Victor Manuel Acevedo Maldonado

Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
83/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Victor Manuel Acevedo Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que NIEGA HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida por este juzgado Federal, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por consiguiente, una vez que haya transcurrido el término de tres años, previo desglose del escrito de demanda y de la sentencia para su conservación. Esto, ya que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ofreció como pruebas de su parte diversos documentos, en tal virtud, con apoyo en artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Finalmente, se ordena la devolución del legajo de pruebas identificado con el número I, el cual se encuentra conformado por las constancias remitidas por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por no ser necesaria su conservación Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *** contra los actos que reclama del Comisario de la Guardia Nacional ***, por considerarlos violatorios del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 83/2022-VII y fórmense los expedientes que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA....SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 699, del tomo I, noviembre de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." DOMICILIO. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. AUTORIZADOS Se tiene como autorizadas a las personas que nombra únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación al diverso artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.

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