Víctor Manuel Álvarez Puga
Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Álvarez Puga
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el escrito signado electrónicamente por el apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual solicita copia certificada por duplicado de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. En tal virtud, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el apoderado de la parte quejosa, por el que, en desahogo a la vista concedida en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, manifiesta su inconformidad en relación con el pretendido cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo, señalando medularmente que: La autoridad responsable omite considerar que la ley secundaria contempla la posibilidad de comercializar productos derivados de cannabis, cuyo contenido de "THC" sea igual o menos al 1%. La autoridad responsable no toma en cuenta que no pretende realizar actividades con substancias, precursores o productos que puedan ser considerados como estupefacientes o psicotrópicos. La autoridad responsable no toma en cuenta que la solicitud de la quejosa, se limita al desarrollo de actividades relacionadas con cáñamo industrial, que si bien es una variedad de cannabis sativa en ningún caso, alcanzaría niveles de THC superiores al 1%. La autoridad responsable cuenta con facultades para establecer límites y controles para el autoconsumo de marihuana, por lo que, podría conceder la autorización solicitada fijando las condiciones y requisitos correspondientes. No pretende la autorización sanitaria para la elaboración de medicamentos herbolarios. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de cuyo análisis se advierte que se encuentran integradas las constancias necesarias para realizar el pronunciamiento respectivo en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: ANTECEDENTES (...) CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO (...) CONCLUSIÓN De lo expuesto, se observa que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud de que la autoridad responsable dio respuesta, congruente y con libertad de jurisdicción, a la petición formulada por la parte quejosa. Sin que al efectos, sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido que la autoridad responsable, básicamente: i) no tomó en consideración lo establecido por la fracción V del artículo 245 de la Ley General de Salud, puesto que en la legislación no se contempla la figura del cáñamo industrial, aun cuando la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que se trata de semillas genéticamente modificadas que, en ningún caso, alcanzaría niveles de THC superiores al 1% y, ii) no tomó en consideración que no pretende elaborar "medicamentos"; sino solo "remedios herbolarios". Sin embargo, debe decirse a la parte quejosa que el derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo permite sostener que toda petición realizada por escrito a determinada autoridad, debe recaer una respuesta por escrito debidamente fundada y motivada, en breve término, lo cual, no constriñe a que la autoridad deba resolver en determinado sentido, sino solo a dar contestación precisa, congruente y exhaustiva con lo peticionado. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo VIII, correspondiente al mes de Septiembre de 1991, Octava época, visible en la página 124, que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN, ALCANCE LEGAL DEL. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido, por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone este precepto, al dictar un acuerdo, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya hecho, con independencia del sentido y términos en que esté concebido." Así, debe decirse que del análisis del oficio por medio del cual la autoridad dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa, tomando en consideración la legislación secundaria en la materia, determinó que no era procedente la solicitud formulada por la parte quejosa para producir productos industriales y herbolarios derivados del cáñamo industrial, al considerar que la parte quejosa no demostró dedicarse a la producción de dichos insumos, tener un establecimiento autorizado para dicho efecto, ni cumplir con las disposiciones aplicables para establecimientos que manejen ese tipo de estupefacientes, de ocnformidad con lo previsto con el reglamento de insumos para la salud. Es decir, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción y tomando en consideración lo previsto por la norma secundaria aplicable para la materia sanitaria, emitió una respuesta congruente con lo requerido por la parte quejosa. Ahora, si la solicitud fue contestada en sentido negativo, dicha cuestión no forma parte de los efectos de la sentencia constitucional, en la que únicamente se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa a efecto, de que la comisión responsable diera contestación congruente. Además, cabe resaltar que si bien de los efectos de la sentencia de amparo se desprende que se condenó a la autoridad responsable a hacer del conocimiento el oficio a través del cual da cumplimiento a la resolución dictada en los autos del presente juicio; dicha situación es subsanable con la notificación practicada por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, por lo que no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto. De ahí que este Juzgado Federal considera que en materia del juicio de amparo en que se actúa, se restituyó a la parte quejosa en los derechos fundamentales de los que fue privada, pues cesaron los efectos del acto declarado inconstitucional. En ese sentido, al no existir materia para continuar verificando la ejecución de la sentencia constitucional, lo conducente es declarar por cumplido el fallo protector. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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