo 62. Las causas de improcedencia se analizara´n de oficio por el o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligacio´n de esta autoridad judicial, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos te´rminos, para los efectos del desechamiento de la demanda, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a e´sta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una conviccio´n diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Gutiérrez y otros, es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del acto reclamado. Como prea´mbulo se sen~ala que el precepto y fraccio´n citados, establecen lo siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente:[...]XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algu´n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligacio´n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentacio´n, cuando so´lo se aleguen violaciones directas a la Constitucio´n o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable sen~ala la fundamentacio´n y motivacio´n del acto reclamado, operara´ la excepcio´n al principio de definitividad contenida en el pa´rrafo anterior; [...]". En ese contexto legal, se sostiene la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la lectura del capi´tulo de acto reclamado y de los antecedentes que narran los quejosos, se aprecia que la promueven aduciendo que las autoridades que señalan como responsables, posiblemente ordenen su traslado del Centro de Reinsercio´n Social Tijuana a diverso centro penitenciario. En esa virtud, es necesario establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) , establecio´ como criterio juri´dico que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorizacio´n judicial previa, cuenta con una regulacio´n especi´fica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecucio´n Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento. Para justificar lo anterior, la Sala del alto tribunal asevero´ que el arti´culo 52 de la Ley Nacional de Ejecucio´n Penal, establece que la autoridad administrativa puede ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorizacio´n judicial previa, trata´ndose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condicio´n de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, razona la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que si el Juez de Control o Ejecucio´n califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinacio´n procede el recurso de apelacio´n establecido en el arti´culo 132, fraccio´n VII, de la Ley Nacional de Ejecucio´n; mientras que, si es omiso, podra´ intentar la controversia judicial regulada en los arti´culos 117, fraccio´n III y u´ltimo pa´rrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectacio´n injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusio´n, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a peticio´n de parte. Concluye la Sala de la Corte, que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecucio´n del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que e´sta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Establecido, lo anterior, es imperante precisar que el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea ido´neo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente u´nicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificacio´n o de invalidacio´n por recurso ordinario o medio de defensa alguno. La esencia de este principio resalta por si´ misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulacio´n de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razo´n por la cual, si el resultado que pretenden los agraviados pueden obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilizacio´n innecesaria del proceso constitucional o la confusio´n en el uso de los medios de impugnacio´n que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, de ahi´ la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo; es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violacio´n de derechos humanos como u´ltimo recurso. De lo contrario imperari´a el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el so´lo hecho de sen~alar violaciones a la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, quedari´a en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Por tanto, si los internos tienen a su alcance los recursos de revocacio´n y apelacio´n previstos en los arti´culos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecucio´n Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisio´n de la autoridad judicial, es inconcuso que existen medios ordinarios que deben agotarse previo a la promocio´n del juicio de amparo. Consecuentemente, si la petición de los quejosos radica en esencia en la posibilidad de ser trasladados a diverso centro penitenciario, tal como sen~ala en su demanda; entonces, se advierte que no se trata de un acto fuera de procedimiento y que, en caso de que suceda, existe la posibilidad que un Juez de Control especializado no califique de legal el traslado o, en el supuesto de que si´ lo haga, en contra de e´ste se puede acudir al recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecucio´n Penal. Por tanto, al no haberlo hecho asi´, no queda ma´s que reiterar la improcedencia invocada; y, en vi´a de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el arti´culo 61, fraccio´n XX, de la Ley de Amparo, razo´n por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Castro Gutiérrez y otros. Sen~alamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los promoventes el Centro de Reinsercio´n Social Tijuana, tal como lo sen~alan en su escrito de demanda; por lo que con fundamento en el arti´culo 26, fraccio´n I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripcio´n, que las notificaciones que emanen de este asunto se les realicen personalmente a los impetrantes en dicho centro penitenciario, entrega´ndoles copia autorizada de las actuaciones e informe justificado que deriven de la tramitacio´n de este juicio. Innecesaria designación de defensor. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no cuentan con algún defensor que los represente en este juicio, lo que acorde a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019, implicaría que este órgano jurisdiccional los requiriera a efecto de que designaran un patrocinador jurídico y, en caso de no hacerlo, de oficio debería de señalarse por este juzgado. Sin embargo, atendiendo a que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, mediante esta determinación se está desechando, se considera inaplicable la circunstancia apuntada, de conformidad con la tesis II.2o.P.89 P (10a.). Habilitacio´n de di´as y horas inha´biles. De conformidad con lo sen~alado en el pa´rrafo tercero del arti´culo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan di´as y horas inha´biles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la informacio´n confidencial que se genere con motivo de la tramitacio´n del juicio, apercibidos que de no hacer manifestacio´n alguna se entendera´ que otorgan su consentimiento, en atencio´n al principio de ma´xima publicidad, sin perjuicio de que este o´rgano pueda aplicar la prueba de intere´s pu´blico y la invasio´n a la intimidad considerada por la divulgacio´n, en caso de que se solicite el acceso a la informacio´n contenida en el expediente. Adema´s, en te´rminos de lo dispuesto en el arti´culo 31 de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, no se hara´ la publicacio´n del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electro´nico. Fo´rmese el expediente electro´nico respectivo y ha´gase del conocimiento de las partes que no formara´n parte de e´ste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que u´nicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, asi´ como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formara´n parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este o´rgano, deba guardarse sigilo en relacio´n a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en te´rminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, las cuales se conservara´n en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el arti´culo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integracio´n y tra´mite de expediente electro´nico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los o´rganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no sera´n digitalizados los documentos pu´blicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse fi´sicamente. Notifi´quese personalmente
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