Victor Manuel Castro Gutierrez

Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
540/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Castro Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho.****************************************Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria.****************************************Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina:****************************************Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto.****************************************Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.****************************************Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

  2. Principal

    RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 540/2022-VII, promovido por ****, por derecho propio, en contra del acto y autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero, de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. El nueve de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra en vías de ser notificado de manera personal a la parte quejosa y a sus defensores públicos, el proveído de dos de enero del año en curso, mediante el cual se informa la designación de defensores al quejoso y se da vista con las constancias que obran en autos. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de enero de dos mil veintitrés. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador de Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, designa a las licenciadas Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez, Defensoras Públicos adscritas a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso Víctor Manuel Castro Gutiérrez la orientación pertinente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a las Defensoras Públicas en mención, para los efectos procedentes. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de las asesoras jurídicas señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados asesores jurídicos el indicado en el oficio que se atiende. En consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a las licenciadas Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez. Con motivo que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social La Mesa, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como a las asesoras jurídicas Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Mirna Alicia Briseño Gómez.

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