Víctor Magaña Garcidueñas
Expediente 1066/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Magaña Garcidueñas
- Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, ciudad
- José Antonio Sotelo Yépez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintitrés. 1. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 1066/2022, dos tomos de pruebas, así como el testimonio autorizado de la resolución aprobada en sesión de doce de julio del año en curso, pronunciada en el recurso de revisión laboral 325/2022, de su índice, en la que se advierte en sus puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Magaña Garcidueñas, contra la resolución dictadas en el recurso de revisión de actos de ejecución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje". Asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias simples. Acúsese recibo de estilo. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3.1 Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es CONSERVABLE. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 26 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, se considera que el cuaderno incidental es CONSERVABLE. 4.1 Devolución de tomo de pruebas. Ahora bien, en atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, de manera respectiva, se ordena su devolución; sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. 5. Constancia. De conformidad con el numeral 34 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta, se advierte que en auto de treinta de noviembre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, mismo en el que se ordenó que una vez se recabaran las constancias de notificación a las partes de dicho proveído, se remitiría el escrito de agravios y copia de éste a la superioridad, lo que en el caso ya aconteció. 2.1. Remisión. En consecuencia, remítase el expediente relativo al juicio de amparo en que se actúa, así como dos tomos de pruebas, escrito original de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, en turno, y se hace de su conocimiento que se pone a su disposición el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por los autorizados de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. 1.1. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 88 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte promovente únicamente adjuntó cinco copias de traslado del escrito de agravios, se le requiere para que en el término de TRES DÍAS contados a partir de su legal notificación, exhiba cuatro copia más del escrito de mérito, ya que resultan necesarias para correr traslado a las partes, tal como se evidenciará a continuación: Autoridad responsable (5); Agente del Ministerio Público, adscrita a este juzgado (1); Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada (1); Parte tercera interesada (1); y, Un tanto más para este expediente (1). Apercibimiento que de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación intentado. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.
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VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1066/2022, promovido por Víctor Magaña Garcidueñas, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO; Y, NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La instrucción y emisión de la sentencia interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión de actos interpuesto por el quejoso en cuanto postor reconocido dentro de la etapa de ejecución de laudo dictado en el juicio ordinario laboral 3C-1728/2008, que promovió Berenice Ruiz Rodríguez frente a José Antonio Sotelo Yépez y otros. El proveído dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del juicio laboral de origen, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria antes precisada. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. La autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye. Por su parte, el quejoso fue omiso en aportar pruebas para desvirtuar la negativa del acto que le reclama a esta autoridad, siendo que a éste es a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera, pues de las pruebas aportadas junto con el escrito de demanda no se observa que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, haya dado la instrucción a diversa autoridad para dictar tanto la sentencia interlocutoria como el proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós reclamados en esta instancia constitucional. De igual forma debe tenerse como inexistente el acto atribuido a las diversas autoridades responsables Auxiliar y representantes obrero y patronal, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, únicamente el consistente en el auto dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario laboral 3C-1728/2008, pues éstas negaron su existencia; y de las constancias que adjuntó el quejoso junto con su demanda así como las que se hicieron llegar junto con los informes justificados no se desprende que las autoridades en cita hayan emitido el acuerdo reclamado, pues quien lo dictó fue el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, como se asentará en el siguiente considerando. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por cuanto ve a las autoridades responsables referidas en el presente considerando y respecto de los actos a éstas atribuidos. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós en los autos que integran el juicio ordinario laboral 3C-1728/2008, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que en copia certificada acompañó junto con su informe, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o. De igual manera debe tenerse como cierto el diverso acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión de actos promovido por el quejoso Víctor Magaña Garcidueñas, en su calidad de postor dentro del juicio laboral de origen; ello, aun y cuando las autoridades responsables Presidente, Auxiliar y representantes patronal y obrero, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo hayan negado, pues de las constancias que acompañó la primera de las autoridades mencionadas se evidencia su existencia, así como la intervención de cada una de las autoridades referidas en su emisión. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte de oficio alguna causa de improcedencia, ni se hace valer por alguna de las partes, por lo que se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Antecedentes. A fin de analizar la constitucionalidad del acto reclamado por esta vía, resulta oportuno destacar por su relevancia, los principales antecedentes del acto reclamado. 1. El ocho de abril de dos mil diecinueve, dentro de la etapa de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 3C-1728/2008, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de remate en su sexta almoneda, respecto del bien inmueble embargado en diligencia de veinte de enero de dos mil quince, ordenando para tal efecto la publicación de los edictos correspondientes. 2. La referida audiencia de remate tuvo lugar a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, con la presencia de la apoderada jurídica de la parte actora, el apoderado jurídico de la parte demandada, en la cual también se hizo constar la presencia de Víctor Magaña Garcidueñas en calidad de postor -aquí quejoso-, quien en uso de la voz, ofreció una postura de $1´800.000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) respecto del bien inmueble sujeto a remate "fracción de terreno urbano ubicado en la calle Heroico Colegio Militar, sin número, manzana 88, sector veinte, de la colonia Chapultepec Sur, en Morelia, Michoacán"; exhibiendo en ese momento el diez por ciento de la base del importe del remate, equivalente a $250,808.00 (doscientos cincuenta mil ochocientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) a través del billete de depósito Y593356; como consecuencia, se tuvo al citado postor por exhibiendo el diez por ciento referido y se le requirió para que en los tres días siguientes exhibiera la cantidad de $1´549,192.00 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) a fin de completar la postura legal, lo que fue cumplido por el referido postor como se advierte del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve. 3. Por oficio 1314/2019 de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Junta responsable, remitió los autos del expediente 3C-1728/2008 al Notario Público Número Ciento Treinta y Ocho con ejercicio y residencia en esta ciudad, a fin de que procediera con la protocolización de la escritura derivada de la adjudicación del bien inmueble rematado. 4. Mediante comparecencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable hizo entrega a la actora Berenice Ruiz Rodríguez de los billetes de depósito Y593356 por la cantidad de $250,808.00 (doscientos cincuenta mil doscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), Y593358 por $345,192.00 (trescientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) y N593359 por $1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), dando un total de $1'796,000.00 (un millón setecientos noventa y seis mil pesos 00/100 moneda nacional). 5. Mediante oficio sin número signado por el Notario Público Ciento Treinta y Ocho en el Estado con sede en esta Ciudad, recibido en la Junta responsable el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el citado fedatario devolvió los autos originales del expediente laboral, al encontrase impedido para llevar a cabo la protocolización ordenada, toda vez que la persona que fungía como propietario del bien inmueble adjudicado lo vendió en su totalidad fraccionado a diversas personas con anterioridad al embargo y desde luego al remate, esto es, desde el año de mil novecientos noventa y uno. 6. Así, por escrito presentado el treinta de ese mismo mes y año, el aquí quejoso Víctor Magaña Garcidueñas interpuso recurso de revisión de actos del Presidente y Actuario de la Junta Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje, solicitando la revisión de los vicios contenidos en el procedimiento de remate. 7. Desahogada la audiencia incidental prevista en el artículo 852, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia interlocutoria que resolvió el citado recurso de revisión de actos, declarándolo fundado únicamente respecto de los actos efectuados por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y como consecuencia, declaró nulo todo lo actuado con posterioridad a la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el veinte de enero de dos mil quince. 8. Sin embargo, el postor aquí quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la sentencia interlocutoria antes referida, al considerar que la Junta responsable fue omisa en pronunciarse respecto de la forma en que se le restituiría el monto de $1'8000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) que refiere haber pagado con motivo de la supuesta adjudicación del inmueble sacado a remate en la etapa de ejecución de laudo; no obstante de haber declarado nulo todo lo actuado con posterioridad a la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el veinte de enero de dos mil quince. 9. El juicio de amparo mencionado fue del conocimiento de este órgano jurisdiccional, donde se registró bajo el número 78/2022, en el que con fecha tres de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Víctor Magaña Garcidueñas, para los efectos siguientes: ".QUINTO. Efectos del amparo. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y su Auxiliar, deberán: ( Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno dictada dentro del juicio laboral 3C-1728/2008. ( Emitir otra en la que, reiterando lo que no fue materia de esta sentencia, se pronuncie expresamente en torno a la restitución del monto que por concepto de adjudicación de bien inmueble rematado cubrió el postor aquí quejoso; ello, con motivo de la declaración de nulidad de todo lo actuado en la etapa de ejecución a partir de la diligencia de veinte de enero de dos mil quince. (.)" 10. En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, con fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución emitida el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno reclamada en el juicio de amparo 78/2022; y en su lugar, en esa misma data emitió otra, en la que reiterando lo que no fue materia de sentencia, se pronunció respecto de la restitución del monto que por concepto de adjudicación de bien inmueble rematado cubrió el postor aquí quejoso, dentro del juicio laboral 3C-1728/2008, puesto que ordenó se llevaran a cabo todos los actos que legalmente se encuentren a su alcance para restituir al recurrente aquí quejoso el importe de la suma exhibida con la que pretendió la adjudicación del bien inmueble sujeto a remate. Asimismo, ordenó emitir acuerdo por separado, el cual fue pronunciado en esa misma fecha, en el que ordenó requerir a la trabajadora actora Berenice Ruiz Rodríguez, la devolución de la suma que le fue entregada en la comparecencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, a fin de reintegrarla al citado recurrente quejoso, pues dicha entrega fue consecuencia de un acto que resultó nulo, dados los vicios existentes en el procedimiento de ejecución en el juicio laboral antes referido. La sentencia interlocutoria y acuerdo antes referidos dictados ambos el siete de septiembre de dos mil veintidós, son los que constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. SÉPTIMO. Síntesis y estudio de los conceptos de violación. En este considerando se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, cuya transcripción es innecesaria, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición que así lo establezca para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, basta con su estudio y respuesta vinculada a los planteamientos propuestos por la parte quejosa. No obstante para mayor comprensión de lo que se analiza se considera necesario sintetizarlos de la siguiente manera: a). La sentencia interlocutoria dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral de origen es violatoria de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso del quejoso, al determinar como improcedente su petición en el sentido de vincular al Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonio del Estado, Dirección de Patrimonio del Estado, Dirección de Recursos Humanos, Programación y Presupuesto, Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, en el cumplimiento de la obligación de restituir al quejoso el pago de la cantidad de $1'8000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), bajo el argumento de que tales dependencias no participaron en el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen; lo que resulta ilegal ya que, al ser la Junta responsable quien con su actuar negligente le causó un daño patrimonial debe ser el Gobierno del Estado quien debe responder con esa obligación de pago. b). Aun y cuando las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán señaladas en el inciso anterior, no intervinieron en el acto que originó la violación como lo refiere la autoridad responsable, lo cierto es que, la vinculación solicitada resulta indispensable toda vez que son tales dependencias quienes tienen a su disposición los recursos pecuniarios y por ello están obligadas a realizar todos los actos que resulten necesarios para otorgar un sentido íntegro a la sentencia reclamada que ordenó declarar nulo todo lo actuado en la etapa de ejecución y como consecuencia restituir al quejoso el numerario que entregó para adjudicarse el bien inmueble sacado a remate. c). La autoridad responsable soslayó que en términos de la Jurisprudencia de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR", todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de las resoluciones que afectaron los derechos, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades, por lo que, en atención a ello, la responsable debió vincular a las dependencias del Gobierno del Estado al cumplimiento de la resolución que ordenó dejar sin efectos la audiencia de remate y adjudicación. d). El proveído dictado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 3C-1728/2008 resulta violatorio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica del quejoso en tanto que el requerimiento efectuado en dicho auto a la actora -aquí tercera interesada- para que reintegre la cantidad de $1'8000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) que indebidamente le entregó la Junta responsable, no le garantiza el resarcimiento del daño causado lo que sí hubiera sucedido si se hubiera vinculado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; además que con el requerimiento efectuado a la quejosa no se le está garantizando una restitución del daño causado de manera pronta, expedita e indubitable y no dejarla sujeta a una condición de que la accionante lo devuelva, puesto que se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral de lo que se infiere que no cuenta con capital económico ni los medios para restituir lo que la junta ya le entregó como pago de la condena impuesta a la demandada. e) La sentencia interlocutoria reclamada carece de legalidad en tanto que la Junta responsable indebidamente determinó que el recurso de revisión no es el medio idóneo para fincar una responsabilidad a los servidores públicos en tanto que éstos no formaron parte del recurso, soslayando que en términos del artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se declara procedente una revisión además de modificar el acto que la originó en los términos que procedan, se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, por lo que si la Junta responsable reconoció expresamente que existió una negligencia por parte del Presidente de la Junta Laboral, entonces debió imponerle en la interlocutoria reclamada la sanción correspondiente como lo dispone el artículo 637 de la Ley Federal del Trabajo. Los conceptos de violación anteriormente sintetizados analizados en su conjunto dada su estrecha relación en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados por las razones que enseguida se explican. En relación con los argumentos expuestos por el quejoso Víctor Magaña Garcidueñas, encaminados a combatir la sentencia interlocutoria dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, relativos a la negativa de la Junta responsable de vincular al Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonio del Estado, Dirección de Patrimonio del Estado, Dirección de Recursos Humanos, Programación y Presupuesto, Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, en el cumplimiento de la obligación de restituir al quejoso el pago de la cantidad de $1'8000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), bajo el argumento de que son éstas quienes cuentan con los recursos económicos para hacer frente a la obligación que tiene la autoridad responsable de restituir dicho monto al quejos, debe decirse que ello resulta infundado. Lo anterior es así, en atención a que si bien es verdad que con motivo de la reforma constitucional al párrafo segundo del artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas a fin de proporcionarles una tutela mayor -principio pro persona-, de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -conocida como Pacto de San José de Costa Rica- en el que se establece la obligación de los Estados de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento de toda decisión que se haya tomado en un procedimiento judicial; cierto es también, que dicha prerrogativa se encuentra encaminada a que las sentencias sean cumplidas cabalmente por las autoridades afectas en términos del artículo 17 Constitucional, para lo cual los órganos de control constitucional cuentan con la facultad no solo para precisar los alcances de esos fallos sino también para requerir a diversas autoridades distintas a las señaladas cono responsables para vincularlas a éstas y así conseguir un eficaz , completo y pronto acatamiento. Esto es, la facultad con la que cuentan los órganos jurisdiccionales para vincular a otras entidades distintas a las constreñidas a dar cumplimiento con una obligación, se encuentra sujeta a la existencia de una determinación firme que esté sin cumplir; lo que en el particular no acontece. Ello al tomar en cuenta que lo que se resolvió en la sentencia interlocutoria dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós -aquí reclamada- fue la controversia puesta a consideración de la Junta responsable acerca de las irregularidades detectadas en el procedimiento de remate con motivo de la ejecución del laudo, en la que se concluyó dejar nulo todo lo actuado desde la diligencia de embargo practicada el veinte de enero de dos mil quince y proveer respecto de la forma en que se restituiría al postor aquí quejoso el dinero que pagó con motivo de la adjudicación del bien inmueble sacado a remate; y no sobre la responsabilidad del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y mucho menos sobre si dicho servidor público es el obligado o no a restituir directamente al postor aquí quejoso de la cantidad que éste entregó a la Junta por concepto de la adjudicación del bien inmueble sacado a remate y ahora declarado nulo; a fin de que se pudiera llegar a considerar la posibilidad de vincular a diversas dependencias del Gobierno del Estado a cumplir con esa obligación; empero, como ya se indicó eso no sucedió, de ahí lo infundado de los referidos conceptos de violación. Como sustento a lo anterior, se cita el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de rubro y texto: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento. Por las mismas razones antes expuestas resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que en términos de la jurisprudencia de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR", todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de las resoluciones que afectaron los derechos, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades. Lo anterior toda vez que aquél criterio no resulta aplicable al caso en particular, puesto que éste se refiere al cumplimiento de una sentencia de amparo y en el caso en estudio no es una ejecutoria de amparo la que se encuentra pendiente de cumplimiento, pues como ya se dijo ni siquiera se trata de una resolución que haya determinado la responsabilidad del servidor público como Presidente de la Junta responsable, de ahí que contrario a lo que argumenta el quejoso a la fecha no existe una obligación determinada que se encuentre pendiente de cumplir. Ahora, en cuanto a los argumentos tendentes a combatir el auto de siete de septiembre de la presente anualidad a través del cual, la responsable requirió a la actora en aquél juicio de origen para que reintegrar la cantidad de $1'8000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) que indebidamente se le entregó, debe decirse que éste de ninguna manera causa perjuicio al quejoso sino por el contrario a través de dicho proveído es que la Junta responsable en cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en esa misma fecha que resolvió el recurso de revisión de actos, se pronunció acerca de la forma en que se le restituirá al quejoso de la cantidad de dinero que éste pagó por concepto de la adjudicación del bien inmueble sacado a remate ya declarado nulo por la Junta laboral. Requerimiento que fue hecho partiendo precisamente de la petición expresa del aquí quejoso en su escrito de revisión, en el sentido de que la Junta debía pronunciarse acerca de la forma en que se le restituiría del monto que erogó en el procedimiento de remate; sin que haya de tomarse en consideración los argumentos relativos a que ese requerimiento no le garantiza el resarcimiento del daño causado de manera pronta, expedita e indubitable en tanto que la restitución del daño económico causado quedó sujeta a una condicionante -cumplimiento de la actora en la devolución del dinero que recibió en cumplimiento a la condena emitida en su favor-; lo cual, como ya se adelantó resulta infundado pues no es factible que haga valer un derecho afirmado un acontecimiento futuro e incierto, pues en todo caso le corresponderá instar ante la autoridad responsable a fin de que dicho requerimiento se materialice y de no ser así se hagan efectivos los apercibimientos decretados para que se cumpla la terminación judicial y así exista la posibilidad de que sea resarcido del daño causado, en los términos indicados por la Junta responsable. Finalmente, respecto de los argumentos sintetizados en el inciso e), es infundado porque contrario a lo que sostiene el quejoso, el recurso de revisión de actos no es el medio para fincar una responsabilidad al entonces Presidente de la Junta Local Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, o al Gobierno del Estado de Michoacán (a través de cualquiera de sus secretarías) en tanto que la naturaleza de ese medio de impugnación es revisar las actuaciones de los servidores públicos con la finalidad de modificar el acto que la originó en los términos que procedan. En el entendido de que las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, serán aplicadas a los responsables conforme a lo que disponen los diversos numerales 637 a 647 del mismo ordenamiento legal; es decir, se trata de amonestaciones o suspensión del cargo hasta por tres meses; y en el caso particular, lo que pretende el quejoso es que a través de la sentencia interlocutoria que resolvió el recurso de revisión de actos, la responsable debió dar vista al Gobernador del Estado a fin de que se impongan al Presidente de la Junta Laboral responsable las medidas disciplinarias correspondientes para que se dictamine sobre la reparación del daño patrimonial que se le causó. Sin embargo, la responsabilidad patrimonial que el quejoso pretende se finque al Estado con motivo del daño que dice haberle causado el actuar irregular del Presidente de la Junta responsable tiene una tramitación distinta que el quejoso debe hacer valer conforme a les leyes aplicables al caso, y en la vía y forma que estime convenientes. Esto es, el derecho para reclamar la responsabilidad del estado tiene como presupuesto la existencia de una condena contenida en una sentencia firme en la que se haya actualizado -en todo caso- el error judicial, y sólo pueden incurrir en él los órganos o autoridades que ejercen la función jurisdiccional, por lo que para identificarlo debe atenderse tanto el criterio formal de su denominación, como al criterio material de las funciones que realizan aquéllas entidades federativas o tribunales autónomos entre los que se destacan los de justicia laboral. Se invoca como apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio sustentado en la tesis XVI.1o.A.1.A (11a), de rubro y texto siguientes: "INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS PUEDE RECLAMARSE CUANDO EXISTA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME EN LA QUE AQUÉL SE ACTUALICE. Hechos: Los quejosos demandaron la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de diversos agentes del Ministerio Público. La autoridad correspondiente determinó que no se actualizaba la actividad administrativa irregular y, por tanto, que era improcedente la indemnización respectiva. Inconformes, acudieron al juicio contencioso, en el que se decretó la nulidad parcial de esa resolución, por lo que promovieron amparo directo al considerar que debió aplicarse el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la indemnización por error judicial prevista en el artículo 10 de la convención citada, puede reclamarse cuando exista sentencia condenatoria firme en la que aquél se actualice. Justificación: Lo anterior, porque del proceso legislativo que antecedió a la reforma por la que se adicionó el segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución General, publicada el 14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (correlativo al actual último párrafo del diverso 109 constitucional), se advierte que la intención del Constituyente no fue incluir en él la responsabilidad del Estado por error judicial, sino que se limitó a regular la actividad administrativa irregular. Ahora, si bien es cierto que del texto constitucional aprobado no se desprende una limitación expresa en el sentido de que nunca se pueda demandar del Estado la responsabilidad proveniente de la actividad jurisdiccional, concretamente por un error judicial, también lo es que con la reforma de 2011 al artículo 1o. constitucional se incorporaron los derechos humanos previstos en los tratados internacionales suscritos por México, de lo que deriva que el derecho a la indemnización por error judicial contenido en el artículo 10 de la citada convención se incorporó al catálogo constitucional de derechos y debe ser reconocido por el Estado Mexicano. En ese sentido, dicho derecho tiene como presupuesto la existencia de una condena contenida en una sentencia firme, en la que se haya actualizado el error judicial y sólo pueden incurrir en él los órganos o autoridades que ejercen la función jurisdiccional, por lo que para identificarlas debe atenderse tanto al criterio formal de su denominación como al criterio material de las funciones que realicen (titulares de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, así como otros tribunales autónomos, entre ellos, los de justicia administrativa, agrarios, laborales o militares"). En las relatadas circunstancias, al haber resultado infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Víctor Magaña Garcidueñas. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a Víctor Magaña Garcidueñas, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónica y físicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.
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