Víctor Hugo Torres Pérez

Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1099/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Torres Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto, no le depara perjuicio. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTO, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La negativa de legalizar el vehículo que ostenta de su propiedad marca ********************, modelo ********************, color ********************, número de identificación vehicular (NIV) ********************, año ********************, conforme al decreto donde se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de ********************, fe de erratas de veintiuno siguiente, modificado el 27 de febrero del año en curso. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una omisión y la expedición de la legalización debe tener verificativo en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El director de lo contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado bajo la consideración de que no depende del gobierno del estado la legalización vehicular, pues el gobierno federal instruyó para tal efecto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (REPUVE). No obstante, el citado director en representación de la autoridad responsable, enseguida manifestó que el trámite de solicitud de legalización del quejoso no es procedente porque en la factura exhibida se encuentra la leyenda "salvage title", denominación que se asigna a un vehículo de procedencia extranjera que ha sufrido un daño o es considerado pérdida total por una compañía aseguradora, al ser considerado chatarra y no ser susceptible de obtener el beneficio de regularización, lo cual reforzó con la copia certificada del oficio ********************, suscrito por el jefe del Departamento de Control vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Documento que merece valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, al ser emitido por servidor público en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, queda desvirtuada la negativa y se tiene cierto el acto reclamado. Decisión que se apoya en la tesis de registro digital 238215, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 91-96, Tercera Parte, página 7, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTA. Análisis de causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, de la propia Ley, por no acreditarse que el acto reclamado afecte el interés jurídico del justiciable de manera personal y directa, en términos del penúltimo párrafo de la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia. La causa de improcedencia invocada refiere que el juicio de amparo debe ser promovido por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, con la condicionante de que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la propia Constitución o Tratados Internacionales y con ello se afecte su esfera jurídica. Ahora bien, tratándose del interés jurídico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), estableció que se actualiza si concurren los elementos siguientes: 1. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2. El acto de autoridad que afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Como se observa, para que se actualice dicho interés, se exige que el acto reclamado produzca una afectación a la esfera jurídica de la peticionaria de manera directa (jurídico) que debe ser real, actual y presente. En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la negativa de legalizar el vehículo marca ********************, modelo ********************, color ********************, número de identificación vehicular (NIV) ********************, año ********************, lo cual le causa perjuicio en la esfera de su derecho de propiedad respecto de dicho automotor. Para acreditar la afectación a su derecho, acompañó a su ocurso copia certificada por notario público del documento de denominado "certificate of title for a vehicle", en idioma inglés, el cual es un documento extranjero presuntamente expedido por una autoridad de los Estados Unidos de Norte América, que en primer término no cuenta con la legalización prevista en los numerales 83 y 84 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que regula la legitimación de firmas y sellos contenidos en documentos públicos foráneos a este país, por medio del cual el funcionario consular certifica que la rúbrica o estampilla (de un funcionario u oficina gubernamental o notarial) que se localiza dentro de su circunscripción, coincide con los registrados en sus archivos. Fundamenta lo anterior, la tesis 3a. XXIII/91, de registro digital 20745, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, página 48, de contenido literal: "DOCUMENTOS PUBLICOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO. NO DEMUESTRAN EL INTERES JURIDICO SI NO ESTAN LEGALIZADOS POR LAS AUTORIDADES CONSULARES MEXICANAS COMPETENTES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes, conforme a las leyes aplicables. Por tanto, resultan insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, diversos documentos a los que se atribuye la naturaleza de públicos, si carecen de los requisitos relativos a la legalización de referencia". En segundo término, a dicho documento no se acompañó la traducción al idioma castellano que refiere el artículo 271 del supletorio Código adjetivo civil federal, lo que imposibilita verificar su contenido para establecer que el vehículo que ahí se describe y sobre el que el justiciable afirma le corresponde la propiedad, es el mismo, en atención a que, precisamente, carece de los elementos necesarios para verificar y establecer la titularidad de la prerrogativa que aquí se alega. Robustece dicha consideración, la tesis de registro digital 241180, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía de criterio y se encuentra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Cuarta Parte, página 89, de rubro y texto: "DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCION RESPECTIVA. La autoridad responsable no puede darle valor probatorio a documentos exhibidos como pruebas que se encuentran redactados en idioma extranjero, si la oferente no cumple procesalmente con los requisitos que señalan los artículos 56, 329 y 330 del Código de Procedimientos Civiles. Para que la autoridad responsable otorgue algún valor probatorio a un documento proveniente de tercero, no objetado por la contraparte y redactado en idioma extranjero, es necesario que previamente la oferente acompañe la traducción respectiva del mismo, para que su contraparte no quede en estado de indefensión; si no es así, la Sala responsable no viola en perjuicio de dicha oferente los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, al no concederle valor probatorio alguno al referido instrumento probatorio". En consecuencia, al tratarse de un documento extranjero, carente de legalización de autoridad consular mexicana competente, no hace fe alguna en este país, máxime que tampoco cuenta con la traducción al idioma castellano de acuerdo con lo establecido por los artículos 271 y 546 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu; en consecuencia el documento de denominado "certificate of title for a vehicle", carece de valor convictivo. Por otra parte, el quejoso también adjuntó a su demanda a) una impresión del formulario denominado "manifestación para aplicar los beneficios del ´Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera´, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de ******************** y sus posteriores", en el que al final obra el nombre de ********************, b) reproducción de la cita identificada con el número ********************/********************, c) copia simple de la credencial para votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de ******************** y d) copia simple de aviso de recibo con número de servicio ********************, emitido por la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el primer documento citado no cuenta con firma, no obstante que al calce del mismo obra la leyenda "nombre y firma del propietario del vehículo", por lo que no se encuentra plasmada la voluntad de persona alguna de externar lo ahí escrito y los restantes fueron exhibidos en copia simple, sin que sea procedente adminicularlos con diversos medios de convicción para otorgarles valor demostrativo, pues la copia de la credencial para votar en su caso acreditaría el derecho para efectuar el sufragio de la persona en favor de quien fue emitida y la reproducción del recibo de energía eléctrica, para corroborar el servicio contratado; en consecuencia, carecen de valor convictivo acorde al numeral 207, en relación con el diverso 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de la materia. Robustece lo anterior, la tesis de registro digital 200696, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, noviembre de 1995, página 311, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador". Finalmente, por lo que ve a la reproducción certificada del a) comprobante de pago, con número de operación ********************, línea de captura ******************** realizado en la institución bancaria ********************, por la cantidad de ********************, por concepto de pago de impuestos al comercio exterior y b) al "formulario múltiple de pago para comercio exterior", de siete de junio de dos mil veintidós, relativo a la línea de captura ******************** adquieren valor probatorio de conformidad con el artículo 205 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De ambos documentos se advierte que se requisitó un formulario para realizar un trámite relativo a la regularización de un vehículo y al respecto de efectuó el pago por la cantidad de ********************. Empero, al margen del valor y alcance demostrativo de dichos medios de convicción, el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, toda vez que los documentos que exhibió y cuentan con valor probatorio son insuficientes para demostrar la propiedad del vehículo cuya negativa de legalización defiende el justiciable y ante la omisión de corroborar el derecho que alude violado, no acreditó la afectación real y actual en su esfera de derechos que lo faculte a acudir a esta instancia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61, en términos del penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Sin que la determinación adoptada lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro 2005717, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por ello, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Tampoco, pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción y la quejosa; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, máxime que las manifestaciones de la quejosa fueron respondidas al justificar el sentido de la sentencia. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración cuarta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita certificadas. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la autoridad oficiante el que indica y como delegados a las personas que refiere en su comunicado de cuenta. 1.2. Prueba documental. Se tiene a la citada autoridad remitiendo prueba documental como complemento de su informe; con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón a su propia y especial naturaleza; además, con dicha documental se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto. 2. Diferimiento anticipado. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre próximo y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

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